En el día de hoy, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba desarrolló en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea un taller de formación para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas titulado ‘Jornada de Formación y Debate sobre Prevención y Derechos Laborales’, a cargo conjuntamente de la Secretaría de Acción Política, el Departamento de Discapacidad y el Departamento de Salud Laboral, con la disertación de Alejandra Agnone, Vanesa Hernández y Estefanía Carranza respectivamente.
En la oportunidad se abordó, frente a las inquietudes de los y las compañeras presentes, el sistema de riesgo de trabajo de manera integral y la función de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART), para luego continuar con la función controladora o veedora de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
En tal sentido, se destacó de la importancia del rol de las y los delegados en la tarea tanto de recibir las denuncias o atender a las inquietudes de las y los trabajadores. Las y los participantes recibieron herramientas prácticas sobre cómo detectar los riesgos en el sector de trabajo a través de un mapeo en cada área y cuáles son los posibles riesgos para intervenir con el reclamo de las medidas de protección o bien intentar llevar a cabo la mayor cantidad de tareas preventivas posible.
Por otra parte, el taller avanzó sobre la problemática de riesgos psicosociales, la importancia que tiene y cómo impacta la salud física del trabajador y de la trabajadora, las características adecuadas del ambiente laboral y también qué hacer en términos preventivos al respecto. Por último se abordaron las características del retiro por invalidez.
De esta manera, ATE Córdoba continúa desarrollando tareas de formación para delegadas y delegados estatales a los fines de poder dar respuesta a las demandas de sus afiliadas y afiliados.
Las y los trabajadores municipales de Malargüe, nucleados en la Seccional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la localidad mendocina, sostienen un reclamo por aumento salarial colectivo y en blanco. La semana pasada, tras presentar formalmente los reclamos en la Subsecretaría de Trabajo, la administración del Intendente Celso Jaque requirió un cuarto intermedio hasta el pasado lunes 27 de octubre, para poder llevar a la Mesa de Negociación Colectiva una propuesta de incremento salarial. No presentaron nada y ejercen presión sobre las y los trabajadores para que no se sumen a las medidas de acción directa a realizar. La desidia de la patronal frente a los reclamos por un aumento salarial urgente provocó la convocatoria a medidas de acción directa en todas las áreas laborales de la comuna, de acuerdo con los mandatos que resolvieron las asambleas de trabajadores. Fracasó el cuarto intermedio solicitado por el Poder Ejecutivo Municipal, mientras la Seccional del Sindicato repudia amenazas y exige dignidad salarial.
“Estamos denunciando estas prácticas autoritarias del Intendente, que no corresponden, porque están amenazando a los trabajadores antes de que arranque una medida de fuerza. Eso es totalmente ilegal, ya que estamos haciendo uso de un derecho que está contemplado en la Constitución Nacional. Ellos pueden estar de acuerdo o no, pero eso no les da lugar a amedrentar a los compañeros y compañeras que quieren luchar por mejoras en sus condiciones laborales y salariales”, explicó Benito Martínez, Secretario General de la Seccional ATE Malargüe.
Vale aclarar que en el mes de febrero se firmó un acuerdo salarial en el que se conquistó un aumento salarial del 47% que correspondía al primer semestre del año. Por eso, se aceptó dicho ofrecimiento con la condición de que en el mes de junio las partes se volvieran a sentar para discutir nuevamente el incremento para el segundo semestre del año.
“El problema radica en que, desde junio hasta la fecha, no hemos tenido ningún tipo de respuesta sobre propuestas de aumento salarial. Por lo tanto, nos vemos con la obligación de comunicar medidas de acción directa”, apuntó Martínez.
En esta misma línea se expresó Leandro Díaz, miembro del equipo gremial de la Seccional ATE Malargüe: “Según el mandato que nos dieron las asambleas de trabajadores, el Poder Ejecutivo Municipal al no llevar una propuesta de aumento salarial, se comunicaron medidas de fuerza, que ustedes mismos votaron en dichas asambleas, para los días 29, 30 y 31 de octubre. Durante esas primeras jornadas de lucha, tenemos que estar más unidos que nunca. En caso de no conseguir una propuesta, seguiremos adelante con la profundización de las medidas de acción directa”.
En un tono más crítico, el dirigente sindical dejó un firme mensaje a las autoridades de la comuna, al fustigar: “Quieren aplicar la motosierra con el empleado municipal, siendo que un compañero Categoría 3, no llega a los $300.000. Cuando en realidad, deberían apuntar a los funcionarios, que están muy por encima de esos montos. Al trabajador municipal no le alcanza el salario para cambiar las cubiertas de la bicicleta, mientras los funcionarios cambian de vehículos cero kilómetro cuando quieren. El Gobierno Municipal debe empezar a bajar los recursos que son del pueblo a los trabajadores, quienes están con necesidades alimentarias urgentes”.
En pocas palabras, el Secretario General de la Seccional ATE Malargüe, enfatizó: “Señor Intendente, le aconsejamos a usted que priorice las necesidades que tienen las familias de los trabajadores municipales, en vez de estar ocupado en la organización de eventos de campaña electoral, con contratos millonarios a diversos artistas. La situación de los compañeros y compañeras municipales es crítica y no puede esperar más. Cumplan con lo que se acordó en las Paritarias”.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro acordó con el Municipio de Campo Grande un incremento salarial del 2% mensual para octubre, noviembre y diciembre, un bono extraordinario de $130.000 y una cláusula de revisión eventual sujeta a la evolución de la inflación. También se acordó continuar el proceso de pase a Planta Permanente dentro de la Junta de Calificación y Disciplina de la Municipalidad.
El acuerdo fue rubricado y homologado en la Secretaría de Trabajo de la Provincia tras una sola audiencia, lo que demostró la voluntad de diálogo y buena predisposición para mejorar las condiciones laborales.
“Estamos satisfechos con este acuerdo que reconoce el esfuerzo cotidiano de cada trabajadora y trabajador municipal. Seguiremos defendiendo el salario y las condiciones laborales, porque entendemos que detrás de cada conquista hay un derecho que se hace realidad”, expresó Dora Fernández, Secretaria General de la Seccional rionegrina de ATE Norte.
Por su parte, Miguel Cerda, Secretario Adjunto de la Seccional, dijo: “Convocamos a seguir fortaleciendo la organización sindical y a sumarse a ATE, el gremio que defiende a los trabajadores con compromiso y coherencia. Cada avance que logramos es fruto de la unidad y la participación colectiva”.
En el marco de la Mesa Paritaria del Escalafón Húmedo de Tierra del Fuego, que se llevó a cabo en el día de hoy, miércoles 29 de octubre, en la Delegación de Gobierno de la localidad de Tolhuin, con la participación de representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de la Argentina (ATSA) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el Ejecutivo Provincial presentó una propuesta de incremento salarial del 2% al básico para noviembre y un 20% a las horas guardias, junto a un 50% de aumento para responsabilidades jerárquicas.
Las entidades sindicales manifestaron su rechazo unánime a la propuesta por considerarla insuficiente y discriminatoria, ya que no cubre las necesidades básicas ni reconoce la labor del personal de Salud. Asimismo, ratificaron el estado de alerta y movilización, y reuniones informativas exigiendo una revisión inmediata y sustancial de la oferta que contemple el costo de vida actual y respete la dignidad de las y los trabajadores.
La reunión pasó a cuarto intermedio para el 31 de octubre de 2025 a las 12hs en la ciudad de Tolhuin, con el compromiso de continuar las negociaciones.
Fotos: Prensa ATE Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
El Consejo Directivo Provincial (CDP) de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba envió un proyecto de ordenanza para los municipios y comunas del interior provincial, donde tiene la representación directa, a los fines de establecer que el asueto del Día de la y el Trabajador Municipal se establezca el día hábil anterior o posterior del 8 de noviembre, en caso que por calendario dicha jornada de celebración devenga en día inhábil.
De esta manera, las y los municipales tendrán asegurado el merecido descanso que fija dicha jornada y se toma como experiencia base la Ordenanza 480/09 de la Municipalidad de Río Cuarto.
Los fundamentos de esta celebración se basan en reconocer y valorar la labor esencial de las y los trabajadores municipales en la atención para garantizar derechos de la comunidad, en las distintas áreas de la gestión pública, como limpieza, salud, seguridad y mantenimiento, entre otras. La fecha reivindica los derechos laborales y la importancia del trabajo del personal municipal.
El proyecto se elevará a los concejos deliberantes de cada localidad para su tratamiento. De esta manera, ATE Córdoba continúa trabajando para ampliar los derechos de los y las municipales del interior provincial.
Con una extensa asamblea en la explanada del Hospital Notti, el pasado viernes 24 de octubre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza culminó con las 12 asambleas en el Gran Mendoza que desarrollaron durante toda la semana, donde plantearon la reforma laboral que hizo el Gobierno Provincial en contra de las y los trabajadores estatales al modificar el Estatuto del Empleado Público, una reforma que el Sindicato denunció en la Legislatura, en la Comisión de Derechos y Garantías, y sobre la cual, durante esa misma jornada, presentó la inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza.
Luego de brindar un balance sobre las asambleas que se llevaron a cabo en toda la provincia, se siguió adelante con las denuncias contras las reformas laborales del Estatuto del Empleado Público y en el sector de la Salud, tras el acuerdo entre la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y el Gobierno mendocino, más los incumplimientos de medidas de Bioseguridad e Higiene en los lugares de trabajo. Las bases demandaron una inmediata apertura de Paritarias, aumentos salariales y pases a Planta, entre otras reivindicaciones centrales que ATE Mendoza sostiene.
“Es una reforma ilegítima, ilegal e inconstitucional, que recorta derechos históricos a los trabajadores estatales. Además, también realizamos la denuncia correspondiente sobre incumplimientos de medidas de Seguridad e Higiene Laboral, que anteriormente denunciamos en las Paritarias, pero el Poder Ejecutivo no cumplió”, apuntó Roberto Macho, Secretario General de ATE Mendoza.
Con relación a otros puntos tratados en el ámbito paritario, el Gobierno sumó más incumplimientos, entre los cuales se pueden destacar el referido al cambio de régimen de Licenciados en Enfermería. Por estas razones, las medidas de acción directa a seguir conformaron algunos de los aspectos centrales que se debatieron en las asambleas que el Sindicato desarrolló en cada lugar de trabajo.
En este sentido, Adriana Iranzo, Secretaria Adjunta de ATE Mendoza, remarcó: “Desde hace muchos años venimos resistiendo los embates del Gobierno, contra los magros salarios, la privatización de los servicios en el sistema sanitario provincial, contra reformas tan regresivas como ilegales, en materia de derechos laborales. No obstante, el Gobernador continúa vaciando la Salud Pública, mientras imparte más precarización laboral y recortes de derechos. Los trabajadores no podemos permanecer ajenos a esto y bajar los brazos, ya que debemos redoblar esfuerzos y crecer de manera colectiva en la construcción de planes de lucha más contundentes y progresivos”.
Vale mencionar que, además de presentar una acción de inconstitucionalidad sobre la reforma del decreto Ley 560 (Estatuto del Empleado Público), ATE Mendoza realizó la denuncia en Fiscalía de Estado contra la reforma laboral en el sector de Salud, que acordaron entre ATSA, un gremio minoritario, y el Gobierno.
“Con más unidad y convicción, los trabajadores estatales vamos a dar una lucha constante, ya que no hay ningún consenso sobre estas reformas laborales que buscan implementar. Por ello, vamos a hacer las comunicaciones correspondientes, con las medidas de acción directa a seguir, en reclamo por: apertura de Paritarias; aumento salarial acorde al costo real de la canasta alimentaria; cambio de régimen de Licenciados en Enfermería; cumplimiento de las medidas de Bioseguridad; y pases a Planta de contratados y prestadores”, sintetizó Roberto Macho.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro y la Municipalidad de Río Colorado consensuaron un aumento salarial del 4% y una cláusula de revisión de urgencia ante una eventual estampida inflacionaria.
El incremento se compone de una actualización del 0,9% correspondiente a agosto, que complementa el aumento anterior del 1%, llegando así al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado del 1,9%. Para septiembre, un 2,1%. Y para octubre, el Sindicato logró un anticipo del 1% sobre la inflación, que será informada en los próximos días, y una cláusula de revisión para corregir rápidamente en noviembre este último porcentaje ante una disparada de los precios.
Las partes establecieron además un encuentro para diciembre y otro para mitad de noviembre, para establecer un bono por única vez para diciembre y enero.
El pasado viernes 24 de octubre, el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Carlos Córdoba, mantuvo una reunión con la Ministra de Obras Públicas de la Provincia, Gabriela Castillo, quien concurrió al encuentro en representación de la Ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia provincial, Adriana Chapperón.
Durante la reunión, se expuso la grave situación que atraviesa el Jardín Maternal ‘Amanda Beban’ por los problemas edilicios y el mal funcionamiento generado por la falta de personal en las áreas de cocina, salas y limpieza, lo que afecta directamente el normal desarrollo de las actividades diarias.
Asimismo, se reiteró el pedido de actualización del ítem ‘Función Específica’, una solicitud que lleva más de seis meses sin respuesta, generando malestar e incertidumbre entre las y los trabajadores del sector.
Desde ATE Tierra del Fuego se continuará insistiendo ante las autoridades competentes hasta obtener las respuestas necesarias para garantizar mejores condiciones laborales y un funcionamiento adecuado de esta importante institución.
Fotos: Prensa ATE Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
El pasado lunes 20 de octubre se llevó a cabo una reunión virtual de la Mesa Federal de Mujeres y Diversidades de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Nacional, en la que dirigentas de todo el país se convocaron a debatir y organizar esfuerzos para plantarse frente a la emergencia en violencia de género que enfrenta el país en el marco de las acciones de gobierno que incitan a la violencia machista y del desguace de organismos y políticas públicas para combatirla que lleva adelante la gestión del Presidente Javier Milei.
Desde la sede del Consejo Directivo Nacional del Sindicato condujeron la actividad la Secretaria Adjunta, Mercedes Cabezas; la Secretaria de Género y Diversidad, Clarisa Gambera; la Secretaria Administrativa, Mirta Matheos; y la Secretaria de Comunicación, Estérea González; mientras que de forma remota participaron la Secretaria de Formación, Vanina Rodríguez; la Secretaria de Derechos Humanos, Valeria Taramasco; y Secretarias Generales, Adjuntas y de Género y Diversidad de distintos Consejos Directivos Provinciales y Seccionales de todo el país.
Tras la reunión, desde la Mesa Federal de Mujeres y Diversidades de ATE Nacional lanzaron un comunicado que advierte: “Ante la gravedad de los hechos de violencia por motivos de género desde la Mesa Federal de Mujeres y Diversidades repudiamos las acciones de gobierno que incitan a la violencia machista mientras abandonan, desfinanciando, las responsabilidades asumidas por el Estado en materia de protección y promoción de derechos. El ajuste de Milei mata”.
“Nos declaramos en alerta ante la emergencia en violencia de género, sólo en octubre llevamos contabilizados 14 femicidios y transfeminicidios y suman, en lo que va del año, 194 según datos de diversos observatorios que cuentan lo que el estado niega eludiendo publicar cifras oficiales”, agregaron desde la Mesa en el comunicado.
Más adelante, el documento apunta: “Nosotrxs, lxs trabajadorxs del Estado queremos expresar que para comprender este recrudecimiento de las violencias hay que poner el foco en el desguace de organismos, el recorte presupuestario y los despidos de trabajadorxs con experiencia que debilitaron las políticas públicas para prevenir las violencias y acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia de género sumado al desmantelamiento de las acciones que promueven la igualdad de oportunidades y de trato de manera transversal en diversos organismos”.
“Hacemos responsable al gobierno nacional por la violencia que nos pone en peligro, pero no esperamos que escuchen porque su proyecto es la violencia. Llamamos a las fuerzas políticas populares, a las organizaciones y a las instituciones de la democracia a que expresen su repudio ante la promoción de la violencia y misoginia de este gobierno y a que asuman el compromiso público de generar las condiciones para frenar la violencia”, arenga el comunicado.
A continuación, el documento completo:
Comunicación de la Mesa Federal de Mujeres y Diversidades de ATE Nacional
Ante la gravedad de los hechos de violencia por motivos de género desde la Mesa Federal de Mujeres y Diversidades repudiamos las acciones de gobierno que incitan a la violencia machista mientras abandonan, desfinanciando, las responsabilidades asumidas por el Estado en materia de protección y promoción de derechos. El ajuste de Milei mata.
Nos declaramos en alerta ante la emergencia en violencia de género, sólo en octubre llevamos contabilizados 14 femicidios y transfeminicidios y suman, en lo que va del año, 194 según datos de diversos observatorios que cuentan lo que el estado niega eludiendo publicar cifras oficiales.
A 10 años del grito de NI UNA MENOS el negacionismo respecto de las desigualdades, el intento de instalar la idea de “falsas denuncias” para desacreditar a quiénes se atreven a denunciar la violencia sexista, la crueldad de poner en cuestión la voz de niñeces a partir del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), el desfinanciamiento de la Educación Sexual Integral, la voluntad manifiesta de cuestionar la figura de femicidio y el vaciamiento de políticas públicas nos ponen en riesgo.
Es inaceptable la expresa adhesión y promoción de narrativas de odio hacia mujeres y diversidades de un gobierno nacional que ha hecho de la violencia de género una política de Estado. En la Argentina de Milei estamos en peligro porque el ajuste y la promoción activa de políticas antifeministas para restaurar la desigualdad matan. El impacto de la derecha que gobierna se mide en vidas.
A la voz oficial del presidente de la Nación, Javier Milei que, desde el inicio de su gobierno insiste en que las brechas de género no existen y que expresó su deseo de eliminar la figura penal de “femicidio” al considerar un sin sentido que a los femicidas se les asigne una mayor pena. Se le suma las declaraciones públicas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich que justifica y habilita de esta forma, a femicidas y violentos culpando al “feminismo extremo” de la suba de la violencia de género, alegando que la violencia de los feminismos provoca más violencia por parte de sus agresores constituyen una grave violación a leyes nacionales y leyes internacionales, a las que el Estado argentino adhiere que plantean obligaciones de protección y promoción de derechos de las mujeres y diversidades y plantea metas concretas para erradicar la discriminación y las violencias por motivos de género.
Nosotrxs, lxs trabajadorxs del Estado queremos expresar que para comprender este recrudecimiento de las violencias hay que poner el foco en el desguace de organismos, el recorte presupuestario y los despidos de trabajadorxs con experiencia que debilitaron las políticas públicas para prevenir las violencias y acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia de género sumado al desmantelamiento de las acciones que promueven la igualdad de oportunidades y de trato de manera transversal en diversos organismos.
Hacemos responsable al gobierno nacional por la violencia que nos pone en peligro, pero no esperamos que escuchen porque su proyecto es la violencia. Llamamos a las fuerzas políticas populares, a las organizaciones y a las instituciones de la democracia a que expresen su repudio ante la promoción de la violencia y misoginia de este gobierno y a que asuman el compromiso público de generar las condiciones para frenar la violencia.
Solo a modo de referencia podemos mencionar el triple femicidio de Brenda, Lara y Morena que desencadenó protestas en todo el país y que dejó a la vista la trama narco que avanza en la Argentina y la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes y pobres. El transfemicidio de Azul Semeñenko, trabajadora estatal neuquina por el que los sindicatos del sector público de la provincia declararon paro y el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, que fueron víctimas de Pablo Laurta, expareja de Luna, padre de su hijo y fundador de Varones Unidos, una organización que se jacta de estar en contra de las “falsas denuncias” por violencia de género y de pelear contra una justicia que “privilegia” a las mujeres con vínculo con Agustín Laje y Nicolás Márquez, “intelectuales” libertarios cercanos al Presidente.
Deberíamos enumerar a todas, contar quiénes eran, qué pasó, por qué nadie las cuidó, qué derechos les arrebataron antes dejándolas más solas, que pasa ahora con sus hijos y sus hijas, las familias y las comunidades que quedan rotas y con marcas de una violencia que pretenden que se normalice.
La vida se fragiliza cuando el Estado se repliega y abandona a las personas. La situación de las trabajadorxs, expuestas al hostigamiento e incesante las pone en riesgo. Con trabajos precarios y no reconocidos, salarios congelados, procesos de endeudamiento, pluriempleo, crecimiento de la informalidad y de inédita intensificación del uso del tiempo porque sumamos trabajo para generar ingresos que nos permitan enfrentar el costo de vida y también sumamos trabajo de cuidados porque contamos con menos oferta pública y el precio en el mercado es impagable.
Lxs trabajadorxs denunciamos que la responsabilidad de la emergencia en violencia contra las mujeres y diversidades es del Estado, cuya política pública se estructuró en base a la desprotección de las víctimas, la negación de la desigualdad de género y en el desconocimiento de su rol en la problemática. Esta conducta la vemos reflejada en el cierre del Ministerio de la Mujeres, Géneros y Diversidad, el cierre del Plan ENIA, la desimplementación de la ESI y la Ley Micaela, el desguace de la línea 144, la eliminación de la moratoria previsional, y la avanzada contra la Ley de Identidad de Género y la figura penal de femicidio. La violencia política y la misoginia del Gobierno están en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los discursos oficiales, en las políticas públicas, y en la ola de femicidios que estamos viviendo.
Exigimos aumento de salario y jubilaciones para sostener el costo de vida, un presupuesto con perspectiva de género, reasignación presupuestaria para enfrentar la emergencia en violencia de género, políticas públicas que acompañen, cuiden y generen acciones concretas que nos permitan una vida libre de violencias, recuperar y profundizar las políticas de cuidado para niñeces, discapacidad y adultos mayores.
Queremos expresar nuestra solidaridad con lxs trabajadorxs de prensa que enfrentan ataques permanentes del gobierno que ha hecho de la batalla cultural antifeminista un objetivo estratégico promoviendo la restauración de formas antiderechos de comunicación que se reflejan en el tratamiento de las noticias sobre violencia por motivos de género desde una perspectiva negacionista y misógina de los medios hegemónicos.
Convencidas de que la herramienta sindical es indispensable para enfrentar a este gobierno convocamos a redoblar federalmente las estrategias de organización, construcción de unidad y acción contra el ajuste que violencia y contra la misoginia estructural de este proyecto.
Es necesario ponernos en común para construir un proyecto de país que recupere la centralidad del Estado para reconstruir la Patria. Un Estado popular y feminista.
Tramamos esta voz colectiva de las trabajadorxs porque la unidad hace la fuerza y con la convicción de que necesitamos encontrarnos en cada sector de trabajo, en cada barrio, en cada pueblo para frenar a Milei. Lo frenamos en la calle y en las urnas. En estas elecciones no votamos a Milei ni a ningunx de sus candidatxs!
MESA FEDERAL DE MUJERES Y DIVERSIDADES ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO
En la mañana de hoy, el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba y de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) Córdoba, Federico Giuliani, junto a su abogado Claudio Orosz, presentó formalmente una denuncia en Tribunales II por los hechos de represión ocurridos el pasado 28 de agosto en la Secretaría de Políticas Sociales.
Tras el sorteo, la causa quedó radicada en el Expediente SAC 14222844 en la Fiscalía de Distrito Dos, Turno Cinco, a cargo de la Dra. Florencia Esposito.
“Venimos a denunciar una causa armada por la Policía y el fiscal De Aragón”
Durante la conferencia de prensa realizada en el edificio judicial, el abogado Claudio Orosz señaló que la denuncia amplía las ya presentadas por el Dr. César Theaux –en su caso acompañado por el Colegio de Abogados- y por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos.
“Hoy venimos a explicitar mucho más la denuncia, porque en el caso de Federico Giuliani, junto con otra compañera, sufrieron lesiones graves, incluyendo una quebradura. Además acompañamos un pendrive elaborado por la organización Mapa de la Policía, que investiga las aberraciones represivas que cada miércoles se viven en Buenos Aires”, explicó Orosz.
El letrado subrayó que el material probatorio presentado demuestra que “no existen los delitos por los que fueron imputados los 15 compañeros detenidos” aquel día, y que la causa fue “falseada ideológicamente por parte del fiscal De Aragón y de jefes policiales”.
“No hubo piedras, no hubo agresiones ni amenazas. A los manifestantes se los engañó para que ingresaran al edificio con el pretexto de mantener una reunión con funcionarias, que luego fueron retenidas por la Policía. Todo fue una maniobra para justificar la represión”, denunció.
Orosz también advirtió sobre el contexto político y judicial de la presentación: “Esperamos que esta Justicia del cordobesismo no vuelva a caer en el pozo de impunidad que cubre toda denuncia contra el poder político. Denunciamos una justicia amañada y genuflexa ante los poderosos, pero muy dura con quienes protestan y ejercen sus derechos constitucionales”.
“Estamos obligados moral y políticamente a denunciar”
Por su parte, Federico Giuliani afirmó que la decisión de avanzar con esta denuncia responde a una obligación política y ética frente a los hechos ocurridos. “Nosotros estábamos obligados moral y políticamente a presentar esta denuncia. Es muy llamativo que en una movilización pacífica haya 15 detenidos y detenidas. No tendríamos que haber estado un minuto en un sistema carcelario que viola los Derechos Humanos y que todavía conserva prácticas ancladas en la dictadura”, sostuvo el dirigente.
Giuliani remarcó que lo sucedido forma parte de un proceso de persecución política y judicial que lleva más de dos años y que tiene como responsables tanto al fiscal De Aragón como al Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros.
“Venimos a desmontar la mentira de la Policía cordobesa, que junto al fiscal De Aragón armó esta causa. Queremos aportar pruebas para que se desarticule el aparato represivo que tiene Córdoba, un aparato que criminaliza la protesta social, la pobreza y la juventud, y que genera gatillo fácil en las barriadas”, denunció Giuliani.
Finalmente, el Secretario General de ATE Córdoba señaló que este reclamo se enmarca en una lucha más amplia por la defensa de los derechos democráticos y sindicales: “Seguimos gritando a viva voz que reclamar y protestar no es un delito, sino un derecho. Por eso exigimos justicia, acompañados por la CTA Nacional y ATE Nacional, para que no haya impunidad y se termine la persecución a las y los trabajadores que luchan”.
Desde ATE Córdoba y la CTA Autónoma Córdoba ratificaron su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, la libertad sindical y la justicia social, y exigen una investigación transparente sobre los hechos del 28 de agosto, que garantice verdad y justicia para todas las personas detenidas y agredidas.
Presente durante la conferencia de prensa en representación del Consejo Directivo Nacional de ATE estuvo Mario Muñoz, quien dijo: “Acá estamos, en la provincia de Córdoba trayendo el apoyo para el compañero Federico, Silvia, y para todos los demás compañeros que están en esta causa armada por el Fiscal Aragón. Traemos el respaldo de Rody Aguiar y de todos los compañeros de la Conducción Nacional de ATE y también de la CLATE (Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores del Estado) para con los compañeros que están siendo perseguidos por luchar. En Córdoba y en todo el país, luchar no es un delito. El delito es el hambre que pasan nuestros trabajadores, el delito es la injusticia que vive todo el pueblo trabajador y, en ese sentido, ATE está presente, y la CLATE está presente junto a los compañeros cordobeses que la siguen luchando, que la van a seguir luchando y que van a seguir teniendo nuestro respaldo permanente”.
