2 de Diciembre, Día de la Desmanicomialización, por conmemorarse la promulgación de la ley “Derecho a la Protección de la Salud Mental” N° 26657 en el año 2010.
En el Día de la Desmanicomialización en la Argentina es hora de poner sobre la mesa un tema fundamental: el salario, como Determinante Social de la Salud Mental, es símbolo de reconocimiento, valoración, dignidad, o una grieta que nos conduce a la inequidad.
La Salud Mental ya no puede ser entendida como una mera cuestión individual, sino como un proceso dinámico de construcción social. Desde la perspectiva de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se subraya que la salud, y por extensión la salud mental, está profundamente determinada por las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen. Los procesos históricos, socioeconómicos y culturales, se denominan los Determinantes Sociales de la Salud.
En el corazón de estos determinantes se encuentra la equidad económica. Cuando el salario de un trabajador, que dedica una parte sustancial de su vida a una labor, no es suficiente para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), estamos ante una falla estructural que trasciende la economía doméstica: estamos presenciando una violación sistemática de la dignidad y un factor de riesgo psicosocial de máxima magnitud.
Un sueldo que no alcanza es, ante todo, un salario de angustia y un factor de riesgo de enfermedad, entre otras noxas.
El dinero, en este contexto, deja de ser un medio de intercambio para convertirse en un determinante estructural de clase social y acceso a derechos. La insuficiencia salarial se traduce inmediatamente en inseguridad: inseguridad alimentaria, inseguridad habitacional e inseguridad laboral. Esta tríada de carencias básicas genera un estrés crónico que se instala en el cuerpo social y en la subjetividad del trabajador, alimentando un padecimiento mental que la Ley 26.657 de Argentina exige abordar.
El poco reconocimiento salarial es la manifestación más tangible de la desvalorización del trabajo. El mensaje implícito que recibe el trabajador es demoledor: “tu esfuerzo no vale lo suficiente para garantizar tu supervivencia, ni la de tu familia”.
Esta sensación de injusticia y falta de equidad arrasa los valores más sagrados con los que uno fue educado, socava la motivación y entorpece la conexión con el entorno laboral. La frustración y la rabia contenida por la promesa incumplida del trabajo decente se vuelven tóxicas, marcando el camino hacia el agotamiento y la enfermedad.
La imposibilidad de cubrir la canasta básica alimentaria con el salario no es una abstracción estadística; es una realidad que se vive en la mesa familiar y en la constante toma de decisiones entre lo necesario y lo urgente. Esta presión económica genera un agotamiento cognitivo y emocional mucho antes de que se manifiesten los síntomas clínicos del Burnout, el síndrome del agotamiento o del quemado.
El burnout, es una enfermedad tipificada en el manual de psiquiatría CIE 11 con el código QD85, se refiere al síndrome de desgaste profesional, asociado con el empleo y desempleo. Ya tiene aceptación judicial con fallos a favor de los trabajadores en Argentina y aceptado plenamente por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.
El trabajador con salario insuficiente vive en un estado de hipervigilancia y ansiedad constante. Decidir entre ¿compro los medicamentos o pago el alquiler?, ¿alimento a mis hijos o me pago el pasaje para ir a trabajar? Esta constante toma de decisiones en contextos de escasez consume recursos mentales vitales, llevando al embotamiento del pensamiento y al deterioro de la capacidad de concentración y memoria. No se puede pensar bien, ni trabajar bien, ni gestionar exitosamente el estrés.
La necesidad tiene cara de hereje. Y esta necesidad de sobrevivir puede forzar al individualismo, minando la solidaridad y las redes de apoyo social. Las personas se distancian mentalmente de su entorno, desarrollando sentimientos negativos o cínicos hacia su trabajo y su comunidad.
Según el enfoque de la OPS/OMS, una de las principales vulnerabilidades que enfrenta la salud mental es la violación de los derechos humanos, la discriminación y la estigmatización. Un salario indigno es una forma de violencia económica y social que estigmatiza al trabajador, perpetuando el ciclo de la pobreza y el padecimiento mental. La falta de acceso a servicios básicos, y a la ayuda, se convierten en una restricción de derechos y libertades, algo que la legislación de vanguardia busca activamente evitar.
En última instancia, el debate sobre el salario no puede darse en tono mercantilista, como si la mano de obra fuese una máquina más del engranaje de la empresa. El salario debe ubicarse en un debate sobre el valor de la vida del ser humano. La respuesta no es más de la misma presión económica, sino la aplicación de un enfoque de derechos y un humanismo científico que promueva la autogestión de la conflictividad, el cuidado y protección de la vida.
Un salario justo es la principal intervención de salud mental que un sistema económico puede ofrecer. Es un acto de justicia, un imperativo de dignidad y, en última instancia, la única inversión económica sostenible a largo plazo. Es hora de dejar de financiar la angustia y empezar a invertir en la salud de quienes construyen la Nación.
Gabriel Ciccone, Director del Departamento de Salud Mental de ATE Mendoza
