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Las Heras: persecución y despidos

La Comisión Administrativa del Consejo Directivo Provincial
de ATE Santa Cruz
manifestó su total repudio al perverso accionar del
Intendente José María Carambia:  "Continúa
persiguiendo y despidiendo compañerxs en medio de la pandemia, profundizando la
práctica durante los meses de diciembre y enero, cumpliendo a rajatabla con una
visión del estado sin trabajadores y privatizado", manifestaron a través
de un comunicado.

En este sentido, señalaron que continúan viendo cómo se desencadena
el perverso plan: "Comienza con la utilización de familias y juventudes en
campaña para luego descartarlos. Atendiendo a la necesidad en miras a la carta
orgánica, prescindiendo de aquellxs jóvenxs que coptara hacia la privatización
de los servicios municipales".

Además indicaron la indignación ante el uso y desprecio que
manifiesta éste modelo de gobierno hacia familias jóvenes de la localidad: "Estamos
en alerta y movilización ante lo que se manifiesta con actos de mero capricho,
desprecio hacia las instituciones, desconocimiento total de las relaciones
laborales y las leyes que rigen a nivel internacional, nacional y provincial,
desconociendo permanentemente la representación de esta organización".

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ATE le entregó a Trabajo un petitorio de lxs trabajadores de Relaciones Laborales

Las y los trabajadores de la Delegación de Relaciones
Laborales de Santa Rosa y de la Subsecretaría de Relaciones Laborales le
entregaron un petitorio al Secretario de Trabajo, Dr. Marcelo Pedehontaa.

Tras un año de enviar notas solicitando soluciones y
obteniendo mínimos resultados, decidieron hacerle llegar el funcionario el
petitorio que reúne distintas demandas y necesidades del sector. Entre estas:

•Cese de maltrato laboral, persecución y mobbing por parte
de las autoridades.

•Ropa de trabajo: dos mudas por año calendario.

•Adecuación en las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

•Apertura de una mesa de diálogo a la brevedad con ATE.

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ATE Río Cuarto inicia plan de lucha por despidos en PAMI

La Asociación
Trabajadores del Estado (ATE) seccional Río Cuarto, Córdoba,
comenzará el
próximo miércoles con una serie de medidas a raíz del despido de una
trabajadora de PAMI de esa provincia

"En esta ola
de despidos que se ha dado en PAMI, Río Cuarto no ha sido ajeno y  ha sufrido el despido de una compañera
afiliada. Hemos encarado una serie de negociaciones en Río Cuarto y a nivel
nacional, sosteniendo los canales de diálogo pero no ha habido respuestas
favorables", indicó Rafaela Alcoba, Secretaria General de ATE Río Cuarto.

En este sentido,
desde la seccional señalaron que comenzarán con medidas de fuerza a partir del
próximo miércoles: "Vamos a comenzar una serie de asambleas gradualmente,
dos días o tres a la semana hasta tanto se dé la respuesta que hemos estado
esperando. Este despido ha sido arbitrario e injusto. Es una compañera que le
pone permanentemente el cuerpo a la labor que viene llevando adelante. En este
marco, nosotros rechazamos los despidos en PAMI 
en todos los ámbitos y sectores donde los trabajadores estamos poniendo
el cuerpo en una de las peores crisis que está sufriendo la Argentina a nivel
sanitario y PAMI ha tenido que atender a uno de los sectores que más castigados
como lo es la tercera edad", indicó Alcoba.

Por lo pronto, las
y los trabajadores se encuentran en estado de alerta: "Lo que pedimos es
no solo la reincorporación de la compañera sino también respuestas del PAMI a
nivel nacional que hasta ahora no se han dado".

El miércoles 27 a
las 10, realizarán una conferencia de prensa.

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Esquel: paro total de actividades y retención de servicios

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) seccional
Esquel, realizará un paro total de actividades, retención de servicios,
asamblea permanente y movilización.

La medida de fuerza comenzará el sábado 23 a las 00hs y
culminará a las 24hs del viernes 29.  Las
y los trabajadores tomaron esta decisión, ya que aún no han percibido sus
salarios, ni los aguinaldos.

Además, señalaron que de no obtener respuesta resolverán a
través de asamblea las medidas de fuerza a seguir.

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Despidos: ATE destacó la prórroga de prohibición de cesantías pero demanda que los gobiernos la respeten

Tras la publicación del decreto que extiende la prohibición
de despidos y suspensiones por 90 días y el pago de una doble indemnización
para el 2021, el secretario adjunto de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó a la
medida como “acertada” pero esgrimió que “el propio gobierno nacional, algunas
gestiones provinciales y muchos intendentes son los primeros que deben
cumplirla"

"A veces tenemos la sensación que se legisla de manera
eficiente para defender los puestos de empleo en la actividad privada, pero
justamente en el Estado, el que más debiera fortalecerse en este momento, se
producen cesantías inaceptables en plena pandemia", apuntó el referente
nacional luego que desde el gremio reclamaran por 150 despidos en Pami.

ATE comprobó que se generaron despidos en algunos organismos
del estado nacional, sumado a otros en varias provincias como así también en
diferentes comunas, y reiteró el pedido de reincorporación de lxs numerosxs
trabajadores echados durante el macrismo. “Esto no contribuye a tener un Estado
presente con el cual salir de la pandemia”, indicó el secretario adjunto.

Aguiar juzgó que “la decisión de mantener durante todo el
2021 la doble indemnización también resulta útil, aunque la crisis es tan
profunda que no se logró parar el crecimiento del desempleo en el último
año". Según datos del Indec, la tasa de desempleo pasó de 8,9% en 2019 a
11,7% al finalizar el 2020.

En el marco de la campaña de vacunación contra el Covid, el
dirigente señaló que "el complejo dispositivo que se encuentra en marcha genera
esperanza, aunque sabemos que superar el derrumbe económico y social generado
por la pandemia llevará un tiempo más”. “El Estado, luego de haber eliminado el
IFE y otras ayudas, necesariamente debe hacer mayores esfuerzos fiscales y
garantizar programas que permitan contener las necesidades de todos los
sectores afectados. No se puede pensar en una recuperación de la economía con
salarios, jubilaciones y asignaciones por debajo de la inflación",
finalizó.

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ATE y el gobierno acordaron más de 1000 pases a planta permanente

Los gremios de salud, junto con el gobierno de la provincia
de Salta, acordaron en una conciliación celebrada en la Secretaría de Trabajo,
que 1.758 trabajadores del sector, que ingresaron hasta el 2019 sean
incorporados a planta permanente a partir 
del mes de marzo próximo. Además, por este acuerdo, se definirá cómo los
trabajadores del sector, que son monotributistas, pasarán a tener designaciones
temporarias y el pago de un bono de 10 mil pesos.

En las diferentes conciliaciones, de los gremios de la salud
y el gobierno,  se avanzó en el pase a
planta permanente de 1.758 trabajadores que se desempeñan en el ámbito de la
salud pública con antigüedades que van entre 2 y 12 años, además de otros
reconocimientos laborales, que eran motivo de lucha desde hace varios años.

Víctor Chuquisaca, secretario gremial de la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE) Salta, detalló que el pase a planta iniciará en
marzo: “El acuerdo era que debían pasar a planta los trabajadores que
ingresaron hasta el 2016, pero en las negociaciones que tuvimos se logró incorporar
hasta el 2019. En marzo van a comenzar a pedir la documentación de los
trabajadores para que se respeten los escalafones”, señaló.

Y en cuanto a  los
monotributistas, en los próximos días se negociará cómo se harán los contratos
temporarios: “El Gobierno quiere que se haga en tres tramos y nosotros que se
haga en dos y que pasen todos a designaciones temporarias que vienen con
antigüedades de 2 a 12 años”.

Chuquisaca recordó que los monotributistas son los
trabajadores que más precarizados están debido a los magros salarios que
arrancaron cobrando, sin ART, ni obra social. “El año pasado, el Gobierno
niveló el sueldo de estos compañeros y estamos viendo que puedan pasar a
designaciones temporarias, que es un paso más a la estabilidad laboral”,
añadió.

Respecto al bono de 10 mil pesos, Chuquisaca explicó que “se
trata de un reconocimiento a los trabajadores porque el año pasado no hubo
apertura de paritarias ni incremento salarial desde julio. Hay que ver si se
paga por fuera del salario o se incorpora a algún ítem”.

Por otra parte, se logró que se les reconozcan  cinco días más, para quienes trabajaron
durante la pandemia, llamada “Licencia por Covid” que se suman a los de Área
Crítica que tienen algunos sectores.

“El Gobierno quería que nos tomemos los compensatorios
cuando termine la pandemia, lo que es ilógico porque la gente está cansada”,
afirmó Chuquisaca

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Cultura: Siguen los contagios entre el personal de las empresas tercerizadas

Mediante un comunicado, la Junta Interna de ATE Cultura
informó que tomó conocimiento de un caso positivo de COVID 19 en  La Manzana De Las Luces, entre los empleados
pertenecientes a la empresa de limpieza.

Por ese motivo, solicitaron a las autoridades del Ministerio
de Cultura de la Nación, a través de nuestra delegación CyMAT, la desinfección
total del edificio y la suspensión preventiva de las actividades públicas.

“Ante un nuevo pico de contagios, repetimos que
consideramos innecesario que se mantengan abiertos los museos y los centros
culturales, dado el peligro que implica para las y los trabajadores y la
población en general”, subrayaron desde la Junta Interna.

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Repudio absoluto al despido de un delegado de ATE en la Universidad Provincial de Córdoba

El carácter represivo de la medida atenta contra la libertad
sindical y sienta un gravísimo precedente de atropello a los derechos humanos y
laborales. Las represalias están prohibidas por el derecho Nacional e
Internacional y son repudiadas, también, por la comunidad universitaria.

A continuación, el comunicado completo:

El pasado 15 de enero se apersonaron en el domicilio de Juan
Valfré -delegado normalizador de ATE en la Universidad Provincial de Córdoba
(UPC)- el vicerrector Enrique Néstor Bambozzi junto a la Escribana Natalia
Nazzi. El objeto de la visita era dar constancia de notificación fehaciente de
la rescisión del contrato que la UPC mantenía -renovaciones mediante- desde
hacía 5 años con Valfré. Los motivos esgrimidos por la dirección de la
institución educativa, ninguno.

Desde ATE Córdoba manifestamos nuestro más profundo rechazo
y anticipamos que apelaremos la arbitraria, discriminatoria y persecutoria
decisión ante las instancias judiciales pertinentes, contraponiendo a este
atropello la denuncia por represalias dirigida a las autoridades responsables.
Además, nos urge llamar la atención acerca de que si bien existe una clara
motivación gremial y política ante el despido, la condición sine qua non de la
arbitraria decisión se encuentra en el fraude laboral y las condiciones
espurias de contratación a las que el propio Estado Provincial somete a sus
trabajadoras/es: Valfré prestó servicios permanentes durante 5 años en la UPC,
haciendo todos los días lo que hace cualquier empleado permanente de la
administración pública y hoy lo que es un despido terrible y flagrante,
pretende hacerse pasar como una simple “rescisión anticipada” de un contrato
temporal.

Vale recordar que Juan Valfré es uno de los delegados
normalizadores de ATE, electo representante del colectivo de más de 100
trabajadoras y trabajadores que a fines del año pasado decidieron organizarse
en nuestro sindicato. Él, junto al gran colectivo de docentes y codocentes que
se acercaron a ATE, son el emergente de una disputa de la comunidad
universitaria en su conjunto contra los directivos y mandamases políticos de la
UPC, quienes pretenden restringir el pleno ejercicio de los derechos políticos
universitarios tanto a docentes como a codocentes, estudiantes y egresados/as.

La persecución gremial de la que es víctima Valfré es
contrario al imperio del derecho de nuestro país y de la comunidad
internacional: tras la segunda Guerra Mundial se celebraron Tratados
Internacionales, entre ellos los centrales Convenios 87 y 98 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) -a los que nuestro país ha adherido con rango
Constitucional a partir del Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional–
que son los fundantes de la Libertad Sindical. La importancia de estas normas
radica en que autorizan explícitamente la organización sindical sin necesidad
de autorización estatal o patronal y resguardan a las trabajadoras y
trabajadores de la persecución por motivos gremiales, políticos, ideológicos,
religiosos, por parte de las patronales. Dicha protección opera especialmente
para quienes invisten la función de representantes de su colectivo, es decir
las y los delegados que están protegidos bajo el amparo de la tutela sindical.
La función de ser voceras/os de los intereses, expectativas, anhelos,
frustraciones de sus compañeras/os de trabajo, hace de las/los delegados una
pieza fundamental en el andamiaje democrático no solo del colectivo del cual
forman parte, sino de la sociedad en su conjunto. Quienes trabajamos,
construimos a diario nuestras sociedades e intentar dividir nuestros problemas
de los del todo social que integramos tiene la intención de parcializar lo
inexorablemente unido para el armónico funcionamiento colectivo, a saber:
trabajadores y sociedad; asamblea, delegados y trabajadores. En ese sentido, la
afrenta contra Valfré se constituye en una afrenta a todos los/las trabajadores
de la UPC, contra la comunidad universitaria en general y contra la sociedad en
su conjunto.

Los Convenios 87 y 98 de la OIT se crearon hace décadas para
acabar con las represalias de las patronales contra quienes decidieran
organizarse sindicalmente para defender sus derechos: nuestro país es uno más
en el concierto de las naciones que ha suscripto dichos tratados, con alcance a
cada rincón de su territorio, a cada nivel del Estado, a cada patronal. La
afrenta particular contra personal de la UPC, de carácter discriminatoria y
antisindical, entonces, se constituye también en una afrenta de alcance
internacional, que interesa especialmente a la OIT en tanto atenta contra sus
postulados.

Valfré ha sido una de las personas que ha encabezado la
lucha contra la intención de los directivos de la UPC de marginar del ejercicio
de un conjunto de derechos políticos a docentes y codocentes -quienes,
recordamos, han contribuido activamente en la fundación y organización
institucional del espacio de educación superior- y ha contribuido enormemente a
su organización en ATE. Las autoridades, con esta represalia de origen
antisindical prohibida por tratados internacionales, ilegítima en la comunidad
y con base en la enorme precarización laboral de quienes trabajan en la UPC,
pretende eliminar todos los conflictos logrando solo una cosa: que queden más
en evidencia.

Las formas espurias de contratación de la UPC, la
restricción a los derechos políticos de sus miembros, la persecución sindical y
el despido son parte de un mismo proyecto político y de gestión sobre el que la
comunidad universitaria en su conjunto ya ha tomado nota y se dispone a
desandar. ¡Guay de quiénes se interpongan y más aún si se arrogan el mote de
representantes obreros! Recuerden que cuando la colcha es corta y pretenden
esconder la cabeza se les asoman los pies por debajo. ¡Dejen ese juego de lado
y dispónganse a construir una democracia variopinta donde primen los intereses
de las y los trabajadores y no los espurios designios de personeros del poder!
Si no lo hacen quedan en evidencia, haciendo el ridículo y perdiendo
credibilidad.

¡Reincorporación ya de Juan Valfré!

¡Por la democracia en la Universidad Provincial de Córdoba!

¡Vivan sus trabajadoras, trabajadores, estudiantes y
egresados/as!

 

Asociación
Trabajadores del Estado

Consejo Directivo
Provincial Córdoba

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ATE reclamó al gobernador un incremento salarial acorde a la pauta inflacionaria

Este viernes, ATE
Misiones
, presentó una nota al gobernador de la provincia, Herrera Ahuad
solicitando en carácter de urgente una audiencia para plantear el reclamo
salarial para todxs lxs trabajadores estatales de la provincia y que este
“sirva de pauta a tener en cuenta en los municipios”. Los aumentos deberían
discutirse entre el 35% y el 62% remarca.

Ante la sostenida
pérdida del poder adquisitivo del salario y las múltiples dificultades que esto
genera a los y las trabajadoras del Estado para garantizar derechos básicos
como los alimentarios y teniendo en cuenta la pauta inflacionaria para este
2021 que ronda el 50%, desde ATE Misiones pidieron, con carácter de urgente,
una audiencia con Oscar Herrera Ahuad.

La nota, firmada
por Jorge Koki Duarte, Secretario General de ATE Misiones, Laura Camelli, Pro
secretaria administrativa y Lalo Sanabria secretario de Acción Política,
destaca además  que hay sectores del
Estado que ya están discutiendo con el gobierno incrementos salariales que van
entre el 35% y el 62%, incorporados al básico.

“Con aumentos superiores a $24.000 y
estableciendo un piso salarial de $62.000, consideramos que estos parámetros
debieran tenerse en cuenta a la hora de establecer el incremento salarial para
el corriente año para la totalidad de los trabajadores estatales misioneros y también
para los jubilados”, señalaron desde el CDP en la nota dirigida al funcionario
público.