En un nuevo revés para el fiscal provincial Ernesto De Aragón, quien tiene a cargo el armado de causas en la justicia provincial contra el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba, Federico Giuliani, en contexto de las protestas que el Sindicato viene llevando adelante en ejercicio de los más básicos derechos constitucionales, la Cámara de Apelaciones de Córdoba ordenó que una causa impulsada por el funcionario, de comunicación directa con el gobierno provincial, sea traspasada a la Justicia Federal, rechazando así las pretensiones del fiscal de continuar a cargo del expediente.
Se trata de la causa sustanciada a partir de la represión policial del 25 de mayo de 2024, en el contexto de la visita del presidente Javier Milei a la ciudad de Córdoba. En su afán por agregarle a Giuliani nuevas imputaciones, en su alocada carrera de persecución de nuestro secretario General, De Aragón lo acusó del delito de “instigación pública para cometer delitos”, artículo 33 del Código Penal.
“Ya sabemos que De Aragón es un ariete de la persecución judicial en mi contra y de otros dirigentes. Lo denunciamos públicamente. De todas formas vivimos estos procesos con mucho orgullo y mucha fuerza, tenemos un reservorio moral muy grande. Seguimos diciendo que protestar no es un delito sino un derecho. También tenemos legitimidad porque luchar por una vida digna para nuestra gente nos lo da y que seguiremos estando permanentemente en la calle”, dijo Giuliani en respuesta al fiscal.
Por dicha causa, y en un ejercicio desproporcionado de la persecución judicial, el fiscal ordenó allanamientos en la sede de la seccional ATE Río Cuarto y en el domicilio particular de Giuliani, secuestrándole su teléfono celular particular y el de su hijo más chico, un niño que lo utilizaba para sí mismo y no para organizar ningún delito como la afiebrada cabeza del fiscal pudo sospechar. También le impuso una caución de 10 millones de pesos para mantener la libertad mientras continuaba las actuaciones.
“Resulta que el fiscal le imputa a Giuliani un delito establecido en el artículo 33, que es de orden federal. Es decir que De Aragón pretendió llevar a juicio a Federico por un delito para el que no es competente. Se lo dijimos desde la defensa, después se lo dijo la jueza de Control, que nos dio la razón en primera instancia, y ahora se lo dice la Cámara de Apelaciones”, detalló el abogado Claudio Orosz, a cargo de la defensa del dirigente de ATE.
Cabe mencionar que De Aragón está denunciado penalmente por Giuliani a raíz de la represión en una marcha a la Municipalidad de Córdoba, donde fue detenido y sometido a vejámenes por la policía, al punto de sufrir la quebradura de un brazo.
Además, se trata de un segundo revés que le impone la Cámara de Acusación a De Aragón, después de sobreseer a Giuliani, y otros dirigentes sociales, en otra causa armada por el fiscal, donde pidió su elevación a juicio luego de procesarlo por “entorpecimiento al transporte” en la jornada de protestas piqueteras de la Marcha Contra el Hambre, que se realizó en 2023. Para la Cámara “…Es indiscutible el derecho de los ciudadanos a transitar por el territorio argentino, a reunirse y a peticionar a las autoridades (art. 14 de la Constitución Nacional), en cuyo marco se ejerce, o en sí mismo consiste, el derecho a manifestar sus opiniones y reclamos en la vía pública”.
Ahora el mismo tribunal rechaza otra causa armada por De Aragón y le impone que derive el expediente a la Justicia Federal.
