Este lunes la Seccional Rosario de ATE concentró en Gobernación por la resolución de los casos de Natalia Cachiarelli y Romina Michaut. Posteriormente, en el Nodo Salud, reclamó por la situación de las personas que trabajan en Salud Mental. En ambos casos se dieron reuniones y acuerdo de encuentros con funcionarios de las áreas respectivas.
La movida en Gobernación se realizó con la presencia de gremios hermanos, como Amsafe Rosario y SiPrUS. También acompañaron el Colegio de Psicólogxs y la Corriente Clasista y Combativa. Se exigió que se reincorpore inmediatamente a Natalia Cachiarelli, injustamente despedida del Estado provincial, y que se le devuelvan sus funciones a Romina Michaut, quien fue desplazada de su puesto laboral y sufre la violación de medidas de restricción de acercamiento de un funcionario municipal en Funes.
Natalia Cachiarelli denunció hace seis años el abuso de cinco menores por parte de dos adultos de un mismo núcleo familiar. Como consecuencia, la psicóloga recibió varias amenazas por parte de personas implicadas en el caso. Por entonces, denunció la falta de protección por parte de la repartición oficial, además de otras irregularidades protagonizadas por funcionarias en relación al caso.
Su experiencia remite a la de la docente Vanesa Castillo, víctima de femicidio por quien acusó de violentar a sus alumnos, a raíz de lo cual se viene peleando por la aplicación de la ‘Ley Vanesa’ de protección de víctimas y trabajadorxs estatales comprometidos con esas situaciones. En 2021, Cachiarelli fue trasladada a Rosario donde cumplió funciones en la Secretaria de Políticas de Inclusión y Desarrollo Territorial, allí fue parte del armado del Programa de Femicidios de la provincia, hasta el momento que fue cesanteada del Ministerio de Género, Igualdad y Diversidad. La carta de cesantía que volteó la puerta de su hogar en marzo, llevaba las firmas del Ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, y del Gobernador de la Provincia, Omar Perotti.
“Es una situación completamente injusta, porque lo que alegan en la cesantía es una situación mentirosa de supuesta inasistencia que yo tuve en 2019, cuando en realidad un juez falló a mi favor intimando al Ejecutivo a que me asigne un lugar de trabajo. Como el Ejecutivo no respondió tuvimos que acceder a la justicia”, recordó la psicóloga a quien le ‘reflotaron’ un viejo expediente para correrla de su lugar con un perfil claramente persecutorio.
Romina Michaut, por su parte, fue desplazada de sus funciones en la Municipalidad de Funes, donde además tiene una orden de restricción de acercamiento por violencia contra un funcionario local que incumple la disposición judicial, mientras ella no puede volver a su puesto laboral original. Por eso, se reclama la vuelta a funciones de ambas trabajadoras y el cese de las violencias y hostilidades de las respectivas patronales estatales.
“Esto tiene que ver con decisiones políticas. Es gravísima la situación en que se revictimizó a la compañera Natalia y exigimos que rápidamente se la reincorpore, que haya una reparación, porque esto hay que ponerlo en el contexto de lo sucedido con Vanesa Castillo en esta misma provincia. En relación a Romina, hay un fallo judicial que debe cumplirse y la agresión constante que significa el sostenimiento de esta situación injusta, nos obliga a redoblar medidas de no tener respuestas”, adelantó la Secretaria General de ATE Rosario, Lorena Almirón.
Desobligación y asamblea de Salud Mental
Pisando el mediodía, con desobligación y pedido de audiencia a la Ministra de Salud, Sonia Martorano y la Directora de Salud Mental, Celina Pochettino, trabajadorxs de Salud Mental, concentraron en el Nodo Salud. Se llevaron la promesa de una reunión para el viernes con las autoridades del área.
En el sector, hay personal profesional al que se le adeuda el salario desde diciembre. Desde la Colonia Psiquiátrica de Oliveros, la delegada Florencia Escandar, detalló que la pelea inició con una serie de asambleas que se fueron ampliando otros efectores. Si bien se celebra el plan lanzado por la Dirección de Salud Mental en torno a la transformación de las prácticas manicomiales, “buscamos que esa transformación vaya acompañada de reivindicaciones laborales”.
Entre los reconocimientos necesarios están el de los y las abogadas de equipos interdisciplinarios en salud mental que vienen trabajando con los usuarios en estas prácticas desde elevación de informes, en conjunto con psicólogos, trabajadores sociales, intervenciones clínicas, jurídicas. También de talleristas que quieren pasar desde la categoría de servicios generales a operadores de salud, porque sostienen la asistencia a usuarios y usuarias de la salud mental.
Las situaciones dadas en ambos ámbitos, hablan de la desidia y las ofensivas desde el Estado contra áreas que atienden a sectores múltiplemente vulnerados en sus derechos. Personas pauperizadas que deben responder al acompañamiento de personas vulnerables. “No vamos a tolerar que se sigan desplegando estas políticas discriminatorias, persecutorias ni violatorias de derechos elementales, como lo es el salario”, concluyó Almirón.
Prensa ATE Rosario
