Trabajadoras y trabajadoras de la Colonia de Oliveros, nucleados en ATE Rosario, hicieron “un fuerte llamado al ejecutivo provincial” para que impulse políticas sociales, mediante una carta pública.
Quienes cada día sostienen el Hospital Colonia de Oliveros «Abelardo Irigoyen Freyre» sostuvieron:
«Necesitamos políticas públicas que generen un horizonte de futuro que pueda ser mejor que el presente, porque con hambre y miedo no se construye ciudadanía» y realizaron «un fuerte llamado al poder ejecutivo provincial» para pedir «políticas sociales inclusivas que tiendan puentes a la educación, al acceso a la salud y al trabajo; políticas que posibiliten herramientas integrales en los abordajes de las problemáticas de consumo de sustancias, programas que propicien presencia estatal en los territorios desde la inclusión y la lógica del cuidado, salarios dignos para las trabajadoras y trabajadores».
El texto completo de la carta indica: «Ante todo, expresamos nuestra solidaridad hacia las compañeras y compañeros víctimas de ataques y amenazas a los centros de salud, escuelas y transportes públicos y a la comunidad en general y nos solidarizamos con el dolor de las familias de las víctimas de los hechos de violencia exacerbados estos últimos días, y exigimos políticas de cuidado y cese de la violencia. Como colectivo, nos une la convicción en nuestras prácticas como trabajadoras y trabajadores del amplio, complejo e interdisciplinario campo de la salud mental.
Prácticas que tienen como objetivo la garantía de derechos. Somos talleristas, interventoras e interventores culturales, mucamas y mucamos, enfermeras y enfermeros, acompañantes terapéuticas y terapéuticos, trabajadoras y trabajadores sociales, abogadas y abogados; especialistas en medicina clínica, psiquiatría y psicología; personal administrativo, de mantenimiento, entre otros. Asistimos y acompañamos a las personas que se encuentran a nuestro cuidado en una internación por una crisis subjetiva o en sus territorios, en sus comunidades, con sus proyectos vitales, con sus familias y redes afectivas.
Los centros de salud, los hospitales generales y monovalentes, los espacios sustitutivos del manicomio son algunas de las pocas referencias institucionales que con su práctica diaria sostienen cuidados y asistencia a una gran población. Para esto es necesario un diseño de políticas públicas que garanticen esas tareas y asignen recursos que son imprescindibles para la acción concreta y por lo tanto no se reduzcan a una mera declaración de principios.
Para acompañar la vida es necesario un Estado presente que respete los derechos de sus trabajadoras y trabajadores de modo que podamos, por nuestra parte, cumplir con nuestras tareas específicas de modo digno. Nuestros salarios han quedado reducidos a muy poco por la hiperinflación que vivimos. A su vez, el debilitamiento del entramado social, así como el retroceso en materia de políticas para el acompañamiento de la vida en comunidad, nos exponen a un cotidiano sumamente complejo.
Ante este apremiante contexto decidimos dirigirnos a la comunidad para informar sobre esta frágil situación. En nuestro campo específico, el de la Salud Mental, contamos con una Ley Nacional que es el resultado de años de lucha colectiva y es un ejemplo a nivel internacional en materia de Derechos Humanos. Esta Ley, sin embargo, está lejos de su implementación plena debido a la falta de decisiones políticas cuyas consecuencias son la falta de recursos humanos y económicos necesarios. Esta realidad pone en riesgo la salud -en tanto proyecto de abordaje integral e interdisciplinario- atentando contra nuestras garantías y derechos como ciudadanas y ciudadanos.
Por estas horas, nuestra provincia -principalmente Rosario- se encuentra bajo un estado de amenaza permanente. Esta situación que nos atraviesa desde hace mucho tiempo se agravó en las últimas semanas. Ante este escenario, la respuesta principal del gobierno provincial (apoyado por el ejecutivo nacional) consistió en engrosar las fuerzas de seguridad. Sabemos que la sola presencia policial será insuficiente, incluso contraproducente, si no se contempla el trabajo en territorio y el acceso de los sectores más desfavorecidos a la alimentación, a la salud y a la educación, los cuales se ven fuertemente afectados por las políticas públicas de recorte y ajuste.
Por todo lo dicho, como trabajadoras y trabajadores que bregamos por el cuidado y la salud mental de la comunidad, hacemos un fuerte llamado al poder ejecutivo provincial y pedimos políticas sociales inclusivas que tiendan puentes a la educación, al acceso a la salud y al trabajo; políticas que posibiliten herramientas integrales en los abordajes de las problemáticas de consumo de sustancias, programas que propicien presencia estatal en los territorios desde la inclusión y la lógica del cuidado, salarios dignos para las trabajadoras y trabajadores. Necesitamos políticas públicas que generen un horizonte de futuro que pueda ser mejor que el presente, porque con hambre y miedo no se construye ciudadanía”.
