Este miércoles ATE cuestionó el modelo sanitario impuesto por el Gobierno nacional porque prioriza la exportación pero vacía los controles que realizan los organismos públicos. Ricardo Luna, el abogado y ex titular de la jefatura de asuntos jurídicos del Senasa, advirtió sobre las consecuencias de las políticas desregulatorias del Gobierno.
En el marco de las actuales políticas de desregulación, el impacto directo sobre la calidad y disponibilidad de los alimentos que llegan a la mesa de la ciudadanía argentina comienza a encender alarmas. Ricardo Luna, abogado con amplia trayectoria en la jefatura de Asuntos Jurídicos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y actual integrante de los equipos técnicos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), analizó las severas contradicciones de este modelo productivo y económico.
Para el especialista, el discurso oficial que presenta las reformas como algo neutro esconde una realidad alarmante para el Estado y la población. “La palabra desregular significó vaciamiento, significó falta de controles”, advirtió Luna.
Según indicó, una de las mayores contradicciones del esquema actual radica en la política exterior agroindustrial. Mientras Argentina busca abrir y consolidar mercados internacionales a través de tratados – como el de la Unión Europea – puertas adentro se desmantela el sistema que garantiza los exigentes estándares que esos mismos mercados requieren.
Respecto a esta contradicción en específico, Luna sostuvo: “las auditorías deben ser permanentes, pero acá se desregula; se vacía y no se controla”. Para el especialista, es ingenuo pensar que en un mundo donde el alimento pasó de ser nutrición a ser una mercancía regulada por fondos de inversión, las potencias compradores no utilizarán barreras parasanitarias si encuentran ‘alguna mancha en la fruta o algún anabólico’.
El ex responsable de la jefatura de Asuntos Jurídicos del Senasa graficó que el modelo agroexportador sin planificación estatal llevó a una transformación radical de la geografía social del interior productivo. Lejos de generar desarrollo de forma equitativa, la expansión sojera terminó por desarticular la economía de cercanía.
En ese escenario, pueblos santafesinos situados en las zonas más ricas del país, que históricamente producían sus propios alimentos, hoy deben traer los huevos o la verdura desde otros lugares a un costo mayor.
“Las Rosas, Las Parejas (…) San Jorge o Villa Cañás iban a tener siempre un alimento local disponible que a su vez servía como regulador de mercado”, apuntó el abogado, a la par que lamentó que “hoy todo eso se perdió y no quedó ni un criadero de cerdos, nada”.
Esta falta de planificación urbana y productiva terminó expulsando mano de obra hacia los conurbanos de las grandes metrópolis, generando bolsones de pobreza en un sistema de extrema concentración.
Cambio de prioridades
La lógica histórica detrás de la soberanía de los países quedó totalmente trastocada por decisión política. En términos técnicos e históricos – recordó el experto -, la seguridad alimentaria es tener el suficiente alimento para que la población consuma la mayor cantidad posible”.
Sin embargo, en la Argentina de la actualidad esa lógica se invirtió por completo para privilegiar los dólares de la agroindustria por encima del mercado interno. Al respecto, Luna reflexionó: “Primero se exporta y el excedente no queda para nadie. Hoy lo principal es exportar”.
Finalmente, Luna alertó sobre el retiro del Estado en el cuidado de la mesa cotidiana de los argentinos. Mientras el Senasa históricamente se encargó de asegurar la inocuidad para evitar la triquinosis en los chacinados o de analizar las verduras que consumen las familias, hoy la prioridad parece estar puesta únicamente en los negocios hacia el exterior.
“El consumo interno hoy no le importa demasiado al Senasa, mal que me pese”, concluyó.
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