Mes: mayo 2025

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) participó del Segundo Congreso Feminista de Derecho al Trabajo, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y organizado por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas.

El Congreso, impulsado por la Comisión de la Mujer Trabajadora (COMUTRA), se desarrolló durante dos jornadas bajo el lema “La resistencia feminista en el mundo del trabajo frente al avance neofascista”. A lo largo del encuentro se llevaron a cabo mesas de debate con la participación de referentes de distintos espacios sindicales, académicos y del ámbito jurídico.

Allí, en representación de ATE estuvieron presentes Mercedes Cabezas, Secretaria General Adjunta, y Mariana Amartino, integrante del Equipo Jurídico del Sindicato. Cabezas formó parte del panel “La agenda sindical feminista”, junto a Karina Navone, Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), Ana Altamirano, del Sindicato del Personal de Casas de Familia -(SINPECAF) y Karina Nicoleta, de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP)

Durante su exposición Cabezas señaló que “en este contexto, encontrarse y escuchar otras experiencias siempre nutre y fortalece. Compartí la mesa con compañeras de sindicatos distintos al nuestro, pero que en algún punto hemos atravesado situaciones similares. En nuestro caso, relaté el proceso para modificar el Estatuto: los años de debate, las dificultades y los avances que logramos. La recepción fue muy positiva”.

La dirigenta también reflexionó sobre la organización feminista dentro y fuera del Sindicato, afirmando que “nuestro sindicato nunca está ajeno a la coyuntura política ni a los debates que atraviesan a la sociedad. Discutimos qué tipo de Estado necesitamos, cómo nos reorganizamos y nos sostenemos en un contexto hostil, marcado por el individualismo. Desde ATE seguimos fortaleciendo una agenda sindical con perspectiva de género, comprometida con los derechos de las trabajadoras y los desafíos actuales del mundo laboral”.

Por su parte Amartino, también vicepresidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) enfatizó que “en este contexto tan particular, donde a las políticas feroces de ajuste se suman la promoción de la violencia desde el propio Estado -garante primigenio y principal obligado de prevenir y erradicar todo tipo de violencias-, que desmantela las pocas políticas públicas de prevención y abordaje en la materia que existían, tales como «igualar», «formar igualdad», «sembrar igualdad» -entre otras- sentimos la necesidad desde la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, de realizar este 2do Congreso Feminista de Derecho del Trabajo con las voces de todas las protagonistas”.

Amartino detalló que la idea fue debatir colectivamente cómo este proceso de ajuste, que desgarra el tejido social y provoca un aumento de la precariedad laboral y el pluriempleo, afecta a toda la población en general y a mujeres y diversidades en forma diferenciada y en ese sentido subrayó que “nos pusimos como eje ser parte del debate de movimiento feminista y transfeminista, para abonar a la construcción, articulación y fortalecimiento de alianzas No solo para resistir sino para enfrentar en la calle y en cada rincón de país está avanzada de la extrema derecha”.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció al Gobierno Nacional por limitar el derecho a huelga mediante el Decreto 340/25 y exigió su declaración inmediata de inconstitucionalidad. “Esperemos que la Justicia actúe con rapidez. Los efectos de este decreto deben ser suspendidos inmediatamente”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.

“Prácticamente el mismo texto ya fue declarado inconstitucional. En esta instancia, no hay otra cosa que hacer más que ratificar lo anteriormente sentenciado. Muchas de las actividades que se plantean como esenciales las brinda el Estado. Por lo tanto esta norma dictada por el Ejecutivo nos afecta de manera directa a ATE y a todos los trabajadores estatales”, agregó el dirigente estatal.

El recurso de amparo recayó en el Juzgado Nacional de 1ª Instancia del Trabajo Nº 20. En el documento se argumenta ‘la afectación ilegal, arbitraria y manifiesta del derecho de huelga, al principio de progresividad y al de libertad sindical’. El sindicato además solicitó que se dicte una medida cautelar para que se suspendan los efectos del decreto y no tenga vigencia mientras dure la medida cautelar. 

“Estamos frente a una inconstitucionalidad manifiesta. El derecho de huelga es nuestro derecho más importante. Si nos lo quitan, a los trabajadores no nos queda nada. Este decreto se lo escribieron al Presidente las multinacionales y los grandes grupos empresarios del país. Tenemos que atacarlo en la Justicia y en la calle”, concluyó Rodolfo Aguiar.

El DNU 340/25 modifica el artículo 24 de la Ley 25.877, ampliando los servicios considerados “esenciales”. Aquellos que estén contemplados en esta categoría deberán garantizar un 75% de la prestación durante las huelgas, dejando así sin efecto las medidas de fuerza. Hasta antes de la publicación del decreto, se consideraba esencial aquel servicio cuya interrupción pudiera poner en peligro la salud, vida o seguridad de la población, siguiendo los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

ATE aduce que muchas de las actividades que fueron incorporadas como servicios esenciales en el decreto son llevadas adelante por el Estado y, por lo tanto, implica una restricción para el ejercicio del derecho de huelga del sindicato.