Asistentes escolares debatieron acerca de la Circular 3/2024 que dispone descuentos a quienes hayan parado. También sobre las implicancias de la Ley Bases que tratará el Senado, manifestando su oposición al achique del Estado. Fuerte preocupación por el sistema previsional y la situación de IAPOS. Jornada nacional del sindicato con múltiples actividades.
El gobierno de Maximiliano Pullaro, que hizo campaña hablando de dignificar el empleo público, inició su mandato desconociendo el acuerdo paritario 2023. Tardó meses en abonar los proporcionales y, después, consolidó un acuerdo paritario a la baja. Promediando mayo pretendió cerrar el aumento del bimestre anterior con un 10% en dos cuotas, cuando la inflación del período dobló ese guarismo.
Frente a ello, ATE Rosario realizó medidas de fuerza que el gobierno provincial quiso sancionar violando su estatuto. El argumento, totalmente improcedente, fue que la Seccional no podía parar sin aval del Consejo Directivo Provincial del gremio.
Tras la huelga provincial del 8 de mayo, el gobierno de Santa Fe instrumentó la disposición catalogada por la secretaria general de ATE Rosario, Lorena Almirón, como “un dislate jurídico”. La Circular 3/2024, que incluyó un formulario web y la intentona de ‘denunciar’ a quienes se sumaron a la acción gremial, fue parte de una serie de políticas regresivas en materia laboral en las que el gobernador muestra ‘sintonía fina’ con el gobierno nacional.
“Quienes usaron esa declaración jurada exigida, totalmente ilegal, fueron en su mayoría compañeros que estaban de licencia médica y ni siquiera pudieron aclararlo. Nosotros en el día de ayer hicimos una presentación directamente al gobernador de la provincia denunciando esto. Porque no solamente siguieron con la declaración, sino que sacaron la Circular 3/2024 que consideramos que viola el derecho constitucional a huelga, es ilegal y es antirreglamentaria”, expresó la dirigenta estatal.
“Hay una contradicción permanente del gobierno que no sabe para dónde ir, que no sabe cómo frenar la lucha de todos los estatales de la provincia. Y acá está demostrado que hay una unidad de todos los sindicatos y todos los trabajadores y trabajadoras estatales y que no vamos a permitir este avasallamiento”, advirtió Almirón en la conferencia de prensa conjunta con Amsafe Rosario, Sadop y Siprus, que se realizó antes del inicio de la plenaria.
Según la Junta Interna de ATE INDEC, el salario mínimo debería ser de 1.263.000 pesos, pero el promedio provincial está al 30% de ese monto. “Nos están ofreciendo migajas”, protestó la secretaria general de ATE. El panorama sombrío se suma a lo compartido en asamblea sobre la Ley Bases y sus implicancias en el sector educativo: puede implicar desde caída de financiamiento necesario para comedores escolares –ya hoy muy afectados- hasta la pérdida de puestos de trabajo.
Durante el plenario que se dio a la par de los realizados en otros espacios laborales nacionales como SRT y Conicet, se acordó en movilizar al Congreso cuando la Cámara Alta trate la Ley Bases y acerca de la necesidad de construir un gran paro de asistentes escolares que, además de lo expuesto, tome los reclamos por: actualización y aumento en paritarias de asignaciones familiares; condiciones de trabajo; aumento de la partida para comedores y copas leche; creación de cargos; licencias médicas recortadas; modificaciones regresivas en el régimen previsional.
Por supuesto el tema de IAPOS atravesó las intervenciones. La situación que tuvo de rehenes a miles de santafesinos sin poder acceder al derecho a la salud, requiere de una “normalización definitiva, que no nos deje presos y presas de estafas de la medicina privada, que no nos obligue a pagar sumas extras realmente difíciles de solventar con nuestro sueldos y con participación de las y los trabajadores en el directorio de la obra social”. Asimismo, se planteó la urgencia de los reintegros de lo abonado durante el corte de atención durante casi un mes.
Las y los asistentes escolares, finalmente, expresaron gran preocupación por las amenazas a estudiantes universitarios con representatividad política y ante el crimen de odio en Barracas, Buenos Aires, donde tres mujeres fueron asesinadas y una lucha por su vida. “Todos estos hechos marcan un hilo de odio que ya vivimos en nuestro país. Desde ATE Rosario reiteramos que no queremos nunca más violencia institucional y persecución política”, cerró Almirón.
