La necesidad de un
cambio urgente de la realidad de las y los trabajadores municipales del
interior provincial es una de las políticas prioritarias del Consejo Directivo
Provincial (CDP) de ATE Córdoba. Esto es así debido a los magros salarios que
fluctúan en promedio entre el índice de indigencia y la línea de la pobreza.
En el marco de la
pandemia, el secretario General del CDP, Federico Giuliani, dijo en una nota
sobre la situación municipal que en los 85 municipios en los que ATE tiene
representación “los conflictos en general tienen que ver con el pago salarial
en tiempo y forma”.
Vale señalar que la
estructural municipal cordobesa es la más extendida del país. Son 427
municipios y comunas, contra 135 que tiene la provincia de Buenos Aires,
jurisdicción con mucha más población y necesidades de cubrir la demanda de
servicios.
Al margen de las causas
y consecuencias que la dispersión de estructuras municipales tiene en términos
de políticos y en los criterios de eficacia ante la demanda social, las y los trabajadores se
ven profundamente afectados porque se multiplica la necesidad de negociar con
cada Ejecutivo diseminando la fuerza organizada. A esto se suma
fundamentalmente la falta de una paritaria unificada que podría compensar esta
disgregación de la estructura estatal de tercer nivel.
Así, en los municipios
más pobres las carencias salariales son evidentes, como es el caso del norte
provincial donde “los salarios más bajos de trabajadores municipales rondan los
10 mil pesos, 6 mil de básico en Quilino, bajo la línea de la indigencia”,
describió Giuliani. “Hay municipales que son jornaleros, mensualizados, porque
tenemos trabajadores que trabajan por mes o jornada, prácticamente vuelve al
medioevo el vínculo laboral entre el estado patrón y las y los laburantes”,
analizó el dirigente.
Sin embargo, en
municipios más ricos, ubicados en zonas productivas de mayor poder adquisitivo
y de recaudación tributaria, nadie tira manteca al techo ni mucho menos.
“Tenemos salarios medios como Río Cuarto que aproximadamente hay salarios que
promedian 20 mil o 22 mil pesos”, agregó Giuliani.
Seccionales
Otro tanto ocurre en
Río Tercero, como dijo el secretario General la seccional, Damián Albornoz.
Esos niveles salariales apenas superan la línea de la pobreza pero están muy
lejos de la canasta familiar. De la misma manera, en la recientemente creada
seccional de Adelia María, ubicada en una zona agrícola por excelencia, las
carencias salariales son un denominador en común que afectan a las y los
trabajadores. “Son una realidad los sueldos bajos de los municipales en el
interior. Mientras en las ciudades un poco más grandes superan el mínimo vital
y móvil, en las localidades más chicas los sueldos son de 8 mil pesos, con un
60% del personal en negro”, aseguro Roberto Sánchez, secretario Adjunto de la
seccional y trabajador municipal en Jovita.
Ante este panorama la
secretaria General de ATE Río Cuarto, Rafaela Alcoba, fundamentó la necesidad
de crear una paritaria que abarque al conjunto de trabajadores municipales de
la Provincia. “Venimos denunciando hace mucho tiempo desde nuestra entidad gremial
la necesidad de discutir una línea de políticas paritarias que abarque toda la
provincia y que englobe a los más de 400 municipios y comunas que existen en
Córdoba. Sin unificar criterios vamos a estar siempre tapando baches, no solo
con muchísimas compañeras y compañeros por debajo de la línea de la pobreza
sino con recibos de sueldo destruidos, con pago de salarios en negro, con ítems
esenciales que no se abonan, por ejemplo tareas riesgosas e insalubres. Se
sucede también la falta de pago de la antigüedad o de las asignaciones
familiares, situaciones que surgen a partir de no haber un criterio unificado
que nos permita avanzar”.
A su turno, Fernando
Mercado, secretario General de ATE Villa María, expresó la queja de las y los
trabajadores de las dos localidades donde ATE tiene representación en dicha
región, Bell Ville y Monte Leña. “En ambas localidades no pudimos discutir la
pauta salarial de este año por la pandemia, cuando ya veníamos sufriendo una
pérdida de poder adquisitivo producto de la gestión neoliberal macrista”.
Y agregó: “en Bell
Ville el promedio salarial es de 23 mil pesos, pero en comunas como Monte Leña el salario ronda entre 10 y
15 mil pesos. A eso hay que sumarle que la plata permanente apenas alcanza el
50%. Hay mucho trabajo precarizado, no se le entrega la ropa de trabajo, las
condiciones de higiene y seguridad no son las ideales”.
Una paritaria unificada
evitaría también los aprietes entre los municipios que ocurren cuando uno
realizó un acuerdo salarial y su vecino no lo hizo. Sucedió en la localidad de
Las Vertientes, donde el intendente Miguel Ángel Melano firmó un acta con ATE
donde otorgaba una recomposición del 23%, para luego desdecirse tras recibir
burdos aprietes de sus colegas de otros municipios que se niegan a pagar
aumentos de ese nivel y que, evidentemente, se ven expuestos por la mejora
salarial alcanzada por nuestro gremio.
Ni hablar de los abusos
en términos de condiciones de trabajo, como lo que ATE denunció en San
Francisco, donde los dirigentes de nuestro gremio reclamaron a las autoridades
municipales que dejen de tomar a jubilados para cubrir tareas propias del
personal activo, utilizando planes asistenciales como forma de pago.
Otro caso paradigmático
reciente es el de Jesús María, donde ATE debió bregar por la reinstalación de
un delegado de su lugar de trabajo, trasladado arbitrariamente por el
intendente. A esto se suma la generalizada falta de libertad y democracia sindical
allí donde la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) es
hegemónica, responsable permanente de firmar acuerdos salariales a la baja.
Las carencias en las
estructuras municipales incluyen también las infraestructuras y herramientas de
trabajo para garantizar la prestación de servicios. Tal es así que,
precisamente, en Las Vertientes ATE realizó una colaboración de dinero al
cuartel de bomberos local, a partir de la gestión llevada a cabo por el
delegado municipal Waldo Romero.
