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Fuerte protesta de ATE por el pago desdoblado del aguinaldo

Además de repudiar una medida que retrotrae a los
trabajadores a graves momentos como los vividos en la década del 90 y el 2000,
el sindicato demandó la apertura de paritarias, el pago de la indumentaria, la
ley de insalubridad y la firma definitiva de los pase a la planta permanente en
el Estado Rionegrino.

Con un bloqueo y acampe a primera hora en los ingresos de la
Función Pública en Viedma, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) protestó
hoy en toda la provincia frente a la pérdida de derechos que implica la
decisión del ejecutivo provincial de realizar el pago desdoblado del aguinaldo
hasta en tres cuotas para salarios superiores a 60 mil pesos en bruto.

El sindicato también se movilizó en las sedes de las
secretarias de trabajo locales en toda la provincia.   “Con esta medida el actual gobierno abandona
la política de recuperación de derechos y nos lleva a penosos momentos en los
cuales los trabajadores llegamos a recibir el aguinaldo hasta en 12 cuotas,
como fue en el periodo del 95 al 98 y del 2004 al 2008. Solo faltan los ticket
canasta”, señaló irónico Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.

Para el dirigente, la provincia podría haber hecho el
esfuerzo para evitar esta situación en un contexto donde el proceso de
inflación continúa en un espiral imparable, entre otras cosas, por la tibia
campaña de control de precios que se había comprometido a impulsar el Gobierno.

De la medida firmada por el ejecutivo solo quedarán
exceptuados  los trabajadores de salud y
seguridad (policía y penitenciarios). El resto cobrará en una cuota si su
aguinaldo no supera los 30 mil pesos en bruto, y los funcionarios políticos lo
harán de forma total en el mes de octubre.

En el marco de la protesta ATE  volvió a demandar la urgente apertura de
paritarias, el pago de la indumentaria, la ley de insalubridad y la firma
definitiva de los pase a la planta permanente en el Estado Rionegrino.

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El Hospital Durand, al borde del colapso

En momentos en los que
el AMBA entra en una fase aún más crítica de la pandemia de coronavirus, el
«Carlos G. Durand», hospital de pacientes agudos del sistema de salud pública
de la Ciudad de Buenos Aires, se encamina al colapso.

El área de enfermería
advierte esta situación frente al incremento en el número de pacientes,
mientras no ocurre lo mismo con los trabajadores que deben atenderlos. Se
llegan a vivir casos extremos -relatan- como el turno noche del fin de semana,
cuando la cantidad de profesionales se ve reducido a tres.

«Hay muchos compañeros
con licencia por enfermedades preexistentes, tenemos personal añoso, con
diabetes, hipertensión, problemas cardíacos. Siempre tuvimos escasez de
personal. En la salud de la Ciudad la relación es de dos médicos por enfermero,
cuando tendría que ser al revés. Lo reemplazan con lo que le llaman módulos de
enfermería, lo cual es una trampa porque se trata de una forma de explotación
de compañeros que cobran 8.000 pesos en mano», explica a Canal Abierto Héctor
Ortiz, delegado de ATE en el Durand. «Es una vergüenza lo que están haciendo
con esta profesión».

A su vez, Ortiz
advierte que uno de los problemas para el ingreso de personal en el área se
explica en los ingresos que perciben: «los chicos nuevos terminan renunciando
por el bajo salario y porque quieren ser reconocidos en la cerrera profesional,
lo que implicaría un 40% en el sueldo. Un enfermero universitario ingresa con
un sueldo de 35.000 pesos en el escalafón general y un universitario de la
carrera profesional gana cerca de 70.000″.

También te puede
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trabajadores”

Aún cuando la situación
del Durand se revela extrema, no es excepcional: poco a poco, los distintos
establecimientos sanitarios porteños asisten a las complicaciones de los mismos
quehaceres cotidianos. Es por esto que se vienen realizando encuentros en los
distintos hospitales, tal como ocurriera días atrás en el Rivadavia, en el
propio Durand y, ayer, en el Moyano.

«Tenemos contacto con
la mayoría de los hospitales en los que están padeciendo el problema del
Covid-19 y no es muy diferente a lo que pasa en el Durand: faltan enfermeros y
hay un excesivo incremento de los pacientes con coronavirus. Por otra parte,
hace muchos años que no nos dan ropa de trabajo. También pedimos que los
elementos de protección personal sean de calidad y pasen por en ANMAT. Pero
desde el gobierno no hay respuesta, y los funcionarios de salud son totalmente
intransigentes. Nosotros pedimos una reunión con el ministro de Salud de la
Ciudad, pero no nos ha respondido. Lamentablemente, creo que en muy poco tiempo
y si esto sigue aumentando cómo está aumentando, vamos a estar en un desastre
porque la salud está sobre piso de algodón», describe Ortiz.

A diferencia de sus
compañeros de espacio político, Rodríguez Larreta se viene mostrando como un
gobernante responsable, que pone como prioridad el cuidado de la salud. Esta
postura se ve a las claras en cada conferencia de prensa que comparte con el
presidente Alberto Fernandez y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. También
en las distintas postas de los raids mediáticos que hace su ministro de Salud,
Fernán Quirós. Sin embargo, según relatan los profesionales de la salud
porteños, nada de esto se refleja en su gestión de la pandemia.

«En 2006 el impacto de
la salud en el presupuesto era del 25% y hoy estamos en un 15%. No se cuál es
el motivo por el cual Rodríguez Larreta no le presta atención. Vamos a entrar
en un caos si no tomamos en cuenta el tema del personal de salud contagiado.
Además no se los reconoce como universitarios profesionales. Habían ingresado
50 enfermeras, se enteran lo que obraban y renunciaron 30, ante la constante
exposición y el riesgo que corre. Para las cámaras dice una cosa, pero los
hospitales están siendo cada vez más desastrosos en ese aspecto», denuncia
Ortiz.

«Hubo empleados
administrativos contagiados no solo con Covid-19, sino también con dengue. No
tenemos testeos sobre el personal de las empresas tercerizadas, como las de
limpieza, mantenimiento y cocina. Hay una desatención de esa parte donde hay
directores que dicen que no les corresponde por ser una empresa tercerizada. Es
una respuesta vergonzosa la que nos dan», concluye Ortiz.

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ATE analizó la figura jurídica que se plantea sobre la futura YCF Sociedad del Estado

La conducción
provincial de ATE- Santa Cruz, junto a Seccional ATE Río Turbio y la Junta
Interna de ATE Punta Loyola, analizaron los protocolos nacionales y el
ordenamiento de la empresa en torno a la nueva Figura Jurídica de la empresa.

La nueva figura de la
empresa fue planteada en el último Congreso del Carbón por parte de lxs
trabajadorxs, en donde ATE fue protagonista, de allí surgió el proyecto de Ley
que el Congreso de la Nación se negó a aprobar durante los últimos meses del
2015.

En el año 2017 Ana
María Ianni presentó un nuevo proyecto en consenso con lxs trabajadores del
carbón y con ATE. Actualmente se discute un nuevo proyecto impulsado por Pablo
González, cuyas bases no distarían de la propuesta impulsada por el pueblo
minero y lxs trabajadores de YCRT.

Surge lo que se pasará
a llamar YCF Sociedad del Estado que propone la carboeléctrica de interés
Estatal, una Sociedad del Estado (Ley 20.705) para que el 100% del capital sea
estatal y no se dé lugar a capitales privados o extranjeros. Lxs trabajadores
de ATE Por historia, por convicción y lucha seremos protagonistas.

En este marco el CDP, la
Seccional Río Turbio y la Junta Interna de ATE Punta Loyola impulsan una mesa
de trabajo y diálogo para analizar punto por punto la futura figura jurídica,
no solo para proyectar y apoyar una empresa del estado que de energía, que
industrialice definitivamente, que genere puestos de trabajo y contribuya a
modificar la matriz productiva, sino para exigir la concreción del sueño del
pueblo minero y de lxs trabajadores que a lo largo de la historia anhelaron ese
carbón puesto en valor para abastecer de energía al país.

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ATE sigue exigiendo el pago del bono para toda/os la/os trabajadora/es de Salud

La ATE continua
manifestándose en asambleas hospitalarias en reclamo del pago del bono otorgado
por decreto nacional a toda/os la/os trabajadora/es de la Salud que cumplen
funciones en la Pandemia.

En una asamblea
desarrollada en el Hospital de Salud Mental, el CDP y la APTS acordaron acciones
gremiales para seguir visibilizando y reclamando el pago del bono. Desde el CDP
de ATE San Luis se prevé llevar adelante asambleas y reuniones en todos los
organismos de la salud de la provincia, con el propósito de lograr que de una
vez por todas se haga efectivo el pago del Bono estipulado en el Decreto
315/2020.

Este reclamo no sólo se
limita al Hospital de Salud Mental sino que es un reclamo provincial, debido a
que son muchos los centros de salud que al día de la fecha no han recibido el
pago del Bono. 

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ANAC: ATE y el organismo volvieron a tratar los reclamos laborales existentes

Integrantes de la
Coordinación Nacional de ATE ANAC mantuvieron una reunión virtual con
funcionarios del área Laboral y legal del organismo para tratar las distintas
problemáticas laborales que vienen siendo planteadas por el gremio.

Los puntos puestos a
debate en el encuentro forman parte de los reclamos por reencasillamiento,
CIPE, racionamientos, capacitación e incorporación de personal entre otros.

El detalle:  

Reencasillamientos:
ANAC toma como válido nuestro reclamo y expresa su voluntad de avanzar en la
materia. Desde ATE manifestaron la necesidad imperiosa de avanzar en ese
sentido, de la forma que sea viable, dado que les parece totalmente repudiable
el hecho de mantener trabajando personal que se encuentra sumamente atrasado en
su remuneración en relación a las responsabilidades y tareas que cumplen. Sobre
todo, en tareas claves y esenciales en el marco de esta emergencia sanitaria
por la pandemia del COVID19.

Racionamiento: A raíz
de los cuestionamientos y problemas denunciados por nuestra organización
gremial, la ANAC decidió trabajar en nuestra propuesta de 20 racionamientos
para personal operativo (se había tomado otro criterio que trajo errores en las
liquidaciones) y el total de los días hábiles de cada mes, para administrativos
(esta última parte se ha cumplido hasta ahora). Los ajustes correspondientes
serán solicitados al Ministerio de Hacienda para ser efectivos durante el mes
de julio.

CIPE: A partir de la
preocupación general de sus trabajadora/es por la intención de hacerlos volver
a la actividad presencial en agosto, aún sin tener las garantías dadas tanto en
el marco nacional como en el particular del Centro y sus condiciones de
seguridad e higiene, la ANAC asegura que la actividad presencial no se retomará
a menos que las condiciones estén aseguradas a fin de no exponer la salud de
ningún/a compañera/o. Además, es el ámbito de la CyMAT el que deberá establecer
un protocolo para la vuelta al Centro, como así también a todas las
dependencias que están trabajando a distancia.

Capacitación interna:
Se le ha pedido a la ANAC que revea el proceso de convocatoria y selección de
personal que participa en las capacitaciones. Resulta necesario que cada trabajador/a
cuente con la información de la programación de cursos del CIPE, para poder
solicitar la capacitación a su responsable a cargo y al Dpto. Capacitación. De
modo tal, que se puedan evitar las discriminaciones y fomentar la igualdad de
oportunidades.

ART. 9: Se le pidió a
la ANAC que nos informen un plan de acción para avanzar con el pase a Artículo
9 de compañeros bajo modalidad Contrato OACI.

Bono para esenciales:
Se le volvió a pedir a ANAC la definición del pago del bono para personal que
ha cumplido tareas esenciales durante el aislamiento obligatorio debido a la
pandemia por COVID-19.

Incorporación de
personal: La crisis estructural que atraviesa el organismo, potenciada por el
vaciamiento de la gestión anterior, obliga a avanzar en la incorporación de
trabajadora/es. Es necesario para que la ANAC pueda afrontar sus tareas de
fiscalización y prestación de servicios. Como así también, es esencial la
reposición por bajas vegetativas, pases y jubilaciones en el ámbito
administrativo y operativo. En cuanto a las áreas operativas, se acuerda llevar
una propuesta a la DGIySA y para los administrativos, la presentación se hará
en la próxima reunión de Relaciones Laborales.

DGIYSA: ANAC se
comprometió a conseguir un ámbito de dialogo y trabajo con la nueva Directora
de DGIySA, a fin de tratar las problemáticas suscitadas por el Dpto. SSEI, la
falta de un Director Regional NEA y las funciones de fiscalización dependiente
de las Jefaturas de Aeropuerto.

Obras SSEI: Se les
expresó que sigue el curso normal las licitaciones de San Luis y San Juan.
Manifestamos la necesidad de solución inmediata, sin descartar acciones, por la
resolución de la problemática en San Luis con respecto a las condiciones
necesarias de seguridad, higiene y ambiente laboral en el marco de la pandemia.

Nuevamente se expresa el compromiso de no
afectar los sueldos y suplementos del personal ANAC. También se coordinó una
nueva reunión para dentro de 15 días.

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Plenario de trabajadora/es del SENASA

La/os trabajadora/es del
SENASA, nucleados en ATE,  exigieron el
reconocimiento de nuestras tareas esenciales con el pago del bono dispuesto por
el Gobierno Nacional para otros sectores de salud.

Mientras la/os
trabajadora/es recuperaron un Senasa al que intentó desguazar el macrismo, y
gracias a la pelea que dieron, hoy sigue en pie garantizando la Salud Pública y
la Producción Nacional. “Esta pandemia vino a visibilizar la indispensable
tarea esencial de control sanitario de los Estados Nacionales para no poner en
riesgo la Salud de sus propias poblaciones así como de la comunidad
internacional”, explicaron desde la Junta Interna del SENASA en la Capital Federal.

En este sentido, agregaron
que “nuestras compañeras y compañeros que se organizan en todo el país para
recuperar la estabilidad laboral, sus reincorporaciones y el salario
deteriorado por los ajustes y devaluaciones, es que en estos momentos que
estamos exponiendo nuestras vidas y las de nuestras familias, debemos hacernos
escuchar para que toda la población nos acompañe en el resguardo de un Servicio
Sanitario que se brinda a lo largo de todo el territorio nacional, en las
fronteras, puertos, aeropuertos, frigoríficos, oficinas locales de campo,
mercados de hacienda, mercados concentradores, laboratorios, administración
central y regionales; un servicio sanitario que ha resistido dictaduras, ajustes
neoliberales, a los ceos macristas y que hoy dará pelea contra los negadores
sistemáticos de nuestras funciones para seguir pretendiendo mantener beneficios
económicos empresariales, acumulando grandes fortunas, mientras las crisis las
seguimos pagando el Pueblo humilde y trabajador”.

Reunida/os en Plenario
Nacional, las trabajadoras y trabajadores delegados de ATE SENASA debatieron en
torno, también, a reivindicaciones pendientes que ameritan una respuesta inmediata
del organismo. 
También definieron una
jornada de protesta para el 8 de julio.

Los puntos del debate fueron:.

• Necesaria Apertura de
Paritarias Libres para recuperación del salario que viene perdiendo valor
adquisitivo para garantizar a la familia trabajadora del Senasa derechos
básicos para una vida digna. Debemos recuperar un Salario Digno que garantice
los derechos constitucionales expresados en el Art. 14bis y que ponga en su
justo lugar el valor de nuestras labores cotidianas brindadas para ganancias de
los productores y aporte a la inversión que implica un sistema de salud publico
robusto garantizando alimentos seguros, sanos y soberanos. .

• Pago del Bono a tareas
esenciales de Salud, reconociendo las tareas esenciales del Servicio de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria.

• Continuidad del
cronograma de reincorporaciones de las y los despedidos de la era Macri que
todavía están pendientes de respuesta.

• Cronograma de pase a
contratos Art. 9 de los compañeros y compañeras contratados monotributistas
para avanzar en la estabilidad laboral, recuperar tareas tercerizadas y
recuperar funciones indelegables del Estado Nacional que requieren de una
Planta Permanente que debe recuperarse y que fuera debilitada y achicada a
pedido del FMI desde los años ´90 a la fecha.

• Apertura de las Mesas
Regionales que aún no se han convocado, con participación de autoridades
nacionales, para resolución inmediata de las situaciones de aplicación de
protocolos, pedidos de insumos de bioseguridad en fronteras, casos de
irregularidades en frigoríficos, etc.

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Reunión de gremios de la Salud con el ministro Bouhid

Representantes de
gremios de la Salud mantuvieron una reunión con el titular de la cartera,
Gustavo Bouhid, e integrantes del equipo ministerial, para realizar una "Mesa
de trabajo" Inter-Hospitalaria dentro del marco de la Pandemia.

En el transcurso de la
convocatoria el Secretario Adjunto de ATE- Jujuy, Rodrigo Guerrero, y la referente
gremial en esta área, Patricia Taritolay, pudieron expresar y trasmitir todas
las necesidades y problemáticas de la/os trabajadora/es de primera línea en la
provincia de Jujuy.

Por su parte Bouhid
instó a realizar un trabajo en equipo para que entre todos los presentes
podamos ganar la batalla al Covid-19 pensando en el bien común de toda la
comunidad.

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ATE INDEC invita a la charla “El trabajo en tiempos de crisis”

La junta interna de ATE INDEC invita a la charla “El trabajo
en tiempos de crisis. ASPO: trabajo remoto o Teletrabajo. Desafíos,
perspectivas y necesidades. Disparidad de género”, que se realizará el viernes
3 de julio vía teleconferencia.

Unirse a la reunión Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/85056092791?pwd=bDltYWVsN2FlWXpOMGtNRUgyak1hUT09
ID de reunión: 850 5609 2791
Contraseña: 192TR274

Participarán del debate: Marta Novick, socióloga
especialista en temas laborales y ex Subsecretaria de Programación Técnica y
Estudios Laborales de la cartera laboral (2003-2015); Cynthia Pok, socióloga,
ex trabajadora del IDEC y Secretaria de Formación, investigación y estadísticas
de la CTA-A; Matías Cremonte, parte del equipo jurídico de ATE Nacional y
presidente de Abogados Laboralistas; y Mariano Fandiño, abogado y profesor de
Derecho de la UBA, y delegado de ATE INDEC.

El encuentro, que será abierto a todo público, es parte de
una serie de jornadas que viene impulsando ATE INDEC –entre estas, sobre la
adhesión al convenio OIT 190, sobre el protocolo que necesita el organismo,
entre otras-, y se propone aportar a la discusión en torno a la problemática
dentro de ATE y a la sociedad en su conjunto.

Temas como el derecho a la desconexión, el respeto al ámbito
familiar, la compensación por los gastos extraordinarios, cómo evitar situaciones
de abuso laboral y avasallamiento del ámbito familiar, así como la necesidad de
tener una mesa de negociación para discutir e implementar estos derechos, serán
abordados por un destacado panel de especialistas y compañerxs.

Raúl Llaneza, en tanto, indicó que desde ATE INDEC, “estamos
de acuerdo con que el trabajo remoto es una manera de resguardar a los
compañeros y compañeras mientras dure esta situación de alto riesgo de contagio,
pero es necesario que se regule, por eso saludamos que avance su tratamiento en
el Congreso y queremos aportar al debate”.

En esa línea, elaboraron un documento titulado “Teletrabajo
en Argentina”, en el que además de analizar el contexto previo a la pandemia y
el actual, repasan las regulaciones existentes en otros países, y se presenta
una propuesta desde la mirada de lxs trabajadores.

Click acá para ir al documento “Teletrabajo en Argentina”

“Creemos que son lxs trabajadores quienes deben tener la
capacidad de optar por esta modalidad o la presencial, que se deben evitar los
abusos por parte de la patronal y el avasallamiento del derecho a la intimidad.
Además, se deben compensar los gastos extraordinarios que deben enfrentar lxs trabajadores
para cumplir con sus tareas, se debe garantizar el derecho al desconecte, que
no genere una mayor disparidad en las tareas de la casa, ya que hoy más del 70%
de las tareas de cuidado, que también incluye la atención de adultos mayores y niñxs
a cargo, lo realizan mujeres”, detalló Llaneza sobre la postura de ATE.

Por otra parte, indicó: “Seguimos exigiendo que se
convoque a la mesa de negociación paritaria para cerrar la pauta 2019/20, para
que se discuta la actual y que el Gobierno reconozca la pérdida del poder
adquisitivo de nuestros salarios que desde noviembre de 2015 a mayo de 2020
llega a casi un32%”.

 

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Charla-debate: ATE Córdoba por la Soberanía Alimentaria

El encuentro fue convocado por el Consejo Directivo
Provincial (CDP) de ATE Córdoba bajo el título de “Sistemas productivos y
cadenas cortas de comercialización para la Soberanía Alimentaria”. El objetivo,
según expresaron desde la organización, fue “debatir acerca del rol de nuestras
organizaciones en la construcción de un sistema soberano de relaciones en lo
que se refiere a la alimentación en particular, que no es más que una de las
aristas del sistema de relaciones en el que estamos inmersos, en general”.

La instancia contó con la exposición de cuatro compañeros y
compañeras que presentaron los principales puntos concernientes a la Soberanía
Alimentaria, tanto desde lo teórico como de lo experiencial. Tras eso, se dio
lugar al intercambio y debate entre quienes asistieron.

“Somos en este momento 44 compañeras y compañeros: desde
Maimará, Jujuy, a Calafate, Santa Cruz; de Misiones a Aluminé, Neuquén; de
Tucumán a Provincia de Buenos Aires; de Cruz del Eje a Adelia María, de San
Francisco a Río Cuarto; de Córdoba Capital, Villa Dolores a Laboulaye”,
expresaron, al iniciar, desde la organización, previo a dar paso al panel
compuesto por: Luis Narmona, despedido de Agricultura Familiar en la Era Macri;
Daniel Allende, Secretario General de ATE Cruz del Eje y trabajador del INTA;
Alejandra Agnone, miembro de la conducción de ATE Córdoba y trabajadora del
SENASA; y Mercedes González, de la MutualCarlos Mugica de Córdoba Capital,
miembro de la Mesa por la Soberanía Alimentaria de la Provincia. La instancia
fue moderada por Carlos Rang, trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar
de la Nación y miembro de ATE.

En primer lugar, el Secretario General de ATE Córdoba,
Federico Giuliani, realizó la bienvenida a la instancia: “Está en debate todo
en el marco de la crisis, que no es solo por la pandemia, sino que es general.
Necesitamos tener demandas, pero también un programa. Y en ese marco es que
ingresa la Soberanía Alimentaria, para la cual tenemos que tener propuestas y
acciones construidas por las compañeras y compañeros que hoy están acá y que
debemos asumir como sindicato, como Pueblo”, expresó Giuliani quien enfatizó en
la necesidad “de conformar una fuerza capaz de poder decidir, entre otras
cosas, sobre nuestros alimentos. En el marco de la discusión por la
expropiación de Vicentín, no podemos seguir pensando en medidas de arriba para
abajo, sin fuerza popular que las sustenten. Tenemos el desafío de imaginar y
construir el mundo que queremos”, ratificó.

Por su parte, Luis Narmona, trabajador con larga trayectoria
en sistemas productivos de Agricultura Familiar, sobre todo ligado a los
productores y productoras del cinturón hortícola de Córdoba, conceptualizó
acerca de la distinción que debe hacerse entre Ayuda Alimentaria, Seguridad
Alimentaria y Soberanía Alimentaria. “El primero, el de la Ayuda, es el
paradigma de organismos internacionales y es una forma de no permitirle a los
pueblos decidir sobre su alimento, sino que los mismos son meros depositarios
de “ayudas” alimentarias que, generalmente, se cambian por adecuaciones de
políticas locales, deuda u otras medidas que atentan contra la soberanía. Por
otro lado, podemos hacer referencia también a un término más usado por los
Estados, últimamente: hablamos de la Seguridad Alimentaria. La misma hace
referencia a que todas las personas deben tener cubiertas sus necesidades de
alimentación, pero sin tener en cuenta quién produce y cómo produce. A nuestro
entender es una visión insuficiente para abarcar en su totalidad el derecho a
la alimentación de los pueblos”, afirmó Narmona y agregó que “Soberanía
Alimentaria es el paradigma que engloba lo cultural, lo económico, lo social
que gira en torno al sistema alimentario, con potestad de decidir en base a
estas múltiples variables”. El despedido por el macrismo de la Secretaría de
Agricultura Familiar afirmó que para ello es necesario “redistribuir el acceso
a la tierra, al agua y a otros bienes productivos (entre ellos las semillas)
para poder ir hacia sistemas más sanos, que valoricen la vida”. Narmona
advirtió que “discutir estas cuestiones es discutir el poder. Y nuestra
posición es que el poder tiene que estar en las comunidades para poder ir hacia
estos otros sistemas. Fortalecer las condiciones productivas, los mercados
locales y las cadenas cortas de comercialización es una tarea que necesita,
también, financiamiento: es algo que debemos discutir con el Estado, para
disputar contra las grandes corporaciones privadas que no distribuyen
financiamiento para este tipo de proyectos”. Por último, el profesional reclamó
por el permiso para la “reapertura de la Feria Agroecológica de Córdoba, más
aún cuando los hipermercados están abiertos sin más”.

Sobre este último punto, Carlos Rang, trabajador de la
Secretaría de Agricultura Familiar y moderador de la actividad conceptualizó
que este tipo de decisiones demuestran “las correlaciones de fuerza actuales,
donde las multinacionales concentradas en todos los ámbitos de la vida marcan
las reglas del juego”.

Tras estas intervenciones, Daniel Allende, Secretario
General de ATE Cruz del Eje y trabajador del INTA, comentó dos experiencias: la
de la Feria Franca de Jachal y la de la venta de bolsones de verduras en Cruz
del Eje a través de distintos sindicatos. Allende expresó que “pensamos en
cadenas cortas porque creemos en acortar los sistemas de producción y consumo
para que seamos las trabajadoras y trabajadores con nuestras organizaciones
quienes nos hagamos cargo de organizar y decidir lo que comemos”. El trabajador
del INTA advirtió que esto hoy no sucede así: “en la actualidad no comemos lo
que decidimos, sino lo que el mercado decide poniendo en el súper”. Es por eso
que desde ATE Cruz del Eje se trabaja sobre la “Soberanía Alimentaria,
participando y propiciando  espacios de
encuentro directo entre productores y consumidores. Y nuestra visión es que ese
trabajo debe contar cada vez con más acompañamiento y asesoramiento de las
trabajadoras y trabajadores del Estado, con políticas públicas activas”.

Alejandra Agnone, trabajadora del Senasa y miembro de la
conducción provincial de ATE remarcó que el organismo en el que trabaja otorga
“el status alimentario que es el marco jurídico de requisitos que garantizan
que los alimentos sean inocuos y de calidad”. Sin embargo, remarcó que las
trabajadoras y trabajadores “debemos abogar a la soberanía ya que comer es un
acto político: decidir qué comemos, cuándo, dónde, cómo producimos. Cuando
hablamos de alimentos estamos hablando de relaciones de poder. Y las reglas que
muchas veces certificamos tienen que ver con ese poder”. Agnone advirtió que
“el modelo hegemónico de producción en nuestro territorio es el agronegocio que
tiene herramientas poderosísimas de publicidad, marketing: ellos son los dueños
de la semilla, los que concentran la tierra, los mismos que elaboran los
agroquímicos a nivel global y nos venden sus bondades por televisión y, muchas
veces, con cierta ciencia a su servicio. Necesitamos que ese poder vuelva al
Pueblo. Necesitamos salir del agronegocio e ir a la agroecología, con
participación de todas las organizaciones sociales en el diseño de las
políticas de alimentación, en un mundo más justo”, enfatizó Agnone.

Quien cerró la lista de expositores fue Mercedes González,
de la Mutual Carlos Mugica de Córdoba Capital. “Trabajamos en Córdoba hace 30
años en las barriadas populares, organizándonos en torno a las necesidades de
hábitat, vivienda, consumo de alimentos”, relató González. En este último
punto, la referenta del espacio de la economía social y solidaria informó que
“somos 150 familias que accedemos a un grupo de 50 productores. Cada una de
esas familias arma su pedido y desde la mutual organizamos la logistica, los
pagos, etc, con la intención de ser un nexo y un espacio de organización de
quienes trabajan produciendo alimentos y de quienes trabajan en otras cosas y
requieren esos alimentos”. González llamó la atención sobre las normativas del
Estado en cuanto a “las habilitaciones para circular y otras cuestiones
burocráticas que hacen dificultoso el desarrollo muchas veces de estas
experiencias, convirtiéndose en trabas”. Y, también, remarcó que “las grandes
corporaciones alimenticias han colonizado nuestras prácticas alimenticias y ahí
hay un desafío en torno al consumo responsable, al comercio justo, a las
alianzas necesarias para consolidar este otro modelo de país con otra forma de
trabajar, consumir, producir”.

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Trabajadorxs de Salud, una revalorización necesaria para “esenciales” de la Pandemia

La aparición del Covid 19 y su crecimiento hasta
transformarlo en Pandemia puso de relieve la situación sanitaria de los países
del mundo. La Argentina no fue la excepción. La colocación de la/os
trabajadora/es de la Salud en la primera línea de respuesta puso de manifiesto
situaciones que habían pasado a un segundo plano: la estructura sanitaria, la
inversión que han hecho los países en el sector Público de Salud y la labor
casi siempre al límite en la acción diaria de la/as trabajadora/es del sistema.

La emergencia sanitaria y social que sobrevino con
la pandemia radicalizó esas problemáticas: salarios que no se condicen con el
trabajo; refuerzo en las medidas de bioseguridad sanitarias necesarias en
hospitales y Centros de Salud. El esfuerzo del sector trajo a la memoria palabras
que se habían perdido: “esenciales”, escuchamos a diario cuando se trata del
personal de la Salud.

El marco de esta crisis sanitaria nos permite
avanzar y abundar en problemáticas que merecen ser resueltas en el país. ATE ha
señalado que “la integración de la mirada de la/os trabajadora/es de Salud en
el marco de la crisis nos deja en un umbral para profundizar la discusión de
tener un sistema integrado de Salud, donde podamos avanzar en la construcción
de una paritaria nacional de Salud, con un piso de dignidad para todo el país y
que aquellos distritos puedan dar mejoras”.

La Coordinación Nacional de Salud de ATE ha
planteado en las reuniones periódicas con la/os funcionaria/os de la cartera
sanitaria, la necesidad de la participación de las organizaciones en todos los
comité de crisis de los hospitales y, asimismo, en el Consejo Federal de Salud
que todos los meses reúne al Ministerio nacional con los ministros provinciales
del área.

Con un mayor control de la situación del país, hoy
las áreas que requieren un especial control son el AMBA y la provincia de
Chaco. Desde el inicio la Pandemia más del 14,9 % de la/os trabajadora/es de la
Salud se han infectado con el Covid19 y 17 trabajadora/es han muerto por esta
causa.

 

La
situación en el país

La presencia del virus ha dejado a la vista varios  reclamos: necesidad de elementos de protección,
de Protocolos sanitarios, de la formación de Comités de Crisis, acabar con
precarización laboral, que desnuda la problemática del trabajador/ que enferma
(un ejemplo es que carecen de cobertura de ART) y la equidad del pago del bono
otorgado por decreto nacional, dado que hay mucha/os trabajadora/es que aún no
recibieron el pago y otros lo cobraron solo parcialmente.

Sin ser homogénea, en el país la situación del
sector Salud está atravesada por muchas de las problemáticas descriptas
(párrafo anterior). Con el foco puesto en el AMBA y el Chaco, donde se
concentran más del 90% de los casos de coronavirus,  la/os trabajadora/es, han manifestado su
mayor preocupación en las malas condiciones de seguridad laboral. En el área de
la capital Federal,  el
reclamo de ATE al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se centra en la entrega de material de
seguridad en calidad y cantidad necesaria, la elaboración y cumplimiento de
protocolos de atención, la contratación de personal, la conformación de un
Comité de Crisis con participación de trabajadores y un reconocimiento
salarial. El tema de los testeos  no es
tan accesible para quienes trabajan en el Gobierno de la Ciudad. El gremio tuvo
que recurrir a la Justicia para que se trate a los trabajadores de Dispositivos
penales juveniles.

En el
Chaco, anuncios recientes del gobernador provincial fueron advertidos por ATE
porque
dejan fuera a la mayoría de trabajadora/es del sistema público
de Salud.  El ejemplo de ello es la ley
27.548 del Programa de Protección al Personal de Salud ante la Pandemia del
covid-19, que entre otros puntos habla de “establecer protocolos obligatorios
de protección del personal de salud, guías de práctica de manejo y uso de
insumos, y toda otra reglamentación que estime necesaria, que tenga como
objetivo minimizar los riesgos de contagio ante la atención de casos sospechosos”,
así como “coordinar con empresas, universidades, sindicatos y organizaciones
civiles la realización de capacitaciones obligatorias”. Nada de esto se cumple.

Pero además, en el Chaco la situación
de la salud pública se ve agravada desde hace años por la inmensa precarización
laboral. El programa Expertos, conformado por más de 1.700 trabajadores y
trabajadoras, así como la totalidad de los programas y becas de capacitación
que cumplen funciones en los hospitales y centros de salud de la provincia,
fueron ignorados deliberadamente en las medidas anunciadas por el gobernador ya
que dichos anuncios sólo alcanzan exclusivamente a los médicos residentes. El incumpliendo
sobre los  objetivo del programa y
condenando a trabajadores y trabajadoras a la precarización laboral, con un
sueldo de miseria (13 mil pesos), sin obra social, aguinaldo ni aporte
jubilatorio.

En Jujuy el incumplimiento del
gobierno a establecer pautas claras del protocolo desembocó en dos marchas de
los gremios de la Salud.
Según ATE se necesita que el sistema
sanitario de la provincia responda a las demandas para el cuidado de los
trabajadorxs y la población que se dirige a cada espacio. Los elementos de
bioseguridad siguen faltando y son los trabajadores del área salud quienes se
exponen no solo a la pandemia covid-19 sino también al otro gran problema
sanitario de la provincia que es el dengue. El CDP estimó que en poco más de 4
años de gobierno de Gerardo Morales perdieron el 55% del poder adquisitivo de
los salarios. 

En Misiones ATE plantea la necesidad de la unificación del
régimen laboral de todo el personal del sistema sanitario público para revertir
el proceso de precarización y explotación que fue consolidándose a partir de la
creación del Parque Provincial de la Salud y su régimen de contratación. Además
destaca que es imprescindible una equiparación salarial para terminar con las
distorsiones y la discriminación que atenta contra el trabajo en igualdad de
condiciones de los equipos de salud. Hay enfermeras que trabajan en los mismos
sectores, cumplen las mismas tareas, y cobran salarios con entre 5.000  y 10.000 pesos de diferencia. 

La
precarización laboral en el sector también dejó en evidencia problemas que son
silenciados y afectan la salud laboral del/a trabajador/a. En Chubut un reclamo
por la ART, que muchas veces no cubre al personal precarizado, devino en un
proceso judicial contra dirigentes del gremio que se manifestaban en centros de
Salud por esta situación.  

En La
Pampa
la
Comisión de Legislación Social de la Legislatura provincial dio despacho
favorable al proyecto de ley de adhesión a la Cobertura Universal de Salud
(CUS), que fuera enviado a tratamiento por el gobierno provincial. La normativa
que fue elaborada por el gobierno anterior de Mauricio Macri, está construida
sobre la base de las clásicas políticas al servicio de los sectores más
pudientes, políticas alejadas de las opciones de salud universal basadas en los
sistemas públicos. Esta política es contraría el reclamo de ATE, para quién es
necesario volver a las políticas sanitarias
desarrolladas por Ramón Carrillo, representadas en “un sistema Único,
Universal, Integral e Integrado, Equitativo, Calificado Eficiente y
Transparente de Seguridad social y Salud pública financiado por rentas
generales del Estado”.

Hay otro reclamo unificado en el pedido de pago del
bono. Miles de trabajadora/es aún no lo han cobrado y otros lo cobran con
atraso.
En la provincia de San Luis, ATE denunció que muchísima/os
trabajadora/es de Centros de Salud, aún no han recibido ninguna de las cuatro
cuotas en que se desglosa el pago de 20.000 pesos dispuesto por el decreto del
gobierno Nacional.

Eso mismo es denunciado en Jujuy, Entre Ríos,
Mendoza, Misiones, donde fue  excluida/o
la mitad de trabajadora/es del sistema público (una/os 6.500),  Rosario, Chubut, Salta y otros muchos
hospitales del interior de las provincias. Río Negro y Santa Cruz, por las
negociaciones gremiales, recién estos días terminaron de completar el pago de la
primera de las cuatro cuotas que se deben cobrar.  

El/ la trabajador/a de Salud debería percibir un
salario cercano a los 68.000 pesos (datos INDEC) para cubrir sus necesidades
básicas. Sin embargo la mayoría está lejos de este salario. 
La exposición y riesgos
de contagio en el personal de salud es mayor que la cualquier/a trabajador/a  que hoy cumpla funciones en el Estado. Es un
acto de justicia que ahora se reconozca la calidad, el empeño y la dedicación
de esta/os trabajadora/es, bien llamados, “esenciales”.