En ese
marco, se realizó un acto en la
explanada de Casa Gris y se entregó un petitorio. El secretario general de la ATE- Entre Ríos,
Oscar Muntes, dijo que “esto no es una
Ley de solidaridad sino ajuste al pueblo trabajador; a los activos y jubilados.
Las Leyes de (Mauricio) Macri eran de ajuste y esto ¿qué es? Están en la misma
sintonía. ¿Por qué tenemos que decir que son diferente? Bordet ajusta al pueblo
de una forma atroz. No se anima con los poderosos y nuevamente va por los
trabajadores y trabajadoras”.
En ese
sentido, contó que desde el sindicato esperaban “en estos días la apertura
urgente de paritarias y cronograma de aguinaldo para comenzar a ver todos los
temas que tenemos que llevar en la mesa”, pero en contraposición a las expectativas
recibieron una comunicación de un proyecto de Ley de emergencia “que representa
un mazazo, nuevamente, a la clase
trabajadora, a los jubilados y al
pueblo”, por lo que automáticamente se organizaron: “Dijimos: ‘vamos a la
calle, a dar pelea y a decirle a los legisladores que aprobaron este proyecto
que no nos vamos a olvidar de ellos’”, remarcó el dirigente provincial.
En ese
escenario, cuestionó duramente a los Legisladores: “Que no vengan a decir
que es ‘obediencia partidaria’; esto es obediencia a no cumplir con lo que
decían. Ya se olvidaron lo que habían prometido al pueblo; que íbamos por una
Ley distinta (a las grandes fortunas) en la que paguen los que más tienen,
quienes se enriquecieron e hicieron millones de dólares a costilla del pueblo.
Ya no hablan más de eso, el camino más corto es el que eligieron: ajustar a los
trabajadores”.
“Nuevamente
vinieron por nosotros, por lo que tomamos la definición plena de que vamos a
seguir luchando y transitando la calle todas las veces que sea necesario: no
vamos a aflojar. Les advertimos que la pandemia terminará y ganaremos las
calles y, ahí, cuando el pueblo entero esté movilizado, entenderán por qué no
tienen que seguir ajustando sobre los trabajadores”, aseguró Muntes.
Las
organizaciones de trabajadores de la economía social acompañaron el reclamo de
los trabajadores públicos ya que el proyecto impulsado por el Ejecutivo
“también impactará sobre los trabajadores de la economía social”, indicó a esta
Agencia el delegado de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía
Popular (Utep), Mauro Rossi.
En ese
sentido, explicó que el recorte “restringirá aún más la posibilidad de que los
sectores más vulnerados tengan trabajo, porque los empleados públicos requieren
los servicios de los trabajadores de la economía popular y al bajar sus sueldos
(en una provincia donde el 80 por ciento
son estatales) automáticamente esa pérdida de poder adquisitivo se trasladará
en menos consumo y servicios”, lamentó.
Por su parte,
la secretaria general de Agmer Paraná, Susana Cogno dijo que “donde se solicitó
que se dejen sin efecto los artículos cuatro, cinco y seis que llevan adelante
uno de los más feroces ajustes sobre el conjunto de los trabajadores”.
En ese
sentido, la docente explicó que el proyecto impulsado por el gobernador Gustavo
Bordet, “es una reforma previsional encubierta (que deja sin efecto el 82 por
ciento móvil) y, además, crea un aporte que no existía a los jubilados en Entre
Ríos (porque es un sistema solidario) por lo que a partir de esta Ley los jubilados se pagarán un aporte para
cobrar su propio salario, lo que es realmente insólito”.
En ese
marco, precisó que “la suma sea fija también es un problema porque todos los
trabajadores terminarán pagando más, porque tiene un piso de 75 mil pesos y ese
nominal es el de muchos trabajadores con muchos años de antigüedad (equipos
directivos y jubilados que tienen una jubilación y la desdicha de tener una
pensión)”.
“Estamos muy molestos; hay sectores que pueden
pagar impuestos y no lo hacen porque son parte de las corporaciones políticas y
empresariales en la provincia, como por ejemplo la minería a cielo abierto y
los grandes terratenientes”, remarcó la docente, quien subrayó el proyecto de
Ley “es ofensivo, porque pone en el
mismo plano a los trabajadores y a Esquenazi (quien no tributa, aporta y ni
paga nada en la provincia) o a las
corporaciones farmacéuticas”.
“Administran
el coraje ajeno de un salario que, apenas, roza la línea de la pobreza porque
los 75 mil nominales no es lo que cobramos en la mano, sino que es lo que se
toma para hacer todos los descuentos, es decir, de ninguna manera llegamos a
garantizar mínimamente la posibilidad de completar un salario que garantice una
mejor condición de vida”, remarcó.
El proyecto
de Ley que impulsó el gobernador Gustavo Bordet que establece aportes
solidarios para los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de
Entre Ríos “es un ajuste que no estamos dispuestos a pagar”, afirmó a la
agencia informativa AIM la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de
ATE- Entre Ríos, Juana Ávalos.
En Entre
Ríos “los jubilados y pensionados la están pasando mal y la cosa va peor”, dijo
a esta Agencia Ávalos, quien remarcó que repudian toda política de ajuste, por
lo que reclaman un salario acorde al costo de vida y reafirmó la defensa
irrestricta del sistema previsional entrerriano y la Ley 8732: “No estamos de
acuerdo con que el ajuste lo paguen los trabajadores activos y jubilados,
quienes seguimos con sueldos atrasados, más allá de las gestiones que se
realizaron para que se retome la discusión paritaria desde principio de año”.
Además,
remarcó que “la situación actual de la Caja de Jubilaciones y Pensiones no es
culpa de los trabajadores sino de los desmanejos políticos y financieros que
los gobiernos de turno hace mucho tiempo llevan adelante en favor de sectores
que históricamente salen beneficiados, gobierne quien gobierne”.
