El pasado 26 de mayo tuvo lugar un encuentro de debate y
discusión organizado por ACTRAV OIT con la participación de centrales
sindicales de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Panamá, El Salvador,
Uruguay y representantes de la Internacional de Trabajadores de la
Construcción. En representación de la CTA Autónoma participó Carlos Ferreres,
Secretario de Discapacidad a nivel nacional. Por parte de la OIT, participó
Maribel Batista, Especialista Principal de Actividades para los Trabajadores,
quien realizó las palabras de apertura.
Maribel Batista felicitó al PITCNT por la iniciativa de
proponer esta reunión. Recogió las palabras de Guy Ryder, el director general
de la OIT, en cuanto a que el COVID-19 es la peor crisis mundial desde la
Segunda Guerra Mundial, la pandemia sigue afectando gravemente a la salud
pública y causando perturbaciones sin precedentes en las economías y los
mercados de trabajo.
A continuación añadió: “desde que el 31 de diciembre se
notificó El primer caso de Covid-19 en la ciudad de Wuhan, Chila el virus se ha
esparcido con rapidez por toda la Tierra, alcanzando ya más de 5.244.728 casos
y más de 338.837 fallecidos. El virus se expande por América Latina, la región
acumula más de la mitad de los contagiados en el mundo, con 657.000 casos
confirmados, la OMS señaló que la región, y sobre todo Sudamérica, es el nuevo
epicentro de la enfermedad.
Esta pandemia ha tenido un profundo impacto en el mundo del
trabajo, la OIT estima que para mediados de año habrá una pérdida equivalente a
305 millones de puestos de trabajo en el mundo, pero también ha revelado de la
manera más cruel, la extraordinaria precariedad y las injusticias de nuestro
mundo laboral. Se trata de los agujeros enormes de los sistemas de protección
social, incluso de los países más ricos, que han dejado a millones de persona
en situación muy precaria. Se trata de la falta de garantías de seguridad en el
trabajo, que cada año condena a casi tres millones de personas a morir debido
al trabajo que realizan. Y se trata de la dinámica incontrolada de la creciente
desigualdad que hace que, si en términos médicos, el virus no discrimina entre
sus víctimas, en su impacto social y económico, pero si discrimina brutalmente
a los más pobres y vulnerables.
Dentro los más pobres y vulnerables se encuentran,
trabajadores de la economía informal, sector donde muchas personas con
discapacidad logran incorporarse a actividades productivas, pero también están
los migrantes, las trabajadoras domesticas, les mujeres y los jóvenes. Las personas con discapacidad representan el
15% de la población mundial. Alrededor
del 80 por ciento están en edad de trabajar. Sin embargo, su derecho a un
trabajo decente, es con frecuencia denegado. Las personas con discapacidad, en
particular las mujeres con discapacidad, se enfrentan a enormes barreras
actitudinales, físicas y de la información que dificultan el disfrute a la
igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo. En comparación con las
personas sin discapacidad, las personas con discapacidad experimentan mayores
tasas de desempleo e inactividad económica y están en mayor riesgo de una
protección social insuficiente -la cual es clave para reducir la pobreza
extrema”.
Batista culminó su exposición diciendo que “la crisis del
COVID-19 es nueva. Exige que todos actuemos, interactuemos y nos comuniquemos
de manera diferente a la que conocemos. No obstante, las desigualdades
agravadas por el impacto del COVID-19 sobre las personas con discapacidad no
son nuevas. El riesgo que acarrea la respuesta a la crisis actual es que las
personas con discapacidad se queden, de nuevo, atrás. La buena noticia es que
ya sabemos lo que funciona. Principalmente, necesitamos justicia social,
inclusión efectiva, igualdad de oportunidades y trabajo decente”
Transcribimos a continuación la intervención de Ferreres,
quien puso de relieve la necesidad de “pensar y actuar sobre la problemática de
la discapacidad considerando especialmente la situación económica de país, la
mirada de los trabajadores y del conjunto de la sociedad sobre las personas con
discapacidad (PCD) como sujetos productivos, como trabajadores/as.
La pandemia provoca el derrumbe de las economías de los
países y produce desocupación, despidos, más precarización laboral. Las
paritarias desaparecieron y muchos trabajadores no reciben su salario. Los
cuentapropistas y los no registrados están en una situación desesperada. Los
cálculos más optimistas hablan de un 30 % de desocupación. post- pandemia.
Vivimos un panorama mundial tan catastrófico como
imprevisible, donde grandes jugadores como EEUU y Brasil han optado por negar o
menospreciar la pandemia y cargar con miles de muertes innecesarias mientras
otros han actuado a tiempo como es el caso de China. Cada uno hizo sus apuestas
para buscar un mejor posicionamiento post pandemia en la economía mundial.
Las deudas de los países agudizan la crisis impidiendo una
economía de desarrollo en procura de los ingentes intereses que se deben
afrontar. este condicionamiento limita la creación de nuevos puestos de
trabajo. Se prevee menos consumo y los países más ricos cerrarán sus economías
dejando a la deriva a los países emergentes proveedores de materias primas sin
valor agregado.
En este sentido, los sindicatos deberán negociar desde una
posición mucho más débil que la pre- pandemia para proteger salarios y evitar
despidos. El sector empresarial no ha demostrado solidaridad social y su única
preocupación es su capital y la forma de reproducirlo. En la argentina se dedicaron a la timba
financiera y con el gobierno de Macri, tomaron la mayor deuda en nuestra
historia y fugaron prácticamente todo el capital que nos fuera prestado. Esa
deuda ahora es de los trabajadores y del conjunto del pueblo. Pretenden que la
crisis la paguemos los trabajadores con nuestro salario, con el
desfinanciamiento del sistema educativo, el de salud y el de la seguridad
social. Además de condicionar el desarrollo productivo del país, se niegan a
contribuir con un impuesto a las grandes riquezas. Al declararse la cuarentena
privilegiaron la economía a la salud, despidieron trabajadores aún cuando
estaba prohibido y aún cuando reciben parte de los salarios pagados por el
estado.
Mientras tanto, el gobierno no llama al consejo del salario
y la producción para discutir juntos cuáles son las soluciones. Hace algunas
semanas dirigentes de la CGT y de la UIA acordaron una rebaja del salario de
los privados suspendidos de sus trabajos durante la cuarentena en un 25%. Y aún
así no lo cumplen, no lo pagan.
Ante este panorama, nuestra CTA Autónoma reclama paritarias
libres, la convocatoria a la mesa de diálogo social y al consejo del salario
mínimo vital y móvil, con participación de las organizaciones sociales.
Simultáneamente, estamos articulando con otros sectores para apoyar el impuesto
a las grandes riquezas para financiar un modelo más justo, para que pueda comer
el conjunto del pueblo. El gobierno ha tomado varias medidas de política social
y económica de ayuda que significaron movilizar grandes sumas de dinero, a
través por ejemplo del Ingreso Familiar de Emergencia o la Tarjeta Alimentaria,
así como aumentos en las transferencias ya existentes.
La pregunta es cómo encarar el trabajo decente para las PCD
en este contexto: creo que se impone la capacitación de nuestros delegados/as y
paritarios/as. El último congreso de la CTA Autónoma, en el mes de diciembre
del año pasado, hizo suyas las conclusiones aprobadas en el último seminario
del Cono Sur organizado por la OIT como por ejemplo la inclusión en los
Convenios Colectivos sobre los derechos de las personas con discapacidad al
trabajo, entre otras. De la misma manera, todas las audiencias y reuniones de
nuestra dirigencia con las autoridades del gobierno, ministros y con el
presidente hacen eco de estas demandas y de la problemática de discapacidad. La
cuarentena no nos permite manifestarnos en las calles, por lo cual como
sindicalistas debemos encontrar otras vías de discusión, debate y
visibilización de nuestros reclamos. Debemos aprender a dar pelea vía Zoom.
Es necesario que avancemos paralelamente en campañas de
concientización social para que no solo los trabajadores afiliados a sindicatos
sino toda la sociedad, perciban a las PCD como seres capaces de producir
riqueza, como trabajadores y como personas con sus necesidades específicas. En
este camino debemos trabajar juntos a nivel nacional y transfronterizo. Por eso
adherimos a la propuesta de una Movilización global el 3 de diciembre, día
internacional de las PCD. Asimismo, nuestra CTA propone la realización de una
reunión intermedia para la segunda mitad de septiembre, donde evaluemos juntos
la situación post pandemia y los nuevos desafíos de los trabajadores/as en
procura del trabajo decente para las PCD”.
Como producto de este encuentro se elaboró también una
propuesta de declaración conjunta suscrita por los participantes de este primer
encuentro regional que será finalizada próximamente. En ella se incluye la
previsión del impacto particular que el COVID19 tendrá para la PCD, inclusive
aumentando el número de ellas. Asimismo, se plantea un enfoque propositivo para
un cambio sistémico en instituciones públicas y privadas, para la inclusión de
las PCD y también su igual trato.
