Mes: mayo 2020

A raíz de las diferencias a la baja que se han registrado
con los últimos aumentos en las jubilaciones, en comparación con los que
debieran haberse concretado mediante la suspendida fórmula de movilidad, la CTA
Autónoma, a través de su Secretaría de Previsión Social, emitió el siguiente
documento.

Ni bien asumió el nuevo gobierno sanciona la ley 27541 que
declara, entre otras emergencias, la emergencia previsional, suspendió por 180
días la aplicación de la movilidad jubilatoria (art. 32 ley 24241, sus
complementarias y modificatorias) y autoriza al Presidente a fijarla en forma
discrecional y sin ningún parámetro objetivo en los meses de marzo y junio del
corriente año. Esta medida restrictiva de la movilidad influye de manera
directa en las condiciones de vida 18 millones de trabajadoras y trabajadores
jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones familiares de la
Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficios no contributivos.

A los efectos de evitar aplicar las movilidades devengadas
para los meses de marzo/junio 2020 que alcanzaban al 11,56% en marzo y 10,9 %
en junio el PEN dicta el Decreto 163 que reconoce un aumento en los beneficios
del 2,3 %, más una suma fija de $ 1.500, quedando el haber mínimo garantizado
en $ 15.891,49, el haber máximo en $ 106.934,17 y la PUAM en $ 12.713,19.

Para el mes de junio se informó un aumento uniforme a todos
los beneficios del orden del 6,12%, abandonándose la llamada política
redistributiva entre los propios jubilados, de los que más tienen, o tienen un
poco, respecto de los que no tienen nada.

Las jubilaciones más bajas van a tener en el semestre 2020
un aumento del 19,9 % (12,96% en marzo + 6,12%) y las superiores a $ 20.000 en
adelante, cercana al 10%. Todos hubieran tenido que percibir en total un
aumento del 22,46%.

La realidad es que no hay una política social que
restablezca paulatinamente los derechos de los trabajadores, tampoco se cumplió
por parte del gobierno con las “promesas electorales” de mejorar
sustancialmente las situación de la gran mayoría de los jubilados que cobran
importes de mínimo (a partir de junio $ 16.864), o cercanos al mínimo
jubilatorio, que les permitiera acceder a un beneficio digno que les garantice
sus condiciones de vida, hoy esa canasta básica ronda los $ 45.000.

Lo más grave es que tampoco se debate, ni se propone y se
posterga sin plazo la discusión sobre una nueva ley de movilidad, que reemplace
a la adoptada por la “reforma previsional“ del gobierno de Macri.

 

La totalidad de los beneficiarios perciben menos que los que
le hubiera correspondido percibir por la ley de movilidad suspendida, algunos
como lo que tienen haberes superiores a $ 20.000 y hasta el máximo jubilatorio
($ 106.934,7, marzo 2020) han tenidos quitas más sustanciales y otros como los
de la mínima jubilatoria tampoco alcanzan al aumento que hubiera correspondido
del 22,46%.

La verdadera controversia sobre el aumento de la movilidad
para los 18 millones de trabajadores y trabajadoras involucradas pasa por
resolver la situación de indigencia y pobreza en que se encuentran en su gran
mayoría. En el caso de los jubilados y pensionados se trata no solo el derecho
constitucional a la movilidad de las jubilaciones y pensiones previsto en el
art. 14 bis de la constitución Nacional, sino en reconstruir un sistema
orientado en un fin de justicia social a través de jubilaciones mínimas dignas
que no pueden estar por debajo de $ 33.728 (valor de dos mínimos) y máximos
razonables.

El estado de cosas inconstitucional no pasa por si los
aumentos discrecionales fijados alteran la fórmula de movilidad suspendida,
sino por la inexistencia de un sistema previsional y de una movilidad que
garantice un nivel de vida digno de todos los beneficiarios. La gran mayoría de
los jubilados y pensionados han sido condenados a vivir en la pobreza, sin
posibilidades de desarrollar un proyecto de vida.

Reiteramos: ni los aumentos por decreto, menos aún la
fórmula suspendida, ni la mal llamada Reparación Histórica, ni la armonización
previsional a la baja brindan una real respuesta a la grave situación de
emergencia social en que se encuentran los trabajadores jubilados y pensionados
y la totalidad de los beneficiarios del sistema de movilidad.

De esta manera los gobiernos manejan discrecionalmente la
evolución de los aumentos, la tasa de sustitución jubilatoria, adecuándola a
sus necesidades financieras y a los reclamos de los organismos financieros
internacionales. Es así que la jubilación mínima es hoy de $16864; dos
jubilaciones mínimas están por debajo de lo que necesita una persona para vivir
dignamente. La gran mayoría de los jubilados y pensionados están en esa
situación de desamparo.

Como venimos sosteniendo desde hace años la movilidad jubilatoria
implica respetar los derechos humanos y los principios que surgen de la
interpretación de los artículos 14 bis, 75 incisos 22 y 23 de la Constitución
Nacional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos: 1.- El
principio de proporcionalidad que debe existir entre la jubilación y el salario
del activo y 2.- el carácter sustitutivo que tiene la jubilación respecto del
salario; 3. Obligación del Congreso de promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y pleno goce y
ejercicio de los derechos constitucionales y de los tratados internacionales de
derechos humanos en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos
y las personas con discapacidad; 4. Responsabilidad del Estado en garantizar y
hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención Interamericana sobre
la protección de los derechos humanos de las personas mayores.

Eso se materializa históricamente en la lucha de los
trabajadores por el reconocimiento del 82 por ciento móvil del salario del
mejor cargo o función desempeñado en actividad (tasa de sustitución) y
garantizar una jubilación mínima que no fuera menor al salario mínimo vital y
móvil.

Es por ello que desde la CTA Autónoma reclamamos el
tratamiento de una ley, que restituya la movilidad en los términos expuestos,
basado en criterios de igualdad, justicia y de redistribución de la riqueza.
Por otra parte, destacamos que una política de seguridad social, orientada por
principios de justicia social, no puede realizarse en forma efectiva sin una
defensa firme del trabajo con protección social, con aportes y contribuciones y
una política fiscal que establezca impuestos progresivos y redistributivos para
sostenerlo. La “sustentabilidad económica, financiera y actuarial” de los
sistemas previsionales son políticas de estado de largo plazo que reconozcan
derechos y den certidumbre y no que generen un estado de incertidumbre y de
inconstitucionalidad.

El debate sobre la necesidad de una nueva ley de movilidad
jubilatoria no ha finalizado, está instalado en la sociedad, es un tema de
reivindicación diaria de todos los trabajadores activos y jubilados junto con
la necesidad de asegurar los derechos a la seguridad social en forma integral y
la participación en su administración, tanto por los trabajadores activos como
trabajadores jubilados.

 

Firman el documento:

 ► Ricardo Peidro, Secretario
General.

 ► Olivia Ruiz, Secretaria de
Previsión Social.

 

El 20 de
mayo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales firmó un Convenio de
colaboración con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la
Argentina, el cual incluye un acuerdo de cooperación específico para la
realización de un Diploma Superior de la Red de Posgrados de CLACSO.

Por la
Secretaría Ejecutiva de CLACSO, participaron Karina Batthyány, Nicolás Arata y
Gustavo Lema, además de Alejandro Gambina, coordinador de la plataforma virtual
de CLACSO, y Gonzalo Basile, coordinador del Grupo de Trabajo “Salud
Internacional y Soberanía Sanitaria”. Por ATE: Hugo “Cachorro” Godoy, Rodolfo
Aguiar y Daniel Godoy.

El Convenio
Marco tiene por objeto establecer y desarrollar en forma conjunta en los
próximos dos años programas y proyectos de cooperación y/o colaboración de
carácter académico, científico, técnico y/o de investigación u otro tipo de
actividades. CLACSO y ATE “resuelven coordinar sus respectivos servicios
académicos, científicos y/o técnicos, existentes o a crearse, con la finalidad
de alcanzar objetivos comunes a ambas instituciones, en el marco de sus
actividades específicas, y propiciar el fortalecimiento institucional. A esos
fines, acuerdan la administración y gestión conjunta de proyectos educativos,
científicos, tecnológicos, de desarrollo y/o culturales.”

Asimismo, en
la ocasión se suscribió un Acuerdo de Cooperación para impulsar el desarrollo
del “Diploma Superior en Gestión y Políticas de Salud Internacional y Soberanía
Sanitaria”, a través de la plataforma virtual de CLACSO.

Al rubricar
los acuerdos, Hugo «Cachorro» Godoy, Secretario General de la Asociación de
Trabajadores del Estado, subrayó que “la firma de este convenio nos ayuda a
ratificarnos en un camino de valores y de pensamiento, entonces trasciende la
puesta en marcha del postgrado en sí y de otras muchas posibilidades que
nosotros anhelamos que este Convenio entre CLACSO y ATE pueda desarrollar.
Aspiramos a que haya muchas cosas por delante, y me parece que es en sí un
símbolo político de que los pueblos somos capaces de anidar nuevos pensamientos
que alumbren nuevas salidas a esta crisis humanitaria que estamos atravesando y
a la que nos ha traído este sistema capitalista y neoliberal a nivel global.”

Godoy agregó
que “nos ayuda y nos potencia este convenio y todas las muchas coas que podamos
hacer de aquí en más. Estas instancias formales e institucionales profundizan
los vínculos, los vínculos políticos, los vínculos de pensamiento, los vínculos
personales que son tan importantes. Pero es importante también porque estamos
convencidos de que no hay salida si no es en el marco del pensamiento y la
acción de la Patria Grande Latinoamericana. Soy de la idea de que hay que
alentar la diplomacia de los pueblos.”

A su vez,
Karina Batthyány, Secretaria Ejecutiva de CLACSO, coincidió en augurar que éste
será sin dudas el primero de muchos pasos en común con ATE. Destacó entonces
“la importancia que tiene este Convenio entre CLACSO y ATE. Importancia que
siempre la tuvo porque el tema de salud es un tema central pero que además se
resignifica en este contexto de la pandemia donde queda clara la importancia de
la salud, de la salud como bien común, de la salud como bien público y por lo
tanto universal y de acceso para todos y para todas. Pero más aún en el
contexto de post-pandemia –porque vamos a tener un contexto de post-pandemia en
algún momento–, en el que lo que se vuelve a colocar en América Latina y el
Caribe es la importancia de discutir el Estado social en sí y el papel del
Estado social justamente como garante del bienestar de todos y de todas, donde
desde siempre la salud es uno de esos pilares del Bienestar Social, obviamente
que no es el único pilar pero es uno de los pilares centrales que, quizás
también, recientemente ha sido en muchos países de América Latina y el Caribe
muy atacado. Y esto también explica algunas situaciones muy complejas de países
latinoamericanos en el marco de esta emergencia sanitaria y en su capacidad de
respuesta.”

Finalmente,
Karina Batthyány resaltó la importancia que reviste que “esta firma se da un 20
de mayo, que es el día en que uruguayos y uruguayas recordamos a nuestros
desaparecidos, no solo por memoria sino por presente. Porque nuestros
desaparecidos son memorias y son presentes, trabajamos por verdad, por justicia
y por Nunca Más. Esto le agrega un componente adicional a esta firma.”

A continuación, el comunicado completo publicado por el Centro
Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE:

COMUNICADO DE PRENSA

Hemos recibido con enorme preocupación el anuncio del
gobierno sobre el aumento del 6,12% para todos los jubilados y pensionados.

Este se enlaza con el otorgado en el mes de marzo que fue el
2,3 para todas las categorías, más una suma fija de $1500 para la mínima.

Apenas asumido el actual gobierno mandó una ley de
emergencia, que el Congreso aprobó, la ley 27.241. Que entre otros temas,
decretó la emergencia previsional por 180 días, derogó la ley de movilidad
preexistente y planteó que en marzo y junio el ejecutivo decidiría la tasa de
aumento.

Las sumas otorgadas darían un 19,9% para las mínimas y un
10% para el resto de las categorías en el semestre; mientras que la fórmula
anterior que medía 6 meses para atrás el incremento hubiera dado 22,96% para
todos los jubilados y pensionados.

Nos parece que es claramente insuficiente en un sector,
claramente desprotegido y castigado duramente por la administración anterior.

Frente a una inflación desbocada, a una pandemia inédita,
con situaciones sin control en los geriátricos, donde los adultos mayores,
junto con los habitantes de los barrios populares y recientemente los casos
declarados en el Hospital Borda, han aportado enormes cantidades de infectados
y muertos.

El acceso a una vida digna, a la necesaria vivienda,
calefacción y abrigo que consagra nuestra constitución, no está siendo
respetado con estos porcentajes de aumento.

Creemos necesaria la constitución de una comisión bicameral
que discuta una nueva ley previsional, con el aporte de las organizaciones
sindicales, sociales, políticas y de jubilados nacionales, pero previo a ese
debate reclamamos la urgente recomposición de los haberes.

También queremos elevar nuestra voz en repudio a los
distintos conatos de intentos de armonización "a la baja" de las
cajas provinciales, estando en debate iniciativas en ese sentido en la
provincia de Córdoba y Buenos Aires.

Por más y mejores derechos nos seguiremos organizando

CON LA FUERZA DE LOS QUE NO SE RESIGNAN

CABA, 20 de mayo de 2020

POR LA COMISIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ATE