Hoy finaliza del mandato de Mauricio Macri y
celebramos el día Internacional de los DD.HH, por eso resulta indispensable hacer un balance de sus
políticas públicas en ese área.
El gobierno de
Macri y el creciente intervencionismo de EE.UU., a través del FMI, provocaron
un retroceso de 40 años en materia de DD.HH. dado que la vulneración de los derechos,
sociales, ambientales y culturales convirtieron a nuestro país en un sistema de democracia vigilada donde más que derechos
del pueblo quedan solo derechos de mercado.
La política
económica del neoliberalismo de Cambiemos no solo castigó a millones de seres
humanos con la miseria planificada, destruyendo los más elementales Derechos
Humanos, también desarticuló con despidos masivos áreas claves para la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, favoreció
a los represores con prisión domiciliaria
y desprotegió a las víctimas, desfinanciando las políticas públicas de
DD.HH.
El presupuesto
de la Secretaria de Derechos Humanos, por ejemplo, se redujo en un 35% con la consiguiente
consecuencia en el abandono de causas, disminución en la producción de
materiales de difusión y falta de insumos para los Centros de la Memoria.
Dijo Macri en
campaña “voy a terminar con el curro de
los DD.HH” y al asumir puso en
duda el número de desaparecidos, iniciando
una verdadera campaña negacionista, y ejecutó políticas públicas contrarias a
la lucha de las madres, abuelas e hijos que vienen luchando por Memoria Verdad
y Justicia en forma inclaudicable.
El vaciamiento
de la Secretaria de DD.HH y los despidos de trabajadorxs de todas sus áreas
correspondientes, mayoritariamente
afiliados a ATE, marcaron su política y produjeron un retroceso en la búsqueda
de justicia por parte de familiares y compañeros de las víctimas de la
dictadura. Lo mismo sucedió con el congelamiento de las leyes reparadoras para
los ex –detenidos donde fueron cajoneados los expedientes.
También
desfinanciaron y le quitaron asistencia
al Equipo Argentino de Antropología Forense, un equipo de prestigio internacional, produciendo
la paralización de muchas de sus investigaciones.
Lo mismo sucedió con el Centro
Ulloa, una
de las áreas mas sensibles de la Secretaria, donde se prestaba asistencia y
acompañamiento a víctimas de las torturas y testigos de delitos de lesa
humanidad, que quedó totalmente desmantelado y muchos trabajadores fueron dados
de baja. Allí no solo se asistía a víctimas del terrorismo de Estado sino
también a ciudadanos afectados por violencia institucional o por la Tragedia de
Cromañon.
Algo similar sucedió con el Programa
Verdad y Justicia, creado en el ámbito del
Ministerio de Justicia – tras la desaparición de Julio López- con la intención
de procurar seguridad a los testigos y victimas al que le redujeron
notablemente el personal especializado.
O con la Dirección Nacional de Derechos
Humanos del Ministerio de Seguridad que Patricia
Bullrich eliminó despidiendo a todo el equipo y con el programa de la Dirección
Nacional y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa que
colaboró con el hallazgo de las “actas
secretas de la Junta militar” y las desclasificaciones de la documentación
sobre Malvinas. Todas fueron desmanteladas al igual que las areas creadas para
investigar los delitos económicos del terrorismo de estado.
Políticas de
Estado represivas
El gobierno de Macri también implementó la represión como método ante cualquier reclamo
de los trabajadores que defendían sus derechos, resultando innumerables
compañeros heridos y detenidos en cada movilización. Práctica que comenzó con
la temprana detención de la dirigente social Milagro Salas
El gatillo fácil
como política institucional, también conocida como Doctrina Chocobar, fue utilizada como amedrentamiento ante la protesta social.
La desaparición
forzada y posterior muerte de Santiago Maldonado, el asesinato por la
espalda de Rafael Nahuel, la violencia Institucional contra los pueblos
originarios, las masacres de Pergamino, Esteban Echeverría, San Miguel del
Monte y en el interior profundo de
nuestro país, marcaron un tiempo de
sistemática violación de los Derechos Humanos que provocaron un grave deterioro de la calidad democrática
en nuestro país.
Sumando a su política
represiva la aberrante violación a los DD.HH que representa dejar a más del 40% de compatriotas bajo la línea de
la pobreza, sufriendo el hambre y el desamparo por parte del Estado, sin acceso
a una vivienda digna ni al sistema de salud y educación.
El futuro
afortunadamente no depende solo de la voluntad de la nueva coalición de
gobierno sino de nuestro compromiso y lucha como organizaciones gremiales y
sociales en las calle codo a codo hasta recuperar lo que el Macrismo quiso
avasallar. De la misma forma que salimos a las calles cuando quiso imponer el
2×1, y tuvieron que dar marcha atrás.
Es nuestra
obligación manifestarnos libremente, defender nuestros derechos, continuar movilizándonos
por la reincorporación de todos los despedidos en el Estado exigir al nuevo
gobierno el desprocesamiento de los más de 500 compañerxs de ATE y la CTA A que hoy se encuentran
a expensas de los jueces, y la libertad a los presos políticos.
Quienes
resistimos cada día fuimos construyendo ciudadanía poniendo el cuerpo en las
calles y también en las urnas para cambiar este modelo. Por eso nuestra
resistencia desde ATE Y CTA Autónoma no acaba.
Tenemos que
continuar fortaleciendo nuestra organización para recuperar cada derecho y liberar la nación. Como así también
manifestar, tanto aquí como allá, nuestra solidaridad con los pueblos hermanos
del Estado Plurinacional de Bolivia y con la lucha del pueblo Chileno.
Este es y será
nuestro compromiso en el Día Internacional de los Derechos Humanos y siempre.
