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Quedó oficializada la nueva planilla de afiliación de ATE Nacional

La oficina de
afiliaciones del gremio dio a conocer los formularios oficiales en los cuales
se incluye la variable "persona con discapacidad" y "familiar
con discapacidad", la medida fue propuesta 
por los departamentos de Discapacidad de ATE provincia de Buenos Aires y
ATE Nacional.

Es la primera vez que se tomarán datos
concretos sobre este tema que permite el diálogo con la realidad y las
condiciones de vida de lxs afiliadxs con discapacidad.

La recopilación y gestión de datos ha
venido siendo un esfuerzo de los departamentos de discapacidad del sindicato
para contar con estadísticas sistemáticas y desagregadas, por eso el avance
concreto en su visibilización e inclusión representa un gran aporte.

Esta medida permite obtener valiosa
información, el hecho de que el gremio cuente con datos seguros y confiables
permite el diseño de políticas específicas y urgentes para reparar las
situaciones de profunda postergación que sufren lxs trabajadorxs con
discapacidad y sus familiares.

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Conflicto ANAC: Conciliación entre ATE, Ministerio de Transporte y ANAC

Este jueves, en la sede del Ministerio de Producción
y Trabajo, se llevó adelante una reunión de conciliación obligatoria entre funcionarios
del Ministerio de Transporte de la Nación, autoridades de ANAC e integrantes de
la Coordinación Nacional de ATE ANAC, donde nuestra organización ratificó los
distintos reclamos que formaron parte de la medida de fuerza del pasado 10 de
septiembre.

En este sentido la ATE
ANAC ratificó cada uno de los puntos que dieron origen al conflicto que
incluyen la i
mplementación urgente de la Certificación SSEl (acordado entre la
Coordinación Nacional ATE ANAC y la ANAC); indumentaria y elementos de abrigo y
segundad; capacitación de todo el personal de todo el país, respetando un orden
de prioridades según funciones; rechazo a la militarización del aeropuerto de Villa
Reynolds (en San Luis);   exigir que se incluyan las funciones de las
regionales en el MIAGA; y la reactivación del sector AVSEC del CIPE, con
personal idóneo.

Con respecto al resto de los puntos inicialmente reclamados, en relación
al pase a planta permanente; reencasillamiento; Convenio Colectivo de Trabajo
sectorial; concurso para acceso a cargos de gestión, horas nocturnas a
compensar, feriados y fines de semana; y exigir que el presupuesto 2020 se
contemple la financiación, remuneraciones, inversiones, infraestructura,
elementos de trabajo y responsabilidad operativa, solicitan al ANAC que se abra
una mesa de negociación, como que también se abra la  participación a la Secretaria de Gobierno de Modernización
de la Nación.

Respecto a este pedido de participación de Modernización desde
ATE ANAC señalaron que “queremos que Modernización se sume a los dos ámbitos de
discusión porque existen algunas cosas del presupuesto que ellos mantienen
trabado”.

Respecto a los pedidos enumerados la representación de la ANAC
manifestó que se conformó una mesa de trabajo por el tema del MIAGA, y se han
comprometido a dar una respuesta a la presentación sobre funciones de las
regionales y el MIAGA.

Con respecto a la puesta en marcha de certificación SSEI, la ANAC se
compromete a informar el avance sobre el análisis; y en relación al tema de
indumentaria se dará una respuesta concreta con respecto a la demanda.

De acuerdo a lo firmado en la conciliación obligatoria, las
autoridades del ANAC se comprometen a dar una respuesta el próximo 4 de
octubre. 

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ATE SENASA realizó una jornada de debate sobre soberanía alimentaria

Esta mañana, trabajadoras y trabajadores de ATE SENASA
realizaron una jornada de debate: “Que lo urgente no tape lo importante: la
soberanía alimentaria en un contexto de emergencia alimentaria”, en el marco
del programa de la jornada presencial del curso “Alimentación y los alimentos:
recursos, cultura y función mediadora del Estado”.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Carina Maloberti,
Secretaria Gremial de ATE SENASA Capital y Paritaria Nacional, quien señaló en la primera mesa: “Las y los
estatales organizados queríamos en esta primera etapa pensar entre todos este
taller sin olvidarnos en qué coyuntura, internacional, regional y local estamos,
porque podemos ser parte de una propuesta colectiva para poder crear una
herramienta que incida en la realidad que nos atraviesa”.

Y agregó: “Las y los estatales tenemos la obligación de
diseñar estas políticas, junto con las organizaciones que ya están teniendo resistencia
todos los días, intentando nuevas formas de producción, de comercialización y
de consumo de los alimentos. Además, somos los sobrevivientes al terrible
desguace que sufrió nuestro organismo”.

En la mesa debate se expusieron temas referidos a la
cuestión alimentaria en los comedores públicos y qué estrategias debería
implementar el Estado en este sentido y 
la cuestión alimentaria como un derecho y no un privilegio. Además, la
conversación  estuvo atravesada por la
soberanía alimentaria: ¿quién es dueño de los alimentos? ¿cómo debe intervenir
el Estado?, la emergencia alimentaria, el modelo agroindustrial y los
agrotóxicos.

De la jornada participaron Nicolás Falcone del Bloque Red
por la Argentina, Marcelo Yagut, de la Cooperativa La Forestal , Claudia
González, de Fundación Soberania Sanitaria y Comision de Salud del Instituto
Patria, Fernando Cabaleiro de Naturaleza de los Derechos , Laura Kostlin,  Secretaria de Estado Agricultura Familiar de
Misiones, Miriam Gorban, Cátedra libre de Soberanía Alimentaria, Medicina (UBA),
Laura Niño y  Martin Garo de UNQUI,  Mercado territorial y Foro por un Programa
Agrario y Popular.

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Se constituyó la Mesa por el trabajo y la vida digna en el Gran La Plata

El Arzobispo de La Plata, Víctor Manuel “Tucho”
Fernández recibió a los integrantes de la Mesa Nacional de Diálogo por el
Trabajo y la Vida Digna,  la cual entregó
el documento titulado “Una Patria Fundada en la Solidaridad y el Trabajo”. De
esta manera, el espacio que fue  lanzado
el año pasado a nivel nacional y que se ha constituido en distintas regiones,
quedó conformado también en territorio bonaerense.

“Es muy importante porque permite seguir
alentando la organización de este fuerte entramado de unidad de distintos
sectores sociales, productivos, sindicales y religiosos, para poder hacer
realidad los postulados del documento fundacional de esta Mesa, que es trabajar
hacia una Patria basada en el trabajo y la solidaridad”, manifestó Hugo “Cachorro”
Godoy, quien participó en representación de la CTA Autónoma y ATE Nacional.

También estuvieron Oscar “el Colo” De
Isasi, secretario general de ATE y la CTA-A bonaerense, y Francisco Banegas, titular
de ATE Ensenada y trabajador del Astillero Río Santiago; quienes le expresaron
al Arzobispo y demás organizaciones presentes, el agradecimiento y reconocimiento
por haber acompañado luchas tan importantes como la defensa del Astillero y la
defensa de los trabajadores municipales en el cementerio local. Participaron,
asimismo, Leonardo Vásquez, secretario de Organización electo  de la provincia y Marcelo Ponce, director del
 departamento de jurídico de la CTA-A
bonaerense.

Por su parte, “Tucho” Fernández coincidió con lo
planteado en el documento y alentó la constitución de la Mesa para avanzar en
el trabajo en base a sus cinco pilares, que son la producción, en trabajo, la
soberanía nacional, la justicia social y la integración latinoamericana.
Además, saludó que se priorice la lucha contra el hambre, con el eje puesto en
el trabajo y la justicia distributiva.

El vocero del encuentro fue Pablo Narvaja,
de la Universidad Nacional de Lanús. Entre lxs referentes presentes estuvieron:
Roberto Acuña, de la Universidad Nacional de La Matanza; Freddy Mariño de la
CCC; Esteban Castro, Emilio Pérsico y Gildo Onorato de la CTEP; José Oscari, de
Barrios de Pie; Dina Dánchez del Frente Popular Darío Santillán; Nerina Favale,
coordinadora del movimiento de mujeres de Lomas de Zamora; Pablo Forcinito, del
Movimiento Campesino; Catalina Highton de Vía Campesina; Edgardo Grünfeld del
Movimiento Cooperativo Agrario; Eduardo Berrozpe, secretario de prensa del
Sindicato Bancario; Héctor Amichetti, Secretario General del Sindicato Gráfico,
ambos representantes de la Corriente Sindical Federal; Roberto Baradel,
secretario general de SUTEBA y de la CTA de los Trabajadores bonaerense; y
representantes de la Red de Pymes.

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ATE ANSES: El nuevo GCAU es persecución

Los trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la ANSES nucleados en ATE y reunidos en asamblea rechazaron hoy
los cambios introducidos de manera arbitraria en el sistema informático GCAU.

“Una vez más, la Dirección Ejecutiva de la ANSES en su afán
de vaciar el Sistema de Seguridad Social Público y Solidario para ponerlo al
servicio del poder financiero concentrado promoviendo su privatización y
cambiando su matriz solidaria por el mero asistencialismo, intenta utilizar a
los trabajadores de dicho sector jurídico como meros instrumentos de su
política de achicamiento de la ANSES”, señalaron los compañeros y compañeras en
una nota tras la asamblea.

“La implementación del GCAY en su nueva versión no es más
que un instrumento que deshumaniza el trabajo de los abogados del sector,
desconoce la especificidad de su labor jurídica sobrecargándolo de más tareas
administrativas (parametrización, generación por parte del letrado del
expediente 473, digitalización y centralización de los oficios, y manejo de
cuestiones técnico-contables ajenas a lo estrictamente jurídico), y en
definitiva, se constituye en una formidable herramienta de control y disciplinamiento
en manos de la patronal”, agregaron en la nota.

El compañero Diego Ramírez, de ATE ANSES, dijo: “La asamblea
del día de hoy es la culminación de un largo conflicto que se viene
extendiendo, sobre todo, desde el 6 de agosto. A partir de esa fecha, la
Dirección General de Asuntos Jurídicos nos notifica de la implementación de un
nuevo sistema informático que tenemos para gestionar el ingreso de causas y el
tratamiento. En esta Dirección General de Asuntos Jurídicos, y en particular la
Dirección de Asuntos Contenciosos, llevamos adelante la defensa de la ANSES,
del Estado, mayoritariamente en los casos de juicios por reajuste de los
jubilados”.

“En esta problemática somos poca cantidad de abogados para
la gran cantidad de causas que hay. Es de público y notorio conocimiento el
aumento de la litigiosidad por los justos reclamos de los jubilados, sobre todo
en el contexto de la política de este Gobierno de la mal llamada ‘reparación
histórica’ que pregonaba que iba a ser la solución al problema de la
litigiosidad, pero la aumentó por la ineficacia. Fue una ley mala, pésima, cuyo
único objetivo fue el de sustraer los títulos, dineros y fondos de garantía de
sustentabilidad del sistema previsional para saquearlo, favoreciendo el
blanqueo de capitales, pero jamás resolviendo la cuestión previsional o la
litigiosidad”, agregó Ramírez.

El compañero además dijo: “En ese contexto, este nuevo sistema
que quieren implementar sobrecarga la tarea de los abogados, que no tenemos las
herramientas de trabajo o la cantidad de personal necesaria para afrontar más
de 4.500 causas por letrado. Esta es una situación que ningún estudio jurídico
podría afrontar, es una locura. Va en contra de las reglas mínimas y los
dictámenes de la Procuración del Tesoro en materia de defensa del Estado ante
los tribunales”.

“Ante esta situación de desprotección, este avance contra la
dignidad del ejercicio de la profesión de los abogados y, en definitiva, de los
trabajadores del Estado, nos opusimos a la implementación de este sistema.
Porque en realidad, con este sistema lejos de ayudar a la tarea del trabajador,
lo que intentan es disciplinarnos. Es una herramienta de control social
sancionatoria”, acusó el abogado.

“Y esta lucha, si bien particularmente comenzó en el mes de
agosto de este año, es un nuevo capítulo en una lucha que históricamente esta Dirección
de Asuntos Jurídicos viene llevando adelante. Porque esta situación, con
diferentes matices de falta de personal, elementos de trabajo y dirección jurídica
viene de larga data. La gestión de los últimos cuatro años reaccionó siempre a
esta lucha con sanciones sobre los compañeros, y tratando de llevar un control
exhaustivo total. Pero esta fue la gota que rebalsó el vaso, entonces los
abogados del sector dijimos que no. Frente a la medida de fuerza de no empezar
a usar este sistema, decisión tomada por la asamblea y sostenida firmemente por
todos los compañeros, comenzaron a amenazar con sanciones”, cerró el compañero
de ATE ANSES.

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ATE repudia la entrega del complejo turístico de Chapadmalal a la Gendarmería

ATE adhiere al rechazo de la Comisión Provincial por la
Memoria a la resolución presidencial que dispone la entrega a la Gendarmería de
los hoteles 7 y 8 del complejo turístico de Chapadmalal. Se trata de una
decisión que socava las deterioradas políticas de turismo social, y contradice
los valores y principios por los cuales fue reconocido como patrimonio
histórico nacional. Por todo esto, ATE rechaza y repudia la entrega del espacio
a la Gendarmería Nacional y exige políticas que allanen los caminos de la
inclusión y ampliación de los derechos, fomentando el turismo social como herramienta
de transformación social.

El complejo turístico de Chapadmalal es un lugar emblemático
de la cultura popular y la política argentina. Ha sido un espacio que a lo
largo de su historia cobijó y promovió innumerables acontecimientos
científicos, artísticos, deportivos y recreativos. Fue construido en 1945 con
este espíritu y esta misión, como parte de una política pública marcada
profundamente por un sentido de justicia social y ampliación de derechos para
las clases trabajadoras.

En reconocimiento de esta tradición, en 2002 la Comisión
Provincial por la Memoria decidió que el complejo era el mejor lugar para
realizar el encuentro de cierre anual del programa Jóvenes y Memoria. Desde
entonces, cada noviembre, habitan por sus hoteles decenas de miles de jóvenes
comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la recuperación de las
memorias del autoritarismo en cada comunidad.

Este trabajo constante y esta presencia sostenida han
convertido a Chapadmalal no sólo en la sede de un encuentro sino en un espacio
lleno de mística y magia donde las juventudes se encuentran, reconocen y
renuevan el compromiso con la construcción de un país más justo, más
igualitario, soberano y pleno de derechos. Hace casi 20 años que Chapadmalal es
el símbolo de que otro país es posible, y los hoteles 7 y 8 del complejo fueron
el escenario privilegiado de todo este proceso.

Por todo esto, la reciente decisión del Gobierno Nacional de
entregar estos hoteles a la Gendarmería Nacional no puede leerse en otra clave
que la de un retroceso absoluto en materia de conquistas sociales y derechos
humanos. Se trata de una decisión política que desconoce la historia no sólo de
un lugar sino también de un complejo proceso histórico de significativa
importancia para las mayorías más postergadas del pueblo argentino.

Uno de los principales argumentos que esgrime la resolución
presidencial es que los hoteles en cuestión estaban abandonados, lo cual
resulta falso. Hasta hace dos años esos mismos hoteles se utilizaban para el
encuentro de Jóvenes y Memoria y estaban repletos de jóvenes durante el mes de
noviembre. La actual gestión los cerró y los abandonó.

La decisión viene a completar de la manera más irritante un
camino de empobrecimiento de las políticas de turismo social que llevó adelante
este Gobierno desde que asumió. La entrega de estos dos hoteles a Gendarmería
significa que habrá alrededor de 1.500 plazas menos para el turismo social:
1.500 oportunidades menos para todos aquellos que encuentran en esa opción la
única posibilidad de acceder al derecho a vacaciones.

Además, se desconocen los motivos por los cuales el complejo
turístico de Chapadmalal, junto al de Embalse Río III, fueron reconocidos
patrimonio histórico nacional. En un decreto de 2013 que así lo establece, los
considerandos son muy claros respecto del valor patrimonial: No se trata
solamente de un reconocimiento a las estructuras edilicias de los inmuebles
sino a las condiciones sociales y políticas que motivaron su construcción, reconociendo
la importancia de la iniciativa en relación con la ampliación de derechos.

El modo en el que los espacios históricos son habitados, el
uso y el sentido que se les da, necesariamente deben formar parte de una
discusión seria respecto de qué es considerado como patrimonio nacional.

Este avance no solamente es contra Chapadmalal: Se inscribe
en un contexto generalizado de abandono de las políticas sociales de ampliación
de derechos. En detrimento de estas políticas, se promueve una militarización
del espacio público que consolida un Estado violento y represivo que vulnera la
democracia. Por eso, es necesaria la organización como sociedad para defender
Chapadmalal.

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ATE bonaerense responsabiliza a la Provincia por la muerte en Ezeiza

El sindicato estatal de la provincia Buenos
Aires, la junta interna y el cuerpo de delegados de ATE ministerio de Trabajo
responsabilizan a la gestión del ministro, Marcelo Villegas, por el
fallecimiento de un trabajador en las obras del aeropuerto internacional de
Ezeiza. La paralización de la actividad de la Dirección Provincial de
Inspección (DPI), dependiente de la subsecretaría de Trabajo, expone a los
trabajadores del sector público y privado a graves riesgos que incluyen la
pérdida de la vida.

Villegas suspendió en octubre del año
pasado los operativos de inspección en el sector de la construcción,
dispositivos que permitían el relevamiento de las condiciones laborales y de
seguridad e higiene en las obras más grandes del territorio, con una asignación
de recursos e inspectores acorde a las tareas.

En junio de este año el Coordinador
Regional, Roberto Sánchez, encomendó a un solo inspector la verificación de una
denuncia sobre el predio de 48 mil metros cuadrados, con 700 trabajadores y más
de 60 empresas contratistas que operaba en Ezeiza al momento de la tragedia. La
tarea hubiera requerido la presencia de al menos 5 inspectores y un cronograma
de visitas que les permitieran dar cuenta del universo referido.

Desde el mes de agosto ATE llevó adelante
un plan de lucha para denunciar que los inspectores realizan sus labores sin
los elementos de protección personal, con sus vehículos personales, sin
herramientas y sin el cobro de los adicionales por función, situación que
define el marco de precarización y abandono por parte del Estado.

El ministro Villegas es el responsable de
la inexistencia de políticas públicas para el control de las relaciones
laborales, con eje en la prevención de los accidentes y enfermedades
profesionales, y del trabajo no registrado. Sobre el fin de su mandato deja una
Dirección Provincial de Inspección acéfala, dependiente de las partidas
presupuestarias y los requerimientos de la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo (SRT) y paralizada por la falta de planificación.

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Reactor RA-10: Otro proyecto insignia de la CNEA que queda parado

En el día de ayer Caputo S.A. (empresa a
cargo de la obra del RA-10) paró la construcción en el Centro Atómico Ezeiza
aludiendo el incumplimiento en los pagos por parte de la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA). La deuda suma atrasos por más de 215 millones de pesos,
principalmente, porque el Gobierno Nacional no deposita el dinero.

Además, la empresa suspendió
transitoriamente a más de 90 trabajadorxs calificadxs y pone en riesgo la continuidad
del Proyecto RA-10, cuya construcción lleva tres años de atraso.

Rodolfo Kempf, coordinador y paritario nacional de ATE-CNEA, explicó los potenciales del reactor. Indicó que
su desarrollo podría servir para cubrir la demanda de radioisótopos en Argentina
y en todos los países del Cono Sur, además de consolidar un área de
investigación estratégica.

“Los radioisótopos son un insumo clave para
la medicina nuclear (como tratamiento de tumores u otros daños biológicos) y para la producción de semiconductores para microchips en
la industria electrónica”, precisó. 

En cuanto al diseño y la construcción,
Kempf resaltó que es un diseño 100% nacional, “probado parcialmente en la gran
exportación del OPAL a Australia y convalidado con la solicitud del PALLAS para
Holanda”. Y agregó que “da trabajo a miles de personas, poniendo en marcha no
solo al sector nuclear sino requiriendo la provisión y montaje de equipos
esenciales por parte de muchas pymes nacionales y latinoamericanas”.

“¿Realmente creemos que una empresa como
CAPUTO S.A. necesita suspender 91 trabajadorxs para tener rentabilidad?”,  plantearon lxs trabajadores de ATE CNEA en un
comunicado de prensa, en el que además denunciaron el enorme recorte presupuestario
 que pone en riesgo de
privatización 
“inminente” las instalaciones asociadas.

 “Esta
situación se da en el marco de un gobierno que tiene fecha de vencimiento. El
contratista de mayor peso en la obra pública 
exige al Estado el pago del dinero adeudado para aprovechar, sin duda
alguna, los últimos meses de bicicleta financiera y trata de imponer
condiciones al próximo gobierno. Caputo nunca perdió, el presupuesto fue
siempre ajustado a la inflación y a la devaluación de nuestra moneda”, cuestionaron,
y señalaron a Mauricio Macri y a las autoridades de CNEA como responsables
directos.

“Lxs trabajadores  demandamos la reincorporación de todxs los
trabajadorxs, la cancelación de la deuda y la continuidad inmediata de la obra,
y le decimos “no” a la privatización de la futura producción del RA-10”, manifestaron.

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ATE destacó la adhesión de la provincia de Río Negro a la “Ley Micaela”

Esta Ley, que lleva el nombre de la joven militante del
Movimiento Evita, Micaela García, violada y asesinada en abril de 2017 en la
provincia de Entre Ríos por un hombre con antecedentes de violación que gozaba
del beneficio de libertad condicional, establece la capacitación obligatoria en
género y violencia contra las mujeres para las personas que se desempeñan en
todos los niveles de la función pública y jerarquías de los poderes ejecutivos,
legislativos y judiciales.

El proyecto, que fue aprobado por la Legislatura rionegrina
en primera vuelta, propone que el órgano de aplicación en esta provincia sea el
Consejo Provincial de la Mujer dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

«Es importante establecer la capacitación obligatoria en
género, eso ayuda a sensibilizar a quienes tienen la responsabilidad en el
estado provincial de dar cumplimiento a la ley, para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres», señaló Rodrigo Vicente, secretario general
electo de ATE.

Para el Sindicato este importante avance es fruto de la
lucha de las mujeres y disidencias en las calles, con el fin de poner fin a la
violencia machista que sigue cobrándose vidas: solo en lo que va del  2019 se produjeron 235 femicidios y 3 de
ellas tuvieron lugar en Río Negro.

“Teniendo en cuenta que la ley establece la participación de
los sindicatos, en pos de garantizar su implementación, es trascendental
acompañar la iniciativa y ser parte activa de la misma”, dijo a su vez Leticia
Lapalma, secretaria general adjunta de ATE.

“De esta forma abogamos a que dichas capacitaciones sumen al
objetivo de la ley 26485, de protección integral para prevenir, sancionar  y erradicar la violencia de género en todos
los ámbitos en que las mujeres desarrollan sus relaciones interpersonales”,
completó la dirigente.

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ATE rechaza descuentos salariales que quiere aplicar la Subsecretaría de Trabajo

Desde la ATE- Chaco rechazan y repudian
los dichos expresados desde el gobierno provincial, en la persona del
subsecretario de Trabajo, Gustavo Trangoni, quién adelantó la aplicación de
descuentos salariales a lo/as trabajadore/as estatales que están de paro por
los incumplimientos gubernamentales.

En este sentido el CDP expresó que “denunciamos
que con esta supuesta decisión se estaría violando abiertamente el derecho a
huelga, establecido en el Artículo 14 Bis de la Constitución Argentina,
amparado también en los artículos 29 y 30 de nuestra Constitución Provincial”.

Sobre las expresiones del funcionario que dijo que el gobierno “viene cumpliendo
irrestrictamente todos y cada uno de los compromisos que ha asumido en este
año”, la ATE recordó que “en primer lugar que este gobierno ya superó los 3
años y medios de gestión con demandas irresueltas, y en segundo lugar que ni
siquiera ha cumplido compromisos y acuerdos realizados durante 2019, como el
pase a planta de trabajadoras y trabajadores en el Instituto de Cultura y el
Instituto del Deporte Chaqueño”.

Por último, el
gremio aclaró que “en muchos sectores las medidas de fuerza debieron
profundizarse justamente por la falta de convocatoria al diálogo por parte de
los funcionarios de este gobierno”.