Ante los sucesos ocurridos en las últimas
horas tras la derrota sufrida en las urnas del gobierno en las elecciones
primarias del domingo y las acciones irresponsables del presidente Macri, la
Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma, reunida en
Comisión Ejecutiva Nacional, emitió el siguiente pronunciamiento.
La reacción del Gobierno Nacional ante los
resultados electorales de las recientes PASO constituye una extorsión
inaceptable y un profundo desprecio por la voluntad popular. El golpe de
Mercado iniciado ni bien finalizaron las elecciones primarias fue alimentado
por las declaraciones, cuanto menos irresponsables, del Presidente de la Nación.
El Gobierno Nacional ha decidido imponer el
terror económico como herramienta de su estrategia electoral, al tiempo que
habilita una exacerbación y aceleración del saqueo de los recursos que aún
existen en la economía nacional. La alternativa que pretenden ofrecer es entre
la continuidad del actual proyecto económico o el caos que es promovido por
ellos mismos. Se trata de un comportamiento profundamente anti democrático que
debe ser rechazado por todas las fuerzas y organizaciones de nuestra comunidad,
como viene haciendo nuestra CTA Autónoma desde el principio, en 2015.
Las medidas anunciadas hoy sólo están
ligadas al cronograma electoral y siguen sin resolver, ni siquiera morigerar,
la situación de empobrecimiento en que sumieron a nuestro pueblo las políticas
económicas implementadas por el gobierno. Estas medidas dejan a una gran
cantidad de trabajadores y trabajadoras por fuera de sus alcances, tales como
quienes se desempeñan en el sector público provincial y municipal, jubilados y
jubiladas no alcanzadas por el impuesto a las ganancias, y trabajadores y
trabajadoras del sector informal o desocupados sin hijos a cargo, entre otros.
La situación de jubilados y jubiladas es aún más grave, ya que han sido
víctimas de un abandono sistemático a partir no sólo del recorte de sus haberes
sino también de la pérdida de las prestaciones que les corresponden. En la
misma situación se encuentran los beneficiarios de prestaciones por
discapacidad.
Para quienes sí recibirán algún tipo de
beneficio, se trata de medidas acotadas a los próximos dos meses que ya se
están licuando por el crecimiento de la inflación y que desaparecerán por
completo luego de la elección de octubre. Se trata de medidas que no resuelven
los graves problemas de desocupación y pobreza, no ponen freno a los despidos,
ni mejoran sustancialmente la situación de los sectores más postergados.
Por otra parte, los anuncios del Gobierno
Nacional no implican ninguna afectación a los sectores que más se beneficiaron
con la crisis actual, el sector financiero y la Banca, en particular. Las
ganancias extraordinarias del sector exportador no han sido alteradas ni
tampoco se ha avanzado sobre aquellos sectores que en los últimos años han
acumulado y fugado grandes fortunas al exterior. El costo de las medidas
dispuestas será afrontado con la reasignación de partidas del Estado Nacional,
lo que implica la decisión de no capturar recursos del bloque económico
dominante, sin resolver ninguna de las causas que originaron la crisis.
El responsable de la administración del
Estado es el Gobierno Nacional y son sus funcionarios quienes deben hacerse
cargo de adoptar medidas serias y consistentes que pongan freno al círculo de
empobrecimiento en que se encuentra inmerso nuestro pueblo. La devaluación de
la moneda, el crecimiento de la inflación, el brutal endeudamiento y el default
al que ha sido llevada la Argentina sólo demorado por el acuerdo con el FMI,
son consecuencias directas de la política económica implementada en los últimos
tres años y medio, cuyo contenido ha sido rechazado contundentemente en los
comicios. El Gobierno Nacional está obligado a tomar nota de ello y a
implementar acciones urgentes para evitar que continúen deteriorándose el
empleo y los salarios y que sigan incrementándose los niveles de pobreza e
indigencia ya que a consecuencia del golpe de Mercado extorsivo en un solo día,
400 mil personas fueron arrojadas a la pobreza y la pérdida del poder
adquisitivo de los salarios ronda en el 25%.
No hay lugar para medias tintas. El
Gobierno Nacional posee un mandato hasta el 10 de diciembre y es quien debe
hacerse cargo de la situación. En caso de no estar en condiciones para ello,
deberá dar un paso al costado y garantizar los mecanismos constitucionales para
sostener la continuidad democrática.
Las medidas anunciadas y las declaraciones
del Presidente de la Nación amenazan con dejar un escenario de tierra arrasada,
condicionando así todo margen de autonomía política y económica para el
gobierno que asuma el próximo 10 de diciembre. Resulta imprescindible ponerle
fin, en forma inmediata, a este círculo vicioso que ha sido creado y alimentado
desde el más alto nivel del Gobierno Nacional.
Frente a este escenario, desde la Central
de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), nos declaramos en estado de
máxima alerta y movilización e impulsamos la convocatoria al conjunto de las
organizaciones sociales para llevar adelante las acciones que sean necesarias
para ponerle fin de manera inmediata a estas políticas de ajuste y saqueo.
Firman el comunicado:
Ricardo Peidro, Secretario General de la
CTA Autónoma Claudia Baigorria, Secretaria General Adjunta Hugo “Cachorro”
Godoy, Secretario General Adjunto.
