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Paro Nacional 18-12
Mes: diciembre 2018
El
pasado 10 de diciembre, cuando se conmemoró el 70 aniversario de la
Declaración de DD.HH., ATE- Córdoba anunció la creación de su Departamento de
DDHH. Este compromiso fue refrendado
por la secretaría General del CDP, Liliana Salerno, en una reunión mantenida el
lunes pasado con ex presos políticos, en el marco de la celebración de este
día.
En la reunión encabezada por Salerno, junto a miembros
de comisión directiva, y afiliados, se destacó que “Argentina es parte de las
Convenciones Internacionales sobre DD.HH., las cuales reconoció dándole
carácter constitucional por la Asamblea Constituyente, junto a las
recomendaciones de los organismos internacionales como ONU y CIDH, u
organizaciones tales como Cruz Roja, Amnistía Internacional y otros”, y en ese marco ATE apoya y aporta su sede gremial para las
habituales reuniones del la comisión de ex presos políticos.
En el marco de la conversación, se planteó la
necesidad de contar en las organizaciones gremiales y sindicales con un
departamento de Derechos Humanos, la compañera Salerno propuso la creación del
mismo dentro de ATE. La propuesta fue muy bien acogida por los presentes
quienes acordaron seguir reuniéndose y surgieron como propuestas de trabajo
para el próximo el 24 de marzo.
En este encuentro también estuvieron compañeros de la
CTA-A Regional Córdoba, como la secretaria de DD.HH. de la entidad, Sonia
Castro.
Con el apoyo
de la ATE- Entre Ríos, los trabajadore/as precarizados del Estado entrerriano
se organizan para exigir su inmediata regularización. Este miércoles realizaron
una asamblea en el patio de Casa de Gobierno, la tercera desde que se empezaron
a reunir.
En este
encuentro en el que estuvo presente el secretario general de ATE Entre Ríos,
Oscar Muntes, uno de los objetivos trazados por el personal de Casa de Gobierno,
explicó Leticia Menón, trabajadora precarizada hace 13 años de la Unidad
Ejecutora Provincial (UEP), perteneciente al Ministerio de Planeamiento, es
regularizar “no sólo los contratos de obra, sino las diversas figuras
precarizadas, como pasantes sin convenio universitario, talleristas, equipos de
campo, promotores, etcétera”. Antes de agregar que “la intención es erradicar la figura de
contrato de obra y a partir de ahí empiezan las reivindicaciones”,
precisó. La primera es el pase a planta permanente. También reclaman una
actualización salarial y, “al igual que los contratos de servicio”,
entrar en el aumento del 11% que actualmente negocian los sindicatos con el
Gobierno.
Luego hay
algunas reivindicaciones provisorias, que Menón enumeró: “El acceso al Iosper y
a los padrones del IAPV como agentes del Estado; el acceso al régimen de
licencias al igual que el personal de planta; cobrar en fecha y que no se
estiren los plazos en el verano, cuando el gobernador Gustavo Bordet demora en
sacar el decreto y pasamos tres, cinco y hasta diez meses sin cobrar”, lamentó.
Por otro lado, exigen al Gobernador “que diga cuántos contratos de obra
efectivamente hay”. Según comentó, “se estima hay unos 1400 sólo en Paraná”.
La trabajadora
señaló que todos estos puntos figuran en un extenso documento que los
trabajadores entregaron a las autoridades del Gobierno, en el cual reconocen al
Estado como patronal, y se reconocen a ellos mismos como clase trabajadora.
“Bajo diversas figuras de contratación como “proveedores del Estado”,
“consultores externos”, etc. el Estado ha intentado durante años desvincularse
de sus responsabilidades como patronal, incorporando estas figuras encubiertas
bajo determinadas características que sólo refuerzan la naturaleza jurídica del
vínculo laboral de fondo, la cual no es de carácter transitorio u estacional;
sino de carácter permanente, continuo e ininterrumpido en el tiempo”, se lee en
uno de sus párrafos.
Por su parte,
la responsable del departamento de género de la ATE, Nely Fabre, sostuvo que
esta precarización vulnera los derechos de los trabajadores y es una “estafa a
la clase trabajadora por parte del Estado”, el cual “quiere desentenderse de su
responsabilidad como patronal, haciéndoles pagar monotributo, haciéndoles
esperar seis meses para poder cobrar”.
Hace dos décadas el entonces diputado
provincial y actual dirigente de la CTA Autónoma y ATE Provincia, Adolfo “Fito”
Aguirre, impulsó la norma que permitió las paritarias entre gremios del estado
y el ejecutivo bonaerense. Hoy se realizó una conmemoración en el Salón de los
Espejos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP).
Acompañaron la jornada las y los
secretarios generales de nuestro gremio de las distintas seccionales de la
Provincia, dirigentes bonaerenses de la CTAA, Raúl Cúneo (Partido Socialista La
Plata), Alejandro Rosconi (secretario de Relaciones Internacionales del
Movimiento Evita), Lucho Lugones (Partido Justicialista), Carlos Zaidman
(Asociación de Ex detenidos desparecidos), Marcelo Ponce Nuñez (Equipo Jurídico
de ATE Provincia de Buenos Aires), Graciela Troiano (Partido Socialista), entre
otros y otras.
“No hay que dar ni un paso atrás con las
conquistas que tanto sacrificio costaron y que algunos sectores quieren
eliminar definitivamente”, expresó Aguirre y agregó: “En 1994 se hizo la
reforma constitucional que incorporó los artículos 39 y 40, que reconocían la
negociación colectiva en el sector público. Antes había un estatuto escalafón y
éramos considerados como ‘agentes estatales’, pero con esa reforma se comenzó a
reconocernos como trabajadores del Estado”. La norma también incluso a las y
los trabajadores municipales que hoy sostienen distintos reclamos en el
territorio bonaerense.
“Eso estaba vinculado a que en 1978 la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoció ese derecho. Entonces la
nueva Constitución abrió una ventana, y yo cuatro años después, cuando era
diputado, el primer proyecto que presenté fue ese, el que terminó permitiendo a
los gremios del sector tener sus negociaciones colectivas”, añadió.
“Reivindicar cada paso que dimos hacia
adelante como expresiones del campo popular, sobre todo en tiempos de intentos
de restauración conservadora y en los que los sectores más concentrados de la
economía quieren hacer retroceder a los trabajadores hacia tiempos pretéritos,
para dar por tierra con las conquistas que tanto sacrificio costaron a las
organizaciones gremiales y sociales”.
Por su parte, el secretario general de ATE
bonaerense, Oscar de Isasi, remarcó que: “están construyendo un Estado
discrecional al servicio de los grupos económicos, donde las negociaciones
colectivas son un estorbo. Por esto, la nuestra es una pelea por los derechos
de todas y todos los trabajadores en la consecución de un Estado más justo,
democrático y participativo. Nuestro aporte para que esto se logre se debe
corresponder con la capacidad de organización que tengamos de acá hacia
adelante”.
“Si hay negociación colectiva, hay
jerarquización y dignificación de la tarea del trabajador del Estado. Y si esto
sucede, la construcción de un Estado mejor está en marcha”, señaló de Isasi.
Para finalizar, indicó que “fuimos capaces
de establecer el convenio colectivo, porque fuimos capaces de fortalecernos en
conjunto con otras organizaciones hermanas y así generar el poder popular que
nos puso de cara un cambio fundamental para nosotros. Solos no hubiésemos
podido, en forma colectiva construimos nuestro destino”.
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FANAZUL y PIAP: dos espejos del desguace
Se acaba el 2018 y la sensación general es que el
gobierno nacional ya no piensa apoyar los emprendimientos productivos del
Estado sino asfixiarlos mediante el recorte presupuestario y ver si finalmente
puede transferirlos al capital privado.
En este sentido tanto la Fábrica Militar FANAZUL, de
la ciudad bonaerense de Azul como la neuquina Planta Industrial de Agua Pesada
(PIAP) actúan como fábricas espejos del desguace.
En el caso testigo FANAZUL a poco de cumplirse un año
de su cierre, la política del gobierno nacional ha sido clara y directa: ni un
peso más y 260 trabajadore/as echados sin más a la calle.
La PIAP atraviesa un estadio inferior: el ahogo
financiero desde mayo 2017, atado a la decisión de suspender la construcción de
nuevas centrales a las que proveer y dejarla en un estado de paralización aún
indefinido. Apenas existe allí una propuesta de reconversión para la producción
de fertilizantes, que es apoyada por el gobierno neuquino, pero que entre los
trabajadore/as y delegados de ATE hay una enorme desconfianza porque ella
requiere de una inversión millonaria que como subrayan “Nación no va a
realizar”.
En FANAZUL el desamparo de los trabajadore/as que aún
permanecen en el acampe es general. A las promesas de reubicación en otros
emprendimientos se contrapone la realidad. Primero desmintiendo declaraciones
recientes de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en sentido de que
gran parte de los cesanteados ya habían conseguido nuevos. Lo concreto son los
datos los propios afectados por estas cesantías que niegan que esa información
sea correcta y responden con otros datos incontrastables: sólo 20 de los casi
260 despedidos han logrado un trabajo estable.
El dirigente de ATE-Azul, Eduardo Bercovich sostuvo “no
es verdad como quieren hacer creer que la gran mayoría de ellos pudieron volver
a un trabajo” y pone de ejemplo los
supuestos puestos que se iban a generar en las canteras existentes en esa
región: “nadie ha revertido nuestra situación y la mayoría de los que quedaron
desempleados busca una changa para sobrevivir”.
Desde los trabajadore/as afectados se cuestionó que Vidal
sólo haya escuchado la voz oficial y no se haya acercado al acampe que se
mantiene en las adyacencias de FANAZUL para oír de primera mano la situación
que están atravesando los trabajadore/as despedidos.
En la PIAP lo que sucede no es muy distinto: ni
reconversión, ni la supuesta inversión
del gobierno nacional y menos la reubicación en otras empresas, tanto
estatales como privadas de la energía y si una realidad que busca desgastar el
espíritu de los trabajadore/as que resisten la privatización de las empresas
del Estado.
Como sucede con el largo acampe que aún sostienen en FANAZUL,
como la activa presencia en los puestos de trabajo, en la PIAP, lo/as
trabajadore/as proclaman que “aquí nadie se baja del barco y continuará la resistencia
al desguace que se ejecuta del
macrismo”.
La seccional Villa Regina de la Asociación Trabajadores del
Estado (ATE) consiguió un incremento salarial de 2000 pesos para los
trabajadores municipales de Cervantes. El mismo será entregado el último día
hábil antes de navidad.
El municipio ya había acordado un aumento salarial de 45% en
2018. Sin embargo, desde ATE se solicitó la posibilidad de obtener un incremento
que permita en esta Navidad un plus sobre sueldo.
“Finalmente logramos este plus gracias a la voluntad y la decisión
política de la Intendenta Claudia Montanaro, que reconoció la difícil situación
económica actual”, dijo Rosa Ñanco, secretaria general de la seccional Villa
Regina de ATE y explicó que esta nueva suma será considerada en las
negociaciones salariales del 2019.
“Estamos felices de poder llevar un poco más de tranquilidad
a los trabajadores, ya que siempre llegamos a fin de mes con lo justo. Estos
2000 pesos nos permiten pasar unas fiestas un poco más tranquilos”, continuó y
remarcó estar “doblemente feliz” ya que también el sindicato anunció que es
mayoría absoluta en la municipalidad de Villa Regina.
“Todo esto se ha logrado gracias a la lucha y la gestión
llevada adelante, junto a la organización de los trabajadores. Estamos muy
felices, ya que vemos un gran equipo de dirigentes y militantes que están
siempre acompañando a los trabajadores. Es una hermosa y muy gratificante
manera cerrar el año 2018”.
La dirigente destacó además que el gremio ha retomado el
diálogo con intendentes que habían cerrado las puertas. Hoy, la lucha sin pausa
de ATE ha conseguido una labor conjunta en pos de mejores condiciones para los
municipales.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE)
profundiza en Allen las medidas de fuerza ante la falta de respuestas serias
por parte del ejecutivo municipal a la demanda de aumento de los trabajadores
para el último cuatrimestre del año.
Cabe destacar que si bien en el día de ayer
se sostuvo una reunión en la Secretaría de Trabajo y en el Municipio, con la
asesora legal y técnica que está a cargo de la mediación con el Ejecutivo,
Liliana Martín, en la misma solo se hizo efectiva una propuesta verbal de un 7%
de aumento salarial, distante de lo que exigen los trabajadores, que en la
asamblea de esta mañana se pronunciaron por un mínimo del 15% para este último
cuatrimestre.
En este momento hay un 95% de acatamiento
al paro y un apoyo general a las medidas que sostienen los empleados, frente a
la negativa de la intendente Sabina Costa a incrementar debidamente sueldos que
no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, en un contexto de suba
constante en los servicios y una inflación que no cesa.
"Tuvimos una reunión de conciliación
en la Secretaría de Trabajo y también en la Municipalidad con la asesora legal
y técnica que está a cargo de la mediación con el Ejecutivo, Liliana Martín,
pero los porcentajes son solo de palabra y no acuerdan con lo que venimos
pidiendo", expresó Esterea González, secretaria general de la seccional
Allen de ATE.
"La asamblea rechaza el 7% propuesto
por ser insuficiente y no cumplir con las expectativas de los bolsillos de los
trabajadores, por eso seguimos con las medidas", completó en el marco de
las protestas que por estas horas tienen lugar en el centro de la ciudad y un
paro que tiene paralizados los servicios de barrido, recolección de residuos,
parques, la administración central y las guarderías, que funcionan con poca
gente.
El Sindicato adelantó que hoy fue
notificado de una audiencia de conciliación con el secretario de Trabajo de la
Provincia, Lucas Pica, para el viernes 14 de diciembre a las 9 de la mañana.
Vale la pena recordar que además, ATE
rechaza el bono de $2500 por única vez otorgado por la intendenta, que lejos
está del número reclamado por el sindicato, pero también de la propuesta
inicial de $3000.
En el encuentro de
trabajadore/as (delegado/as y/o miembros de conducciones de ATE y CTA de todo
el país), de organismos de Trabajo, de las administraciones públicas provinciales,
desarrollado este miércoles en CDN, se
efectuó un informe de cada lugar tanto desde el punto de vista de los
derechos de las trabajadoras/es de esos organismos, como desde el punto
de vista del cumplimiento de funciones de los organismos y de políticas
públicas aplicadas en cada provincia.
En principio lo/as
compañero/as describieron situaciones de precariedad laboral de los inspectores, en especial los de seguridad e higiene
que son contratados por convenios con la Súper Intendencia de Riesgos del
trabajo (SRT). Estas situaciones violan lo establecido por convenio OIT 81 que
en el artículo 6 señala que “el personal de inspección deberá estar compuesto
por funcionarios públicos cuya situación jurídica y cuyas condiciones de
servicio les garanticen la estabilidad en su empleo y lo independicen de los
cambios de gobierno y de cualquier influencia exterior indebida”. Por ello se
acordó realizar denuncia de esta situación al consejo federal del trabajo y a
la OIT.
En varias provincias
se inicio un proceso de tercerización de la atención de los conflictos individuales y pluri-individuales
con sistemas similares al vigente en CABA, llamado SECLO, este proceso
claramente perjudica a los trabajadores/as del sector privado ya que hemos
comparado el resultado de los acuerdos monetarios como por ejemplo
indemnizaciones y rara vez un acuerdo en el SECLO supera el 55% del
valor que debiera percibir el trabajador/a en cambio cuando intervine el
servicio público esta cifra asciende a más del 70% y si el trabajador viene
acompañado de su gremio en términos generales ronda el 80%, por dicho motivo es
que repudiamos la tercerización del sistema de conciliación.
En el caso de Buenos
Aires se estableció la privatización
del asesoramiento jurídico a trabajadores/as en el poco tiempo de
vigencia del sistema se observa en primera instancia una clara falencia en la
inmediatez de la atención recordemos que las intimaciones suelen tener un
tiempo de 48hs para su cumplimiento o su contestación, el trabajador al
concurrir a solicitar asesoramiento al ministerio de trabajo es derivado a un
estudio particular, que no suele estar abierto todos los días, retrasando la
consulta).
En el encuentro se
destacó también que “la lucha contra el trabajo infantil es solo un slogan
ya que salvo un par de excepciones el sistema de inspección no tiene previsto
una actuación de organismos específicos que tutelen o promuevan los derechos de
niñas y niños”, y en donde “el estado
sigue actuando en forma desarticulada entre sus propios organismos”.
En nuestro país está
vigente la ley 12713 de trabajo a
domicilio. Dicha ley fue utilizada como referencia para la elaboración
del convenio 177 de OIT, esta ley tiene instrumentos que permiten desentrañar
la maraña de talleres clandestino, porque si se aplica correctamente se puede
regularizar el trabajo a partir de obligar a los dadores de trabajo a inscribir
los talleres contratados, es importante recordar que los dueños de las
mercancías por lo general son grandes marcas comerciales.
Es conocido a nivel
mundial que el grupo Nike es solo una distribuidora de productos deportivos sin
ningún tipo de estructura productiva propia. Sin embargo (con la excepción de
CABA) no existen inspectores ni departamentos que se ocupen de aplicar la ley
12713 y el convenio 177 de OIT. Entendemos que debemos denunciar estas
situaciones a los organismos competentes, como así también denunciar que es una
clara maniobra para proteger a determinadas firmas comerciales y perpetuar el
trabajo clandestino y esclavo.
Antes del cierre, el compañero
Orestes ´beto´ Galeano, indicó que “se acordó instrumentar canales de
comunicación que nos permita que circule la información no solo sobre nuestras
luchas por nuestros derechos sino también denunciando los incumplimientos de
los gobiernos sobre la obligación de proteger el trabajo”.
ATE Córdoba celebra dos importantes logros
producto de la organización y la lucha. Por un lado, la resolución judicial que
ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad a que reinstale a la integrante
del Consejo Directivo Provincial, Cintia Conesta. Por otro, la medida cautelar
del Juzgado Federal Nº3 que devuelve el puesto de trabajo a una empleada con 12
años de antigüedad, afirmando no se puede despedir sin causa en Anses por la
garantía del artículo 14 BIS de la Constitución Nacional.
Conesta, vocal del CDP, la resolución
judicial fue dictada el lunes 10 de diciembre por el Juez Nacional de Primera
Instancia del Trabajo, Raúl Ojeda, y ordenó a la Agencia Nacional de
Discapacidad que reinstale a la trabajadora, donde se desempeñaba desde 2013.
La cautelar se fundamenta en virtud de la
tutela sindical que goza la vocal, por su condición de integrante de la
comisión directiva de ATE Córdoba.
A su vez, el magistrado consideró que el
despido fue una medida antisindical y reconoció justo el reclamo de la
trabajadora y de la organización sindical. También estableció, como marca la
legislación laboral, el carácter alimentario del salario al ordenar a la
patronal que pague los salarios caídos desde junio pasado, momento en que fue
cesanteada.
En el caso de Fernanda Márquez, trabajadora
de planta permanente cesanteada de la Udai Villa Libertador del Anses, la decisión
que la devuelve a su lugar de trabajo corrió por cuenta del Juzgado Federal Nº3.
Había sido desplazada, sin causa, en febrero de este año. Con una antigüedad
superior a los 12 años, ATE inició una demanda a través de su equipo jurídico a
los fines recuperar el puesto de trabajo.
En esa línea se solicitó una medida
cautelar y la semana el Juez Federal Hugo Vaca Narvaja dio la razón al gremio
al asegurar que los trabajadores de Anses gozan de la estabilidad laboral
garantizada por la Constitución Nacional, en el artículo 14 BIS, por tratarse
de empleados estatales.
En consecuencia, queda claro que no se
puede aplicar la figura del despido sin causa en el Anses, tal como lo viene
haciendo el gobierno de Mauricio Macri.
“Se trata de un gran avance que sienta un
precedente para las condiciones de trabajo de más de 14 mil trabajadores del
Anses en todo el país, que pueden verse liberados de la presión patronal con
amenazas de despido sin causa. Ya no se podrá despedir sin fundamento”, resumió
Eugenia Palacio, de la Mesa ATE-Anses, Prosecretaria Adminsitrativa del CDP y
trabajadora de la Udai 1.
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Emotivos homenajes a Carlos Xamena
Con la presencia de Hugo Cachorro Godoy, secretario General
de ATE Nacional, Juan Arroyo, titular
del CDP salteño, y Vicente Martí del secretariado Nacional se realizó un
emotivo homenaje a Carlos Xamena, histórico dirigente de los estatales, y
gobernador de la provincia durante la presidencia de Juan Domingo Perón, en el
Balneario municipal que lleva su nombre en la ciudad capital.
La actividad se realizó en horas de la tarde con la
presencia de los mencionados dirigentes, la militancia estatal, los empleados y
el director del balneario, Julio Coria. En la ocasión, se instaló una placa, en
el mástil principal del predio, en homenaje al enfermero que fundara la
seccional de ATE en General Güemes.
En la oportunidad frente a vecinos, afiliados y Miguel, el
hijo de Xamena, Cachorro Godoy destacó su trabajo social y político al frente
de la provincia y afirmó que para los trabajadores de ATE es un orgullo rendir
homenaje “a uno de los mejores hijos de Salta”.
“En este momento tan particular de la Argentina es
importante fortalecernos en la memoria y en una trayectoria como la de Carlos
Xamena” destacó el titular de ATE Nacional y lamentó la ausencia de dirigentes
justicialistas: “Hay que seguir
reivindicando su lucha y su memoria para terminar con el olvido que pretenden imponer a
quién fuera gobernador, intendente y diputado salteño, por parte no solo de las
dictaduras de ayer sino también por los gobiernos democráticos de hoy. Fue un
gobernador surgido del movimiento obrero y eso no se lo perdonan”.
Presentación del libro
Horas más tarde se realizó la presentación del libro “Carlos Xamena y Jesús Méndez. El compromiso
de los estatales y la condena oligárquica” de Daniel Parcero, el
historiador de ATE, y Analía Turner en el salón del Consejo Directivo
Provincial de ATE Salta.
En un salón colmado, participaron de la presentación, además
de los mencionados Cachorro Godoy, Juan Arroyo y Vicente Martí, el secretario
General de la CTA Salta, Julio Molina; el historiador Daniel Parcero y
familiares de algunos de los protagonistas del libro: Miguel Xamena; Oscar, hijo
de Jesús Méndez, y Pedro, hijo de Eleuterio Pachado, fundador del gremio
azucarero, quienes evocaron las figuras de los dirigentes y resaltaron el valor
de la publicación, coeditada por ATE, CTA y Ediciones Ciccus, que también
cuenta la historia de las distintas seccionales salteñas entre 1944 y 1955.
Miguel Xamena le hizo entrega a Cachorro Gody de un diploma
de reconocimiento a su actividad política que la dirigencia nacional de ATE le
entregara a su padre en la década del 50.
De la actividad participaron también los compañer@s de la
Escuela de Formación Política Carlos Xamena quienes no solo colaboraron con la
investigación sino que también batallan diariamente por la reivindicación de la
figura del “gobernador obrero”.