Con el apoyo
de la ATE- Entre Ríos, los trabajadore/as precarizados del Estado entrerriano
se organizan para exigir su inmediata regularización. Este miércoles realizaron
una asamblea en el patio de Casa de Gobierno, la tercera desde que se empezaron
a reunir.

En este
encuentro en el que estuvo presente el secretario general de ATE Entre Ríos,
Oscar Muntes, uno de los objetivos trazados por el personal de Casa de Gobierno,
explicó Leticia Menón, trabajadora precarizada hace 13 años de la Unidad
Ejecutora Provincial (UEP), perteneciente al Ministerio de Planeamiento,   es
regularizar “no sólo los contratos de obra, sino las diversas figuras
precarizadas, como pasantes sin convenio universitario, talleristas, equipos de
campo, promotores, etcétera”. Antes de agregar que  “la intención es erradicar la figura de
contrato de obra y a partir de ahí empiezan las  reivindicaciones”,
precisó. La primera es el pase a planta permanente. También reclaman una
actualización salarial y, “al igual que los contratos de servicio”, 
entrar en el aumento del 11% que actualmente negocian los sindicatos con el
Gobierno.

Luego hay
algunas reivindicaciones provisorias, que Menón enumeró: “El acceso al Iosper y
a los padrones del IAPV como agentes del Estado; el acceso al régimen de
licencias al igual que el personal de planta; cobrar en fecha y que no se
estiren los plazos en el verano, cuando el gobernador Gustavo Bordet demora en
sacar el decreto y pasamos tres, cinco y hasta diez meses sin cobrar”, lamentó.
Por otro lado, exigen al Gobernador “que diga cuántos contratos de obra
efectivamente hay”. Según comentó, “se estima hay unos 1400 sólo en Paraná”.

La trabajadora
señaló que todos estos puntos figuran en un extenso documento que los
trabajadores entregaron a las autoridades del Gobierno, en el cual reconocen al
Estado como patronal, y se reconocen a ellos mismos como clase trabajadora.
“Bajo diversas figuras de contratación como “proveedores del Estado”,
“consultores externos”, etc. el Estado ha intentado durante años desvincularse
de sus responsabilidades como patronal, incorporando estas figuras encubiertas
bajo determinadas características que sólo refuerzan la naturaleza jurídica del
vínculo laboral de fondo, la cual no es de carácter transitorio u estacional;
sino de carácter permanente, continuo e ininterrumpido en el tiempo”, se lee en
uno de sus párrafos.

Por su parte,
la responsable del departamento de género de la ATE, Nely Fabre, sostuvo que
esta precarización vulnera los derechos de los trabajadores y es una “estafa a
la clase trabajadora por parte del Estado”, el cual “quiere desentenderse de su
responsabilidad como patronal, haciéndoles pagar monotributo, haciéndoles
esperar seis meses para poder cobrar”.