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Protesta de trabajadores del Parque Nacional Iguazú

Ante la falta de respuestas oficiales al pedido llevado
adelante por los trabajadores del Parque Nacional Iguazú, por impulso de ATE se
desarrolló una asamblea en donde se analizaron los recortes presupuestarios y
las problemáticas salariales y laborales, por las que no se encuentran
respuestas.

Días atrás la Junta Interna de ATE en el Parque Nacional
Iguazú, se había reunido con el intendente del parque, Sergio Valdecantos, a
quién elevaron diversos pedidos para el mejoramiento de las funciones en el
parque.

Entre estos se pidió  la recuperación de los 3 cargos vacantes, por
los brigadistas que se han perdido. También se planteó la situación del sector
Movilidad y la situación de maltrato que está generando inquietud entre los
trabajadores.

Entre otras cuestiones del ámbito laboral se planteó la
contratación de voluntarios, la recategorización de los compañeros de la Categoría
48 (que estén en condiciones de obtenerlas) y hubo un pedido de aclaraciones
sobre los viáticos.

Por último los trabajadores rechazaron que mientras se aplican
medidas de ajuste se invierta dinero en la colocación de cámaras para controlar
al personal, lo que genera un nuevo malestar al ya existente.  

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En la PIAP siguen reclamando salarios impagos y por la parálisis productiva

Los trabajadores de la Empresa Provincial de Agua
Pesada (PIAP) retomaron los cortes de rutas por el reclamo de sus salarios
impagos y contra la falta de producción que continúa generando incertidumbre
respecto al futuro de la actividad.   

Desde la Junta Interna de la ATE en la empresa
señalaron que la decisión de reiniciar la protesta tiene que ver con la
necesidad de visibilizar la parálisis de la PIAP y la falta de señales claras
respecto al futuro productivo. Si de señales se trata, indicaron que las mismas
no son muy alentadoras porque al despido de 22 trabajadores de la empresa que
brindaba servicios en el comedor le siguió la quita del trasporte que llevaba a
los trabajadores hasta la PIAP.

Esto recortes por goteos, se agrega que a otro más
profundo que es la decisión del gobierno nacional de recortar los fondos para
las empresas de energía. Tampoco avanza más allá de un tono declamativo la
posibilidad de que la provincia reconvierta la fuente productiva de la
PIAP.     

Sobre la
puesta en marcha de la producción piden que en el
presupuesto nacional se
inyecten los fondos necesarios para la producción de 300 toneladas de agua
pesada para stock. El delegado de la Junta Interna de ATE, Pablo Sosa, evaluó
que “en vez de mejorar estamos cada vez peor, no tenemos comedor, no tenemos
transporte, no tenemos en qué ir a trabajar y tampoco las respuestas de las
autoridades que estamos reclamando”.

A hoy los trabajadores sólo cobraron el 60% de los salarios
de julio, con dinero aportado por la provincia y siguen esperando el 40%
restante que depende de Nación. Con todo este contexto adverso los trabajadores
han decidido viajar a Buenos Aires para pedir la intervención de diputados
nacionales.  

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Salud Mental: Despidieron a 88 trabajadores por Whatsapp

Después de seis meses sin pagarles el salario, el Gobierno
Nacional despidió a 88 trabajadores de los equipos territoriales de Salud
Mental en Entre Ríos, Chaco, Misiones, Corrientes y Jujuy. Claudia Trangoni, de
ATE Salud Mental de Chaco expresó: “El gobierno nacional le está dando un golpe
mortal al Programa Nacional de Salud Mental”.

Trabajadores despedidos de los programas territoriales
dependientes de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Nación
(DNSMyA) se reunieron hoy en Resistencia, Chaco, con la diputada nacional
Lucila Masin, el director del Órgano de Revisión de Salud Mental local y con diversas
ONGs, militantes y organismos de Derechos Humanos para denunciar los despidos
de 88 trabajadores y el desmantelamiento de los equipos territoriales del
Programa Nacional de Salud Mental en esas provincias.

Los trabajadores denuncian que llevan de seis meses de
lucha, ya que desde febrero de 2018 que no cobran sus salarios y además
repudian que nadie los haya informado de su despido sino que tomaron
conocimiento de la situación por un audio viralizado en Whattsapp donde se
anuncia la decisión del Gobierno Nacional de dar de baja de sus contratos.

La delegada de ATE Salud Mental Chaco Claudia Trangoni
explicó a IDEP SALUD: “Hace dos años que todos los trabajadores de salud mental
estamos sufriendo un gran destrato, indiferencia y humillación: nosotros
estamos precarizados por la tercerización de nuestro trabajo hace muchos años,
pero en los últimos dos años la situación se hizo insostenible: se fueron
diezmando los equipos interdisciplinarios, hace seis meses que no nos pagan los
salarios y encima nos enteramos que dan de baja nuestros contratos por
Whattsapp. Nosotros queremos que nos reintegren a nuestro trabajo para defender
la salud mental, para defender la Ley 26.657 y para defender la plena
implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, ante la embestida de este
gobierno que ajusta y desampara a los más necesitados”.

Además, explicó que sufre precarización laboral desde hace
años por ser trabajadores tercerizados a través de la Universidad Nacional de
Entre Ríos y denunció que, ahora, “todo va para peor”. “Están desmantelando los
equipos territoriales en salud mental que somos los que llegamos a las
poblaciones donde nadie llega: nosotros en Margarita Belén, Chaco, asistimos a
una población de 600 mil personas por año y ahora la gente se va a tener que
trasladar o quedarán sin asistencia. Hay lugares donde los trabajos se pudieron
mantener, pero en la mayoría de los casos diezmaron equipos completos”, añadió.

La delegada de ATE expresó que están luchando para revertir
la situación y mantener los puestos de trabajo: “Necesitamos que el Gobierno
Nacional recapacite ya que el Director Nacional (Luciano Grasso) dice siempre
que defiende la Ley Nacional de Salud Mental, que trabaja por el bienestar de
los usuarios y la comunidad, pero esta decisión deja en claro que está abandonando
a su suerte a los usuarios de salud mental, a los posibles usuarios y a la
población, porque nosotros no atendemos solamente a pacientes con padecimiento
mental, nosotros atendemos a toda la población desde niños que sufren abuso
sexual, casos de violencia de género, todo lo que tenga que ver con la salud
mental".

Con estas medidas, concluyó, “el gobierno nacional le está
dando un golpe mortal al Programa Nacional de Salud Mental”. 

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Traspaso de eléctricas: Una vuelta al pasado

El 31 de julio pasado el Presidente Macri anunció la
intención del Gobierno Nacional de acceder al pedido de un grupo de
gobernadores provinciales y avanzar en el “traspaso” de las empresas EDENOR
S.A. y EDESUR S.A., desde la órbita nacional a los gobiernos de la Ciudad y
Provincia de Buenos Aires. Al día siguiente, mientras se anunciaba un nuevo
incremento de los valores tarifarios de dichas empresas, el Ministro de Energía
Javier Iguacel confirmó lo anunciado por el Presidente, y añadió que la
intención del gobierno nacional es que el Ente Nacional Regulador de la
Electricidad (ENRE), organismo encargado de la regulación del servicio
eléctrico y la defensa de más de 13 millones de usuarios finales en el Área
Metropolitana, quede reducido a una mínima expresión, sólo dirigida al control
del servicio interprovincial de alta tensión que utilizan las empresas
distribuidoras y los grandes usuarios.

Improvisación y
vuelta al pasado

Para entender las posibles consecuencias de esta decisión
para el conjunto de los usuarios del Área Metropolitana es necesario hacer un
poco de historia. En el año 1958, el gobierno de Arturo Frondizi decidió
mediante la Ley 14.772  nacionalizar el
servicio eléctrico de electricidad que proveían la Compañía Argentina de
Electricidad S.A. y la Compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires
S.A. La decisión se tomó por la falta de inversión, mala calidad del servicio y
los serios problemas que generaba la jurisdicción local sobre dichas empresas.
Ante esta situación, el gobierno nacional estableció la jurisdicción nacional
del servicio, creó la empresa SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos
Aires), y desarrolló una fuerte inversión pública que mejoró notoriamente el
servicio durante las dos décadas siguientes.

A partir de la última dictadura militar, y luego de la
crisis inflacionaria de los años 80, en el marco de la “Reforma del Estado”
(Ley N° 23.696) y la “Emergencia económica” (Ley N° 23.697) la empresa SEGBA
fue privatizada y dividida en distintas unidades de producción, entre ellas
tres empresas distribuidoras: EDENOR S.A., EDESUR S.A. y EDELAP S.A. Estas
empresas conservaron la jurisdicción nacional, se sancionó un nuevo Marco
Regulatorio Nacional (Ley 24.065) y se celebraron contratos de concesión por 95
años que establecieron las condiciones, tarifas y niveles de calidad del
servicio.

En este sentido, la decisión del gobierno nacional de
“traspasar” a la Ciudad y Provincia de Buenos Aires las empresas distribuidoras
de electricidad pareciera volver la situación 70 años atrás, es decir, empresas
privadas con jurisdicción local, algo que puede ser beneficioso para las
empresas (ya que tendrán enfrente autoridades de menor peso que el gobierno
nacional) pero que se ha demostrado perjudicial para la calidad del servicio y
los usuarios del mismo.

Un antecedente preocupante

En el año 2011, mediante el Decreto N° 1853/2011, la Empresa
Distribuidora La Plata S.A. (EDELAP S.A.) ya fue transferida de la órbita
nacional a la local. Si bien en ese caso existían ciertos fundamentos
razonables -dado que esa empresa se encuentra toda dentro de la Provincia de
Buenos Aires- lo cierto es que dicha decisión fue tomada para permitir a la
empresa apartarse del “congelamiento” nacional de las tarifas de distribución
eléctrica, y al mismo tiempo, eliminar sin que la empresa pagara, todas las
sanciones existentes a dicha fecha por incumplimientos de la calidad del
servicio. Es decir, la empresa fue altamente beneficiada por el “traspaso”
mientras que los usuarios recibieron aumentos de tarifas sin que, hasta el
presente, haya mejorado el servicio.

El rol del Estado
Federal

En la actualidad, el Gobierno Nacional y algunos
gobernadores provinciales reclaman la trasferencia de las empresas EDENOR y
EDESUR bajo argumentos tales como la “reducción de subsidios” o una “mayor
equidad federal”. Sin embargo, a partir de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)
llevada a cabo en el año 2017, la tarifa eléctrica de las empresas mencionadas
(que aumentó más del 1700% en dos años) no presenta ningún subsidio en su
componente propio, es decir, en el denominado Valor Agregado de Distribución
(VAD). Por otra parte, desde el momento que tanto EDENOR como EDESUR tienen
áreas de concesión que abarcan dos jurisdicciones (Provincia y Ciudad de Buenos
Aires), su regulación necesariamente debe ser competencia federal, sin
perjuicio de la participación que dichos gobiernos locales puedan tener en el
organismo federal de regulación (ENRE).

En el presente, el ENRE ya se encuentra dirigido por un
Directorio de cinco miembros, todos ellos nombrados el Gobierno Nacional
mediante concurso público con aprobación del Congreso, y dos de ellos a partir
de la propuesta del Consejo Federal de Energía Eléctrica (Ley 24065, artículo
58). Por ello, la integración federal de dicho organismo ya se encuentra
garantizada.

En cuanto a su financiamiento, el ENRE en un organismo
técnico que no genera gastos para ninguna jurisdicción local ni federal, dado
que es financiado por los propios agentes productores, transportistas y
distribuidores que regula, según establece la Ley 24.065 (artículos 66/67).

Así, una transferencia de empresas distribuidoras a las
jurisdicciones locales sólo sería entendible bajo la intención (no declarada)
de avanzar en dirección a una o más empresas exclusivas para la Ciudad de
Buenos Aires, y otra (u otras) empresas para la Provincia. Esto llevaría de
inmediato a un incremento de la tarifa eléctrica para la Provincia de Buenos
Aires, donde se encuentra la mayor cantidad de usuarios y la peor calidad de
servicio, dado que el costo de distribución allí es mayor por razones técnicas.

Los trabajadores del
ENRE y la participación de los usuarios

En este
contexto de incertidumbre, improvisación y complejidades técnicas y jurídicas,
lo único que no se escucha es la voz de los trabajadores del sector y los
usuarios del servicio.

En el
caso del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), una importante
cantidad de trabajadores se dedica a diario -pese a muchas dificultades- a
tareas técnicas de regulación de las dos principales empresas distribuidoras
del país. Estas tareas incluyen, entre otras, el control de las condiciones de
seguridad, ambientales y de la calidad del servicio, así como la facturación
que emiten las empresas, y la atención de los reclamos de los usuarios. Estos
trabajadores ven con preocupación la continuidad de sus tareas actuales luego
del anuncio presidencial de “traspaso”, dado el contexto de ajuste
presupuestario y despidos que existe en el Gobierno Nacional. Por esas razones,
ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades del ENRE,
sus entidades sindicales han declarado en asambleas el “estado de alerta”, como
antesala para otras medidas de fuerza.

En
cuanto a los usuarios del servicio, pareciera ser un tema sin consideración
alguna por parte del Gobierno Nacional. El fuerte aumento tarifario de los
últimos dos años no ha traído aún ninguna mejora en la calidad del servicio,
contrariamente a lo anunciado. Sigue pendiente además, desde hace más de dos
décadas, el cumplimiento cabal del artículo 42 de nuestra Constitución
Nacional, donde se establece expresamente para los servicios públicos
nacionales “la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y
usuarios” en los organismos de control. Hasta el momento, esta participación
únicamente se ha limitado a una presencia -no vinculante- en audiencias
públicas o reuniones periódicas de las autoridades de turno. Algo a todas luces
insuficiente para garantizar una genuina representación de quienes son los
principales interesados en que los servicios públicos se provean con tarifas
razonables y adecuados niveles de calidad.

Trabajadores/as de los sectores de Energía de ATE

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Se reunió la nueva conducción de la CTA-A y lanzó plan de lucha

Los desafíos para la nueva etapa así como la consolidación
del poder popular y el funcionamiento que requiera la Central en este tiempo
fueron los ejes del debate.

La reunión comenzó con el informe político del Secretario
General electo, Ricardo Peidro, quien valoró el entusiasmo, la participación y
las expectativas de los compañeros y compañeras de la Central a lo largo y
ancho del país que se reflejaron en la concurrencia masiva a las urnas el 8 de
agosto.

En torno a los intentos de injerencia del Ministerio de
Trabajo de entrometerse en las elecciones de la Central con su pedido de
suspensión, Peidro indicó: “La maniobra del Ministerio dio impulso para que los
compañeros y compañeras se movilicen masivamente a las urnas”. El dirigente destacó
además la multitudinaria movilización que se realizó frente al Congreso de la
Nación en el marco del debate en Senadores de la Ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo: “La militancia se multiplicó ese 8 de agosto, y más allá de lo
que resolvió el Senado, fue una jornada histórica para nuestra Central”.

Se caracterizó la etapa y se analizó el impacto del plan de
ajuste que se profundiza y ataca las realidades de cada uno de los compañeros y
compañeras, con pérdidas de puestos de trabajo, paritarias a la baja,
jubilaciones vergonzosas, tarifazos, despidos, suspensiones, cierres de
fábricas y precarización laboral en todas sus formas.

En ese sentido el debate giró en cómo potenciar las luchas,
cómo construir la unidad con otras organizaciones del campo popular y las
políticas de alianzas que requiere el momento histórico, y cómo avanzar en
mayor participación de compañeras mujeres en los espacios de decisión. Asimismo
se acordó en la necesidad de promover más espacios de debate y de formación que
estén a la altura de la etapa.

Se saludó particularmente la incorporación a la Mesa
Ejecutiva Nacional de Víctor Grossi, Secretario General del SITRAIC y la
creación de la nueva seccional en Córdoba de la Unión de Conductores de la
República Argentina (UCRA-CTA-A).

Se avanzó en acciones hasta fin de año. Sin embargo, entre
resoluciones más inmediatas, se definió:

– Llevar a la reunión de Conducción Nacional, que será del
próximo jueves 30 con presencia de los Secretarios Generales de las provincias,
la propuesta de realizar una Jornada Nacional de Lucha el 12 de septiembre, que
unifique todas las peleas que se están dando a lo largo y ancho del país.

– Movilizar a la marcha convocada por la CONADU Histórica y
otras federaciones docentes y estudiantiles, que se espera que sea histórica y
que realizarán en defensa de la educación pública este jueves 30 de agosto a las
17.30 desde Congreso al Palacio Pizzurno.

– Marchar junto a los movimientos territoriales organizados
en la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTA-A) prevista para el próximo
miércoles 5 de septiembre a las 12.00 en el Ministerio de Desarrollo Social
bajo la consigna El hambre es un crimen.

– Promover la participación en el Encuentro Autoformativo
Federal contra el FMI y el G20, que será el 31 de agosto y el 1 de setiembre en
la Facultad de Ciencias Sociales y la realización del 2° Encuentro del Consejo
Anual de Política Internacional en noviembre de 2018.

– Movilizar junto a los trabajadores del SITRAIC a la Cámara
de la Construcción y al Ministerio del Interior el próximo 27 de septiembre.

– Rodear y acampar en el Congreso nacional en la última semana
de septiembre en rechazo al presupuesto que quiere legitimar el acuerdo con el
FMI.

– La realización del Primer Encuentro Nacional de
Secretarios de Previsión Social de la Central, que será el 19 de septiembre, en
la antesala del día de jubilado.

– Participar de las movilizaciones y acciones que se
realizarán el 28 de septiembre próximo en el marco del Día de la Lucha por la
Despenalización y Legalización del Aborto.

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Dolor por la muerte de Nora Centeno

ATE provincia de Buenos Aires expresa su profundo dolor y
tristeza ante el fallecimiento de Nora Centeno, integrante de Madres de Plaza
de Mayo, ferviente luchadora por la memoria, la verdad y la justicia.

Madre de Alejandro de Sío, integrante de APDH, Madre de
Plaza de Mayo, fue parte fundamental en la lucha por mantener viva la memoria.

En ese sentido Emiliano Hueravilo, director de Derechos Humanos
de ATE y la CTA Autónoma de Buenos Aires, aseguró: “Continuaremos la lucha que
las Madres nos legaron. Norita Centeno es un ejemplo a seguir, y no
claudicaremos en la defensa de la Memoria. Porque no olvidamos, no perdonamos,
no nos reconciliamos, seguiremos exigiendo juicio y castigo a los culpables del
genocidio”.

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“La precariedad laboral es la total desprotección estatal de los trabajadores”

ATE Chaco responsabilizó a las autoridades provinciales por
el estado de salud de una auxiliar de enfermería del hospital de Charata,
infectada con el virus A N1H1, conocido como Gripe A y denunció las condiciones
de insalubridad y precariedad laboral que padecen los trabajadores y
trabajadoras estatales. Se trata de la afiliada Liliana Gazma, quien cumple
funciones en el sector de Enfermería del Hospital Enrique Llamas de Charata
bajo la modalidad del Programa Expertos.

“La precarización laboral no sólo atenta contra los derechos
laborales y la calidad de vida de los trabajadores sino también contra su
integridad física, la precarización es el estado de desprotección de los
trabajadores, por eso exigimos condiciones labores dignas que garanticen la
seguridad física, emocional y social, y un proyecto de vida a lxs
trabajadores”, sostuvo el Secretario General de ATE Chaco, Mario Bustamante.

Gazma trabaja desde el 2002 en el hospital bajo diversas
formas de contratación precaria, cumpliendo funciones sábados, domingos y
feriados, además de acompañar a los traslados en los viajes, todo sin ningún
tipo de cobertura ni seguridad. “Es una trabajadora precarizada del Estado a la
que se le niegan sistemáticamente todos sus derechos laborales, desde ATE
venimos denunciando que en su misma situación se encuentran 2.200 trabajadores
y trabajadoras de Salud que brindan atención sanitaria a la población en
condiciones de precariedad y desidia estatal, sin siquiera los elementos de
protección básica como los barbijos”, señaló Bustamante.

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Reunión de trabajadorxs de Universidades Nacionales en ATE

Trabajadoras y trabajadores administrativos y de servicios
técnicos y profesionales de las Universidades Nacionales se reunirán el próximo
jueves 30 en la sede de ATE Nacional para defender las Universidades y la
Educación Pública y Gratuita, y para armar un frente común junto a compañeros y
compañeras de organismos como el CONICET, la CNEA o el INTI, con el objetivo de
defender la soberanía de la producción científica y el rol fundamental que
ocupan las Universidades frente a la devastación que el Gobierno Nacional está
llevando a cabo con el ajuste brutal sobre el Estado.

Jimena Romero, Delegada de la Universidad Nacional de
Quilmes y miembro de la Coordinación Nacional de los Trabajadores de
Universidades Nacionales, manifestó: “Venimos trabajando en la mayoría de las
Universidades en interclaustros, por la amenaza del Gobierno Nacional de
recortes, subejecución presupuestaria, etcétera. Todos los claustros están
compuestos por docentes, estudiantes, egresados y egresadas, y trabajadoras y
trabajadores administrativos y de servicios técnicos y profesionales, organizados
en espacios comunes en la defensa de las Universidades. Es así que se están
dando diferentes tomas, abrazos, e incluso en muchas Universidades, como la
nuestra –UNQui-, vamos a estar haciendo una vigilia antes de la gran marcha del
30 de agosto”.

La Delegada luego agregó: “La marcha es un paso más en la
defensa de nuestras Universidades. La estamos organizando conjuntamente desde
todo el país. Es un hecho histórico comparable con las épocas de la Alianza,
cuando también las Universidades Públicas fuimos blanco de ataques, de recortes
y de cercenamiento de derechos de la población”.

Romero además dijo: “Hoy todo comenzó un poco con la lucha
de los compañeros y compañeras docentes, que empezaron a reclamar para no
cerrar su paritaria a la baja –al 15 por ciento-. Lamentablemente para nosotros,
los trabajadores y trabajadoras administrativos y de servicios técnicos y
profesionales, en nuestra paritaria hay una federación que pertenece a la CGT,
la FATUN, que en abril cerró una paritaria a la baja para nuestros salarios, al
15 por ciento en cuatro veces, y que el 16 de agosto pasado la ratificó en el
medio de la lucha que estamos dando en conjunto con los compañeros y las
compañeras docentes”.

“Esto quiere decir una de dos cosas: O estas personas creen
que el 15 por ciento es justo en el marco inflacionario y de devaluación que
estamos viviendo, o creen que no es justo para los docentes pero nosotros
estaríamos siendo trabajadores y trabajadoras de segunda, por tanto merecemos
ese 15 por ciento. Ambas actitudes están siendo repudiadas en todas las
Universidades y es por eso que es muy importante que los trabajadores y
trabajadoras nos encontremos”, señaló la Delegada de ATE UNQui.

“Estamos convocando a una reunión de la Coordinación
Nacional de los Trabajadores de Universidades Nacionales que se va a dar en la
sede nacional de ATE el mismo jueves 30 a partir del mediodía. Van a venir compañeros
y compañeras de muchas Universidades del país, así como del CONICET, de la
CNEA, del INTI y de otros organismos. Vamos a hablar no solamente sobre cómo
nos vamos a organizar para defender las Universidades y la Educación Pública y
Gratuita, sino también sobre cómo armar un frente común para defender la
soberanía de la producción científica y todo lo que tiene que ver con el rol
fundamental que ocupan las Universidades, frente a la devastación que está
promoviendo el Gobierno Nacional con este siniestro plan de entrega y saqueo”,
agregó la Delegada.

“El mismo jueves 30, a las 17hs, estamos convocando desde un
espacio multisectorial donde están los compañeros y compañeras de la CONADUH y
de la CONADU, de las federaciones estudiantiles y todas las organizaciones que
estamos en la defensa de la Educación Pública y Gratuita, para marchar desde el
Congreso de la Nación hasta el Palacio Pizzurno”, cerró Jimena Romero.

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Contra los despidos: Abrazo a la Secretaría de Agricultura Familiar

 Este martes los empleados de la Secretaría
de Agricultura Familiar (SAF) iniciarán un paro de 72 horas “para frenar el
desmantelamiento que el ministro Miguel Etchevehere quiere ejecutar”, informó
Mario Den Dauw, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en
Entre Ríos y vocal de la CTA Autónoma Paraná.

En el marco del plan de lucha aprobado por el plenario de
delegados ATE de la SAF, este martes comenzará un paro nacional “ante las
versiones confirmadas que habrá una serie de despidos, ya que de los 1.000
trabajadores que quedaron en la repartición 
se echarían 600, a lo que se le agrega falta de presupuesto para
funcionar”, indicó  Den Dauw.

En Entre Ríos “actualmente son 43 trabajadores y  se habla de entre 15 y 20 despidos más”,
detalló el dirigente, quien recordó que en la provincia ya se echó el 60 por
ciento de la planta y este achique implicaría un 80 por ciento de trabajadores
desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, por lo que si estas versiones
se confirman “será la muerte de la agricultura familiar”.

Sin embargo, Den Dauw precisó que el vaciamiento “inició en
el Gobierno anterior y se profundizó en éste de Macri, ya que vienen
disminuyendo el personal, el presupuesto y la infraestructura para trabajar, a
lo que suma la falta de políticas públicas para llegar al pequeño productor”.

“Hace muchos años viene un achique de las producciones
familiares y en Entre Ríos el problema se agrava, porque más del 70 por ciento
de los productores están en el rango de los ‘pequeños y medianos’, quienes
deberían ser atendidos por las políticas de la SAF, ya que producen movimiento
económico local y no es la producción para exportar sino que son para el
mercado interno, que implica, además, un arraigo de la gente en el campo”,
apuntó.

La consecuencia del desmantelamiento de estos organismo es
la concentración en la producción en manos de grupos económicos y las diásporas
del campo a la ciudad, “problema que Argentina tiene desde hace mucho tiempo,
ya que el país posee un 95 por ciento de su población urbana, proceso que se
viene dando sostenidamente y se profundiza”.

Ante este escenario los trabajadores resisten y en Entre
Ríos, como en otras provincias habrá jornadas de protestas y acciones directas.
En Paraná se concretará el martes, a las 10, un abrazo a la SAF.

 El secretario general
de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, recordó que ATE Entre Ríos “adhirió al plan de
acción que se dispuso a nivel nacional ante los despidos en organismos
nacionales, recortes de beneficios sociales, en salud, educación y vivienda y
ante la fuerte escalada inflacionaria con los tarifazos, políticas del macrismo
que atentan contra el conjunto de la clase trabajadora, es decir, contra la
mayoría del pueblo argentino”.

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Villa María: Masiva marcha en defensa de la Fábrica Militar y sus trabajadores

Referentes de organizaciones gremiales, sociales y políticas
acompañaron en su reclamo a los operarios que se desempeñan en la planta
productiva impactada por las políticas oficiales de ajuste

Los trabajadores
ganaron la calle nuevamente, y el reclamo nos compete a todos

Con un fuerte llamado a la unidad de todos los trabajadores
para hacer frente a las políticas de ajuste y desarticulación del sistema
productivo que impulsa el Gobierno nacional en consonancia con los designios
del Fondo Monetario Internacional, se desarrolló anoche la marcha convocada por
la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Cerca de mil personas se unieron para dar cuerpo a la
movilización que se trasladó desde la sede de ATE hasta plaza Centenario, bajo
la consigna de defender a la Fábrica Militar.

“Esta no es la marcha de los trabajadores solamente por los
despedidos de Fabricaciones Militares, sino es la marcha por la defensa de los
derechos de los laburantes y del pueblo”, resaltó el sindicalista José Gorozo.

“Defendemos los puestos de trabajo de los compañeros de FM,
pero también de cada uno de los metalúrgicos que han sido despedidos, de los
que trabajan en la industria lechera, de los que trabajan en el comercio”,
sostuvo desde el escenario.

“Estamos junto a los que sufren el ataque del Gobierno, los cinco
compañeros de Luz y Fuerza que hoy han sido cesanteados de la Empresa
Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (EPEC)”, remarcó el dirigente
gremial ante la importante cantidad de público que se congregó frente a la
plaza.

“Es cierto que nos tocaron 42 compañeros el viernes y otros
28 en diciembre, pero también es cierto que podríamos contar de a miles en cada
una de las organizaciones sindicales y los despidos que se vienen produciendo
desde que asumió este gobierno”, expresó el referente de ATE Villa María antes
de invitar al escenario a los que fueron dejados sin trabajo.

Al emotivo momento le siguió luego el agradecimiento a cada
uno de las organizaciones gremiales, grupos estudiantiles, funcionarios
comunales, dirigentes políticos y todos aquellos que de una u otra manera se
mantuvieron junto a los trabajadores de la Fábrica, apoyando cada iniciativa y
reclamo. Todos los sindicatos que se nuclean en la Confederación General del
Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) estuvieron
representados.

La manifestación
también llegó hasta la puerta de Cambiemos

Antes de arribar al principal paseo público de la ciudad
para ocupar el escenario montado sobre la esquina de las calles General Paz y
Buenos Aires, los manifestantes hicieron un alto en el local partidario de
Cambiemos. Frente al inmueble, custodiado por efectivos policiales, los
participantes de la marcha apuntaron a la figura del legislador provincial,
Darío Capitani, sobre el que descargaron toda la bronca por entenderlo como uno
de los responsables de las cesantías que se dieron a conocer el viernes.

Por el lado del ámbito político, pudo observarse a figuras
del radicalismo como Nora Landart y Marcelo Barotto, al exintendente Eduardo
Accastello, a los legisladores provinciales Liliana Olivero y Eduardo Salas,
Eduardo Fernández de APYME y el Partido Solidario. También se sumó a la
convocatoria el intendente de Villa Nueva, Natalio Graglia, concejales de Villa
María y Villa Nueva y hasta los auditores generales, Alicia Peresutti y Nicolás
Morsila.

 “Tenemos que sumar a
todas las organizaciones barriales y a los jóvenes que son estigmatizados y
perseguidos”, dijo Gorozo

Vienen por nosotros

“Tenemos que entender que vienen por nosotros, hoy los que
nos gobiernan durante años usaron gerentes, son los dueños de los grupos
económicos”, acotó Gorozo.

“Macri y su gobierno son los que vienen a destruir a nuestro
país. Hay que tener bien claro quién es el enemigo y esos son Macri y los
grupos económicos que nos gobiernan”, añadió.

“Tenemos que ponerle mayor unidad a nuestras movilizaciones,
saber que no alcanza con los trabajadores y que hay que ir a buscar a los
pequeños y medianos empresarios que este gobierno está destruyendo
diariamente”, dijo además

 “Esto no va a durar
para toda la vida y tenemos que estar preparados para esa etapa, para profundizar
todos los cambios que haya que hacer. Compañeros, unidad en la lucha y de los
trabajadores, y al que no le gusta… se jode”, redondeó para cerrar Gorozo.

Acto seguido, el secretario general de ATE, Fernando
Mercado, señaló que “los trabajadores no hacemos política, la única política
que nos mueve son las conquistas de cada derecho que han sabido conseguirse a
lo largo de la historia”.

Mercado enfatizó que a los dirigentes gremiales “les corre
sangre por las venas y no se puede tolerar más que se humille a la clase
trabajadora”.

“Pueden llamar a la Justicia como en el corte de ruta los
otros días, podemos quedar sin voz de tanto gritar y pelear, pero lo que no nos
va a faltar nunca es la fuerza para pelear por la clase trabajadora. Estemos en
la calle juntos. Estos que manejan el país a través de la timba financiera no
saben lo que hay atrás de cada compañero despedido. Se piensan que somos solo
un número”.

“Sostendremos la promesa que le hicimos a nuestros
compañeros: a la Fábrica Militar no se la vamos a regalar, vamos a pelear por
ella”.

“Para eso vamos a necesitar de ustedes. Tienen dos caminos,
o se ponen del lado de los trabajadores o como ya es este gobierno pasan a ser
nuestros enemigos”, concluyó Mercado.

Para no mirar hacia
otro lado

Este frío, el viento lo cuela por cada agujero, el clima
también golpea a los trabajadores que, como si fuera en una misa laica, agitan
sus cantos a la esperanza, gritan su indignación y reúnen sus fuerzas y
exorcizando el fatalismo con el cual los liberales quieren justificar el
desgarramiento que significa dejar un trabajador sin su empleo.

El tam-tam del tambor sacude el aire y para el frío. Los
trabajadores saben que otros rezan al Dios Mercado, el que no tiene
contemplación con los niños que tienen hambre, con las madres que sufren la
angustia de la mesa vacía, con los hombres y mujeres que sufren el desempleo
que genera.

Los trabajadores no creen en las promesas del Mercado,
saben, por experiencia, que ese Dios trabaja para los que tienen más.

A mitad del acto en la plaza Centenario, el viento amaina.
La naturaleza sabe quiénes sufren la precarización, el desempleo, el desarme
del Estado y con ello ataca la sociedad salarial y los derechos de los que no
tienen grandes propiedades.

En cada cara se dibuja la esperanza, ya derrotan la idea de
fatalismo. Queda más lucha para delante y con eso los trabajadores forjaron los
derechos que les quieren quitar. La sociedad toda, las y los bien nacidos
tienen la responsabilidad de no mirar para otro lado.

Jesús Chirino / Secretario General de la Unión de
Trabajadores de los Estados Municipales (UTEM-CTA) de Villa María, Córdoba