Después de seis meses sin pagarles el salario, el Gobierno
Nacional despidió a 88 trabajadores de los equipos territoriales de Salud
Mental en Entre Ríos, Chaco, Misiones, Corrientes y Jujuy. Claudia Trangoni, de
ATE Salud Mental de Chaco expresó: “El gobierno nacional le está dando un golpe
mortal al Programa Nacional de Salud Mental”.
Trabajadores despedidos de los programas territoriales
dependientes de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Nación
(DNSMyA) se reunieron hoy en Resistencia, Chaco, con la diputada nacional
Lucila Masin, el director del Órgano de Revisión de Salud Mental local y con diversas
ONGs, militantes y organismos de Derechos Humanos para denunciar los despidos
de 88 trabajadores y el desmantelamiento de los equipos territoriales del
Programa Nacional de Salud Mental en esas provincias.
Los trabajadores denuncian que llevan de seis meses de
lucha, ya que desde febrero de 2018 que no cobran sus salarios y además
repudian que nadie los haya informado de su despido sino que tomaron
conocimiento de la situación por un audio viralizado en Whattsapp donde se
anuncia la decisión del Gobierno Nacional de dar de baja de sus contratos.
La delegada de ATE Salud Mental Chaco Claudia Trangoni
explicó a IDEP SALUD: “Hace dos años que todos los trabajadores de salud mental
estamos sufriendo un gran destrato, indiferencia y humillación: nosotros
estamos precarizados por la tercerización de nuestro trabajo hace muchos años,
pero en los últimos dos años la situación se hizo insostenible: se fueron
diezmando los equipos interdisciplinarios, hace seis meses que no nos pagan los
salarios y encima nos enteramos que dan de baja nuestros contratos por
Whattsapp. Nosotros queremos que nos reintegren a nuestro trabajo para defender
la salud mental, para defender la Ley 26.657 y para defender la plena
implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, ante la embestida de este
gobierno que ajusta y desampara a los más necesitados”.
Además, explicó que sufre precarización laboral desde hace
años por ser trabajadores tercerizados a través de la Universidad Nacional de
Entre Ríos y denunció que, ahora, “todo va para peor”. “Están desmantelando los
equipos territoriales en salud mental que somos los que llegamos a las
poblaciones donde nadie llega: nosotros en Margarita Belén, Chaco, asistimos a
una población de 600 mil personas por año y ahora la gente se va a tener que
trasladar o quedarán sin asistencia. Hay lugares donde los trabajos se pudieron
mantener, pero en la mayoría de los casos diezmaron equipos completos”, añadió.
La delegada de ATE expresó que están luchando para revertir
la situación y mantener los puestos de trabajo: “Necesitamos que el Gobierno
Nacional recapacite ya que el Director Nacional (Luciano Grasso) dice siempre
que defiende la Ley Nacional de Salud Mental, que trabaja por el bienestar de
los usuarios y la comunidad, pero esta decisión deja en claro que está abandonando
a su suerte a los usuarios de salud mental, a los posibles usuarios y a la
población, porque nosotros no atendemos solamente a pacientes con padecimiento
mental, nosotros atendemos a toda la población desde niños que sufren abuso
sexual, casos de violencia de género, todo lo que tenga que ver con la salud
mental".
Con estas medidas, concluyó, “el gobierno nacional le está
dando un golpe mortal al Programa Nacional de Salud Mental”.
