En el marco de las gestiones judiciales y políticas que ATE
Nacional y los Consejos Directivos Provinciales vienen realizando para reclamar
la reincorporación de los 88 trabajadores de equipos territoriales de Salud
Mental despedidos en Chaco, Corrientes, Misiones, entre Ríos y Jujuy, el IDEP
Salud le solicitó intervención al Consejo Consultivo de la Ley Nacional de
Salud Mental.
En la carta dirigida a su Presidenta, la Dra. María Marcela
Bottinelli, y firmada por Celina Pochettino y Daniel Godoy, el Instituto le
pidió al Consejo que tome posición y medidas, de acuerdo a sus funciones,
respecto de la gravísima situación en la que se encuentran hoy, 88 trabajadoras
y trabajadores de las provincias de Chaco, Misiones, Entre Ríos, Corrientes y
Jujuy.
“La historia de estos equipos surge con la mismísima Ley
26657, en el 2011, su modo de contratación desde ese entonces ha sido precario,
pero se ha agravado en los últimos dos años y medio, llegando a adeudarse 6 meses de salario y
quedando en condiciones de trabajo y asistencia paupérrimas. Ahora, a lo
descrito se suma una versión por WhatsApp que comunicaría la intención de no
continuidad (despidos)”, informaron.
A su vez, detallaron que “se trata particularmente de
territorios con múltiples carencias, y
postergados, aquí hay que saber, que equipos y población tejen en acto
salud mental comunitaria diariamente”.
“El director Nacional de Salud Mental, Lic Luciano Grasso,
ha recibido a una representación de trabajadores de ATE y ha ofrecido su
compromiso incumplido de regularización de la situación”. Además, continúa, “se
ha osado poner en duda el trabajo que se viene realizando a pesar de estas
condiciones, aprovechando la precariedad y demostrando un claro desprecio a lo
comunitario como a los territorios más relegados por las políticas públicas en
general”.
Ante ello: “Desde ATE Argentina e IDEP Salud se avanza en
medidas gremiales y políticas que no permitan invisibilizar este avasallamiento
a la salud mental comunitaria y garanticen el derecho a la salud de nuestras
poblaciones”.
“Consideramos de vital importancia que el Consejo Consultivo
Honorario intervenga ante este avasallamiento al paradigma de la salud mental
comunitaria, de las usuarias y usuarios y de los trabajadores y trabajadoras”,
concluye el documento.
