En la sede de ATE Nacional se realizó una charla debate por
el Aborto Legal Seguro y Gratuito con el objetivo de “debatir por qué creemos
que se debe tratar y sancionar este proyecto”, tal como lo expresó Marta
Galante, Directora de Género de ATE, al abrir el panel.
Hablaron dirigentes sindicales, militantes barriales,
especialistas y activistas de la Campaña por el Aborto, Legal, Seguro y
Gratuito, que impulsa el proyecto que se está debatiendo en el Congreso de la
Nación desde el 10 de abril, y de la que ATE es parte. Entre todas dejaron en
claro por qué el aborto legal es un derecho impostergable, una cuestión de
Estado y de salud Pública.
La primera en tomar la palabra fue Silvia León, Secretaria
de Organización, quien comenzó reivindicando a aquellas compañeras que, como la
abogada Nina Brugo, pelearon desde hace muchos años para que ATE y la CTAA tomen en sus manos la lucha por la
legalización del aborto.
Asimismo, se refirió a la importancia de dar el debate entre
las trabajadoras y trabajadores: “Nosotros reproducimos políticas públicas, sea
para la liberación o para dependencia, y esencialmente las trabajadoras/es del
Estado. Por eso, tenemos que profundizar debates que posibiliten avanzar en un
Estado al servicio de las mayorías y que permita garantizar a las mujeres este
derecho cuando lo necesitan y lo deseemos”.
“Una vez que la ley
este aprobada, vamos a ser las trabajadoras y los trabajadores quienes, o pongamos
trabas o quienes canalicemos para que el derecho se garantice”, agregó la
dirigente.
Los argumentos sobran
Marisa Matía de IDEP Salud, abordó la cuestión del aborto
desde la perspectiva de la salud pública. Matía contó que en mayo participó en
una de las audiencias del debate en el Congreso, donde presentó evidencias que
arrojan las políticas públicas y el trabajo de las organizaciones sociales.
Por ejemplo, los datos que demuestran que la ilegalidad del
aborto es un problema de justicia social porque son las pobres las que mueren
por aborto clandestino. “En 2011, cuando estuve a cargo del programa de Salud
Sexual y Procreación Responsable de la provincia de Buenos Aires, hicimos un
estudio que dio como resultado que, sólo en la provincia, se habían producido en
2009 24 muertes por aborto clandestino. De esas 24 mujeres, 21 corresponden al
estrato (criterio elaborado por INDEC) de peor situación social”, explicó.
También expusieron Agostina Felice y Lucía Hernaiz, quienes
integran la grupa de Comunicación de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y
Gratuito. Las activistas rebatieron distintos argumentos que utilizan los y las
“anti derechos” al referirse al aborto, y aclararon ciertos lineamientos que son
estratégicos.
-“La diferencia entre despenalización y legalización del
aborto es uno de los ejes fundamentales que estamos saliendo a disputar porque tiene
un correlato en qué proyecto de ley finalmente se vaya a aprobar”, destacaron. “Si
se despenaliza sólo se acaba la clandestinidad, pero no así con la inseguridad”,
explicaron.
Lucía detalló: “No legalizar y sólo despenalizar agranda la
brecha de desigualdad, además de que no responsabiliza al Estado de esta
cuestión de Salud. Sólo lograría que las que tienen más sigan con sus vidas
seguras, tranquilas y sin culpa, porque ya no sería delito. Mientras tanto, las
compañeras de los barrios seguirían teniendo que recurrir a la práctica de
abortos inseguros”.
– También dejaron en claro que “practicarse un aborto en
condiciones seguras no pone en peligro tu vida”. “Es más riesgoso transitar un
embarazo y parir que practicarse un aborto, y es muy importante señalar esto
para derribar otro de los grandes mitos que las anti derechos quieren plantear.
Al igual que el mito de que practicarte un aborto te va a dejar cívicamente
destruida de por vida, como si la maternidad forzada no lo hiciera”.
-Agostina respondió a quienes defienden la penalización: “Que
la respuesta del Estado sea tirarnos con el Código Penal y con la calificación
de delito sobre el aborto, evidentemente no nos está persuadiendo. Pasamos de
370 mil a 500 mil abortos por año. Esto da cuenta de que esto es una realidad,
que sucede, y que el Código Penal como herramienta disuasoria no estaría
funcionando. Si tomamos la decisión de practicarnos un aborto tiene que ver con
nuestra libertad, con nuestra autonomía, con nuestra decisión de ser madres o
no”.
-En la misma línea se expresó Lucía: “Se realizan 1.300
abortos por día, 54 por hora. La tasa de interrupción del embarazo se reduce en
los países donde está regulado y legalizado, y sigue creciendo en los que
tienen medidas restrictivas. Esto está completamente comprobado, porque una
mujer que entra a una clínica para realizarse un aborto legal, cuando sale lo
hace con información y métodos anticonceptivos para evitar abortos futuros”.
Por su parte, María del Rosario, militante de la CCC y
trabajadora despedida de Kraft, insistió en que el aborto es un tema de clase. “Las
que mueren son las pobres, y no es por apoyarnos en las pobres, es un hecho. En
Argentina, en este momento, un aborto cuesta entre 16 y 20 mil pesos. Y cuando
una mujer no quiere tener un hijo, hace cualquier cosa, porque lo tiene
decidido. Nos hemos metido sondas, pastillas, hasta hemos pasado por clínicas”,
manifestó. “Enhorabuena que el tema se plantee y se debata en la sociedad”.
“Nosotras tenemos derecho a decidir cuándo ser madres y
cuántos hijos tener. Tenemos que impulsar el debate, y sobre todo, tenemos que escuchar
más que bajar línea porque sobre todo a las más mayores porque les han metido
tanto que de esto no se habla y de eso todavía hay resabios”, finalizó.
El aborto como hecho político
Viviana Norman es socióloga feminista y trabaja en el INJUVE
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En su intervención abordó el
aborto como un hecho político y económico, desde una mirada socio-histórica.
“Estamos siendo protagonistas de un proceso de producción de
política pública que, no sin resistencias, se instaló en la agenda pública. Sobre
todo quienes trabajamos en el Estado y más en salud, contamos con evidencia
suficiente sobre la urgencia que hay en dar respuesta urgente a las mujeres y
cuerpos gestantes que todos los días deciden interrumpir sus embarazos”,
comenzó Norman.
“Si según las cifras disponibles es innegable que en
Argentina se practican abortos, ¿no es esta evidencia suficiente para que el
Estado de una respuesta responsable hecha ley?”, indicó la socióloga para luego
explicar que “las resistencias para la aprobación de la ley se suscita porque más
que una práctica intima y privada como se insiste que se comprenda es un hecho político”.
“Hoy tenemos un Código Penal que penaliza la práctica de
interrupción voluntaria del embarazo (por fuera de las tres causales) ejerciendo
dominio sobre los cuerpos que se obstina en seguir colonizando, pero no frena
la decisión de las mujeres de abortar, y aquí radica nuestra potencia
contestataria. El derecho héteropatriarcal punitivo se relaciona íntimamente
con la violencia y la política. Es violencia cuando se niega el aborto y se
empuja a la clandestinidad, pero también cuando se esteriliza sin
consentimiento, se practica la mutilación genital o cuando se obliga a
continuar con embarazos”, continuó.
“Es importante defender la autonomía de nuestras cuerpas
para evitar que esta lógica legal imperante continúe. En eso estamos”, concluyó.
