El foro de Senadores patagónicos recibió esta mañana a ATE y
a otros representantes de la mesa intersindical de YCRT, quienes ofrecieron un
informe técnico – jurídico sobre lo que ocurre en Río Turbio. “Creemos que se
intenta paralizar la mina y terminar con el proyecto de la usina de 240 megas”, dijo
Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE Nacional, al denunciar la
intervención de Omar Zeidán y la política del Gobierno Nacional.
“Están produciendo pérdidas millonarias, con trabajadores
echados, con la paralización de la mina. Además, se va a tener que comprar
energía afuera a valores extraordinarios y se van a tener que pagar multas”, señaló el dirigente, quien
expuso en representación del gremio junto a Alexis Barraza, del equipo
jurídico.
“Cuando defendemos un puesto de trabajo estamos defendiendo la
soberanía energética, porque esto trae daños sociales y económicos, pero
también hay que tener en cuenta que la mina está enclavada a pocos kilómetros de
la base de la OTAN y que es clave para el desarrollo de toda la ciudadanía”,
añadió “Cachorro”, en referencia a la lucha de ATE tras los 500 despidos en
YCRT.
Cabe mencionar que, al cierre del encuentro, desde la Comisión de Energía de la
cámara alta se comprometieron a convocar
al Gobierno Nacional para que expongan
sobre las razones que llevaron a los despidos y desinversión en el
yacimiento.
A su turno, Barraza explicó: “La empresa despidió a 500
trabajadores en el contexto de denuncia del Convenio, y en medio del proceso
negociación colectiva. Y el Ministerio cierra el diálogo en julio 2017. Así es
como el gobierno implementa diálogo social”. Y agregó: “Con los despidos viola
la estabilidad del empleado público que está garantizada por Convenio, con
total ilegalidad y arbitrariedad por parte de la Intervención. Los trabajadores
no pueden ser despedidos sin sumario previo”, puntualizó.
Barraza informó que la Justicia federal de Río gallegos hizo
lugar a una cautelar que se presentó por
la reincorporación de un trabajador. Ahora, ATE y la Intersindical avanzan tras la presentación de otras 120
cautelares.
“Hay un total avasallamiento del Estado de Derecho y por eso
hay que forzar a la empresa a volver atrás. Creemos que esto lo hacen para despedir,
aplicar procedimiento de crisis y forzar a aceptar retiros voluntarios. Vamos a
proponer atacar la validez de la conformidad de esos retiros”, finalizó.
En el recinto también estaba presente Miguel Páez,
secretario general de ATE Río Turbio; Ernesto Contreras, de la Conducción
Nacional y el abogado Juan Carlos Capurro.
Al cierre de la reunión Páez evaluó la reunión como “positiva”
e indicó: “Esperamos poder tener el acompañamiento de los senadores para
impulsar la comisión bicameral, para darle seguimiento a lo que está sucediendo
y que ese pueda resolver este conflicto, con los compañeros trabajando y con el
Yacimiento en marcha”.
Cabe aclarar que la presentación técnica estuvo a cargo de
Jesus Jose Soruco, quien fue gerente de la mina con 44 años de profesión
especializada, y argumentó sobre la “importancia mundial” del carbón que se
extrae en la Cuenca Carbonífera de Río Turbio. “Es el único 100% apto para
licuefacción”, destacó. Y concluyó que: “Es un crimen tener la mina parada
porque siempre estuvo en condiciones”.
A su vez, participaron los legisladores nacionales Ana María
Ianni de la Provincia de Santa Cruz, Alfredo Luenzo y Juan Pais de la Provincia
del Chubut, Guillermo Pereyra y Lucila Crexell por la Provincia del Neuquén,
Julio Catalán Magni de la Provincia de Tierra del Fuego, Silvina García
Larraburu por la Provincia de Río Negro, y acompañarón la Senadora, Ana Almirón
de la Provincia de Corrientes y la diputada mandato cumplido, Vilma Ripoll.
Asimismo, se contó con la presencia de legisladores provinciales de la
provincia de Santa Cruz, intendentes, concejales, funcionarios de gobierno de
distintos municipios y representante de los gremios.
