El domingo pasado, el programa de televisión ‘Periodismo
Para Todos’, conducido por Jorge Lanata en Canal 13, emitió un ‘informe’ sobre el
lanzamiento del sistema de Cobertura Universal de la Salud (CUS) que el
Gobierno de Mauricio Macri pretende aplicar en todo el país. Sin embargo, es
difícil definir lo publicado en el canal de aire del poderoso Grupo Clarín:
Claramente no se trata de una producción destinada a informar al público sobre
el tema, sino a convencerlo sobre las ‘bondades’ del terrible sistema de salud que
pretende implementar el poder económico.
Además, en su afán de proteger su rol ‘periodístico’ –en oposición
a su verdadero rol propagandístico-, ‘Periodismo Para Todos’ buscó justificar
su bajada de línea mostrando superficialmente la opinión de una de las organizaciones
populares que más se ha pronunciado en contra de la CUS: La Asociación
Trabajadores del Estado. Con brevísimos fragmentos tomados de entrevistas
realizadas al Secretario General de ATE Mendoza, Roberto Macho, el programa de
Jorge Lanata trató de reducir a una mínima expresión la argumentación opositora
al sistema.
Las corrientes más liberales no conciben la idea de un
sistema público de salud totalmente gratuito, no selectivo y que cubra todos
los niveles del sistema, desde Atención Primaria de Salud (APS), hasta alta
complejidad. Esto lleva a una discusión más de fondo y que se sintetiza en la
pregunta: ¿Para quién debe ser gestionado este Estado? ¿Para que las grandes
mayorías de la sociedad puedan tener acceso al trabajo, educación, salud,
deporte, recreación, o para las minorías que obtienen enormes ganancias con
estas necesidades?
Es por ello que ATE reafirma su compromiso de seguir
peleando por un sistema de salud público, gratuito y de calidad que impulse
políticas de Estado que contengan y resuelvan para el conjunto del pueblo tanto
en la prevención, como en la atención y cuidado de los trabajadores.
La mirada –completa- de
ATE sobre la CUS
Cuando el Presidente Mauricio Macri anunció el lanzamiento
de la CUS, en diciembre de 2016, desde el Consejo Directivo Nacional de ATE se
redactó y envió una carta al mandatario expresando las críticas del sindicato
de estatales contra la implementación. A continuación, la carta completa:
En la condición de integrantes del Consejo Directivo
Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado de la República Argentina,
nos dirigimos a ustedes a fin de expresarles nuestra preocupación por la
anunciada implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS).
Vislumbramos que detrás de los dichos que anuncian una
iniciativa bienintencionada, se esconden trampas conocidas; o dicho de otra
manera, bajo la supuesta promesa de mejoría para algunos se oculta el intento
de cristalizar un conjunto de dispositivos que profundizan la instalación del
sistema de aseguramiento iniciado en la Región y en nuestro país en los ‘90, y
que implican consecuencias gravísimas para la consagración del Derecho a la
Salud de las argentinas y argentinos, y una especial desestructuración terminal
al Sector Público y sus trabajadoras y trabajadores.
Los trabajadores del Estado hemos sido blanco particular de
la gestión del nuevo Gobierno: El Estado Nacional despidió y/o cesanteó este
año a 11 mil empleados, y eso alentó a Provincias y Municipios de distinto
signo político, llegando a 50 mil compañeras/os despedidos en todo el país.
Esto significó el deterioro de Áreas y Programas críticos y/o sensibles del
aparato estatal, con el consiguiente debilitamiento de Políticas Públicas que
deben llegar a millones de argentinas y argentinos. Y los que quedamos con
trabajo, hemos acumulado una pérdida relativa de nuestro salario equivalente a
un salario medio mensual, producto de la diferencia entre la inflación y la
pauta salarial acordada con el sindicalismo acuerdista.
El acuerdo con los ‘holdouts’ que significa retomar la senda
del fuerte y condicionante endeudamiento externo; la mega devaluación de la
moneda que trajo aparejada un efecto inflacionario que golpeó en la mesa de los
argentinos; el millón y medio de nuevos pobres; la pérdida de puestos y fuentes
de trabajo del sector privado; la transferencia de cerca de 20.000 millones de
dólares a los sectores concentrados de la economía vía reducción o eliminación
de retenciones a la producción sojera y minera; el tarifazo; la apertura
indiscriminada de importaciones de productos manufacturados en el país que pone
en riesgo la supervivencia de miles de pequeñas y medianas empresas y con ello
la preservación de cuantiosos puestos de trabajo, son el paisaje por donde
transcurre esta nueva etapa político institucional en la Argentina.
Más allá de que como sabemos estas medidas económicas
generan condiciones que influyen directamente en la determinación social de la
salud, representan también una vuelta a las recomendaciones neoliberales de los
‘90 para el ámbito sanitario mediante viejas e ineficaces recetas. Entre ellas,
la clásica prescripción del Banco Mundial que insiste con la necesidad de crear
mediante la CUS, un seguro de salud para pobres que ‘garantice’ una ‘canasta
básica’ de prestaciones para los sectores excluidos.
La necesidad de ‘asegurar’ a un conjunto de personas que ‘no
tienen asegurado’ el Derecho a la atención sanitaria es la primera falacia
desde donde se pretende montar la argumentación para la implementación de la
CUS.
En la Argentina, el acceso a la salud es formal y legalmente
Universal y Gratuito consagrado por la propia Constitución Nacional sancionada
en 1994: En su artículo 75, inciso 22, aprueba la inclusión con rango
constitucional de tratados internacionales, entre ellos la ‘Declaración
Universal de Derechos Humanos’ que en su artículo 25 expresamente indica: “Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad”.
El uso de los términos ‘cobertura’ y ‘seguro’ simbolizan el
desplazamiento de las ideas de ‘atención’ o ‘derecho’ consagradas por la
Constitución e implican una relación de ‘contrato’ no de DERECHO. Estos
términos simbolizan, por lo tanto, el Caballo de Troya que transporta la trampa
que legitima el alejamiento del diseño de la oferta de servicios públicos de
salud, su integración y la eficacia sanitaria.
La intención oculta es trasladarla hacia la contención de ‘costos’,
estableciendo un conjunto restringido y ajustable de prestaciones donde el
Estado pasa a ser un ‘comprador’ de esas prestaciones que puedan ejecutar tanto
el propio sector público como el privado. Esto en la práctica significa que los
servicios podrían ser enteramente provistos por empresas privadas si así lo
determinara la famosa ley de la oferta y la demanda, mientras el Estado sólo
interviene para asegurar los fondos para esos servicios y regula su calidad y
variedad a través de mecanismos y Organismos de escasa o nula legitimidad y
transparencia con marcada influencia de los sectores del negocio de la
enfermedad.
Es frecuente escuchar que hay un sector de la población
argentina sin cobertura de salud. Se estima en aproximadamente 36%, es decir
alrededor de 15,7 millones de compatriotas. No obstante la afirmación es sólo
parcialmente cierta, ya que el subsector público de salud a través de sus
trabajadoras y trabajadores, aunque con expresiones disímiles en las distintas
jurisdicciones, cubre todo el país ofreciendo el acceso al derecho a la salud.
Pese a las crecientes dificultades producto de un deterioro programado e
intencionado, la presencia del sector Público, sus efectores y sus
trabajadores, en cada rincón del territorio, son la mejor garantía del acceso a
la atención, aunque se impongan conductas activas para reposicionar al sector
público para poder dar respuestas más efectivas y calificadas.
Esa situación se da ya sea porque en muchos rincones del
país éste es el único efector disponible o bien porque consideran que en el
ámbito público obtienen mejor respuesta. Dos ejemplos contundentes: Cerca del
60 % de los 750.000 partos anuales que se registran en la Argentina se producen
en instituciones públicas; es decir, que no solamente se asiste en el sector
público a esa franja poblacional sin seguro, sino que un porcentaje importante
de los que lo tienen eligen al Hospital Público como efector. Y el otro ejemplo
son las emergencias, cuyos servicios de atención permanente en Argentina están
garantizados por el sector público, pero además la pauta cultural más acendrada
en la población es que ante una urgencia o emergencia el mejor lugar para
atenderse es el hospital.
Concluimos que ya existe cobertura universal en salud.
Entonces, si Argentina cuenta con una red pública extensa de efectores y de
trabajadoras y trabajadores, distribuida en todo el territorio, abierta y
disponible para la atención de quien requiera atención sin discriminación, ¿lo
que falta es un seguro de atención básica, o lo que se requiere es fortalecer
esa red?
La propia ‘canasta básica’ que hará operativa la CUS, es
sinónimo de inequidad, ya que parte de aceptar que para algún sector de la
población -aquellos que debieran en función del principio de equidad recibir
más- los servicios se limitan a un conjunto acotado. Excluyendo prácticas de
salud que hoy existen, limitando derechos o teniendo que acudir a la judicialización
de la salud, como se observa plenamente en todos los países que han
implementado este sistema (Chile, México o Colombia). Además, todo lo que no
esté incluido en la ‘canasta’ cada persona lo debería resolver por su cuenta. O
sea, por fuera de la cobertura mínima, el sistema de salud se va a regir por la
ley de oferta y demanda, lo cual implica que aquello que el Estado no pague, va
a tener que ser costeado a precio de mercado de manera individual, por
consumidores de salud. Ante esas situaciones los sectores populares se ven en
clara desventaja: Sólo tendrán acceso total al resto de los servicios, aquellos
que puedan pagar por ello. Y los ‘gastos de bolsillo’ (o sea por ‘aquello’ que
no está incluido en el seguro) obviamente, se van a incrementar exponencialmente.
Sabemos que la financiación adecuada para el sector salud,
es una condición necesaria pero insuficiente para asegurar acceso, equidad,
eficacia y calidad de los Servicios de Salud. O sea, puede haber más o menos
plata (presupuesto), pero la pregunta es: ¿Quién la administra? ¿Qué modelo de
atención se financia? ¿Quién se queda con esa plata? El anuncio de la CUS se
sustenta en utilizar 29 mil millones de pesos del Fondo Solidario de
Redistribución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). De esos
29.000 millones de pesos, solamente 8.000 millones de pesos pasarán a formar
parte de un fondo que será administrado por una Unidad Ejecutora de la que
participarán 2 representantes del Ministerio de Salud de la Nación, 2 de la
Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y 2 de la CGT (socios del ‘acuerdo’).
Es decir que en concreto, el financiamiento inicial se basa en el aporte de los
8.000 millones ($42 por mes para cada uno de los casi 16 millones de personas)
provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, que será por única vez,
previendo el retiro progresivo del nivel nacional, transfiriéndolo a las
provincias y a los municipios. Otra vieja y conocida receta neoliberal: Descentralizar
políticas sociales sin fondos, generando el riesgo de no poder sostenerse en el
tiempo. Insignificante aporte frente a tamaño anuncio que se presenta como una
gran solución.
La ‘canasta’ prevé un modelo restrictivo, curativo y
biológico; algunas (no todas) las prestaciones para algunas (no todas) las
enfermedades, sin acciones de prevención y adaptable a la decisión política de
qué ‘canasta’ se financia, obviamente ajustable según criterios de mercado.
Esta ‘canasta’ la podrían ofrecer tantos los Hospitales (sector Público) como
las clínicas y sanatorios (sector Privado), lo que abre claramente la
posibilidad de una transferencia de ‘asegurados’ o ‘prestaciones’ (y por lo
tanto recursos públicos) al sector privado. Al relativizar el carácter público
exclusivo de las prestaciones de salud, lo que se está procurando en realidad,
es la creación de mercados de salud que puedan ser explotados por el capital.
Específicamente, hay una decisión consciente y planificada de introducir ‘mercados
internos’ dentro del dominio de las prestaciones públicas. Y la noción de ‘privados’
no sólo va a estar prevista en la conformación tradicional (clínicas y
sanatorios), sino también en formas institucionales de alta precariedad
institucional (aseguradoras, UTEs -Unión Transitoria de Empresas-, sociedades anónimas).
En este marco, la situación de las trabajadoras y
trabajadores del sistema Público es de alto riesgo. No sólo se prevén
modalidades de contratación y retribución (salario) más precarizantes como pago
por cápitas o por rendimiento sino que es probable que los planteles se
achiquen si los ‘pacientes’ eligen al efector privado y, por lo tanto, se
reduce la demanda del Hospital Público.
La estrategia o, como gusta expresar la actual conducción
sanitaria nacional, esta ‘política sustantiva’, colisiona con las ideas de
quienes creemos que hace falta afianzar sistemas universales de salud que
aseguren equidad, integralidad y gratuidad, para el ejercicio pleno de un
derecho ciudadano garantizado por el Estado, tal como manda nuestra
Constitución Nacional.
Falta mucho para que esa red resulte igualmente efectiva en
cada rincón de la patria. Infraestructura, equipamiento, comunicaciones y
especialmente trabajadores de salud en número y con formación suficiente y una
mirada amplia sobre la salud, marcan diferencias que ponen en riesgo el acceso
al derecho. Es de la mano de políticas de fortalecimiento de ese sector,
propendiendo a la integración efectiva de los distintos actores, en que se
continuará mejorando y no limitando el accionar de la misma a escasas
funciones.
