En la tarde del sábado, en la Plaza central de Resistencia, la 25 de mayo, se realizó el Tribunal Ético, Popular y Feminista presentó distintas historias donde la justicia patriarcal fue cómplice de la impunidad de los casos. ATE y la AJB presentaron el caso de las estatales Laura Iglesias y Cristina Santillán y de una trabajadora judicial que denunció el acoso de un Juez en Olavarría.
Este Juicio a la Justicia Patriarcal es un proceso colectivo en construcción, que intenta abordar los impactos del sistema de justicia patriarcal sobre la vida, los cuerpos y territorios de las mujeres, lesbianas, e identidades femeninas trans y travestis de diferentes países de América Latina y El Caribe. El objetivo es contribuir a develar las consecuencias de las múltiples violencias que sufrimos las mujeres, lesbianas, e identidades femeninas trans y travestis, entrelazadas con las violencias racistas, capitalistas, coloniales, imperialistas.
A través de “casos testigos”, y del análisis de especialistas, se sistematiza la operatoria de la justicia patriarcal, y los efectos negativos que se desprenden de la misma. Se contempla la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y económica, simbólica, y distintas modalidades de violencia institucional, violencia laboral, violencia contra la libertad reproductiva. Asimismo se considerará la vulneración de sus derechos civiles, económicos, sociales, culturales, ambientales y territoriales.
Trabajadoras organizadas y violentadas
Silvia
León, Secretaria de Organización de ATE Nacional reflexionó: “Este Encuentro
tiene una dimensión menor en cantidad de mujeres pero ha tenido mucha potencia
porque las mujeres estamos pudiendo precisar los núcleos centrales de la
dominación que tiene el patriarcado sobre nuestras vidas. Y un emblema de eso
es este juicio ético del que nuestra ATE y la CTA-A son parte, y que contó con tremendos
testimonios sobre cómo la justicia patriarcal impacta en nosotras”. La
dirigente agregó que ambas organizaciones serán parte de las audiencias públicas
en las que, a lo largo del año, presentarán todas las situaciones de violencia
laboral que padecen las mujeres.
En el marco del juicio, Yanina Grismau presentó el Caso Cristina Santillán, condenada a 7 años de prisión por defenderse de su agresor, quien durante 40 años la sometió a todo tipo de violencias. Gracias a la lucha de la Asociación de Mujeres en Lucha de Azul, de la que ATE Azul es parte, se evitó que la condena sea perpetua. “Desde nuestra ATE creemos que el camino es que las mujeres feministas estemos organizadas para acorralar a esta justicia patriarcal”, señaló la responsable de Género de ATE Provincia de Buenos Aires quien al cerrar sostuvo: “Cristina decía en el juicio que al ver lo q tuvieron que pasar sus hijos prefería ser una menos. No podemos permitir que nuestras compañeras prefieran estar muertas a enfrentar a la justicia”.
Estuvo presente una compañera de Laura Iglesias, quien era trabajadora del Patronato de Liberados Bonaerense en Miramar, y fue violada, torturada y asesinada en el contexto de su trabajo. “Exigimos que nuestro cuerpo no sea la política pública, porque esa política pública la dejo en esa vulnerabilidad que la mató”, sostuvo. Si bien por el femicidio de Laura está imputado Esteban Cuello, quien se encuentra detenido y a la espera del juicio, se consiguió que se abra una nueva investigación ya que la familia y el entorno de aseguran que es imposible que haya actuado solo.
Celia Lorente, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la Asociación Judicial Bonaerense denunció ante el Tribunal Ético al juez de familia de la ciudad de Olavarría AJB, Claudio García, quien acosó a una trabajadora judicial: “Ahora ella está con una licencia inespecífica mientras que él sigue siendo Juez en casos de acoso”, indicó Lorente a la vez que informó que desde el sindicato se solicitó a la Corte Suprema de Justicia el jury y el apartamiento provisorio del magistrado en su cargo mientras dure el proceso de enjuiciamiento.
Otros casos
Las Isadoras y la Mesa provincial por la libertad de Victoria Aguirre contaron el caso de la mujer que está presa por el asesinato de su hija de 2 años y medio, a la que mató su pareja y agresor. Leyeron una carta que escribió Victoria desde la cárcel en la que cuenta su sufrimiento y pide a los jueces que investiguen lo que pasó.
La causa de Mayra Benítez está parada porque para la fiscalía no hay más qué hacer, denunciaron las mujeres organizadas en Ni una Menos de Chaco que denuncian que se la llevo una red de trata. “Mayra está viva y la seguimos buscando”, expresaron.
Cuando la familia de Mariela Fernández, también de Chaco, fue a pedirle a la policía ayuda porque su pareja la tenía encerrada les dijeron que ella misma tenía que hacer la denuncia. “Acá el problema son los que hicieron nada para que este viva”.
La red de mujeres de Lugano nació a partir del secuestro de una red de trata de Nadia Rojas. “Hay que darle mucha importancia a las adolescencias villeras porque están en riesgo”, convocaron.
“¿Por qué me condenan si no hice nada?” Fue las única palabras que dijo Reina Maraaz ante el tribunal. Estuvo presa por pobre, migrante y por no hablar español, acusada de un crimen que no cometió y fue absuelta gracias a la lucha feminista y popular de las mujeres organizadas en el FOB y en la Campaña contra las Violencias.
Desde Chile llegaron compañeras que lucha por la libertad de la Machi Francisca, autoridad mapuche presa para desarticular la lucha de ese pueblo. Desde Paraguay, en tanto, llegaron compañeras para denunciar el impacto de los agronegocios en las comunidades y la criminalización de las campesinas que lo enfrentan y, desde Honduras, las compañeras que exigen justicia por Berta Cáceres, caso que la justicia quizo juzgar como un crimen pasional y la lucha popular logró revertir.
Otro de los casos presentado, para analizar las violaciones de los derechos humanos de mujeres, lesbianas, trans, travestis, y el lugar específico del sistema de justicia en su realización y legitimación, fue el de la joven Johana Ramallo, secuestrada por una red de trata este año en la ciudad de La Plata. Estuvo presente su mamá quien volvió a pedir que “devuelvan a Johana”.
“Es importante ir documentando cómo mujeres somos criminalizada, asesinadas. Lo que pasa acá pasa en el mundo”, reflexionó Miriam Miranda, de Honduras, una de las jurado que en esta ocasión integró el Tribunal Popular Feminista, que eventualmente también será integrado por otras referentes del movimiento feminista como Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo (LF); Mirta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo (LF); y Nina Brugo (Abogada Feminista).
Durante varios meses se seguirán realizando durante los próximos meses en distintos puntos del país y culminará durante la semana del 2/3/2018 (segundo aniversario del crimen de Berta Cáceres, coordinadora general de COPINH) al 8/3/2018 (aniversario del crimen de las niñas de Guatemala).
