Las elecciones
generales de octubre marcarán un antes y un después en la composición de bancas
(y bloques políticos) de la próxima cámara de diputados. También marcarán un
antes y un después en el ámbito de la previsión social.
El anuncio que hiciera
previo a las PASO Emilio Basavilbaso, titular del ANSES, respecto a la “posibilidad”
(viniendo de este gobierno debería leerse “seguridad”) del envío de una ley al Parlamento
para que se estudie una futura reforma en la edad jubilatoria pone el sistema
en alerta.
El gobierno nacional, a
través Basavilbaso, sostiene que así como se plantea el actual sistema
previsional es inviable. Esta apuesta deslizada como al pasar (otro prueba ensayo-
error al que nos han acostumbrado), será anunciar un incremento en la edad
jubilatoria que para los hombres pasará de los 65 a los 67 años y en las
mujeres de 60 a 62. Aunque se trató de aclarar que estos cambios en la edad jubilatoria
serán “voluntarios”, el funcionario del ANSES omite decir que quiénes no
adhieran a la suba de la edad también cambiará el porcentaje de lo que vaya a
cobrarse. Lo que es decir en la jerga futbolera con la reformulación
jubilatoria el gobierno va a correr el arco.
El reciente simulacro
electoral en las PASO sin dudas preanuncia que el gobierno subirá la cantidad
de legisladores, y por ende le ofrece mejores condiciones para negociar con
otras minorías las posibles modificaciones del sistema previsional.
Armonización
del sistema previsional
Las Cajas de
Jubilaciones provinciales es el otro botín al que se apunta desde Nación. El
año pasado cuando quedó aprobado el llamado proceso de reparación histórica, la
administración de Mauricio Macri se aseguró el comienzo del proceso de
armonización de las cajas provinciales con el ANSES, que deberá culminar en el
año 2019. Pese a la rebeldía mostrada por algunas administraciones provinciales
que se niegan al traspaso de sus cajas, sino hay un cambio político profundo,
la ley entrará en vigencia.
También hay otras
provincias que adelantaron a los tiempos y ya produjeron modificaciones en su
sistema previsional. Se trata de Córdoba, Formosa y Tierra del Fuego. Pese a la
resistencia ejercida por distintas organizaciones de trabajadores las
Legislaturas provinciales se encargaron de dar legalidad a las modificaciones.
Por caso en Tierra del Fuego, por más de dos meses la ATE y otros gremios mantuvieron
una fuerte oposición al proyecto. Sin embargo la Legislatura, con muy pocas
voces en contra, aprobó este proyecto que perjudica de manera notoria a los
trabajadores. Pero otro hecho igualmente grave en este episodio fue la
intervención realizada por la Justicia en favor del poder dominante, episodio
que culminó con el procesamiento de numerosos dirigentes gremiales. Acaso haya
sido la forma en que el poder se expresó para decir cuál será la suerte de
quiénes se les opongan.
En el caso de Formosa el
gobernador Gildo Insfrán utilizando la abrumadora mayoría con que cuenta en la
Legislatura cambio de un plumazo la edad jubilatoria en hombres (de 61 a 65
años) y mujeres (de 58 a 60 años) y recortó los beneficios en más de 10 puntos.
Con la armonizando de
las cajas los jubilados provinciales perderían casi todos los beneficios que
oportunamente acordara sus Legislaturas, por lo que si los gobiernos finalmente
acordaran silenciosamente el traspaso con Nación quedaría el camino liberado para
todas definiciones posteriores que impulse el gobierno nacional en materia
previsional.
Los puntos de la
discordia en la armonización tienen que ver con igualar las condiciones
jubilatorias en todo el país en (si no se modifica) 30 años de aportes, cálculo
de haberes y porcentajes de los aportes personales y de las propias patronales.
Como ejemplo vale volver
al caso de Córdoba donde el gobernador Juan Schiaretti recortó los haberes del
sector pasivo, reduciendo el 82% que cobraban los jubilados provinciales a un
porcentaje cercano al 73%. Para llevar este proceso
adelante retomó los cálculos jubilatorios de la emergencia que el ex gobernador
Ramón Mestre implementó en los años ’90.
Un dato aún “invisible”
para los que no conocen en profundidad la ley de reparación histórica es que a
partir del año 2019 se acaba la
moratoria que permitía a la gente jubilarse si tener todos los años de aportes (y
que iban cancelando con el cobro mensual de su jubilación). La nueva
disposición señala que aquellos que no posean los 30 años de aportes (hombres y
mujeres por igual) deberán poseer más de 65 años para acceder al cobro de una jubilación, que en esos casos ni siquiera
llegará a alcanzar el 80% de la jubilación mínima.
El
financiamiento del ajuste
Para la etapa que se
arranca después de las legislativas de octubre el gobierno tiene decidido un
nuevo ajuste sobre las cuentas públicas. Aunque ideológicamente el paso más
cercano para Macri sería retomar al sistema de jubilación privada, la opción
elegida será extender, indistintamente, 2 años la edad jubilatoria.
Aunque la continuidad
de sistema público de reparto es la única opción aceptable en nuestra sociedad,
la trampa que esconde el proyecto gubernamental es llamar “voluntario” el agregado de años para poder acceder a un
monto jubilatorio mejor. O sea que el
sistema de “capitalización” aparece encubierto en las necesidades de nuestra
gente.
Extender la edad
laboral en forma voluntaria de alguna manera también es crear, si se quiere, un
sistema de capitalización porque a mayor cantidad de aportes mejor será la
remuneración tras el retiro de la vida activa.
Entonces el ajuste del
sistema previsional va atado a dos patas: a la mayor recaudación del sistema
por la extensión obligatoria de otros 2 años de aportes y a la voluntaria de la
persona que aspira a una jubilación superior y al recorte de las prestaciones
con la armonización de las cajas provinciales.
Sin embargo hay otras
formas de financiar el déficit de las cuentas públicas. Una sería financiarse a
través de impuestos a “la timba financiera” o restituir los gravámenes quitados
recientemente al agro, pero sabiendo que se está para proteger a los bolsillos
amigos, forzosamente el aporte vendrá de las capas medias y bajas de nuestra sociedad.
Otro hecho que da lugar
al desfinanciamiento de la Previsión Social se relaciona con la caída continua
del número de trabajadores aportantes, generada por el escaso interés del
gobierno de corregir la informalidad
laboral, que en nuestro país supera el 35% de la fuerza de trabajo.
Mucho de este
porcentaje son directa responsabilidad del gobierno nacional y los gobiernos
municipales y provinciales. Según lo estimado por ATE entre estos 3 estados tienen
a más de 600.000 trabajadores cumpliendo tareas en forma precarizada.
De esto que se afirma
un ejemplo es La Pampa. Los jubilados provinciales reclaman el recálculo de los
haberes para todos aquellos que quedaron atrapados en el período de emergencia
económica de 1996 al 2010. Mientras el gobierno señala la imposibilidad de
hacer frente a esta deuda, los gremios provinciales, con incuestionable certeza
han hecho observar que si el gobierno provincial blanqueara a todos los
trabajadores que mantiene en condiciones precarizadas el sistema previsional tendría
fondos, no sólo para pagar esas deudas sino también para volver a tener financiación.
La perversidad del gobierno provincial es agitar ante su ciudadanía que si se
lo obliga a pagar el camino que le sigue es “armonizar la caja”. Parece
entonces decir que la Caja sólo puede defenderse adeudando a los jubilados y
negreando las condiciones de trabajo al trabajador estatal.
No debe olvidarse que
en el ajuste macrista aún persiste el anuncio, y luego marcha atrás, con la quita
de pensiones (aunque muchas no han sido restablecidas). También están el
aumento de las jubilaciones, en la que deben computarse los 13 puntos, que
calculó ATE, perdieron los salarios el último año, más la quita realizada en el
beneficio de los medicamentos.
