El PAMI padece una corrupción estructural, porque forma
parte de casi todas sus gestiones, aun algunas que los medios consideran
habitualmente a salvo. Excede a sus 17 Interventores y 6 Directores en sus 46
años de existencia, aunque la mayoría de éstos en realidad oficiaban de
Interventores al no funcionar con un Directorio ni haber sido elegidos de
acuerdo a la Ley Nacional 19032 de Creación del Instituto y de sus
modificatorias.
Las autoridades se suceden cada 2 años en promedio. Y los
medios de difusión se hacen eco de desvíos de la gestión anterior. Sin que se
produzca ningún cambio de fondo, Los desvíos que trascienden son mucho menores
que los ocultos, pero bien conocidos por los afilados y por los trabajadores de
PAMI que por temor suelen guardar silencio hasta su jubilación.
Entre las irregularidades de contratación luce la de
provisión de medicamentos, donde sigue vigente el convenio firmado en 1997 con
la industria farmacéutica por el luego procesado y condenado Víctor Alderete.
El convenio adolece de muchas y graves falencias:
– La contraparte del Instituto es el grupo conformado por
las Cámaras de Medicamentos, CAEME, CILFA y COOPERALA, en vez de los
laboratorios, droguerías, distribuidoras y farmacias, de manera que PAMI, el
mayor comprador de medicamentos en Argentina, genera el oligomonopolio que le
vende el insumo más caro. Un contrasentido desde el vamos.
– La Industria farmacéutica es oligomonopólica en Argentina,
algo contrario al declarado libre mercado: 20 entre 300 laboratorios facturan
el 80% del gasto en medicamentos, 4 entre 450 droguerías concentran el 70% del
mercado y 4 distribuidoras realizan el 99% de las ventas. Algo que explica
fácilmente por qué aumenta el precio de los medicamentos por encima de la
inflación general
– Esas Cámaras nuclean y eligen a los Laboratorios más
afines (o que no quiere decir los mejores) para proveer medicamentos a los
Jubilados y Pensionados.
– Las Cámaras conforman el Vademécum de PAMI en base a
específicos por su nombre de fantasía, en vez de medicamentos genéricos como
obliga la Ley Nacional 25649 desde 2002. Hay aquí un incumplimiento de
funcionario público desde esa fecha por parte de las máximas autoridades del
PAMI hasta ahora, que involucra a sus respectivos Ministros de Salud de la
Nación, un asunto digno de ser investigado por una Fiscalía.
– Se otorgan descuentos del 50-80 y 100% a los afiliados,
sin racionalidad científica que justifique estas diferencias, dado que si son
necesarios hay que cubrirlos al 100%, sobre todo en consideración al todavía
penoso haber mínimo jubilatorio. Por otra parte, desde la misma industria
reconocen que el pago del 50% por parte de PAMI en la franja de descuento donde
el afiliado aporta otro tanto, es de suficiente utilidad para los laboratorios
comerciales, razón de más para liberar del pago a los afiliados.
– PAMI desmanteló sus áreas de control de medicamentos, de
manera que no tiene estadísticas propias del consumo real del producto que es
su gasto más alto.
– El precio del convenio es político, o sea, sin un cálculo
técnico válido que lo avale.
– La base del cálculo es el consumo histórico, cuando
debiera ser la necesidad de los afiliados en función de su situación de salud.
– El gasto en medicamentos por parte de Argentina es de un
30% en relación al gasto total en salud, o sea, una vez y media más que esa
proporción en países de la Región y de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) que incluye a Chile y México en un conjunto de 35
países mayormente europeos.
– Pese a que el país tiene 39 Laboratorios Públicos
distribuidos en 17 Provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, PAMI no
los contrata, de manera que renuncia a precios mucho más bajos. La única
excepción es la del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de
Córdoba, porque produce factores exclusivos contra las fallas de coagulación.
– Dada la incapacidad de control de PAMI, el convenio
descansa en que la Industria sea la que “controle procesos tendientes a
contraer gastos que se salen de madre”, tal como reza el último acuerdo, de
manera que la Comisión de Seguimiento del convenio está subordinada a datos de
consumo que le provee su contraparte, la Industria.
– Si se suman los medicamentos por excepción que se
autorizan por fuera del convenio, el gasto total del rubro llega a un tercio
del gasto total de PAMI que para 2017 está presupuestado en $120 mil millones.
– Con la Ley de Genéricos, la Industria es la que obtiene un
importante ahorro, ya que los afiliados eligen desembolsar menos dinero con los
genéricos que les ofrece el farmacéutico en vez de utilizar la receta con
descuento del Vademécum PAMI, o comprar genéricos en kioscos que hoy expenden
sin receta el 13% de medicamentos que se consumen en Argentina, ahorros que se
suman a los medicamentos prescriptos que los afiliados no retiran.
– El convenio no es administrado por PAMI, sino por la
ACE-PAMI, una Agrupación con sede en Buenos Aires para la Administración del
Sistema de Provisión y Dispensa de Medicamentos a afiliados del PAMI. El
problema es que la ACE es compartida por PAMI con la Industria a la que debiera
controlar.
El nuevo Director Ejecutivo de PAMI, Sergio Cassinotti,
rescindió el convenio que había sido renovado en febrero de 2017por el anterior
Director, Carlos Regazzoni, para quien “durante 10 años se montó una estructura
de robo sistemático al PAMI. El PAMI no fue una isla durante la Argentina de
Lázaro Báez”, inculpando así a las gestiones de Graciela Ocaña y Luciano Di
Césare (diario Los Andes, Mendoza, 4-5-2017).
Finalmente,
Cassinotti firmó el pasado 28 de junio un “puente financiero” con las mismas
Cámaras, prorrogando el convenio por 3 meses con un ahorro potencial de $300
millones mensuales, pero garantizando que pagará a la Industria la diferencia
que exista en el consumo. Quién informará el consumo? Nada menos que la
Industria, sin poder de control del dato por parte de PAMI.
Está claro que las condiciones estructurales del convenio
permanecen en pie. Y pese al sobreprecio histórico del convenio, PAMI acumula
una deuda de $4.500 millones por año con la Industria, dato que ésta usó para
forzar la prórroga y que forma parte del déficit de $11.000 millones anuales de
la Obra Social.
Cassinotti no representa el modelo de funcionario coherente
con el sector público y la seguridad social, porque dirigió la empresa de
medicina prepaga ACCORD durante 11 años, entre 2002-2013, o sea, hasta hace
poco más de 3 años.
Por otra parte, ¿cómo puede ser un ex Director Ejecutivo de
la Cámara de Droguerías y Distribuidoras Especializadas (CADDE), cargo que
asumió Cassinotti desde su creación en 2014, el funcionario adecuado para poner
en caja el afán comercial de las Cámaras de la Industria Farmacéutica? Esta
opinión tiene más asidero cuando es compartida por la Asociación de
Profesionales del IOMA (APIOMA), quienes advierten en un comunicado Cassinotti
no investigó la corrupción y amparó los manejos discrecionales de esa Obra
Social de la Provincia de Buenos Aires (el cargo que dejó para venir a PAMI)
dando “continuidad a contratos millonarios con la industria farmacéutica”. El
mismo y gran problema que ahora tendría que solucionar en PAMI, como si no
tuviera un conflicto de intereses.
PAMI ha sido una institución señera en programas de atención
para los mayores, que ha remediado carencias graves del sistema de salud y
trascendido las fronteras del país. La cuestión es, si en un balance
estratégico desfavorable frente a los particularismos de adentro y de afuera de
la institución, tiene hoy la autonomía política suficiente para cambiar la
historia a favor de la salud de todos.
