La psiquiatra solicitó la evacuación de los pacientes a
otros centros de salud donde se les pueda garantizar un tratamiento óptimo. La
respuesta del gobierno fue el traslado de la profesional a Sáenz Peña, como
castigo por no adaptarse a las condiciones de irregularidad, hacimiento,
aislamiento y abandono estatal.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Chaco denuncia
la persecución laboral, ideológica y de género de autoridades del Ministerio de
Salud y la Dirección de Salud Mental hacia la profesional afiliada Nuria
Benítez, psiquiatra a cargo de la Comunidad Terapéutica La Eduvigis, por
negarse a avalar las condiciones de precariedad y abandono estatal hacia
trabajadores y pacientes de dicha institución.
“Dicen que apuestan al diálogo, dicen que buscan mejorar los
servicios públicos, dicen que el Estado está de tu lado, pero una trabajadora
advierte condiciones hacinamiento y abandono estatal en una institución de
salud y la única respuesta es trasladarla a otra localidad para que no moleste,
como represalia por defender los derechos de los pacientes y trabajadores”,
remarcó el secretario general de ATE, Mario Bustamante.
Benítez se desempeñaba en el área de Salud Mental de
Presidencia Roque Sáenz Peña hasta diciembre de 2016 cuando fue designada directora
la comunidad terapética y traslada por resolución ministerial a la jurisdicción
de Resistencia. No obstante, ni bien llegó se tuvo que enfrentar a las
condiciones edilicias, laborales, sanitarias y humanas completamente adversas
para desarrollar cualquier práctica de salud mental.
La profesional se encontró con una institución completamente
anegada y en condiciones de precariedad, hacinamiento y abandono estatal, sin
insumos básicos, ni mobiliario para el cuidado y protección que los pacientes
necesitan. Al contrario de lo que marca la Ley de Salud Mental, la comunidad
terapéutica La Eduvigis asila a los pacientes del contacto familiar sin
permitir visitas o salidas terapéuticas debido a la imposibilidad del ingreso y
egreso por la abnegación de los caminos, lo que deja también sin posibilidad de
auxiliar a ningún paciente u profesional ante una eventual emergencia.
“Las salidas transitorias y el contactos con la familia es
fundamental para el tratamiento de los pacientes, por lo que estas condicionen
violaban los derechos a la salud mental de los internos. Según cuentan los y
las profesionales, de vez en cuando algunos familiares entraban a pie, con
medio cuerpo sumergido en el agua y corriendo riesgo de vida, para visitar al
paciente y llevarle jabón e insumos de higiene que el Ministerio de Salud
tampoco proveía”, remarcó.
Para poder llegar hasta la institución, los trabajadores y
trabajadoras deben ser trasladados por grúas, sin contar los días de lluvia
donde los caminos son intransitables y sólo pueden hacer la exposición policial
de intransitabilidad, dejando a los pacientes totalmente aislados y
abandonados. La inundación trajo además todo tipo de insectos, víboras y
animales peligrosos y transmisores de enfermedades, con los que debían convivir
pacientes y trabajadores.
Por ello, desde un primer momento a través de notas formales
internas y reuniones con los directivos de Salud Mental, la psiquiatra solicitó
el urgente traslado del funcionamiento de la comunidad terapúatica la Eduvigis
a otro espacio físico donde se pueda brindar el servicio sanitario acorde sin
poner en riesgo la vida de los pacientes y los trabajadores.
No obstante la respuesta de la ministra de Salud Mariel
Crespo, la subsecretaria de Promoción de la Salud Miriam Machado y la directora
de Salud Mental Marcela Ramírez fue la persecución laboral sistemática hacia la
trabajadora que la llevó a una situación de estrés y desesperación tal que
renunció al cargo de directora (para no avalar ni legitimar el accionar
lamentable del gobierno que viola todos derechos a los pacientes y
trabajadores) y solicitó el traslado a cualquier otra institución de salud
mental de Resistencia.
“Como profesional de la Salud Mental con convicciones,
Benitez sentía que no podía seguir legitimando esta desidia estatal hacia los
pacientes a los cuales no podía ayudar como directora de la comunidad
terapéutica porque no contaba con las condiciones mínimas e indispensables que
el gobierno debería haberle garantizado”, advirtió.
Profesionales objeto
de uso y desuso del gobierno
Ante los reiterados pedidos de Nuria Benítez de evacuar toda
la comunidad terapéutica a otros centros para garantizar un tratamiento óptimo
de los pacientes, acorde a lo que establece la Ley de Salud Mental, el
Ministerio de Salud resuelve trasladarla compulsivamente a Presidencia Roque
Sáenz Peña, como medida disciplinadora ante su negativa de adaptarse a las
condiciones de irregularidad.
“El sindicato no va a permitir ningún tipo de represalia a
una profesional por defender los derechos de los pacientes. Un traslado
compulsivo es una muestra de la persecución laboral y la total falta de
responsabilidad y negligencia del gobierno provincial”, indicó Bustamante.
Nuria Benítez fue traslada a Resistencia en diciembre, donde
se radicó con su pareja asumiendo una responsabilidad de alquiler por dos años
y todos los gastos y movimientos que implica un traslado. “No pueden obligarla
a los seis meses a volver por no querer aceptar las condiciones de abandono
Estatal en la comunidad terapéutica la Eduvigis”, advirtió.
En la última reunión entre Benítez, el sindicato y la
subsecretaria de Promoción de la Salud Miriam Machado se comprometió a
transferir a Benítez a centro de salud de Villa Río Negro, después indicó que
su carga horaria sería repartida en dos centros de salud de Resistencia.
No obstante, luego de unos días comunicó que el Ministerio
de Salud, es decir la ministra Mariel Crespo no autorizó el traslado e insiste
en castigar a Benítez y enviarla nuevamente al hospital 4 de Junio, de
Presidencia Roque Sáenz Peña, donde hay ochos profesionales, mientras que
algunos centros de Salud de Resistencia no cuentan con psiquiatras, aún cuando
la demanda es mayor.
En ese encuentro la funcionaria reconoció que en La Eduvigis
se está poniendo en riesgo la vida de los pacientes porque de tener una
emergencia no puede llegar ninguna ambulancia a su auxilio, además de afirmar
que no están garantizadas las condiciones laborales ni sanitarias en dicha
institución. Sin embargo sigue sin haber una respuesta concreta para la
psiquiatra
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