Mes: julio 2017
Miembros
de los Consejos Directivos Provinciales de la ATE Chaco y Formosa se reunieron en
la ciudad de Formosa, donde mantuvieron una audiencia con el director del
centro regional de SENASA, Enrique Orban, luego de que se tomara conocimiento
del despido injustificado de dos trabajadores del organismo en Chaco.
La
reunión estuvo encabezada por Mario Bustamante y Néstor Vázquez,
secretarios Generales de Chaco y Formosa, respectivamente, y se realizó en el
edificio que el SENASA tiene en la capital formoseña, donde el funcionario se
desligó de la decisión de dar de baja los contratos de estos trabajadores. Se
trata de dos compañeros que cumplen funciones hace más de 10 años en el
organismo y que hace una semana recibieron una llamada telefónica desde número
privado donde se les decía simplemente que no vuelvan a trabajar.
“Se
trata de un plan de achicamiento del Estado, donde también está incluido
SENASA. Y en ese marco no sólo están levantando barreras de control sanitario,
como lo venimos denunciando desde hace meses, sino que también están
desfuncionalizando a trabajadores”, explicó el secretario General de ATE Chaco,
Mario Bustamante.
En
este caso son trabajadores precarizados, que tienen familias a cargo y que hace
más de 10 años que trabajan en SENASA “y por orden teóricamente del Ministerio
de Modernización no deberían seguir trabajando. Bajo ningún punto de vista hay
asidero en esto, no hay ningún tipo de elemento que habilite para que sean
despedidos”, explicó Bustamante.
Y
puntualizó: “Nosotros entendemos que hay responsables políticos, jurídicos.
Entendemos que claramente la responsabilidad política es de Buryaile, ministro
de Agroindustria, de donde depende SENASA. Él debe determinar cuántos
trabajadores tienen que ser despedidos, en este caso la lista comienza con dos
trabajadores de Chaco”.
“No
hay previo aviso, no hay notificación escrita, no hay instancia de negociación
previa con el sindicato, no hay ningún momento en el que el trabajador se pueda
defender de cualquier tipo de acusación”, detalló el secretario General de ATE
Chaco.
Despidos
injustificados y violencia institucional
El
mecanismo de despido del macrismo es ya conocido: te sacan las tareas que
venías realizando, te dicen que te quedes tranquilo que pronto te asignarán
nuevas funciones.
Después
te acusan de no trabajar y si es necesario te “arman” informes o denuncias en
contra. Y así fue en este caso: los dos trabajadores fueron desfuncionalizados
hace meses, siempre se les aseguró de palabra la continuidad laboral, después
recibieron una llamada desde un número privado donde se les decía su contrato
no será renovado, que no vuelvan a trabajar.
Tras
la insistencia de los trabajadores, y la intervención del sindicato, se logró
esta audiencia con el funcionario, quien recién ahí entregó dos notas
absolutamente carentes de sustento en donde lo único que se dice es que “no
cuentan con antecedentes de desempeños favorables” y van firmadas por los
presidentes de la Sociedad Rural en Villa Ángela y Santa Sylvina, lugar donde
además estos dos trabajadores nunca desempeñaron funciones.
Esta
situación no sólo es insólita por el supuesto argumento, sino que la
institución que firma las notas (Sociedad Rural) es quien debería ser
controlada por los trabajadores de SENASA, y no a la inversa.
En la sede de Ate, Tucumán, se realizó el lanzamiento de un
programa denominado "Desatate", mediante el cual el departamento de
Cultura de nuestro gremio encarará la prevención y lucha contra las adicciones.
La implementación del mismo se realizará a través del
Colectivo Cultural que recorre semanalmente los lugares más postergados del
interior de la provincia.
Allí se darán charlas y se realizará toda una campaña de
prevención, además de tomar contactos con casos de personas que sufren este
flagelo.
La propuesta superó las barreras gremiales y la Secretaría
de Estado de Prevención y Asistencia de las Adicciones también adhirió a la
medida, junto con el Colegio de Psicólogos de Tucumán y distintas entidades que
tratan esta temática.
En el acto el Secretario General de ATE Tucumán, Marcelo Sánchez,
valoró la iniciativa e invitó a seguir trabajando en esta dirección.
El Secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones
de la Provincia, Dr. Matías Tolosa, remarcó el hecho de que desde una
institución gremial se superen las barreras de la lucha laboral y también se
atiendan cuestiones sensibles a toda la sociedad.
A su turno, el Coordinador del Centro de Rehabilitación de
Las Moritas, que concurrió acompañado con jóvenes en recuperación, dio pautas
de trabajo y se comprometió a unirse a "esta campaña que tiene un valor
social incalculable", manifestó.
Al finalizar la presentación el Ballet Folclórico de ATE,
bailó diferentes ritmos de danzas.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) emitió un
comunicado en el que denuncia la el desmantelamiento del “Call Center” que
funciona en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), así como la precarización
de sus trabajadores y trabajadoras. El vaciamiento, advierten, conlleva que
dejen de funcionar servicios esenciales para
todo La Matanza y el conurbano bonaerense, así como la posibilidad -“inminente”- de que se produzcan decenas de despidos.
El Centro de Atención telefónica funciona desde 2014, en el
ámbito de la Universidad Nacional de La Matanza. Primero, comenzó prestando
servicios para el SEDRONAR, para información y asistencia a personas con consumo
problemático de sustancias. Luego, con un convenio con el Ministerio de
Justicia de la Nación, se orientó a la recepción de informes sobre las
actividades del Centro Cultural Kirchner y, también, con encuestas a víctimas
de delitos (cada encuesta requería unos 30 minutos de charla mínimo) para el Ministerio
de Justicia de Nación. Otros servicios a los que se destinó fue: distribución de antenas para Televisión Digital Abierta (TDA) y atención de reclamos
por cortes de electricidad de Edenor y Edesur, y al trámite a nivel nacional de
los pedidos de tarifa social (en convenio con el Ministerio de Energía).
Se trata de trabajadores y trabajadoras precarizadas, con
régimen horario extenuante, en su mayoría estudiantes de la UNLaM, que para
cobrar tienen que facturar en la Universidad como monotributistas. Se desempeñan
en condiciones de trabajo insalubres y con una pobre remuneración.
“La gestión Cambiemos
decidió cortar con algunos servicios. Desmantelar TDA, con lo que favorece a
las operadoras de cable. Dar de baja la ayuda a personas con problemas de
adicciones y a víctimas de delitos. Dejar de informar sobre las actividades en
el CCK y, finalmente, establecer una pauta de 30 minutos de espera antes de ser
atendido por cuestiones de problemas con las empresas distribuidoras de energía
o para la solicitud de la tarifa social”, informan desde ATE y señalan que esto
tiene dos implicancias directas: primero, la eliminación de servicios del
Estado que beneficiaban a sectores carenciados y de medianos y bajos recursos;
y segundo, el desmantelamiento de las actividades del Centro de Atención
Telefónica.
“Estas medidas de vaciamiento justifican el achicamiento de
la dotación de personal y su posterior cierre. Esto es: despidos”, denuncian.
Nuevamente
la judicialización de la protesta social, conduce al gobernador de Jujuy,
Gerardo Morales, quién a través de sus jueces adicto busca someter a juicio a
11 compañeros de la ATE provincial, en momentos que el gremio lleva adelante
una lucha por la reincorporación de trabajadores despedidos en la Dirección
Provincial de Planeamiento Estadística y Censos de Jujuy (Dippec).
La
cédula de notificación que recae sobre la cúpula del CDP (Matías Brizuela,
Secretario General; Carlos Mercado, Adjunto; y Pablo Nina) y otros compañeros
está caratulada como “privación ilegitima de la, libertad, amenazas, delitos
contra la libertad del trabajo y daños calificados en concurso real”.
Pero
no es lo único. El sometimiento que Morales y su justicia intenta impartir
contra los trabajadores llega ahora con la decisión de del tribunal de justicia
de reflotar una causa contra compañeros de ATE que data del año 2006.
Junto
a compañeros de la Seccional San Pedro (Jujuy), que están presentes en el CDN,
el titular de ATE Nacional, Hugo Godoy, reclamó que “se quite en forma
inmediata” la imputación que dispuso la justicia provincial contra 11
integrantes de nuestra organización que legítimamente reclaman la
reincorporación de los trabajadores despedidos.
Para
Godoy “claramente hay una acción política de persecución de Morales y sus jueces
contra todos los trabajadores que participan de esta lucha reivindicativa” y
agregó “nada es casual, reflotan e inmediatamente arman una nueva causa, lo que
deja bien expuesto que se trata acallar todas las formas de protesta social y
gremial a través de la judicialización de nuestra luchas”.
El
dirigente exigió que “se quiten todas
las imputaciones que pesan sobre los compañeros y se restituyan en sus puestos
de trabajo a todos los compañeros injustamente despedidos”.
Tanto
el titular de la Seccional- San Pedro, José Luis Castro, como el adjunto,
Marcelo Pérez, y la Secretaria de Finanzas, norma Tarifa, explicaron que esta
absurda decisión judicial está relacionada con el plan de lucha que lleva adelante desde hace más de
10 días el gremio, por la reincorporación de cinco trabajadores despedidos en
la Dirección Provincial de Planeamiento Estadística y Censos de Jujuy (Dippec).
La
Seccional subrayó que “en algunos casos los trabajadores despedidos por la
titular del organismo, Ana Juárez,
Orieta, tienen más de 20 años de antigüedad en sus cargos”.
El
CDP también rechazó de participar de reuniones con el gobierno hasta tanto no
se reincorporen a los despedidos.
Así lo dio a
conocer durante la marcha de la MUS el Secretario General de ATE-Santa
Cruz, Alejandro Garzón, quien se refirió a la situación por la cual
atraviesan los trabajadores públicos.
Durante la marcha de la Mesa de Unidad
Sindical y de la cual formó parte ATE el titular del CDP comenzó explicando que
“nosotros hemos resuelto con todos los sindicatos un paro provincial con
movilización para repudiar todos los hechos de violencia no solo verbal
sino la concreta como fue el caso de los compañeros docentes, como fue el
caso de los compañeros de ATE cuando reprimió gendarmería y por
todos los problemas que no se solucionan en Santa Cruz”. Luego agregó que “dentro
de los problemas no solo me refiero a la cuestión salarial, o que no cóbranos
el aguinaldo, sino también que observamos lo que nos está pasando como
sociedad. Nosotros recorremos la provincia y la situación social es cada vez
más grave, tenemos compañeros que no llegan al 5 del mes, compañeros que
están endeudados, compañeros que están psicológicamente mal, que sufren
depresión, que no pueden pagar alquileres, que están en situación de calle,
todo eso degrada y genera rupturas familiares”.
Según subrayó el dirigente “hay una
situación social cada vez más grave, hay un gobierno provincial que está en una
crisis política, un gobierno nacional que ajusta permanentemente y al que no le
importa la gente por eso marchamos”.
En esta declaración continúa expresando Garzón “el problema es que no hay solución a estos planteos, no hay
solución al problema salarial, al pago de aguinaldos, a los problemas
habitacionales, no hay solución a la falta de servicios básicos que deben
brindar los municipios de cada localidad y la verdad que la situación no da
para más”.
En este análisis sobre la realidad santacruceña
finalizó manifestando que “obviamente la única forma que tenemos de hacer
visible estos reclamos es marchar junto al pueblo, pero necesitamos también que
la gente, que el pueblo comience a participar, que deje de delegar
responsabilidades en el gobierno y los sindicatos. Deben salir a la calle
a manifestarse”.
Trabajadores de la administración
pública enrolados en ATE, judiciales, médicos, docentes, la Asociación Personal
Legislativo, y los Acompañantes Terapéuticos expresaron frente a la sede del
organismo el pedido de mejores prestaciones para los afiliados, el rechazo a la
transferencia del Programa Federal Incluir Salud (PROFE) al IOMA; contra el
vaciamiento de la mutual; y en reclamo a la democratización del Instituto.
Oscar de Isasi, secretario General de la
ATE provincial, manifestó que “quiero valorar esta decisión de unidad en la
calle por un tema central como es la obra social de las trabajadoras y los
trabajadores. Hoy todas las organizaciones que encabezan la pelea por una obra
social al servicio de los trabajadores están en la calle, aunque haya otros que
también deban estar acá”.
“Venimos a defender el PROFE como
primera cuestión. Venimos a defender las políticas sociales que mejoren las
condiciones de vida de los que menos tienen. Tenemos como prioridad la defensa
de los intereses de los trabajadores del Estado y de un Estado al servicio de
las mayorías populares”, advirtió.
Además, apuntó que “tenemos que destruir
el primer operativo de gobierno que dice que no nos interesan los pobres, los
más castigados. Lo cierto es que tanto Vidal como Macri en 2016 hicieron el
primer intento por cerrar el programa y querían despedir a los compañeros, y si
el PROFE está funcionando es fruto de la lucha”.
“Queremos que ese programa avance y
cubra a muchos más que no tienen acceso a la más mínima prestación. Decimos que
es contradictorio y es una maniobra que se pretenda hacer desde IOMA, porque en
realidad lo que quieren hacer es lo mismo que en 2016. Hoy quieren tirárselo
por la cabeza a los trabajadores y desfinanciarlo y que nosotros paguemos las
prestaciones en lugar de que lo pague el Estado”, añadió.
Por ese motivo, indicó que “con mucha
claridad venimos a decirles que queremos que tenga vigencia el PROFE, que se
invierta en Salud que tiene el presupuesto más bajo de todas las provincias,
Educación bajó 3 puntos, que se invierta en niñez, en desarrollo social que hoy
son áreas fantasmas. Y tienen que ser financiados por rentas generales de
grupos económicos que se la están llevando en pala”.
“Seguiremos planteando que la obra
social debe tener mayoría de presentación de los trabajadores. Queremos reunirnos
con el titular de IOMA, tiene que resolver el problema de los pacientes
oncológicos y otras cuestiones. Por eso con este acto iniciamos un plan de
acción unificado para abordar loa problemas más urgentes, los de mediano plazo
y sostener posiciones desde los trabajadores”.
Luana Simioni, delegada de ATE IOMA,
denunció que “con más de dos millones de afiliados y con un presupuesto que
sale de nuestros bolsillos somos los trabajadores los que financiamos nuestra
obra social. Y son los gobiernos los que la emplean como caja política para
pagar deuda”. Al tiempo que agregó: “acompañamos el reclamo de los compañeros
del PROFE que tienen una relación precaria que viene desde el gobierno de
Daniel Scioli y que viene de una década de precarización que aprovecha la
gobernadora Vidal”.
Por su parte, Fernando Corsiglia,
dirigente de CICOP, señaló que “entendemos que la renuncia de la ministra de
salud días atrás da cuenta de la situación desastrosa que existe en política
sanitaria y el fracaso de esa política. Y tampoco nunca tuvimos respuesta de la
gobernadora quien hace culto del diálogo pero hace una puesta en escena con
ello”.
A su turno, Mariana Molteni,
subsecretaria de Salud Laboral de SUTEBA, subrayó que “esta es la réplica de
una foto en la cual planteamos la defensa irrestricta de IOMA y resistimos el
desfinanciamiento de la obra social”.
Mientras tanto Pablo Abramovich, titular
de la AJB, comentó que “es un honor construir unidad de estatales para frenar
el ajuste en la provincia de Buenos Aires. Hay importantes sectores del Estado
provincial que todavía estamos discutiendo salarios. La gobernadora no lo hizo
en febrero (el intento de pase del PROFE) cuando se iniciaban los conflictos
salariales, sino que lo hace en junio luego del desgaste de la lucha. Así y
todo seguimos acá y decimos que contra el IOMA no van a poder ir”.
Con la tutela sindical de la ATE- Entre
Ríos y la intervención de la Junta Interna Municipal, las trabajadoras de la
Casa de las mujeres víctimas de violencia de Paraná venían sosteniendo un
conflicto en reclamo de mejoras de la condiciones de trabajo y para que se
termine con la precarización, en ese proceso le entregaron un petitorio al
secretario de Gobierno y de Derechos Humanos Eduardo Solari, tras el cual el
funcionario se había comprometido a tomar resoluciones para mejorar la
situación laboral de las trabajadoras del área.
En ese contexto el ejecutivo municipal
emitió el decreto número 1135 en el que se concreta el pase a planta permanente
de las trabajadoras que cumplían funciones con contratos de servicio y el pase
a contratos de servicios de quienes estaban con contratos de obra, así todas
las trabajadoras de la casa quedaron incluidas en la regularización de la
situación contractual.
Consultado sobre este logro Roberto
Alarcón, secretario general de la Junta Interna Municipal, afirmó “cada
conflicto en el que intervenimos lo hacemos con la conciencia y convicción que
cada caso o situación es importante, mucho más ante la situación de precariedad
laboral las que generalmente son de mucho tiempo. Este logro que viene tras
años de espera de la estabilidad y de estar en planta permanente es producto de
la unidad y la lucha de las compañeras, ATE está para estas cosas, para estas
peleas, por eso es vital que los compañeros se sumen a la vida del sindicato,
se afilien y participen activamente”.
Una de las trabajadoras en su cuenta de
facebook publicó el siguiente mensaje “Quiero decirles a
mis compañeras que estoy feliz inmensamente feliz de saber que por fin después
de tanta lucha tanto sacrificio y tanta espera, que después de estar con esa
inquietud de que si se nos renovará el contrato nos llegó este decreto y la
verdad me llena el alma”,
un mensaje que nos obliga a redoblar esfuerzos para alcanzar nuevas conquistas.
En la oportunidad estuvieron presentes trabajadoras y trabajadores
de distintos sectores de salud, equipos comunitarios, docentes y concejales de
la ciudad. La actividad estuvo coordinada por la compañera Alicia Torres de la
Defensoría Ciudadana. Como panelistas estuvieron el Secretario Adjunto del CDP,
Luis Barcena; el Secretario de Interior, Alejandro Murúa, y los vocales Raquel
Piziruzzi y Eduardo Pereyra, trabajadores de la salud.
Durante la charla se abordaron temas como las estrategias de
organización sindical de ATE en el sector salud, las políticas de género del
gremio así como el ámbito de representación sindical tanto en el nivel
provincial como municipal, conforme lo establece el estatuto gremial, la
normativa de regulación sindical en el Estado y las sentencias de la Justicia
del Trabajo y la Corte Suprema, que zanjaron a favor de ATE ante embates del
gobierno provincial y los municipios.
Paso seguido se trató la problemática de las condiciones de
trabajo en el sector público, la posición de ATE en rechazo del sistema CUS que
el gobierno macrista intenta imponer a la salud pública.
“Esta charla las tomamos como disparadores porque recorrimos
un popurrí de temas que los compañeros se comprometieron a llevar a sus lugares
de trabajo”, resumió Barcena.
Quedó pendiente un nuevo encuentro en fecha a confirmar.
La Coordinación
Nacional de ATE ANAC, declaró el estado de alerta y movilización a raíz del
atraso en el pago de los compañeros contratados del sector. Asimismo exigieron en
forma inmediata el pago de la totalidad
de lo adeudado en concepto de racionamiento y Sueldos.
En relación con el aumento
salarial, desde ANAC les informaron que
se respetará el esquema de 5% (sueldo junio ya cobrado), 5% (sueldo julio) y
10% (sueldo agosto).
En cuanto a los
trabajadores de los Aeropuertos anexados serán convocados en un plazo no mayor
a 10 días al edificio de ANAC Central para realizar las entrevistas
correspondientes. Todo este proceso tendrá la veeduría gremial de nuestra
organización. En este marco esta sectorial de ATE ratificó su planteo de “reubicación
total de estos trabajadores en áreas claves de nuestro organismo que tienen que
ser fortalecidas en el marco del crecimiento general de la industria”.
La Directora de Recursos
Humanos convocó
a la Coordinación para una reunión a fin de elaborar una agenda de
trabajo para discutir los planes de carrera del futuro Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial. Sobre ellos ATE- ANAC exigió que se resuelvan los
reclamos de re-encasillamiento pendientes bajo el esquema actual del Decreto
2314 a fin de evitar irregularidades e injusticias a futuro y también
la inmediata constitución de la Comisión de Carrera para legalmente empezar a
fijar condiciones de trabajo, de carrera y salariales.