La discusión del bono
merece realizar algunas consideraciones vinculadas al nivel salarial. En primer
lugar, como su nombre lo indica el pago de un bono, si bien queda emparentado
con el concepto de salario porque se manifiesta como un pago en dinero desde el
empleador al trabajador, este no representa la retribución corriente por el
trabajo realizado por el mismo. Tal nivel, determinado por el convenio
colectivo de trabajo y actualizado en función de la paritaria, involucra otro
tipo de discusión –o al menos debiera hacerlo- respecto al reparto del
excedente generado anualmente en la economía.
En este sentido, la existencia de un bono no implica una discusión de
carácter distributivo ya que no afecta, en lo absoluto, el nivel salarial
pautado sino que se presenta como un adicional por única vez con el fin de
compensar una pérdida acontecida o bien, afrontar mayores erogaciones futuras.
En este sentido, la
evidencia del pasado reciente indica que, no sólo sobran los motivos para la
discusión de un bono, sino que también las condiciones actuales obligan a
rediscutir la pauta distributiva acordada a fin de año, por medio de una
reapertura de paritaria. En el marco de un esquema de política económica que
hundió el poder adquisitivo de la clase trabajadora al tiempo que profundizó el
deterioro de las condiciones de vida de la población, la discusión ceñida a un
bono –que descarta la discusión del nivel salarial en sí- expresa el consenso
de la cúpula empresarial, la sindical cegetista y el gobierno de fijar un piso
distributivo de mayor regresividad para el planteo de un nuevo proceso
económico.
De todos modos, la
emergencia social vigente amerita considerar cada una de las coyunturas
presentadas y en este sentido, el debate en torno al bono encubre algunos
matices que, de no despejar, terminarían perjudicando aún más al bolsillo del
trabajador. En el presente material exponemos entonces una serie de ejercicios
que buscan determinar la magnitud de pago que intente correrlo de la
arbitrariedad de las voluntades políticas, la complicidad sindical o las
cuentas fiscales, para que guarde relación con las necesidades objetivas de los
trabajadores.
En el cuadro N º 1 se
presenta la evolución mensual del salario nominal, el índice de precios y su
resultante, la dinámica asumida por el salario real. Para ello se consideró la
pauta paritaria para los trabajadores de la Administración Pública Nacional
(APN) del 31% para el presente año desglosado en tres cuotas: del 7% a partir
del mes de Junio, 10% a partir de Julio
y 14% a partir de Agosto. En el caso de los precios, el índice considerado
resulta de un empalme del índice elaborado por la Dirección de Estadísticas de
la Ciudad de Buenos Aires hasta el mes de abril y el correspondiente al área de
precios recuperada del nuevo INDEC a partir de mayo.
De esta manera surge
que mientras los salarios, según la paritaria, se verán incrementados en un 31%
en el año, la proyección de inflación es
del 39,2%. Tal disparidad implica que, el poder adquisitivo de los estatales
caerá aproximadamente un -6% en diciembre de este año. Cabe señalar que durante
los primeros cinco meses del año, en los que no se verificó actualización del
salario, la caída real alcanzó un -16,4%.
VER
CUADRO 1
Sin embargo, la
pérdida es aún mayor que el análisis que proporciona la lectura anual “punta a
punta”, es decir diciembre 2016 vs diciembre 2015. Ello se explica básicamente
porque la modalidad de aumento salarial concentrada en determinados meses del
año confronta contra un ritmo creciente
y sistemático de la evolución de precios. En este sentido, la lectura
anualizada de los aumentos salariales otorgados permite evaluar el aumento
efectivo salarial de la paritaria en todo el año, ya que no contiene el mismo
efecto una pauta del 31% aplicada a partir del mes de Enero que idéntica pauta
tan sólo para los últimos tres meses del año. Por lo tanto, el esquema acordado
para la aplicación de la pauta del 31% implica apenas un incremento del 14,9%
de la masa salarial anual del 2016 respecto al año anterior. A continuación
evaluaremos los efectos concretos de este descalce.
Para avanzar en la
cuantificación efectiva de la pérdida acumulada durante el año 2016 se tomó
como referencia el salario medio correspondiente a la planta de ocupados de la
APN en sus tres modalidades (planta permanente, transitoria y contratada)
durante el último trimestre del año 2015. En base a este valor, que se ubica en
los $23.905,63, se realizó una estimación del salario “esperado” en función de
su actualización por precios con el fin de obtener el nivel salarial que en
cada uno de los meses sostiene el poder de compra de diciembre del 2015. De
esta manera se observa, que por ejemplo al mes de enero al trabajador del
Estado Nacional le faltaban $989 para mantener el nivel de compra del mes
pasado; en febrero esta necesidad se incrementa a $1.977,25 hasta llegar a
acumular al mes de diciembre del presente año (en función de la proyección de
inflación anual) una pérdida de $29.338,57.
VER
CUADRO 2
Es interesante notar
que el valor acumulado de pérdida salarial o bien, de transferencia de ingresos
desde el salario de los estatales a la administración pública, representa
prácticamente el equivalente a un salario medio mensual . Otra manera de
visualizar lo anterior se presenta en el siguiente cuadro expresado en
porcentajes. De allí se observa en cada mes de año el porcentaje de pérdida
respecto a diciembre y el acumulado de esta caída. De esta manera, al llegar al
mes de diciembre se verifica que la caída acumulada del -122,7% indica que la
pérdida del poder de compra de todo el año representa el 100% del salario
inicial y un poco más (más precisamente un 22,7% más).
VER
CUADRO 3
Si en lugar de
considerar el período anual, tomamos en cuenta la gestión de Cambiemos surge un aumento exponencial de la pérdida
acumulada. Cabe señalar aquí que este aumento no obedece sólo al efecto de
incorporar dos meses más sino que, como el poder de compra base para comparar
cada uno de los meses subsiguientes, es más elevado que en el ejercicio
anterior, la pérdida mensual también se multiplica.
De esta manera, se
observa del siguiente cuadro que al sumar cada uno de los rezagos salariales
mensuales del período Noviembre 2015 – Diciembre 2016 se acumula una pérdida
salarial de nada menos que $52.577,92, es decir el equivalente a
aproximadamente dos salarios medios.
VER
CUADRO 4
Por último, es
preciso resaltar que los valores anuales considerados en los dos ejercicios
anteriores no incorporan la debida actualización del monto adeudado, ya que los
mismos consisten en sumas de montos expresados en base a precios de distintos
períodos. Esto es, y tal cual como se observa en el cuadro N º 5, el monto de
$989 adeudados por el salario impago en enero de este año implicaba un poder de
compra superior que lo expresaría idéntico monto monetario al mes de diciembre. Para permitir la homogeneización
de los valores, en los siguientes dos cuadros, presentamos la actualización de
cada uno de los montos mensuales al mes de diciembre 2016. De esta manera surge
que, si consideramos el año 2016, la deuda acumulada a los estatales asciende a
$33.117,6 al tiempo que si se toma en cuenta todo el período de gestión
macrista, la deuda en concepto de salario impago a los estatales asciende a
$59.523,28.
VER
CUADROS 5 Y 6
En conclusión, el
bono, como se mencionó al inicio del informe, no busca resolver la cuestión de
fondo, que es la cristalización de un piso salarial más bajo para la
reactivación del nuevo proceso económico. La brutal transferencia de ingresos
experimentada desde la asunción del nuevo gobierno desde el salario y los
ingresos de los sectores populares a la rentabilidad empresaria, es convalidada
por la cúpula cegetista que abdica toda medida de fuerza ante el pago de una
compensación por única vez y sin
garantías.
Más aún, el bono
negociado en la cerrada “mesa de diálogo” de $2.000 o $3.000 en el mejor de los
casos, ni siquiera reviste una magnitud coherente con las necesidades objetivas
de los trabajadores quienes, al menos durante el período aquí analizado, han
acumulado una pérdida salarial muy superior. Del informe se desprende entonces,
que para favorecer una correcta
aplicación del mismo, es necesario que cada trabajador de la administración
pública reciba a fin de año un salario entero más, para compensar el desfasaje
del año 2016, o bien, dos salarios más si se busca reintegrar lo perdido desde
el inicio de la nueva gestión de gobierno.
