Autor: ateorgar

La semana pasada, integrantes de los equipos de salud
de la Provincia de Córdoba (particularmente un grupo de enfermeras y
enfermeros) pertenecientes a los “grupos de riesgo” fueron convocados/as a
entrevistas personales e individuales con la finalidad de que vuelvan a
desarrollar tareas de manera presencial.

Ello ha motivado que ATE Córdoba presente un amparo
ante la Justicia Provincial “que tiene un aspecto preventivo general y otro
puntual-individual”, según informaron desde el área jurídica del sindicato. ATE
solicita, así, que la medida de amparo alcance al “conjunto indeterminado de
personas que están en curso de la situación de pertenecer a “grupos de riesgo”
y que hayan recibido al menos 1 dosis de alguna de las vacunas” y que lo haga,
“puntualmente”, con las y los trabajadores que el sindicato nombra en la
actuación judicial y que han sido convocados por la patronal.

“La norma no consigna ni mínimamente de qué manera, en
qué proporción, con qué seguridad, las personas comprendidas dentro de los
“grupos de riesgo” (mayores de 60 años, con afecciones cardíacas,
respiratorias, con obesidad) dejan de estar en riesgo con una o dos dosis de
alguna de las vacunas y por ello no podemos aceptar que se convoque así, sin
más”, expresaron desde la Asesoría Letrada de ATE Córdoba. “El tema es de vida
o muerte toda vez que en nuestro país ya murieron casi 65 mil personas de
COVID-19 y cualquier cambio que vuelva atrás con decisiones sanitarias de
protección de la vida debe de ser largamente fundamentada y consensuada con
todos los actores”, explicó el Secretario General de ATE Córdoba, Federico
Giuliani.

Giuliani  advirtió,
a su vez sobre la “casualidad” que convoquen a personal de enfermería “cuando
ya desde el año pasado estamos denunciando el faltante de personal en la Salud
Pública Provincial, un faltante enorme en todas las áreas y especialidades pero
que se torna crítico en enfermería, con enfermeras y enfermeros terapistas
atendiendo muy por encima de las necesidades y pautas establecidas por
organismos nacionales e internacionales para las buenas prácticas de salud, con
polifuncionalidades, haciendo de camilleras/os, realizando diálisis, cuidados
intermedios, atenciones de rutina, quirófano, muchas veces todo dentro del
mismo turno”.

Asimismo señaló 
que “aunque los casos de enfermería son los primeros de los que hemos
detectado, con el correr de los días seguramente aparecerán personas
pertenecientes a “grupos de riesgo” de otras áreas que también habrán sido
convocadas/os”.

Para el titular del CDP la convocatoria “pasa de ser
solo un tema de salud de las trabajadoras y trabajadores que el Estado
Provincial ahora convoca, para convertirse en un problema político: el de
sucesivos Gobiernos que llevan al máximo la sobre-exigencia de las y los
trabajadores del Estado sin hacerse cargo del verdadero problema que tienen y
que es el de la falta de inversión, el del paulatino ajuste a las y los
trabajadores y el recorte de derechos al conjunto de la población”. Así, enfatizó
Giuliani “la Provincia prefiere jugar con la muerte de sus trabajadoras y trabajadores
a cumplir con el verdadero fortalecimiento del sistema público de salud. Dice
que no tiene dinero pero es porque no lo busca entre el verdadero poder de
Córdoba. Nos dejan al Pueblo a merced de la pandemia mientras las ganancias de
los exportadores, de los de siempre, se van por las nubes”.

El
devenir de la norma y los justificativos del amparo judicial

La primera norma que el Ejecutivo Nacional dispuso con
el advenimiento de la pandemia y el Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio (ASPO) para las y los trabajadores fue determinar a un grupo de
personas como “grupo de riesgo”. En este “grupo” se incluyó a diversas
poblaciones: aquellas ya que tenían enfermedades preexistentes a la pandemia
que podrían empeorar en el caso de contraer COVID-19 (inmunodeprimidos,
pacientes oncológicos, cardíacos, con afecciones respiratorias u obesidad);
personas gestantes y mayores de 60 años. Este grupo de personas, por su mayor
riesgo potencial de empeorar sus cuadros clínicos o producir algún perjuicio a
su salud o la de su hijo/a en gestación, quedó aislado desde el comienzo del
año 2020, aunque continuaron cobrando su remuneración, cumpliendo tareas de
manera remota. El aislamiento persistió aún luego después de julio del año
pasado en que de ASPO la situación sanitaria se calificó como DISPO
(Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio).

A principios de abril de este año, el Ministerio de
Salud y el de Trabajo de la Nación, publicaron una declaración conjunta que
dice que a los 14 días de que la persona reciba una dosis de alguna vacuna
contra el coronavirus, puede ser llamada a trabajar. Y ello alcanzaba, también,
a las trabajadoras y trabajadores de estos “grupos de riesgo”, ya sea que
trabajen en el ámbito público o privado. “Sin embargo, hace 15 días y luego
ratificado con el Decreto 287 del pasado viernes, el Presidente de la Nación
suspendió para la Administración Pública la norma emitida a principios de abril
entre el Ministerio de Salud y el de Trabajo de la Nación y continuó corriendo
las disposiciones generales previas a estas enmiendas”, explicó Eugenio
Biafore, abogado de ATE quien lleva adelante el amparo.

“Córdoba actuó de manera “especular”, como espejo:
cuando Nación dispensó de trabajar de manera presencial a su personal, la
Provincia hizo lo mismo con el único personal que directamente le compete, es
decir el de la Administración Pública Provincial en su conjunto (Educación,
Salud, Administración en General, etc.)”, explicó el letrado. Tal es así que
estando ya vigente la suspensión del Decreto, la Provincia, el 22 de abril,
emitió la Resolución 166/2021 de la Secretaría General de Gobierno donde dice
que “atento a que Córdoba ha adherido al Plan Estratégico de Vacunación” y a
que “existe una Resolución Nacional que permite convocar a trabajar de manera
presencial a personas aisladas por pertenecer a los “grupos de riesgo”, a los
14 días de haber recibido 1 o 2 dosis de alguna de las vacunas contra el
COVID-19″ pasan a ser pasibles de ser convocadas a trabajar de manera
presencial. De esa manera, “aquellas personas mayores de 60 años, con
comorbilidades (a excepción de inmunodeprimidas/os o con tratamientos
oncológicos) o personas gestantes, pueden ser convocadas a prestar tareas de
manera presencial nuevamente”, detalló Biafore. 
La norma provincial, sin embargo, hace la salvedad de que quienes
trabajen en salud y pertenezcan a estos “grupos de riesgo”, podrán ser
convocadas a los 14 días de aplicada la 2da dosis. La Resolución 166, a su vez,
también “dice algo que atenta contra el concepto de “voluntario” de la campaña
de vacunación”, advirtió Biafore. “Al personal que haya decidido no vacunarse y
que, por ello, no pueda ir a trabajar por no tener aplicadas las vacunas, la
Provincia procederá al no pago de su salario ya”.

“Desde ATE cuestionamos la norma por varios motivos”,
explicó el asesor legal de ATE. “El llamado a personal incluido dentro de los
“grupos de riesgo” lo impugnamos fundamentalmente porque la norma es arbitraria
e inmotivada, que carece de todo rigor técnico-científico ya que la norma no
expone claramente cómo el riesgo por el cual se produjo el aislamiento de estos
grupos ha disminuido o se ha extinguido, haciendo que los fundamentos del
aislamiento se extingan también, tras la vacunación con 1 o 2 dosis. La norma
no habla de los niveles de inmunización que se obtienen con las vacunas, para
enterarnos de ello pretenden, parece, que veamos la televisión“, consignó
Biafore. Como no se dice la motivación en la fundamentación de la norma, para
el integrante del equipo jurídico de ATE, ello torna “nula” la Resolución
Provincial.

Por otro lado, el letrado también consignó que la
impugnación presentada está fundada sobre el argumento de que no se podría
sancionar con la quita de salario a alguien que no haga algo que la propia Ley
no obligue a hacer. Así, “por un lado se dice que la vacunación es voluntaria
y, por otro, se dice que si no te vacunás te quitan el salario. Ello va contra
el Artículo 19 de la Constitución Nacional, el del “principio de la legalidad”
que dice que “nadie está obligado a hacer algo que la Ley no obligue””, detalló
Biafore.

Por último, desde el cuerpo jurídico de ATE,
advirtieron también otra serie de inconsistencias de la norma provincial: “dice
que el personal gestante puede ser convocado tras recibir alguna dosis de
alguna de las vacunas contra el COVID-19. Evidentemente quien escribió la norma
no tenía idea que, por normativas del propio Ministerio de Salud, no se está
vacunando a personas gestantes ya que no está probada la inocuidad a la persona
o al feto, con lo cual abre una puerta que, del otro lado, tiene una tapia”.

“Vamos a disputar cabalmente las decisiones de un
Gobierno Provincial que parece querer jugar con la vida y la muerte de sus
trabajadoras y trabajadores. Para quienes hacemos ATE la defensa de la salud en
el trabajo es central. Nadie debe morir en el trabajo”, enfatizó el Secretario
General de ATE Córdoba, Federico Giuliani.