Autor: Alejandro Asís

La Seccional Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) General San Martín, informó que la asamblea de trabajadoras y trabajadores municipales de Tartagal rechazó el aumento salarial del 14% ofrecido por la comuna.  En la necesidad de recuperar el poder adquisitivo del salario exigen un incremento del 45%.

La Secretaria General de la Seccional, Sandra Hoyos, adelantó que informarán al Ministerio de Trabajo el rechazo a este aumento y pedirán inmediatamente el fin de la conciliación obligatoria para que las y los trabajadores de Tartagal tengan la libertad de definir los nuevos pasos a seguir.

Hoyos, explicó que el personal municipal ha reiterado en la asamblea que la comuna debe realizarles una propuesta que esté en línea con las necesidades actuales. “Hemos perdido muchísimo de nuestro poder adquisitivo y necesitamos que nuestro salario tenga valor”, recalcó. Además, la dirigente local de ATE denunció que sigue sin  cumplirse con los pases a planta de las y los 25  trabajadores planilleros que están contratados. “Para esto se requiere de la buena voluntad del municipio, que hoy no se demuestra”, sostuvo.

Durante toda la semana pasada las y los trabajadores municipales de Hipólito Yrigoyen llevaron adelante una protesta exigiendo que se cumpla con el pago del aumento salarial del 14% y del bono de 50.000 pesos decididos por el Gobierno provincial y que también replican los municipios. Sin embargo en lugar de cumplir con el pago, la comuna que conduce Soledad Cabrera protagonizó un bochornoso acto de represión que acabó con más de 25 heridos, dos de ellos internados en el Hospital San Bernardo, de la ciudad capital.

La decisión de reprimir está siendo una constante desde que el Gobierno de Javier Milei asomó en diciembre del 2023: jubilados apaleados en el Congreso, municipales de Yerba Buena, en Tucumán, e Hipólito Yrigoyen son víctimas de una violencia que crece.

En el caso puntual del municipio salteño las y los trabajadores reclaman salarios dignos. “El ingreso de bolsillo promedio ronda entre los 300.000 y 400.000 pesos, muy lejos del 1.600.000 pesos que marca la canasta del INDEC para esta región del país”, explicó la Secretaria General de la Seccional Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Orán, María Julia Pizola.   

Según señaló la dirigente el pasado día lunes las y los trabajadores decidieron apostarse en el área de recolección de residuos, donde tras una asamblea definieron el paro por tiempo indeterminado e instalarse en el lugar. “Desde el miércoles comenzaron a llegar oficiales de Infantería. Entre cinco y seis por cada trabajador o trabajadora que protestaba. El jueves un fiscal, creemos que a instancias de la intendenta, da la orden de desalojo y avala  la intervención policial que culmina con una feroz represión”, detalla Pizola.

La refriega policial acaba con 25 trabajadoras y trabajadores heridos. Un trabajador con pérdida de un ojo y dos internados en el hospital San Bernardo de Salta Capital, uno con traumatismo craneal y una trabajadora posiblemente con una trombosis venosa producto de una bala de goma.    

Pizola subraya que el grado de salvajismo de esta represión lo expresa el lugar del cuerpo donde se centraron los disparos: “En más del 70% de los casos las lesiones se registraron en la cabeza, frente, cuello, ojos y labios”, acotó.

El día viernes la ATE fue convocada a la Secretaría de Trabajo provincial donde se alcanzó un acuerdo que contempla la totalidad del reclamo. Pagarán el bono completo en un solo tramo, el 14% en los mismos términos establecidos por la provincia y habrá recategorizaciones generales, que llegarán en dos etapas. También se hará la entrega de ropa en el mes de septiembre.

Además Pizola denunció que el abogado del Sindicato les informó que durante el fin de semana estuvo circulando una orden de prisión para ella y para la Secretaria de Género del Consejo Directivo Provincial (CDP), Florencia Pizola, por lo cual se decidió presentar  un recurso de eximición de prisión. Las autoridades  niegan que haya una lista con un pedido de detenciones para dirigentes y trabajadores del municipio.  

A poco más de una semana de la represión policial que alcanzó a las y los trabajadores del municipio tucumano de Yerba Buena, una idéntica situación se dio contra el personal de la municipalidad salteña de Hipólito Yrigoyen que reclamaban mejoras salariales y las recategorizaciones. Estas situaciones marcan la preocupación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que desde principios de año viene  denunciando el recorte de la coparticipación en los municipios y alertando que la respuesta de esos Ejecutivos comunales es enviar a la fuerza policial para reprimir la protesta.             

Desde fines de junio la ATE se encuentra reclamando mejoras en las condiciones salariales y laborales. La falta de respuestas concretas de la intendencia provocó que en la última semana el personal municipal dispusiera intensificar su plan de lucha con un paro general que se extendió por cuatro días hasta que la jefa comunal, Soledad Cabrera, decidiera enviar a la policía a disolver las protestas. En medio de un desalojo violento, que dejó a más de 25 manifestantes con diversas heridas, un trabajador sufrió la pérdida de un ojo por el impacto de una bala de goma.

La caída de la coparticipación y el ajuste permanente del gobierno nacional en las cuentas públicas ha provocado en poco más de un año y medio que lleva en ejercicio el gobierno de Javier Milei una caída de más del 35% de los salarios.  En el caso particular de Hipólito Yrigoyen la ATE viene denunciado que las y los trabajadores están atravesando un acelerado proceso de pérdida del salario y de pobreza extrema, donde  casi el 70% de los salarios municipales se van sólo en el pago de las facturas de los servicios básicos.

Luego de la represión el día viernes llegó una convocatoria de la intendencia para anunciar al personal un aumento de salarios con aplicación inmediata y el ofrecimiento de hacerse cargo de la curación de todas y todos los heridos por la represión.