En el marco de la intervención y las gestiones impulsadas por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Buenos Aires comenzaron a desarrollarse las primeras mesas de trabajo entre el Sindicato y autoridades de la Jefatura de Asesores del gobernador y del Registro Provincial de las Personas con el objetivo de dar forma a los reclamos que se vienen sosteniendo por derechos laborales y jerarquización de las y los  trabajadores.

Desde ATE señalaron que “la defensa de los derechos laborales no puede limitarse a resistir las políticas de ajuste del gobierno nacional, sino que también debe proyectarse en la construcción de un Estado provincial con mayor justicia social, equidad retributiva y fortalecimiento de la carrera administrativa”.

Agrega el Consejo Directivo Provincial (CDP) que “en ese camino la discusión de un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), que venimos impulsando con el Poder Ejecutivo, constituye una herramienta estratégica para democratizar las relaciones laborales y poner en valor el trabajo cotidiano de miles de trabajadoras y trabajadores estatales de la provincia”.

Uno de los puntos centrales abordados en las mesas de trabajo es el reconocimiento económico de la función de las y los subdelegados dentro del ámbito de las delegaciones del Registro de las Personas, dependiente de la subsecretaría de gestión operativa de Jefatura de Asesores.

Para ATE “quienes desempeñan esta función asumen responsabilidades operativas, administrativas y de gestión complementarias a la de las y los delegades, garantizando en muchos casos la continuidad del servicio o apoyando el normal funcionamiento de las oficinas”.

Por ello se ha planteado la necesidad de reconocer económicamente esta función a través del otorgamiento de un adicional remunerativo equivalente al 75% del monto percibido por las y los delegados por igual concepto. Esta medida responde a principios de equidad retributiva y valorización del trabajo efectivo.

Otro eje estratégico planteado por ATE es el rediseño de la base de cálculo de la bonificación sustitutiva, frente a la pérdida acumulada del poder adquisitivo. Al respecto se solicitó que la bonificación remunerativa no bonificable se calcule tomando como base la categoría 24 del régimen de 40 horas; se establezcan porcentajes variables en función de la categoría y la antigüedad, reconociendo trayectoria y responsabilidad jerárquica; se incluya a todo el personal que conserva el régimen de 30 horas, aplicando el beneficio de manera proporcional; se adecue la escala salarial para garantizar un impacto proporcional y justo.

Estos planteos no son meramente sectoriales sino que se enmarcan en la antesala de la discusión con el Ejecutivo provincial hacia un nuevo CCT que reemplace la Ley 10.430 por una herramienta moderna, participativa y con legitimidad democrática para regular las relaciones laborales en el Estado bonaerense.

Finalmente se abordó la problemática de concursos y cobertura de cargos vacantes, acerca de lo que el gobierno reconoció como demoras vinculadas a la Dirección de Personal. Es por ello el CDP pidió que  mientras se sustancien los concursos, se evalúe una salida transitoria vía decreto que reconozca salarialmente durante al menos un año a quienes hoy ya cumplen efectivamente las funciones.