Tras la reunión mantenida entre la ATE Jujuy y ministros del gobierno provincial se acordó dejar sin efecto las sanciones impuestas a seis trabajadoras y trabajadores de la Dirección Provincial de Inmuebles (DPI) que venían manifestando su reclamo por el pago del adicional que perciben demás trabajadoras y trabajadores que prestan servicio para el Ministerio de Economía.
En acuerdo fue alcanzado durante el encuentro que ministro de Hacienda, Federico Cardozo; el de Gobierno, Normando Álvarez García; y el Director de la DPI, Francisco Barrau; con el Secretario General de la ATE provincial, Carlos Sajama; y el Secretario Gremial, Juan José Fernández; en donde también se selló un acuerdo para establecer una Mesa de Diálogo, en la que buscarán lograr una solución a esta y demás problemáticas que existen en la repartición.
Las y los trabajadores habían declarado el paro por tiempo indeterminado por el reclamo del pago del adicional que les corresponde como personal del Ministerio de Hacienda y que el gobierno provincial, por medio de un expediente, les había notificado, no van a ser incluidos en este adicional. Como parte de ese proceso el organismo comenzó a aplicar sanciones totalmente injustificadas y arbitrarias.
Por lo resuelto en la reunión, las y los trabajadores decidieron abrir un compás de esperas y levantaron las medidas de fuerza que se venían desarrollando desde la última semana.
Ante la grave situación de falta de agua en las instalaciones de trabajo de la Secretaria de Primera Infancia de Niñez y Familia, las y los trabajadores reclamaron en asamblea una urgente resolución para tratar esta problemática que lleva varios días, poniendo en riesgo a las y los trabajadores, como a las personas que concurren diariamente a realizar trámites.
Dicha asamblea contó con gran participación de las y los trabajadores del sector y el apoyo de la ATE Salta, a través de la presencia de la Secretaría de Acción Política de ATE, Nelly Sánchez; la Secretaría de Prensa, Carina Mamani; y otras referencias sindicales que se reunieron con diferentes autoridades del organismo y de la Secretaría de Recursos Humanos de la provincia, con la finalidad de que los trabajadores puedan retirarse ante la falta de agua.
Desde ATE criticaron que las y los trabajadores deban padecer la falta del servicio esencial de agua corriente y con las exigencias a las y los funcionarios a continuar trabajando y cumplir en territorio las tareas técnicas específicas.
Desde el sindicato informaron a las autoridades de las leyes que protegen al trabajador: Convenio Colectivo de Trabajo, Constitución Provincial y Nacional, Convenio 190. Ley Micaela, Ley 19587 Nacional de Higiene y Seguridad y Ley 26061 de Protección Integral de Niños, Niñas y adolescentes y Ley 26485 de Violencia de Género.
También se dejó en claro que existe una situación de inseguridad que pone en riesgo a las y los beneficiarios y/o personas concurrentes, por los daños en las estructuras debido a la lluvia, como también por la falta de higiene de los sanitarios que son de uso público.
Cabe resaltar que a pesar de estas condiciones laborales las y los trabajadores fueron obligados a prestar sus servicios.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Salta, marchó por las calles de la capital provincial donde manifestó la necesidad de que se elimine toda forma de violencia hacia las Mujeres y las Diversidades.
El Consejo Directivo Provincial (CDP), representado por la Secretaria de Acción Política, Nelly Sánchez, y la Secretaria de Comunicación, Carina Mamani, junto a dirigentes de la CTA-A, el Frente por la Emergencia Nacional contra las Violencia, Organizaciones Sociales, y Organizaciones de Mujeres y Diversidad marcharon en unidad contra la violencia de género subrayando que esta “hoy se enmarca en discursos de odio y desigualdad económica por un lado y un retroceso desquiciado en términos de derechos”.
Las organizaciones se trasladaron después hacia la Legislatura Provincial de Salta, en lo que fue un día histórico que permitió visibilizar los reclamos por “verdaderas políticas de prevención y asistencia a las víctimas de violencia”.
En este sentido se elaboró un documento exigiendo lo siguiente: – Declaración nacional de emergencia en violencia de género; basta de femicidios, lesbicidios y trans-travesticidios; basta de violencia en todas sus formas contra nosotras y nosotres; el fin del desmantelamiento de las áreas de género y de dispositivos estatales que abordan la violencia; basta de entregar y saquear nuestros bienes comunes; y acabar con el hambre y miseria, la pobreza, el hambre y la represión.
Al finalizar lanzaron la consigna “vivas, libres, desendeudadas y con derechos nos queremos”.
La ATE Tucumán marchó hacia la Plaza Independencia de la capital provincia, donde las organizaciones provinciales concentraron en el marco de la jornada nacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres y disidencias.
Durante la jornada el sindicato ratificó su compromiso “con la igualdad y la justicia social, defendiendo los derechos laborales de todas las mujeres trabajadoras”.
En conjunto de las organizaciones presentes remarcaron que el #25N “es un día para reflexionar, alzar la voz y seguir luchando por una sociedad más igualitaria, donde todas y todos vivamos libres de violencia”.
Ante la falta de respuestas al pedido de pago de adicionales a las y los trabajadores de la Dirección Provincial de Inmuebles, la asamblea convocada por la ATE Jujuy decidió profundizar las medidas de fuerza, declarando un paro por tiempo indeterminado.
En este sentido el sindicato adelantó en un comunicado que “las y los trabajadores se ven obligados a profundizar su reclamo debido a que no hay respuestas por parte de los directivos y continúan con las amenazas hacia el personal”.
Las y los trabajadores reclaman el pago del adicional que les corresponde como personal del ministerio de Hacienda y que el gobierno provincial, por medio de un expediente, les ha notificado que no van a ser incluidos en este adicional. Además las y los trabajadores están exigiendo que se dejen sin efecto las sanciones injustificadas y arbitrarias que se vienen aplicando contra este personal.
Sobre esta situación el Secretario Gremial de la ATE Jujuy, Juan Fernández, enfatizó que “en vez de tener una respuesta favorable, nos damos con que el director no está en la repartición, está en una audiencia, nos llama la vice directora apretando al personal, de por qué estamos en asamblea”.
En el marco de la reunión desarrollada con el Jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, Luciano Carrasco, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) fijó su posición al complejo de fábricas militares, remarcando la necesidad de que continúen en manos del Estado y que se reactiven para la explotación de todo su potencial con una política de defensa que tenga la perspectiva de la Soberanía Nacional como eje central.
Durante este encuentro el sindicato también pidió al ministerio la preservación de la fuente de trabajo, con todos sus derechos, como una necesidad concreta de sostener cada puesto de trabajo ante la amenaza permanente de avanzar en nuevas cesantías masivas, tal como viene planteando el gobierno en propias palabras del presidente, Javier Milei.
Como resultado de esta reunión se logró el compromiso para que las nuevas autoridades de Fabricaciones Militares (FFMM) reciban a una delegación del sindicato, y se recepcionen, y atiendan, las propuestas de ATE para FFMM en este tiempo, sustentadas en el reclamo de que reactiven la misma en el camino de la soberanía nacional y en defensa de las mayorías populares.
La delegación de ATE estuvo conformada por el Secretario Gremial del Consejo Directivo Nacional, Oscar de Isasi y Fernando Peyrano, por la coordinación nacional de ATE en Fabricaciones Militares (y representante de la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán).
Tras la reunión De Isasi sostuvo que “Fabricaciones Militares tiene un rol central en el entramado de defensa, por nuestra soberanía y en defensa de los intereses de nuestro pueblo”.
En la misma línea se pronunció Peyrano, afirmando que “nos preocupa mucho el futuro de las fábricas y por esos nos apremia saber que planes productivos y presupuesto hay destinado para Fabricaciones Militares para el año 2025”.
También estuvieron presentes en representación de la Fábrica Militar de Fanazul el Secretario General de la Seccional ATE Azul, Eduardo Bercovich y el delegado Sebastián Mandio; por la Fábrica Militar de Río Tercero el Secretario General de la Seccional ATE Río Tercero, David Salto y el delegado Franco Palacios; por la Fábrica Militar de Villa María Sergio Catalano, por la conducción de la Seccional ATE Villa María; y por la sede central del organismo, la delegada Charo Iglesias.
El pasado viernes 22 de noviembre se cumplieron 45 años del cierre de la mina “La Casualidad, definida a través de un decreto impuesto por el ministro de Economía de la dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, que en esa decisión encontró la excusa perfecta para acabar con los derechos laborales que se venían forjando por la lucha de esos trabajadores, con el respaldo sindical que la Asociación Trabajadores del Estado.
En el marco se inauguró en la ciudad de Rosario de Lerma un impactante mural que homenajea a esos cientos de trabajadores que en su afán de sostener presente el rol activo del Estado, en un recóndito lugar de la patria, prestaron servicio en la producción de azufre que por más de cuatro décadas y que por impulso de ese emblema de la producción estatal llamado Fabricaciones Militares, proveyeron de ese mineral a numerosas actividades de la industria nacional.
Dino Vázquez, un dirigente de ATE que tuvo amplia participación en todo el proceso productivo de aquella mina, cuenta que “La Casualidad” fue “mucho más que una mina, fue un lugar donde se disputaron numerosos derechos laborales que los trabajadores veníamos reclamando”.
Para poner en contexto lo que era “La Casualidad” hay que hacer una primera referencia a su creación en el año 1940 y que funcionó en su origen como empresa mixta hasta que en el año 1952 Fabricaciones Militares compra totalmente su paquete accionario. “La Casualidad” funcionó en un ámbito extremo: “hablamos de una mina enclavada en plena montaña, a casi 5.000 metros de altura, a una distancia de 500 kilómetros de la ciudad de Salta y a poco más de 25 kilómetros de la frontera con Chile”, aporta como datos relevantes Miguel Quiroga, también dirigente de ATE del Consejo Directivo Provincial durante fines de los ´90.
“En el campamento creado en torno a la mina llegaron a vivir casi 6.000 personas, unas 1.500 familias que lograron conformar una comunidad con escuelas, cine, teatro y negocios o sea todas las necesidades que cualquier pueblo requiere”, acota Quiroga.
Pero es necesario retornar al relato de Vázquez para volver a cualificar la presencia de ATE y la evolución sindical posterior que significó la creación de la Seccional La Casualidad: “en mi caso particular mi trabajo era de soldador. Cuando yo comienzo a trabajar en la mina nuestra jornada de trabajo era larga y muchos de nuestros derechos no eran reconocidos. Nuestra osadía más grande fue conformar el sindicato dentro de un área de injerencia plena de los militares”.
En esa etapa de reclamos laborales Vázquez recuerda que “se logra poner en valor las horas extras, la entrega de ropa de trabajo y el pedido de que se cumpla con el pago del adicional por Zona Desfavorable”.
Detalla Vázquez que “con ATE logramos tener unos 300 afiliados, un número que nos permitió conformar la Seccional ya que por entonces se precisaban tener unos 100 afiliados para crear una Seccional. Así nace la Seccional La Casualidad, que toma su nombre del yacimiento minero y tiene su esplendor entre los años 72 y 75”.
Ya a inicios del ’76 comienzan a intensificarse las presiones sobre el gobierno democrático de Isabel Perón y en marzo llegará el golpe y la instauración de la dictadura militar.
“La Casualidad” cerrará definitivamente por un decreto de la dictadura el 22 de noviembre de 1979. Cuarenta y cinco años después la inauguración de este mural dará un poco de justicia a esos cientos de trabajadores que supieron trascender en ese difícil entorno y engrandecer la indispensable presencia del Estado en todo el territorio de nuestra patria.
El mural de cuatro metros de largo y dos de alto fue realizado con la técnica de mosaiquismo por el artista José Ruedas con la colaboración de los azufreros. La obra emula el dibujo plasmado en recuerdo que recibieron los trabajadores al cumplir 25 años de servicio. Cabe recordar que la piedra basal en el predio cedido por el municipio de Rosario de Lerma se colocó en 2021.
El Consejo Directivo Provincial de ATE Catamarca, en conjunto con el Consejo Directivo Nacional (CDN) de ATE llevaron adelante una capacitación para delegadas y delegados de las Seccional Fiambalá donde se analizaron distintas problemáticas salariales y laborales y la situación general del Estado, en sus ámbitos nacional, provincial y municipios.
La capacitación de pasado viernes forma parte de todo un proceso que la conducción provincial y el CDN desarrollan en la provincia desde el mes pasado, una capacitación que ya tuvo la participación de delegadas y delegados de Saujil y Andalgalá.
Como en la anterior capacitación por el CDN se hizo presente Ernesto Contreras, quién junto a al Secretario General del Consejo Directivo Provincial, Ricardo Arévalo; su Secretaria de Formación, Carolina Barros; y el Secretario general de la Seccional Fiambalá, José Rasjido; tocaron temas referidos al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y realizaron un análisis político, social y económico y las diferentes problemáticas planteadas por los presentes, como también la crisis actual y las medidas que se vienen tomando en contra de la clase trabajadora tanto Nacionales, Provinciales y Municipales.
Junto a delegadas y delegadas de Fiambalá se hicieron presentes también delegadas y delegados de las demás localidades del Departamento de Tinogsta.
A través del Secretario General, Jorge Flores, y la Secretaria Adjunta, Camila Jerez, la ATE Tucumán participó de la primera reunión paritaria que negocia el aumento salarial para el último tramo de la paritaria 2024.
Este encuentro tuvo la participación por el gobierno provincial del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad y el Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín.
En el mismo se abordaron temas clave como la actualización salarial, la equiparación de asignaciones familiares y el pase de de trabajadoras y trabajadores a transitorio y de transitorio a planta permanente y se definió una nueva reunión para la primera semana de diciembre.
Al finalizar el encuentro la conducción provincial de ATE reafirmó su compromiso de “luchar por salarios dignos y condiciones laborales que aseguren que ningún trabajador esté por debajo de la línea de pobreza”.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de La Rioja y las organizaciones que conforman la CTA Autónoma, de la misma provincia, expresaron su solidaridad con el compañero de ATE, Sergio Vignato, ante el brutal y cobarde ataque hacia su persona y a los integrantes de la comunidad de El Cardón, pueblo que limita con el Parque Nacional Talampaya y cercano a la localidad de Aicuña, en el departamento Gral. Felipe Varela.
En su comunicado de prensa ATE y demás organizaciones manifestaron su repudio al “violento e ilegal accionar de Dante Ormeño y Mario Ormeño, quienes hostigaron e incomunicaron por más de una hora, a nuestro compañero Sergio Vignato, quien trasladaba a una de las familias de esa localidad”.
El Cardón es una comunidad constituida hace muchísimos decenios, con un desarrollo social, político y productivo propio. Las familias que habitan el territorio ancestralmente son perseguidas y violentadas por la familia Ormeño constantemente.
Desde el Consejo Directivo Provincial subrayaron que “el brutal ataque contra nuestro compañero, quien viene acompañando a la comunidad de El Cardón desde hace muchos años buscando obtener las escrituras de las tierras que habitan hace décadas, se origina a partir del triunfo de las familias que accedieron a sus títulos”.
En ese sentido, han instado a la Justicia a “actuar con celeridad para poder detener a los responsables, ya que sus acciones constituyen un delito grave, de carácter penal. Debe la justicia tener un rol ejemplificador para que cese el hostigamiento a las familias de El Cardón, legítimos dueños de las tierras en disputa, reconocidos legalmente por el ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, y por toda la comunidad riojana”.