Mes: marzo 2025

1968 – Tiempos de crisis de la contrarrevolución argentina, siendo el General Agustín Lanusse el tercer presidente de facto del citado período, permaneciendo el General Perón en el exilio, y el movimiento obrero organizado atravesado por intervenciones, cancelaciones de personerías gremiales, congelamiento de fondos, y la dirigencia sindical fragmentada entre silencios burocráticos y voces combativas, aquel militar usurpador de uniforme patrio alentará la normalización de la central obrera. Lo hará dando un guiño, desde su mirada táctico estratégica de carácter político institucional, con vistas a una apertura pseudo democrática, de la que se proyectaba protagonista, impulsando el ala sindical colaboracionista desde donde se destacaba la figura del secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Eugenio Timoteo Vandor, su posible compañero de fórmula.

Era un secreto a voces que el ministro de Trabajo, Rubens San Sebastián, ‘normalizaría’ con intervenciones algunos de los gremios sancionados, posibilitando por esta vía el acceso de dirigentes ‘confiables’ en un futuro armado, para contar con más gremios afines a la hora de normalizarse la central obrera.

Es así que se convoca al encuentro normalizador, Congreso ‘Amado Olmos’ –denominado así en homenaje al dirigente de la Sanidad recientemente fallecido- que se llevará a cabo en la sede de la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) entre el 28 y 30 de marzo, luego de que el vandorisimo hiciera esfuerzos por convencer a los gremios intervenidos de que no participaran de las votaciones, para garantizar el desarrollo con la legalidad que demandaba el régimen y evitar cualquier impugnación.

El Secretario Adjunto de la intervenida Unión Ferroviaria, Lorenzo Pepe, habría de ser una de las espadas encargadas de convencer sobre la necesidad de la participación de los gremios intervenidos y de contener su presencia.

La ATE con las puertas abiertas en la vereda correcta

El 27, día previo a la convocatoria, se lleva cabo en la sede nacional de la ATE, en el despacho del Secretario General, un encuentro de los principales referentes congresales por fuera del vandorismo, y Bernardo Alberte, delegado personal de Perón. Carlos Custer, Secretario de Organización de UPCN, y también delegado al Congreso normalizador –pocos años antes de su incorporación a ATE- será el encargado de recibir, entre otros, a los convocados, oportunidad en que se debate y se arma la lista a ser propuesta por el sector, y que encabezará el dirigente gráfico Raimundo Ongaro, acompañado por Amancio Pafundi como adjunto –años más tarde incorporado a la ATE y Presidente del Centro Nacional de Jubilados-, y Pedro Avellaneda, el brillante Secretario General Adjunto nacional de los estatales, la Prosecretaría de finanzas.

En las deliberaciones oficiales del Congreso el día posterior frente a las argumentaciones expuestas desde el vandorismo, serán importantes los roles de los dirigentes Lorenzo Pepe; del obrero naval Ricardo de Luca; del telefónico Julio Guillán; del empleado de Farmacia Jorge Di Pascuale; de Juan Horvath de ATE –respaldo que dará no por mucho tiempo-.

En medio del debate interno se produce la crisis que lleva a los seguidores de Vandor, en la segunda jornada a optar por retirarse de la escena deliberativa, por lo que se decide pasar a un cuarto intermedio hasta el día siguiente en que el vandorismo no se hace presente, habiéndose reinstalado ilegal e ilegítimamente en la sede oficial de la CGT.

En tanto en la sede la UTA, tras llevarse a cabo los trámites de rigor correspondientes y votarse con el quórum requerido en las respectivas urnas dispuestas, el día 30 será el compañero Carlos Custer, el encargado de dar a conocer los resultados que determinaran la elección de Raimundo Ongaro, como Secretario General de la CGT que se autodenominará de los Argentinos, promoviendo con honra un sindicalismo de liberación.

*Por Daniel Parcero, Periodista y escritor revisionista del movimiento obrero. Responsable del Área Memoria del Departamento Nacional de Cultura de la ATE.

En esta etapa es necesario motivar a nuestros compañeros y compañeras, a los que luchan, a que sumen nuestras consignas a las consignas de nuestra ATE y nuestra CTA.

Que la palabra discapacidad se pronuncie en intervenciones públicas, en entrevistas en los medios.

Es importante tener presente que muchos trabajadores y trabajadoras tienen hijos con alguna discapacidad, y que las consecuencias de las políticas del Gobierno los afectan directamente, especialmente a las mujeres en las tareas de cuidado.

¿Por qué este planteo?

En el 2023, ante la posibilidad del triunfo de Milei, advertimos el gran riesgo que corrían el Estado, las políticas públicas, el empleo, la situación social. Advertimos sobre un plan consistente en la apropiación de nuestras riquezas estratégicas a manos del capital concentrado de los grupos financieros nacionales e internacionales. Un plan económico de ajuste brutal.

Milei proclamó la destrucción del Estado y aplicó políticas económicas que destruyen la economía del país, el empleo, las políticas públicas sociales y, lo que él dio en llamar ‘la casta’, la justicia social.

El cierre de oficinas del Estado y el despido de los empleados públicos, apuntan en consecuencia, a quienes podían llevar adelante las políticas públicas para el conjunto de los argentinos. Esto se convirtió en una constante y en un objetivo a conseguir, que era festejado desde el Gobierno, por la burguesía depredadora y la prensa de su propiedad.

La salud, la educación, la ciencia, la seguridad social, los programas y las políticas hacia los grupos vulnerables fueron blancos del ataque implacable. Se trata de un Gobierno que se propone reducir el déficit fiscal, reducir la inflación a cero a cualquier costo en pos de una estabilidad que le garantice un futuro triunfo electoral. Es así que la casta pasamos a ser los trabajadores y el conjunto del pueblo.

Ante el fracaso del plan apelan a un nuevo préstamo con el FMI que, además de prolongar los sufrimientos de los trabajadores y del pueblo, termina entregando nuestra soberanía.

Así profundiza el ajuste.

El colectivo de discapacidad recibió golpes demoledores. No tuvieron reparos en el despido de trabajadores con discapacidad, en destruir las políticas tendientes a la integración social, al trabajo, a la salud, a la educación en todos sus niveles, al transporte accesible y a todos aquellos elementos que hacen posible una vida digna.

Los desfinanciamientos a las provincias provocaron el cese de prestaciones de salud, de rehabilitación, de diversos tratamientos, de medicación indispensable para la salud.

Se implementaron auditorías a las pensiones otorgadas a Personas con Discapacidad (PcD) que son una excusa que termina en la quita de la pensión. Del mismo modo, el inicio de los trámites para obtener pensiones está prácticamente suspendido.

En todo el país se cerraron los Centros de Referencia (CDR) que son espacios locales de gestión que funcionan como delegaciones del Ministerio de Capital Humano en municipios y provincias, donde profesionales brindan asesoramiento para facilitar el acceso a distintos programas y servicios. Lejos de redistribuir las tareas de los empleados estos fueron despedidos.

Entonces, lo que sucede en discapacidad está íntimamente ligado a lo que ocurre a todos los sectores populares en la Argentina.

Ante el cierre de institutos en todo el país, cientos de profesionales como médicos, psiquiatras, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos quedan sin trabajo.

Aquí no se trata de una desatención o una política solamente hacia el sector de la discapacidad. Se trata de la política de un Gobierno que se desentiende de la población en su conjunto y niega sistemáticamente sus derechos desconociendo la Constitución y las leyes, además de tratados internacionales.

Si bien hay que insistir en todas las instancias, la solución está lejos y no hay voluntad en este Gobierno de mejorar la situación de las PcD. Por el contrario, su política está basada en la destrucción de sus derechos.

En el Gobierno últimamente está circulando un proyecto irónicamente llamado Ley de Igualdad Ante la Ley que se propone eliminar el Cupo Laboral de las Personas con Discapacidad, el Cupo Trans, la Ley Micaela, el DNI Binario, entre otras políticas.

Este cuadro de situación que atraviesan las PcD revela la magnitud de destrucción y abandono al que son sometidos por el Gobierno. Se trata de un colectivo empobrecido con muchas dificultades para la autogestión.

Es por eso que se requiere, aún más, integrar sus reivindicaciones de manera visible a la lucha de nuestra ATE y nuestra CTA contra el plan económico y hasta derrotar a este Gobierno hambreador y vendepatria.

*Por Carlos Ferreres, Director del Departamento de Discapacidad de ATE.

Siempre es necesario hacer Memoria, buscar la Verdad y exigir Justicia. Esa lucha inclaudicable nos encuentra cada 24 de marzo en las calles. Recordando a nuestrxs 30mil y por qué lucharon. Y, también, cuáles fueron los objetivos políticos, económicos y sociales de los genocidas para instaurar el terror y el mecanismo de las desapariciones.

En el contexto actual, esa necesidad se hace urgencia. Porque quienes nos gobiernan no sólo reivindican los crímenes del terrorismo de Estado, también intentan implementar el mismo programa económico de la última dictadura militar. Buscan desmantelar todo el andamiaje de derechos conquistados en los últimos 41 años de democracia, no sólo las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, sino la concepción misma del Estado como garante de los derechos fundamentales para el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria. Buscan destruir el poder de lxs trabajadorxs organizadxs, mermar la importancia de la sindicalización y atacar la necesidad de la disputa colectiva para pelear por una vida digna.

Así, quieren imponer al Mercado como el ordenador de las relaciones sociales y borrar la concepción del Estado como articulador entre el Mercado y la sociedad.

No vienen a destruir al Estado, vienen a ponerlo al servicio de la maximización de ganancias de las grandes corporaciones económicas.

Para lograrlo necesitan disciplinarnos, perseguirnos. Borrar de la memoria histórica lo que fuimos capaces de construir colectivamente como pueblo trabajador: las conquistas por la ampliación de derechos e inclusión social y la pelea por un país soberano, económica y políticamente.

Intentan imponer nuevos sentidos. Un individualismo extremo, apoyado en la ideología de la meritocracia y en la política de la crueldad.

Necesitan un pueblo desmemoriado, desmovilizado y desorganizado.

Por eso, desde ATE llevamos bien alto las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, y estamos en la calle y en los sectores de trabajo luchando contra el desguace de las políticas de derechos y contra el ataque al Estado como articulador.

Desde la Secretaría sostenemos el compromiso inclaudicable con las políticas de memoria. En el centenario de nuestra ATE tenemos como objetivo inscribir la historia reciente dentro de nuestra propia historia como trabajadorxs estatales sindicalizadxs. Porque dicha historia nos atravesó y nos sigue atravesando como sociedad y porque nuestro sindicato fue y es parte viva de los procesos de lucha de nuestro pueblo.

Como trabajadorxs del Estado sindicalizadxs, tenemos la tarea histórica de defender no sólo nuestros puestos de trabajo y un salario digno, sino un Estado capaz de garantizar una patria justa, libre y soberana. Lo tenemos que hacer con la convicción de que, tarde o temprano, vamos a recuperar la herramienta para dignificar la vida de nuestro pueblo.

*Por Valeria Taramasco, Secretaria de Derechos Humanos de ATE Nacional.