La ATE Santa cruz llevó adelante una asamblea en la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) donde repudiaron las practicas desleales por parte del gobierno de la provincia y exigiendo el pago inmediato del plus vacacional y el incentivo por recaudación.
Para la ATE “el ejecutivo quiere crear un relato de crisis que no existe, mientras que los ingresos a la provincia son cada vez mayores”.
Asimismo el secretario General del CDP, Carlos Garzón, estuvo reunido con la Junta Interna de la ATE ASIP, donde se analizaron las distintas problemáticas del sector.
Integrantes de la conducción provincial de la ATE Jujuy, representado por la Secretaria General Adjunta, Patricia Taritolay; la responsable de Educación, Silvina Ríos; la Secretaria de Formación, Betina Dionicio; y la Secretaria de Convenio Colectivo de Trabajo, Mariela Tejerina, mantuvieron una reunión con la subdirectora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación provincial, a los efectos de tratar las dificultades de las y los trabajadores en relación a los pedidos de licencias y los cómputos de la misma con las última circulares.
En relación a lo planteado quedó a disposición desde el área de Recursos Humanos para corroborar lo solicitado, considerando lo establecido en ley 3161 y demás disposiciones vigentes.
Los gremios que integran la Mesa Intersindical, entre ellos la ATE La Pampa, dieron a conocer que hicieron pedidos formales para una “reunión urgente”, a las y los diputados pampeanos, frente al momento de crisis y de ajuste impuesto por la gestión de Javier Milei.
El pedido llegó a los diputados Martín Maquieyra, Martín Ardohain, Ariel Rauschemberger Ariel, Marcela Colli, Varinia Marin; y a las y los senadores María Victoria Huala, Daniel Pablo Bensusan y Daniel Kroneberger.
“La misma es para tratar y saber su posicionamiento sobre temas que plantea el DNU y La Ley Ómnibus del presidente, Javier Milei, y poder expresarles nuestra postura ante las medidas que afectaran la vida presente y futura de las y los trabajadores y de ciudadanos/as”, destacó la Mesa Intersindical de Gremios Estatales de La Pampa, en el comunicado emitido este lunes.
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, le contestó al presidente Javier Milei por sus declaraciones en las que aseguró que la inflación de diciembre rondaría el 30% y eso se trata de un ‘numerazo’: “No es un numerazo, es una tragedia para trabajadores y jubilados”.
“Este Gobierno celebra la inflación mientras se agravan todos los problemas que sufrían los trabajadores, jubilados y sectores populares. Con estas políticas, vamos rumbo a perder un 75% del poder adquisitivo de la gente en pocas semanas”, indicó el dirigente estatal remarcando su preocupación por los aumentos mensuales previstos para las tarifas de luz, gas y agua, como así también por los incrementos indiscriminados en los precios de alimentos, combustibles y medicamentos durante los últimos días.
En este sentido, evaluó que “mientras los salarios y jubilaciones siguen congelados, a las empresas de servicios se les garantizan aumentos mensuales permanentes” y agregó: “En todo caso, los incrementos del gas, la luz y el agua debieran ser proporcionales a las subas salariales”.
Aguiar precisó que de los 3 millones y medios de estatales, el 60% se encontraba bajo la línea de la pobreza, pero debido al congelamiento salarial y los aumentos constantes en los precios de la economía, ese porcentaje aumentó considerablemente.
“Le están sacando la plata del bolsillo de la gente para pasarla a las cuentas de estos 4 o 5 grupos económicos. Esto es inmoral y violento. Por momentos, el mega DNU y la Ley Ómnibus aparecen como una distracción frente a semejante desregulación del mercado”, concluyó el dirigente de ATE.
El 1 de abril de 2017 Micaela García salió a divertirse a un boliche con sus amigas. Era estudiante del profesorado de educación física, tenía 21 años y vivía en la localidad entrerriana de Gualeguaychú. Como muchas jóvenes de su edad, abrazaba la defensa de los derechos humanos y los feminismos, además era militante del Movimiento Evita.
A la salida del boliche, durante la madrugada de ese 1 de abril fue secuestrada, violada y asesinada por Sebastián Wagner, un hombre que tenía antecedentes penales por abuso sexual. Wagner cumplía una condena de nueve años de prisión por la violación de dos mujeres, pero gozaba de libertad condicional, a pesar de que varios informes técnicos desaconsejaban su liberación.
La lucha por justicia de la mamá de Micaela, Andrea Lescano, y su papá, Néstor “Yuyo” García, junto al resto de su familia y amigxs, así como el impacto social del caso, expusieron la carencia en perspectiva de género en los organismos del Estado y alertaron sobre la necesidad urgente de capacitar a sus integrantes.
El resultado fue la sanción, en diciembre de 2018, de la ley 27.499 “Ley Micaela”, promulgada el 10 de enero de 2019. Esta normativa obliga a capacitar en temas de género y violencias a todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La Ley Micaela representó una forma de reparación no punitiva para la familia de Micaela, pero además, una política pública que promueve un cambio cultural cuyo principal objetivo es prevenir y erradicar la violencia machista, los femicidios y transfemicidios a través de la capacitación y la concientización de dicha problemática. Una herramienta fundamental que genera acciones concretas para alcanzar una sociedad libre de violencias y desigualdades de género.
Esta ley es una política pública fundamental que rompe con prejuicios e ideas naturalizadas y legitimadas por el régimen patriarcal que dominan en una sociedad machista como la que vivimos. Supone además, que las capacitaciones que reciben lxs funcionarixs del Estado sirvan también para evitar y erradicar esas violencias que existen incluso en sus espacios de trabajo, al desnaturalizar situaciones que antes de la captación no concebían como una forma de violencia. Una transformación que, sin lugar a dudas, mejora las relaciones laborales y se cristaliza en el conjunto de la sociedad.
El proyecto de Ley Ómnibus presentado por el gobierno de Javier Milei propone modificar artículos de la Ley Micaela que ponen en peligro su correcta implementación: elimina las capacitaciones, dejando esta obligatoriedad solo para quienes se desempeñen «en los organismos competentes en la materia», sin dejar en claro a qué trabajadorxs alcanzaría. Además, sustituyó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad – que era la autoridad de aplicación de la norma – por el Ministerio de Capital Humano.
Asimismo, propone sustituir la expresión «temática de género y violencia contra las mujeres» que tenía originalmente por «temática violencia familiar y contra la mujer», reduciendo la problemática como algo que solo sucede dentro del hogar y sin mencionar otras identidades de género. Por último, introduce la posibilidad de modificar el material de las capacitaciones a cargo del Ministerio de Capital Humano.
Para entender cabalmente la importancia de esta ley, reproducimos las palabras del papá de Micaela, Néstor “Yuyo” García, que escribió en mayo del año pasado en un artículo de la Agencia Télam:
“Para entender mejor qué significa que haya perspectiva de género, suelo dar el ejemplo de lo que pasó con mi hija, un caso donde, evidentemente, el Estado tuvo muchas fallas. El femicidio de Micaela ocurrió por varias cuestiones, pero hay tres instancias que son determinantes.
La primera es que Sebastián Wagner -que hoy está cumpliendo cadena perpetua por violación y femicidio- había tenido un juicio por dos violaciones independientes, en víctimas diferentes, en espacios diferentes, en tiempos diferentes, pero que fueron unificadas y abreviadas por la intervención de un juez y un fiscal sin perspectiva de género, que le dieron muy poquitos años de condena.
En cumplimiento de esa condena llegó un momento en que Wagner tuvo el derecho de solicitar la libertad condicional, a pesar de más de siete informes negativos de profesionales de la psicología no aconsejaban su liberación. Por segunda vez, la Justicia intervino sin perspectiva de género y le otorgó ese beneficio.
Pero hubo otra situación más, muchísimo más cercana al día en que ocurriera la violación y el femicidio de Micaela. El 31 de marzo, 24 horas antes, el papá de una nena fue a radicar una denuncia en Gualeguay contra Wagner por intento de abuso y no le tomaron la denuncia porque la jueza no estaba en la ciudad. Le pidieron que volviera el lunes siguiente.
Nosotros siempre decimos que no tenemos nada contra esos funcionarios, porque las personas tienen responsabilidad cuando conocen, cuando saben, pero el Estado sí es responsable de no tener agentes que estén capacitados. Si esos funcionarios hubiesen actuado con perspectiva de género, esa noche Wagner habría estado encerrado en la comisaría, porque el domicilio que tenía declarado como propio para gozar de libertad condicional era en el que vivía. Pero nada de esto sucedió.
A raíz de estas tres instancias donde intervinieron agentes del Estado sin perspectivas de género, Wagner pudo encontrarse con Micaela la madrugada del 1 de abril de 2017 para violarla y asesinarla. Por eso, creemos que la Ley Micaela puede salvar vidas, como hubiese salvado la vida de Micaela. Y aunque parezca algo lejano, es una normativa que pretende cambiar la realidad a través de la capacitación.”
La Justicia de Jujuy, que responde al ex gobernador, Gerardo Morales, dictó la prisión preventiva, por 60 días, para Nahuel Morandini y para Roque Villegas por compartir publicaciones en las redes sociales con contenidos, que ya circulaban, sobre el ex gobernador y su ex mujer.
Para el CDN la decisión tomada por la Justicia, en connivencia con el ex gobernador “son otra muestra de los procedimientos ilegales, justicia express y limitación al derecho de legítima defensa que una vez más se dan en Jujuy”.
En este sentido la conducción nacional enfatizó que “la provincia de Jujuy, una vez más, como laboratorio de la represión y el abandono de las garantías procesales y el Estado de derecho”.
Comunicado de las familias de los detenidos
El 4 de enero detuvieron al docente Marcelo Nahuel Morandini y a Humberto Roque Villegas, trabajador independiente, en procedimientos irregulares realizados por policías de civil, en vehículos sin patente y en la vía pública.
El 5 de enero se realizó la audiencia para conocer la imputación en la investigación preparatoria. La carátula de la causa es ¨Investigación penal preparatoria Marcelo Nahuel Morandini, Humberto Roque Villegas y personas a establecer ART. 89. ART. 139. ART. 138¨. Las pruebas de la imputación son únicamente un tuit en el caso de Morandini y la difusión de un flyer en redes sociales por parte de Villegas; haciéndose eco de versiones que circulaban masivamente en las redes y hasta en diarios digitales en términos jocosos sobre la situación marital del ex gobernador.
En ambos casos les atribuyen delitos graves, habitualmente imputados en casos de apropiación de bebés en causas de lesa humanidad.
En la audiencia, el fiscal Walter Rondón solicitó 60 días de prisión preventiva para ambos detenidos invocando una posible obstaculización de la investigación, sin dar más fundamentos. La defensa solicitó detención domiciliaria pero el juez actuante Roberto Darío Assef rechazó el pedido, pese a que ambos detenidos, desde un primer momento, se pusieron a disposición de la justicia y entregaron sus teléfonos celulares, demostrando permanentemente que no existe intención de entorpecimiento.
Hasta el momento los detenidos están a cargo del Servicio Penitenciario de la Provincia, sin tener las familias aún certeza de dónde serán alojados.
En síntesis: por replicar un par de publicaciones de las miles que existieron en las redes, Marcelo Morandini y Roque Villegas se encuentran privados de su libertad, en una actuación exprés de la justicia jujeña que denota la doble arbitrariedad: una prisión preventiva innecesaria e injustificada por un lado y la imputación exagerada de graves delitos por el otro.
La persecución y la velocidad de actuación de la justicia parece seguir demostrando que la suma del poder público en la provincia de Jujuy, continúa en manos del ex gobernador.
Podrá Gerardo Morales investigar, detener y realizar juicios a más de la mitad de la población provincial por bromear acerca de un rumor masificado y puesto a circular con anterioridad
Tras aceptar el amparo presentado por la ATE San Luis y la Defensoría del Pueblo, para habilitar la feria Judicial por el reclamo del pago completo del salario, este lunes la jueza Penal y Contravencional, Daniela Benenatti, le ordenó al gobierno de la provincia que “abone de manera urgente e inmediata los haberes adeudados al personal de la administración central y órganos descentralizados, hasta completar la totalidad de la liquidación correspondiente al mes de diciembre de 2023”.
Ya el domingo ante un posible revés judicial el gobernador provincial de Claudio Poggi, anunció que iba a adelantar para este miércoles 10 la segunda cuota del mes de diciembre adeudada, que originalmente había resuelto, de manera unilateral, pagar el próximo día 16 de enero.
Amparo
El viernes el CDP junto al defensor del Pueblo, Enrique Ponce, se habían presentado ante la Justicia pidiendo que se habilitara la feria judicial para que se trate la situación salarial de las y los estatales dada la posición de confrontación tomada por Poggi que ya en el mismo momento de asunción venía preparando el terreno para fragmentar el pago del salario, cosa que finalmente sucedió cuando decidió desdoblar el pago del mes de diciembre en dos cuotas, entre fines de diciembre y mediados de enero.
Más allá de la movida del gobierno, la ATE comenzó a resistir la medida con medidas de fuerza y presentaciones judiciales que en definitiva dan la razón al reclamo sindical.
Al respecto el secretario General del CDP, Fernando Gatica, sostuvo que las y los trabajadores estatales “necesitamos una solución definitiva al problema” y en ese sentido dijo que el amparo es para “proteger los derechos de las y los trabajadores ante la decisión del Gobernador Claudio Poggi de pagar los salarios del mes de diciembre 2023 y enero 2024 en dos cuotas respectivamente”.
Gatica subrayó que “por diferentes medios hemos tratado de que el gobernador recapacite y dé marcha atrás con esta injusta determinación de pagar el salario en cuotas”, y acusó que Poggi “hace un ajuste en la provincia para que lo paguen las y los trabajadores del Estado tanto provinciales como municipales”.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Enrique Ponce, que acompaño el reclamo del sindicato, consideró que “es imposible para un trabajador o trabajadora que tiene un salario de 300.000 pesos y que recibió sólo una 150.000 pesos, hacer frente al pago de un alquiler y sostener a toda una familia cuando hoy el costo de una canasta familiar supera el mismo ingreso salarial mensual”.
Ahora con el fallo judicial que garantiza el cobro del salario se espera que para cuando deba abonarse el salario de enero el gobierno haya regularizado la distribución de las partidas de manera que el salario se pague en tiempo y forma.
El Consejo Directivo Provincial de la ATE Misiones, hizo un pedido de audiencia “urgente” al ministro de Hacienda de la provincia, Adolfo Safrán, a fin de retomar la negociación paritaria para trabajadoras y trabajadores del Estado provincial.
En la nota a Safrán ATE sostiene la necesidad de “la apertura de paritarias y la re apertura de Mesas de Diálogo y Gestión para las y los trabajadores estatales, como también reiterar el pedido de audiencia con carácter de muy urgente” solicitado el pasado 23 de diciembre.
Para el CDP “en el marco de la preocupante situación nacional y provincial que nos atraviesa a todos los estatales, es insostenible continuar dilatando la falta de respuesta y recomposición salarial para las y los trabajadores públicos y para los jubilados y jubiladas misioneras que actualmente viven esta realidad en nuestra provincia”.
Enfatiza el sindicato que “el reclamo de los mismos es permanente, justo y completamente razonable si analizamos que la última vez en que se realizó un ajuste sobre los haberes fue en el mes de agosto 2023, lo que se traduce al día de hoy en una pérdida del poder adquisitivo salarial terrible, si tomamos el índice inflacionario y la devaluación de más del 120% que desfasa cotidianamente los sueldos por los últimos anuncios del gobierno nacional”.
Subraya el texto que “desde ATE consideramos primordial fomentar las Mesas de Diálogo y Gestión y queremos retomarlas a la brevedad, que son herramientas que nos que permiten ser un nexo entre las y los compañeros y el gobierno provincial a fin de plantear propuestas que nos permiten arribar a soluciones concretas para las problemáticas planteadas por los mismos y llevar respuestas y tranquilidad a los compañeros trabajadores nacionales, provinciales y municipales de nuestra provincia”.
SIPTED
Integrantes de la conducción provincial, encabezados por la Secretaria General, Miriam López; el Secretario Administrativo, Marcelo Grasiadei; la Secretaria Gremial, Hilda Saucedo; la Secretaria de Salud y Seguridad Laboral, Mauricia Pedroso; la Secretaria de Prensa y Comunicación, Graciela Borges; el Secretario de Acción Social, Raúl Ovelar; la Secretaria de Derechos Humanos, Josefina Garcete y la Vocal Titular, Ramona Gularte; realizaron una recorrida por el sector previo a la participación de una Asamblea convocada por los trabajadores del Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo – SIPTED.
Tras la falta de respuesta al pedido de audiencia realizado el día 02/01/23, los compañeros y compañeras decidieron volver a convocarse en Asamblea a fin de organizar las acciones y medidas de lucha a tomar respecto a la inseguridad que siguen viviendo todos en el organismo respecto a la intimación verbal recibida por los dos trabajadores afiliados a nuestra Organización Sindical a los que no les renovarían el contrato.
Cabe destacar que de hacerse efectiva la decisión, el SIPTED sería el único ente autárquico provincial que dejaría cesantes a agentes que revisten entre uno y tres años de antigüedad; discrepando con las medidas establecidas por el gobierno provincial que viene sosteniendo una postura clara sobre la no desafectación de trabajadores de su planta estatal.
La ATE Santa Cruz, a través de su secretario general Carlos Garzón, sostuvo que “los dichos del vocero presidencial son de alguien que claramente nunca piso la cuenca carbonífera, nuestra empresa orgullosamente estatal produce energía para todo el país”.
Para ATE las declaraciones de Adorni no son sorpresivas “porque es parte de esta maquinaria mediática que se puso en marcha para instalar la ineficiencia del estado, desguazándolo y beneficiar a los mismos de siempre, a los grupos concentrados de poder, esta empresa le da vida a los pueblos de la cuenca carbonífera y es estratégicamente un pilar fundamental para la soberanía energética del país”.
“El rol del estado es imprescindible en nuestra provincia y especiales en los pueblos de la cuenca, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) saca las toneladas de carbón necesaria para el funcionamiento de la megausina que ensamblada al interconectado le da energía a todo el país y a su vez cuenta con vías férreas y el puerto de punta Loyola que juntos construyen un polo productivo y energético estratégico y productivo”, sostuvo Garzón.
Por último el sindicato remarcó que “YCRT es productiva y rentable, la gente cumple con lo que le corresponde será el gobierno el que debe buscar los mercados que correspondan para vender la materia prima, más allá del valor agregado que le dan los laburantes en cada área de la empresa al carbón”.
“Desde ATE vamos a defender las empresas del estado y sostener las fuentes laborales y la productividad de la empresa, YCRT produce y es rentable”, finalizó señalando el dirigente. El reclamo de ATE es acompañado por la provincia. En este sentido el gobernador, Claudio Vidal, le entregó al presidente, Javier Milei, el plan productivo que hicieron ATE y demás sindicatos con intervención en el YCRT.
Mediante una conferencia prensa el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, informó que este martes 9 de enero, el sindicato llevará adelante un paro total activo, en rechazo a los despidos en el Estado provincial que impuso el gobernador Martín Llaryora.
Giuliani acusó a Llaryora de perpetrar un ajuste en Córdoba en sintonía al impulsado por el Presidente Javier Milei en el ámbito nacional, rechazó que los contratos caídos no cumplieran con sus tareas asignadas y denunció que el gobierno deja desamparados sectores completos de la Administración Pública, en relación, por caso, a los despidos en la SENAF que vacía de profesionales el organismo.
“Va a ser una medida de fuerza acorde a la respuesta que las y los trabajadores debemos darle a un gobierno provincial que está despidiendo masivamente en Salud, en SENAF, en el Polo de la Mujer, y en todo el territorito provincial. Rechazamos también en relato oficial que pretende imponer que los despidos son justificados porque las y los despedidos son ñoquis, vagos o militantes de determinado gobierno. No, son trabajadores probados que cada día cumplen sus funciones, no son una planilla excel, detrás hay familias. Todos estos despidos son injustos porque el gobierno no puede acreditar ninguna falta real, nadie está despedido por justa causa”, dijo Giuliani, ante el requerimiento de la prensa.
El titular del CDP se preguntó a quién le mueve el amperímetro reducir el costo de salarios de 200 mil pesos en la SENAF o 350 mil pesos en Salud. Si bien las cifras aumentan cada día, hasta el momento ATE tiene registrados 240 despidos en la Provincia. “No vemos el ajuste en la política que habían anunciado. Y si encima le agregamos el supuesto superávit de 900 millones de dólares que dejó Schiaretti, según sus propias palabras, no vemos que falte plata como dice Llaryora. Alguien está mintiendo acá”, dijo el dirigente.
Giuliani agregó que “frente a un contexto difícil porque la Legislatura acaba de aprobar el saqueo del bolsillo de los trabajadores con el aumento de los aportes a la Caja de Jubilaciones y al APROSS, nosotros venimos en un proceso de alerta y asambleas que desemboca con un plan de lucha que tiene medidas directas de acción gremial”.
“Estamos convocando a una Jornada de Lucha con paro activo para el 9 de enero, en todo el Estado provincial y en todo el territorio cordobés, para ir a una jornada de lucha que plantea ATE Nacional el 15 de enero. Y todo esto nos sirve para juntar fuerza y calentar motores de cara al paro general del 24 de enero, que se va a realizar en toda Argentina, por el proceso de ajuste que se da en el Estado nacional, de igual manera a lo que sucede en el Estado provincial y lo que decanta naturalmente en los municipios”, afirmó luego.
El gobierno de Llaryora salió a justificar los despidos en el marco de la “no renovación de contratos”. Para Giuliani esto es resultado de la fuerte carga de precarización del empleo público en Córdoba. “Son compañeras y compañeros contratados y monotrobutistas con muchos año de antigüedad. Esto deja en claro el fraude laboral que está cometiendo el gobierno durante los últimos 25 años a esta parte, mientras hay una continuidad de la fuerza política que gobierna la provincia. Schiaretti dejó el campo fértil para que ahora Llaryora esgrima motivos inexistentes para desvincular y despedir a trabajadores. Esos compañeros cumplen las mismas tareas que el personal de planta pero cobran menos salarios, no tienen estabilidad y trabajan en condiciones muchas veces indignas”, describió el dirigente estatal.
Además, dijo que áreas claves del Estado provincial están siendo vaciadas. “SENAF, que atiende a las necesidades de los chicos en los barrios populares, el Polo de la Mujer, que cubre una problemática terrible de feminicidios en la Provincia, o sectores de salud que fueron esenciales en la pandemia pero ahora son trabajadores descartables para el gobierno”, denunció.
Por último el titular de la ATE provincial apuntó que las medidas de acción gremial que llevará a cabo ATE en lo que resta de enero “tienen por objetivo reincorporar a la totalidad de las y los despedidos. Pero también está dirigida a la democratización de las relaciones laborales. ATE es un sindicato con casi 100 años de historia y la personaría gremial Nº 2 y tiene que estar en la mesa paritaria. Con Schiaretti y con Llaryora ATE está siendo ilegalizado y se genera esta perspectiva de negociación solamente con el unicato sindical”.
Giuliani recordó que son sectores gremiales que habían anunciado un paro para el 26 de diciembre pero una reunión con el Ejecutivo los hizo declinar la medida, frente a la promesa que no aumentaría los aportes para la Caja y el APROSS ni despediría personal.
“Esas promesas quedaron en el aire y por eso vamos a realizar un paro total y exigimos la convocatoria a las paritarias como marca la ley”, concluyó expresando.
