Mes: marzo 2022

El Departamento de Discapacidad de ATE Nacional y la Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma repudian enérgicamente el accionar de una oficial de la Policía Metropolitana sobre una persona con discapacidad.

Sucedió cuando un niño con trastorno del espectro autista que viajaba en el premetro fue interpelado y maltratado por una policía que ignoró las advertencias que se le hacían acerca de la condición del niño y mostró una marcada incapacidad para manejar la situación.

Estos niños, sus familias y sus terapeutas hacen enormes esfuerzos para lograr grados crecientes de independencia, por ejemplo, para viajar de manera autónoma en el transporte público. Las consecuencias de un hecho como éste implican retrocesos dolorosos en el tratamiento y la rehabilitación, y el agravamiento del estrés y la ansiedad que padecen muchos de los niños con esta condición.

No es posible que el personal de seguridad no pueda evaluar y actuar adecuadamente en situaciones como estas. Hasta personas comunes presentes en el incidente mostraron una respuesta más adecuada que la oficial de policía.

El hecho revela todo lo que aún hay que recorrer para que las instituciones del Estado dejen de violar los derechos de los ciudadanos. Son demasiados los casos en los que el personal policial recurre a la violencia frente a personas que hablan, se mueven o responden de manera atípica debido a su discapacidad. Hay ignorancia, pero no se trata sólo de ignorancia. Se recurre monótonamente a la represión y la coerción porque falta formación y capacitación en otras perspectivas: De género, de Derechos Humanos, de discapacidad. No tiene que existir un policía que no pueda distinguir a una persona con discapacidad y que actúe de manera violenta vulnerando su derecho a trasladarse en el servicio público de pasajeros para concurrir a la escuela, a un tratamiento, a la casa de algún familiar o a practicar deportes.

El colectivo de las personas con discapacidad lucha desde hace muchos años para acceder a sus derechos: Al trabajo, a la Educación en todos sus niveles, a la Salud, a la recreación, a viajar de manera autónoma y segura en el transporte público de pasajeros. Los obstáculos para la plena integración de las personas con discapacidad no son sólo las barreras arquitectónicas y urbanísticas, también lo son el trato discriminatorio de una parte de la sociedad, del Estado y de las instituciones.

ATE y la CTA Autónoma exigen, por lo tanto, que se tomen urgentes medidas para que la Policía Metropolitana tenga capacitaciones desde la perspectiva de Derechos Humanos y de discapacidad; y que no recurran sólo a la represión ante algo que desconocen por ignorancia, indolencia o discriminación.

La iniciativa forma parte del Programa “Recuperación socioeconómica a la crisis provocada por COVID-19 desde una perspectiva de género: Promoviendo la autonomía económica de las mujeres y el cuidado de personas mayores y con discapacidad en Argentina”. Organizado por ONU Mujeres, junto a la Oficina del Coordinar Residente (OCR), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el propósito del segundo encuentro realizado por zoom, fue compartir los resultados, hallazgos y desafíos planteados en su implementación.

Al respecto Carlos Ferreres, dirigente de las áreas de Discapacidad de CTA-A y ATE planteó que “hubo un significativo empoderamiento de los y las compañeras que actuaron en unidad y organización en ámbitos públicos nacionales e internacionales. Se creó la intersindical que agrupa a las tres centrales e interactúan con otras organizaciones feministas. En tal sentido el Programa es un gran éxito”. Pero por otro lado, sitúo el contexto en el cual se ejecutaría, “un marco de ajuste, de mayor recorte fiscal lo que hace que tanto la Ley de Cuidado que promovía el Ministerio de la Mujer, que contó con innumerables aportes de organizaciones sociales y sindicales, como la política pública para el cuidado, queden más alejadas de poder concretarse. El desafío es no desistir ante la falta de voluntad del gobierno para implementar las políticas públicas y el seguro rechazo de la oposición de derecha que es esencialmente ANTIDERECHOS” afirmó el dirigente.

Por otro lado, Ferreres, dejó en claro que “una política de cuidado es imprescindible para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. Teniendo como objetivo la igualdad y la equiparación de oportunidades en el ejercicio de los derechos, el planteo amplía el concepto de “cuidado”, vinculándolo a la salud, a la educación, al trabajo como a la vida familiar, social y recreativa de la persona con discapacidad. Es así que el derecho a la salud debe ser integral, garantizando tratamientos, medicación, prótesis y ortesis; y debe contar con cuidadores profesionales según los requerimientos de la discapacidad.

En educación se requieren maestros integradores, adaptaciones edilicias, curriculares, comunicacionales. En el trabajo, ajustes razonables, trabajo acorde a la formación e idoneidad, reinserción laboral, readaptación profesional ante accidentes o enfermedades laborales, capacitaciones, no discriminación para garantizar una carrera laboral. Todos estos ejes junto al deporte y la recreación, la vida familiar, social y cultural, exigen políticas de cuidado”.

En referencia al trabajo de cuidadores, acompañantes terapéuticos y acompañantes para el desarrollo de la vida laboral, social o cultural planteó la necesidad de crear un registro nacional donde se consideren la formación, la incumbencia y la idoneidad para cada figura. “Las remuneraciones son muy bajas y tampoco figuran en el nomenclador del Sistema de Salud, es decir que un adulto mayor o una persona con discapacidad no tienen garantizado el cuidado” explicó Ferreres.

El objetivo del Programa, ya en su etapa de cierre, fue promover la autonomía económica de las mujeres en Argentina por medio de dos estrategias principales. Por un lado, incrementar su participación en el mercado laboral mediante una distribución más igualitaria del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y mejoras en las condiciones laborales de las personas trabajadoras del  cuidado de personas mayores y personas con discapacidad. Por otro lado, fortalecer la inclusión y educación financiera de las mujeres a fin de promover una inserción laboral de calidad, así como evitar los altos niveles de endeudamiento asociados a la gestión financiera de los cuidados, altamente feminizada.

En la foto: Carlos Ferreres, Secretario de Discapacidad de CTA Autónoma.