La ATE Chaco se reunió con el Diputado Nicolás Slimel, integrante de las Comisiones de Legislación General, Justicia y Seguridad y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, con el fin de analizar el informe presentado por el sindicato respecto a los hechos acaecidos en el Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes de la provincia.
Desde el CDP brindaron los detalles al legislador sobre dichas situaciones de violencia y de violación de los Derechos Laborales de las y los trabajadores que allí se desempeñan. “El documento que elaboramos fue entregado también en la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia, a Silvana Pérez, en su carácter de titular de la cartera, y a la Subsecretaria Nayla Bosch, así que estamos esperando su convocatoria para poder avanzar en el diálogo. Asimismo, estamos esperando la definición del INADI Chaco respecto a la denuncia presentada por la trabajadora Mónica Caballero”, expresó el Secretario General del gremio, Mario Bustamante.
En julio, las y los responsables del Comité de Prevención de la Tortura, Ariela Álvarez, Darío Gómez, Kevin Nielsen, Silvina Canteros y Bashe Charole, efectuaron despidos en la institución. Asimismo, convocaron a trabajadores y trabajadoras para notificar de manera verbal la decisión de efectuar alteraciones en los puestos de trabajo y en la tipología de contratación, aplicar reducciones salariales y restringir bonificaciones por título y antigüedad.
“Estas bonificaciones, establecidas por ley, eran percibidas por los trabajadores y trabajadoras hasta dicho momento, a partir de una recomposición salarial convenida con este sindicato en el año 2019. Todo ello, fundado en innovaciones planteadas en el proyecto de gestión aprobado por el Tribunal Electoral al momento de su elección como miembros del Comité, ya que se trata de una entidad pública, autárquica y autónoma”, dice el informe de ATE Chaco.
Desde el sindicato hacen hincapié en el informe que: “las notificaciones de despidos, reducción salarial y remoción de cargos tuvieron lugar de manera verbal, no existiendo instrumento legal o administrativo alguno, lo cual es contrario a las normas de procedimiento administrativos que rigen en la materia”.
Además, cabe destacar que las y los trabajadores del Comité están precarizados, mediante contrato de servicios cuya renovación se produce cada tres meses, y que en estas instancias dicho período se redujo a un mes, con la aparejada incertidumbre e inestabilidad. Las y los trabajadores en su mayoría cuentan con una antigüedad de hasta 8 años en la institución, siendo designados para ocupar los puestos de trabajo mediante disposiciones y resoluciones.
“Como puede advertirse, los Derechos cuyo reconocimiento se reclaman, como el Derecho al Trabajo, Derecho a estabilidad en el empleo, Derecho a remuneración normal y habitual, y Derecho a bonificaciones especiales cuando correspondan, gozan de actual vigencia en virtud de distintas Leyes Laborales y Principios Protectorios que rigen el Derecho del Trabajo en nuestro país, previsiones dispuestas que han sido ignoradas por las autoridades del C.P.T.Ch, negando el Derecho al cobro íntegro del salario de los trabajadores, reduciéndolos, y en algunos casos procediendo a despedirlos”, agrega este informe del CDP.
Para finalizar, desde ATE subrayan que “el accionar de los Miembros del Comité constituyó una arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, ya que resulta totalmente contrario al orden jurídico vigente, lo que surge del mero ejercicio comparativo entre la conducta atacada y la normativa aplicable en la materia – Leyes, Constitución Provincial, Constitución Nacional y Tratados Internacionales – , en detrimento al Derecho a trabajar, en la salud de los trabajadores y una disminución en su calidad de vida”.
