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Es urgente terminar con la criminalización del aborto

La amenaza penal impacta sobre todas las personas que
interrumpen un embarazo. Pero sólo encarcela y castiga a quienes carecen de las
herramientas simbólicas o materiales para acceder a un aborto seguro, dentro o
fuera del sistema de salud. Comunicado conjunto, impulsado por el CELS y la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, sobre la necesidad de que el
Congreso legalice la interrupción voluntaria del embarazo:

La larga lucha por el derecho al aborto voluntario, en
condiciones de salud, igualdad y dignidad tiene una nueva oportunidad política
para lograr su objetivo. Instamos a que el Congreso de la Nación asuma su parte
en la historia de la ampliación de derechos.

Durante el debate de 2018 muchas veces se aludió a la baja
aplicación de la ley penal para perseguir casos de aborto y se habló de la
existencia de una despenalización social. Sin embargo, si analizamos el
fenómeno en su complejidad, los números de la criminalización son
significativos.

Entre 2012 y la actualidad registramos en medios de todo el
país 73 casos de criminalización de mujeres por abortos u otros eventos
obstétricos. En los 26 abortos y los 47 eventos obstétricos relevados la
abrumadora mayoría de las mujeres pertenece a sectores sociales vulnerables: no
tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en
condiciones habitacionales precarias. Se trata de mujeres que necesitaban el
cuidado del Estado y la garantía de sus derechos. Sin embargo, la política
penal que sostiene la persecución de abortos se orientó y orienta hacia las
mujeres pobres.

La mayoría de las mujeres -no encontramos varones trans o
personas no binarias criminalizadas- tiene menos de 30 años y muchas de ellas
tienen une o más hijes. Cuando nos referimos a eventos obstétricos aludimos a
casos como los de Belén: situaciones en las que una complicación en un parto
inesperado, un parto en condiciones paupérrimas o un aborto espontáneo terminan
en acusaciones penales graves. En el 50% de los casos de aborto y en más del
75% de los eventos obstétricos estuvieron detenidas.

La mayoría de estas mujeres estuvo sometida a
investigaciones penales que no respetaron el debido proceso. Muchos de los
casos fueron denunciados por personal de salud, en violación de la garantía de
confidencialidad en la atención médica, y fueron maltratadas durante la
internación, lo que supone hechos de tortura. Gran parte de ellas sufrieron
allanamientos ilegales, fueron sometidas a interrogatorios forzados, obligadas
a declarar contra sí mismas y tuvieron un nulo o deficiente asesoramiento
legal. Muchas veces el pedido de auxilio de sus familiares para salvar la vida
de esas mujeres fue utilizado como una denuncia por las autoridades para
iniciar investigaciones penales. Se trata de procesos atravesados por
prejuicios de clase y de género, en los que las autoridades no garantizaron un
tratamiento justo o digno, sino que demostraron un singular ensañamiento.

El círculo del castigo no se reduce a los procesos penales
abiertos, a los días esposadas en camas de hospital, ni a la amenaza real de
terminar encarcelada por buscar atención de salud. La criminalización se
inserta en un dispositivo de castigo más amplio que involucra a medios de
comunicación, efectores de salud, policías de guardia en centros de salud y
comisarías, personal judicial y agentes del servicio penitenciario. Muchas de
estas mujeres están en los diarios porque sus nombres fueron “filtrados” a la
prensa como un castigo social suplementario, con coberturas estigmatizantes,
que repercuten en su vida, en la de sus hijes, en sus familias y afectos.

La penalidad del aborto se afirma como un control sobre el
cuerpo y la capacidad reproductiva de las mujeres. El desprecio por la
información sobre su salud y el tratamiento recibido es tal, que lo que es
confidencial pasa a ser la noticia de un hecho que se ventila sin ningún
cuidado. Se las juzga como si pudieran tomar decisiones de forma libre y
autónoma, se las estigmatiza como asesinas, y para construir esas figuras se
invisibilizan las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentran.
Algunas de estas mujeres dijeron haber sufrido una violación y por
desconocimiento o temor no accedieron a una interrupción legal del embarazo.

La amenaza penal impacta sobre todas las personas que
interrumpen un embarazo. Pero sólo encarcela y castiga a quienes carecen de las
herramientas simbólicas o materiales para acceder a un aborto seguro, dentro o
fuera del sistema de salud.

Legalizar el acceso al aborto a partir de un sistema de
plazos es urgente. No podemos seguir esperando, a merced de la discrecionalidad
de efectores de salud, policías, fiscalías, jueces y juezas. Los costos de la
ilegalización corren por cuenta de las miles de mujeres, varones trans y
personas no binarias de diferentes edades, niñes, adolescentes y adultes
empujades a la clandestinidad y a la incertidumbre sobre su salud y libertad. A
mayor pobreza, más expuestas están a los abortos inseguros.

Es urgente que el Congreso trate y apruebe un proyecto de
legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Necesitamos más
derechos y menos condenas.

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito

CELS

CUSAM

Adhieren:

Asociación de Pensamiento Penal

AAES

Abofem Argentina

Abofem/ Asamblea 8M Fiske

ANDHES

APDH Bariloche

APDH Mendoza

APDH Regional Catamarca

APDH Regional Catamarca

APDH Regional NO del Chubut

APDH Tres Arroyos

Asamblea Permanente por los derechos humanos

Asociación Argentina de Educadoras/es Sexuales

Asociación Ciudadana por los derechos humanos

Asociación de Profesionales de Servicio Social

ATE Nacional

ATE CDP Entre Ríos

Bachillerato Popular Sol del Sur – FENAT CTA-A CAPITAL

Campaña Federal por la separación Estado/ Iglesia

Campaña Nacional contra las violencias hacia las mujeres y
disidencias

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito Regional Olavarría

Campaña Nacional por el Derecho al ALSyG Chivilcoy

Campaña Regional Aborto Legal, Seguro y Gratuito

Católicas por el Derecho a Decidir Argentina

Centro de Edtudiantes de la Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y Computación de la UNC (CEIMAF)

Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales –
UNC

Chanas Socorristas En Red San Nicolás

CIAJ Colectivo de Investigación y Acción Jurídica

Colectiva Andina

Colectiva Bravas- Socorristas La Plata, Bs As

Colectiva de Actrices y Técnicas Platenses por Aborto Legal,
Seguro y Gratuito

Colectiva de Antropólogas Feministas

Colectiva de trabajadoras judiciales (PBA)

Colectiva Feminista La Revuelta

Colectiva Feminista Las Azucenas

Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega

Colectivo Identidad Marrón

Comisión de Salud Catamarca Instituto Patria

Comisión de Salud Jujuy-Frente Ciudadano por la Salud (NOA)

Comisión de Salud Tucumán Instituto Patria

Consejería en Prevención de Violencia Obstétrica

Contragolpe Secundarios

Coordinadora de Abogadxs de Interés Público

CTA Autónoma

CTA Atonoma Tucuman- Fenat CTA Tucuman

CTA Autónoma Entre Ríos

Dora te escucha Paraná

E.Po.Ca Estudios Políticos para el Cambio

ECCyGE FACSO UNICEN

Ecos de Sororidad, programa radial feminista

El Desborde Educativo

Encuentro de Profesionales contra la Tortura

EQUIFEM

Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía

Equipo de Investigación en Género y Sexualidades. IISE. UNSJ

Escritoras argentinas

Espacio de trabajadorxs sociales de salud de la CABA

Feministas del Abya Yala

Frente Ciudadano por la Salud del NOA

Fundación Huésped

Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas
Sustentables)

Grupo Intervencionista Tucumán

IEC-CONADU

IIEGE UBA

Indómites, Agrupación Feminista

Instituto de Género, Derecho y Desarrollo-Insgenar

Instituto de Investigaciones de Estudios de Género. Facultad
de Filosofía y Letras.UBA

Instituto de Políticas Públicas LGBT+

IPPFRHO

Isadora Mujeres en Lucha, Misiones

Juristas por la Igualdad y los Derechos Humanos San Juan

Junta Interna ATE Promoción Social

Juntas y a la Izquierda Tucumán

Juntas y a la Izquierda San Juan

La Bisagra

La Dignidad

La Hoguera

La Malona colectiva feminista

La Revuelta CABA-GBA (Socorristas en Red)

La Ria Corriente Critico Feminista

La Roja, proyecto colectivo

La Simón Bolívar – Nuestra Patria es América

La Verde Roja y Negra, ATE Educación

La voz de Temis. Podcast

Las Hilando Artivistas Socorristas

Las Hilarias Socorristas en Red

Las Revueltas Socorristas en red

Maestría Poder y Sociedad desde la Problemática de Género.
FHyA. UNR

Mala Junta – VAMOS

Mala Junta Poder Feminista – Frente Patria Grande

Maleducadas Kisulelaiñ

Mesa Sindical de Tres Arroyos

MNCI Somos Tierra

Movimiento por la desmanicomialización en Romero (MDR)

Muchachas Peronistas Tucumán

Mundanas

Mutisias Rebeldes Esquel-Trevelin

Ni Una Menos

Ni Una Menos San Juan

Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad

Pañuelos en Rebeldía

Parlamento de las Mujeres de la Legislatura CABA

Partido Social Patagónico

Poiesis, S. C.

Programa de Estudios de Género, Infancia y Juventud, UNSAM

Programa Interdisciplinario de Investigación Acción
Feminista

Red de autocuidado feminista

Red de lesbianes travestis trans y no binaries de Necochea

Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir

Red Feminista Sonorense

REDAAS

Secretaría de Géneros CTAA Nacional

Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género CGT RA

Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades CTA de les
Trabajadores

Secretaría General de la Federación Universitaria de Córdoba

Socorristas en Red. Feministas que abortamos.

Socorristas Misiones

Socorristas Olavarria

Socorro Peste Rosa Tierra del Fuego

Socorro Rosa Comarca Andina

Socorro Rosa Necochea Quequen

Socorro Rosa Tandil

Socorro Rosa Tres Arroyos

Socorro Rosa Villa Regina

Sororas Fanny Edelman

Tatagua-Colectiva Feminista-Conurbano Sur-PBA-Argentina

Tierra Violeta

Urna Verde

UST Campesina y Territorial

Vamos – Terciarios

y muchísimas adhesiones individuales.

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ATE reclama el pago del bono nacional para el sector salud

El Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba reclamó
al gobierno nacional el pago a los trabajadores de la salud del bono de 5.000
comprometido en el marco de la pandemia, adeudado desde octubre pasado.

El beneficio 
fue extendido hasta diciembre mediante el decreto 787/2020 donde se
estableció la prórroga por otros tres meses del pago de la asignación estímulo
de cinco mil pesos, otorgada por el Decreto 315 a los trabajadores de la Salud
que se desempeñan en el marco de la pandemia por el COVID 19.

La provincia de Córdoba supera los 15.000 trabajadores
estatales del sector salud, buena parte de ellos la primera línea de atención
que viene soportando los meses de pandemia con sueldo paupérrimos para
enfrentar el avance del COVID 19.

Sin embargo, los trabajadores no han visto reflejado
el bono en sus haberes, razón por la cual ATE vuelve a demandar que se cumpla y
se concrete el pago adeudado y el compromiso asumido con este sector clave.

El pago del haber debió realizarse el 17 de octubre,
después se trasladó el pago al 5 de noviembre y posteriormente anunciaron que
se pagaría entre el 9 y el 13 de noviembre, pero tampoco se hizo efectivo.

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Falta de gobernabilidad: el presupuesto mendocino llega sin aumento para trabajadores y con la victimización de la política

La ATE Mendoza denunció las “nulas” políticas sociales
económicas y laborales que deja entrever la conducción gubernamental de la
provincia. “Se divide y se desgrana lentamente, con un gobernador manejado como
marioneta de Alfredo Cornejo, que ha dejado los hospitales saturados, sin
insumos, con infraestructura inservible y trabajadores por debajo de la línea
de pobreza”, observa el CDP.

No obstante ello, los estatales permanecen en lucha
para reclamar lo que les pertenece por derecho y convicción, rechazando las migajas
que la patronal imparte: aguinaldo en partes, salarios de hambre y Gobierno que
busca justificar su accionar político.

Para el gremio de esta manera, se asiste “a un nuevo
capítulo de un gobierno incapaz que no puede avanzar con políticas concretas,
ya que cada paso que da tiene que retroceder tres, por no tener en cuenta lo
que los trabajadores y el pueblo necesitan o aceptan. Casos claros de esto son
el intento de modificar la 7722, la modificación de lineamientos educativos,
presupuestos, dichos y hechos”.

Por esto y muchos otros temas es que el dinero que
ingresa a la provincia por miles de pesos (como ATE ya lo ha denunciado) se
utiliza para pagar intereses de deuda de Cornejo y para seguir pagando los
subsidios a los empresarios del Transporte, entre otros tantos puntos.

Dejando así de lado lo que hace funcionar al Estado,
que es el servicio que prestan los trabajadores estatales, a pesar que varios
de ellos se mantienen por debajo de la línea de pobreza, con aguinaldo no
pagado en tiempo y forma, sin aumento salarial, reconocimiento a profesionales
ni la función de los mismos.

En este punto subraya el CDP “no hay políticas
públicas para el pueblo. Lo único que hay es la victimización de un gobierno
que lo único que hace es pedir plata a la Nación para poder emparejar sus
errores, mientras que la recaudación generada se sigue despilfarrando en
propaganda política y subsidios. Y lamentablemente, no está en donde tiene que
estar: el bolsillo de los trabajadores”.

Precisamente, pregonan un presupuesto que no contempla
en nada la recomposición salarial de los trabajadores para el 2020 y menos aún,
el aumento 2021. Un presupuesto así no puede salir aprobado por simples
razones, la primera es que el consumo interno de Mendoza en considerable relación
se da por lo que los trabajadores estatales gastan para poder sobrevivir, y
segunda es que los aspectos que el presupuesto presentado lleva consigo junto
con la deuda que se pretende, integra obras que no están claras y tampoco son
esenciales en la provincia. Podes ampliar hospitales y escuelas, pero no hay
trabajadores y los pocos que hay se van a la órbita privada, ya que el salario
estatal es menor que el que se paga a un ayudante en una obra. Aberrante pero
real.

La conclusión del gremio es que “las únicas víctimas
de las políticas actuales son los trabajadores y el pueblo mendocino”.

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ATE confirma pase a planta en Salud, Senaf, IPPV y otros organismos

La ATE Río Negro fue recibida hoy por la gobernadora
Arabela Carreras y confirmaron el pase a planta de agentes públicos del
ministerio de Salud, Senaf e IPPV, entre otros organismos públicos.

Se trata de la segunda tanda de trabajadores que
rindió examen en 2020 y complementa las 3057 personas alcanzadas por la Ley
5354 que puso fin a la precarización en el Estado.

“Los avances en materia de estabilidad laboral en el
sector público en esta provincia han sido muy importantes. Este nuevo pase a
planta permanente lo demuestra. Se hizo realidad que desde que se eliminaron
las becas la lucha de nuestro sindicato logró ponerle fin precarización laboral
en la administración”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario adjunto nacional de
ATE.

La delegación sindical, integrada también por Rodrigo
Vicente y Leticia Lapalma, secretario general y adjunta de ATE Río Negro, se
llevaron la confirmación del llamado a Consejo de la Función Pública para la
primera quincena de diciembre.

“La confirmación de la convocatoria al Consejo de la
Función Pública en los tiempos que se encontraban previstos transmite una gran
tranquilidad a todos los estatales”, agregó el dirigente.

En otro sentido, el CDP señaló el malestar que viven la/os
trabajadora/es de la Salud a quienes el Estado Nacional aun no les paga el bono
de 5.000 pesos comprometido en el marco de la pandemia.

 

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Acuerdo entre ATE y la Municipalidad de San Martín de Los Andes

La conducción local de la ATE en el municipio de San Martín
de Los Andes, firmó un acta acuerdo con la comuna que da cierre al conflicto
con el personal municipal. La municipalidad cordillerana asumió su compromiso
de pagar en los próximos días la indumentaria y los viáticos y horas extras
adeudadas.

Según este acuerdo entre los días 23 y 28 de noviembre
se cancelará el pago de la última cuota de la indumentaria de verano por 10.000
pesos; el pago de las horas extras del mes de julio (se adeuda la 2da. cuota) y
el pago de los viáticos.

En tanto las partes, quedaron reunirse en diciembre,
para tratar la paritaria, el pago de los 20.000 pesos en concepto de indumentaria
invierno 2020 a todo aquel trabajador o trabajadora que no ha recibido la misma
(serían 10.000 en diciembre y otros 10.000 pesos en enero); y el pago de horas
extras adeudadas en agosto y septiembre. 

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Demandan convocatoria a Mesa Laboral en la Caja Municipal de Préstamos

La ATE Corrientes presentó un nuevo pedido de Mesa
Laboral y Salarial a las autoridades de la Caja Municipal de Préstamos de la
ciudad de Corrientes. Se trata del segundo reclamo de espacio de negociación,
dada la urgencia que demanda una actualización de haberes dado el acelerado
deterioro de los salarios producto de la escalada inflacionaria y la
devaluación.

En nota dirigida al interventor David Oscar Moulin, el
CDP nuevamente demandó la urgente convocatoria a la Mesa Laboral para tratar
varios temas vinculados al salario y mejoras en las cuestiones laborales, entre
los que se encuentran procesos de regularización y ascensos que están
suspendidos en el marco de la pandemia.

Cabe considerar que también los últimos días, ATE
junto a otros sindicatos entregaron al Ejecutivo Municipal y al Concejo
Deliberante planteos por el mal funcionamiento de la obra social de la
provincia Ioscor. 

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ATE Cultura pide el pago de las unidades retributivas

Desde la Junta Interna de ATE Cultura y su Cuerpo de
Delegados y Delegadas presentaron  una 
nota para solicitar que ya se haga efectivo el aumento del 28% del valor
de las unidades retributivas (URs) para los y las monotributistas, sin
reducción de la cantidad que tenga cada uno, y que dicho aumento se extienda al
conjunto de las y los trabajadores monotributistas, sin distinción de tipo de
contrato.

Este incremento fue una resolución administrativa
emanada desde el Ejecutivo y corresponde que sea aplicada sin excusas ni
reducciones  a la totalidad del personal
precarizado.

También reclaman la renovación automática de los
contratos anuales de todo el personal contratado para evitar las demoras en el
cobro de los honorarios como suele suceder. “Llamamos la atención que la
solución definitiva es terminar con la precarización laboral en el Estado,
poniendo fin a los diversos tipos de contratación, pasando a convenio al
conjunto de los y las trabajadoras otorgándoles así el pleno derecho de ser
empleados del Estado”, explicó la Junta Interna.

A menos de dos meses para terminar el año 2020, las y
los monotributistas sostuvieron con regularidad sus tareas presenciales o de
teletrabajo. “Es obligación del Estado Empleador otorgarles de forma inmediata
el pase a Resolución 48 permitiéndoles ser parte del registro de la Secretaría
de Gestión y Empleo Público para el concurso de cargos”, subrayó ATE Cultura.

En el Ministerio de Cultura ha trabajadora/es en negro
que facturan mensualmente con más de 6 años de antigüedad. Por esto, la Junta Interna
de ATE exige que se dé solución a un problema que es únicamente político y
piden:

–  Aumento
inmediato del 28% sin reducción de cantidad de URs a todos los y las
monotributistas.

– Pase a Resolución 48 del conjunto de las y los
trabajadores precarizados.

En
el camino de las verdaderas soluciones que son la estabilidad en el empleo
público, exigimos renovaciones automáticas e inmediatas de las y los
contratados para no demorar los cobros.

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ATE anuncia un paro el próximo jueves 19

Ante la falta de respuestas a los distintos reclamos
salariales y laborales, por parte del Ejecutivo provincial, la ATE Jujuy  anunció paro provincial de actividades para el
próximo jueves 19 de noviembre.   

El gremio reclama el pase a planta permanente de
toda/os la/os trabajadora/es precarizada/os, tanto en el ámbito provincial como
municipal,  la continuidad laboral de
toda/os la/os trabajadora/es de la salud y un 
aumento de salarios acorde al costo dela canasta básica familiar.

Asimismo el CDP continúa con el reclamo de la/os
capacitadora/es, toda/os precarizada/os, cuyos salarios orillan los 9.000 pesos
y para quiénes se piden un reacomodamiento acorde al ingreso estipulado por el
Salario Mínimo Vital y Móvil  

 

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El Malbrán sale a la calle

Por la falta de políticas sanitarias e inversiones en Salud durante
los últimos años el normal funcionamiento de la ANLIS Malbrán se vio afectado
gravemente. Por esto, los trabajadores y trabajadoras del organismo se
manifestarán mañana en las puertas de la institución de 11 a 13hs, en Av. Vélez
Sarsfield 563 (CABA), para reclamar por salarios dignos.

Flavio Vergara, dirigente del Consejo Directivo Nacional de
ATE y técnico en virología del Malbrán, explicó: “La situación en el Malbrán es
la siguiente: Desde febrero iniciamos el diagnóstico de una enfermedad que se
desconocía. En marzo identificamos el primer caso de Coronavirus. En abril
capacitamos a la red de laboratorios y transferimos federalmente el diagnóstico
a 35 laboratorios de todo el país, hoy son más de 400. Luego hicimos la
fotografía por microscopía electrónica del virus, le vimos la cara al enemigo
invisible. Realizamos las tres primeras secuencias genómicas que fueron
reconocidas mundialmente, hoy ya son más de 80 las secuencias que realizamos.
Llegamos a hacer mil diagnósticos diarios. Amplificamos el virus, controlamos
los test diagnósticos comerciales y los de desarrollo nacional. Validamos los
procesos del suero hiperinmune. Hoy estamos desarrollando y produciendo dos
líneas estatales de suero hiperinmune con espículas y virus inactivado”.

“Aún después de esta enorme demostración de capacidad y de
esfuerzo, y a 9 meses del inicio de la pandemia, todavía seguimos teniendo técnicos
que cobran $25.000 por mes y profesionales que cobran $40.000. En marzo
presentamos un proyecto para que se reconozca la función científico-sanitaria
de ANLIS Malbrán y aún no tenemos respuesta. Más del 50% del personal
profesional técnico y asistente no tiene estabilidad laboral. El presupuesto de
las áreas que no son Covid-19 sigue siendo muy bajo”, continuó Vergara.

“Por todas estas razones es que estamos en la calle, reclamando
que se nos dé respuesta efectiva a la demanda del reconocimiento de nuestra
tarea científica, que se pongan al día las recategorizaciones de personal, que
llevan más de dos años de atraso, y que se inicien los procesos de pase a
planta para resolver la estabilidad del personal, que de otra manera migra
inexorablemente a otras instituciones públicas y privadas porque cobran mejores
salarios que en el Estado Nacional. Estamos en la calle porque queremos retomar
la senda histórica del Malbrán y entendemos que es posible lograrlo con esta
gestión ministerial”, agregó el dirigente.

En un comunicado, los compañeros y compañeras del sector
compartieron una lista de reivindicaciones que explican la medida de difusión
que se llevará a cabo mañana:

– El 7% NO ALCANZA, REAPERTURA DE PARITARIAS YA! en el
periodo 2015-2019 sufrimos recortes salariales del 65%.

#SALARIOS DE POBREZA una TECNICA/O con salarios cercanos a
la línea de indigencia y un/a PROFESIONAL cerca de la línea de pobreza.

#PEDIDO DE RECONOCIMINETO a través de un ADICIONAL
CIENTIFICO SANITARIO. “El MALBRAN” ha sido y es una herramienta imprescindible
de la Salud Pública y el Sistema Científico de nuestro país. Atendimos decenas
de emergencias sanitarias de diferente calibre y estuvimos siempre que fue
necesario.

#50%DE NUESTRO PERSONAL ESTA PRECARIZADO, trabajadoras/es
contratada/os hace mas de 20 años, monotributistas, solicitamos que se
regularice la situación.

#PEDIMOS URGENTE RESOLUCION de trámites DE
RECATEGORIZACIONES, su NO RESOLUCION IMPACTAN DIRECTAMENTE en el bolsillo de
las y los trabajadores.

#EN PANDEMIA SEGUIMOS PERDIENDO PERSONAL. Más compañera/os
emigran por no poder cubrir los gastos de la familia y buscan otros horizontes,
cuesta mucho la formación de esas y esos trabajadores para perderlos por falta
de una política clara que ponga en su lugar a una institución que mil veces
demostró ser imprescindible para la salud del conjunto de la Nación.