El 11 de noviembre comenzará el juicio oral
y público por el secuestro y desaparición del maestro y militante popular,
Elvio Ángel Bell, ocurrida el 5 de noviembre de 1976. Tras 43 años de lucha por la Verdad y la Justicia, se logró poner fecha de inicio a las audiencias.
Delfín Heriberto Rodríguez Watson, de 78
años; Tito Nichols, de 74, y Hernán Álvaro Hermelo, de 80, son los principales acusados.
Se les imputa la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por ser
cometida con amenazas y haber durado más de un mes, además de haber sido
cometida como funcionarios públicos.
A la fecha del operativo, Watson era jefe
de la Comisaría 1ª de Trelew. Lo acusan de partícipe necesario del secuestro.
Nichols era titular del Departamento de Informaciones Policiales. En democracia
se recicló como concejal del Partido Justicialista y presidente de la
Cooperativa Eléctrica. Le imputan autoría mediata. El entrerriano Hermelo es un
marino retirado. Era segundo comandante del Batallón de Infantería de Marina 4
de la Base Almirante Zar. Comparte imputación con Nichols.
Tras tantos años, muchos testigos y querellados
murieron, unos sin ser juzgados, los otros sin poder contar la verdad. De lxs
40 convocados unos 30 irán a prestar declaración, calcula Hilda Fredes, hoy
Presidenta del Centro de Jubilados de ATE en Chubut, y quien fuera compañera de
Ángel desde los primeros años del maestro en Chubut, tras llegar desde Entre
Ríos para hacer la colimba y elegir quedarse. Las tierras patagónicas vieron crecer
su trayectoria militante, que inició con su afiliación al Partido Comunista en
los `60.
Hilda resalta la importancia de haber
podido llegar al juicio y que la noticia llegue a días del 22 de agosto, aniversario de la Masacre de
Trelew, un hecho que marcó su vida y la de Ángel.
“Nos preocupaba que no se ponga fecha a las
audiencias porque hace dos años que lo esperábamos. Hubo un intento de silenciar
el juicio pero gracias a la lucha y las múltiples acciones que hicimos, con la
Comisión por le Memoria del Pueblo, con ATE y con lxs jóvenes de la Universidad,
hoy estamos por buena senda, aunque habrá que trabajarlo”, aclara.
Ángel
Hilda explica que el principal motivo del secuestro
de Ángel fue ser apoderado del líder y fundador del PRT-ERP, Mario Santucho. La
historia se remonta a principios de los `70, cuando Ángel fue encarcelado en la
Unidad 6 de Rawson por solidarizarse con presos comunistas.
Entonces, Hilda formó una Comisión de
Solidaridad en el pueblo, que logró su libertad un año después. La Comisión siguió con su tarea de apoyo y
acompañamiento a los nuevos presos políticos que llegaban de todo el país,
entre ellos, Santucho.
Tras la fuga del penal de Rawson, que acabó
con el fusilamiento de 16 militantes revolucionarios en “La Masacre de Trelew”,
la represión se dirigió contra los solidarios apoderados, sospechados de
complicidad con la fuga. 16 de ellos fueron
secuestrados y trasladados a Devoto, en Buenos Aires, lo que desató una
verdadera pueblada en Trelew, que incluyó la toma del Teatro Español. A los
pocos días consiguieron la liberación de los militantes.
Luego de esos días agitados, Ángel puso un
comercio de venta de ropa y calzado, “Centro 25”, con el que sobrevivió hasta
el retorno de la democracia, cuando continuó con su trabajo como maestro rural
en Trelew y Playa Unión.
Mientras tanto, encabezó distintas iniciativas,
como la creación de un Instituto que luego se convirtió en la Universidad de la
Patagonia San Juan Bosco, o la organización de docentes en la Asociación de
Docentes de Chubut, que fue el embrión de ATECH.
En abril de 1976, un par de semanas después
del golpe militar, Ángel es uno de los primeros despedidos de en la provincia y
vuelve a refugiarse en Centro 25. De allí mismo es secuestrado en noviembre. Estaba
con su hijo Pablo Manuel, de 8 meses, quien horas más tarde es dejado al
cuidado de unos vecinos, y devuelto a su madre. A él lo trasladaron a la base
Almirante Zar, un centro clandestino de detención hoy convertido en espacio de
Memoria. Nunca volvió a aparecer.
Verdad
y justicia
El juicio comenzará el 11
de noviembre y se desarrollará durante cinco días en Rawson. Las últimas dos
audiencias están previstas en Comodoro Rivadavia. Sin embargo, desde la Comisión
por la Memoria del Pueblo, organización de Derechos Humanos que integra Hilda desde
hace 20 años, cuestionan el traslado. Entienden que quieren alejar el proceso,
en particular, en el marco de la crisis institucional que atraviesa la
provincia.
