Mes: junio 2019
Mediante
un comunicado emitido la semana pasada, la Empresa Neuquina de Servicios
Industriales (ENSI), que tiene bajo su administración a la Planta Industrial de
Agua pesada (PIAP), puso a disposición de los trabajadores "un programa de retiro por Mutuo
Acuerdo", que tendrá validez por el término de 15 días.
Esta oferta, que tiene el aval
del gobierno nacional, tiene alcance para todo el personal que a la fecha de
adhesión no cuente con trámite de jubilación resuelto favorablemente y propone
el pago de un monto llamado gratificación (que se calcula en base a la última
remuneración neta mensual normal y habitual y los años de antigüedad en la
empresa), en un único pago.
Además se ofrece la mantención
de la Obra Social para el trabajador y su grupo familiar vigente a la fecha de
adhesión, durante el plazo de 12 meses cuando el trabajador tenga 60 años o más
y durante el plazo de 6 meses para los menores de 60 años, al cabo del cual se
hará efectiva la baja en la Obra Social.
Para
el delegado de la Junta Interna ATE- PIAP, Pablo Sosa, “aunque estadísticamente
a los trabajadores no se los consideran despedidos, la realidad indica que son
despidos encubiertos”.
Sosa
también ha cuestionado el monto de la
oferta de gobierno ya que la misma se hace en base al último salario que no
tiene actualización desde el 2017, que es cuando se dispuso la salida operativa
de la PIAP.
Actualmente
la planta de trabajadores de la PIAP ronda los 300 trabajadores, con lo que se
completarse los 150 retiros ofrecidos, operativamente quedarían solo 150 de los
casi 410 trabajadores que llegó a tener hace pocos años, suponiéndose que los
mismos quedarán a cargo del mantenimiento de la planta.
Mientras desde
la Junta Interna reclaman un acuerdo de partes para que existan opciones que
permitan resolver la continuidad de las fuentes de trabajo, hasta ahora las
posibilidades manifestadas públicamente por autoridades de la empresa son la transformación de la PIAP en una planta de fertilizante o
el traslado del personal a la misma ENSI, como evalúa el gobierno neuquino, o
el más drástico que es el cierre definitivo, tal como lo impulsa el gobierno
nacional.
Las y los trabajadores de la ex
Comisión Nacional de Pensiones. Nucleados en ATE, han vuelto a denunciar el proceso de
desmantelamiento de la política pública de pensiones, desde el inicio de la
gestión cambiemos, que perjudica principalmente a la población más vulnerable
de nuestra sociedad: personas con discapacidad.
Los funcionarios de la Agencia
Nacional de Discapacidad, quienes se presentan ante los medios y la opinión
pública como paladines de la transparencia, son en realidad eficientes
tecnócratas que bajan masivamente pensiones no contributivas y tienen, además,
la decisión política de impedir que los beneficios avancen hacia su aprobación
o bien su denegatoria.
La ANDIS organizó hace unos días la
“Cumbre Global de Discapacidad, Argentina 2019” despilfarrando más de
$65.000.000 para trabajar “la plena inclusión de las personas con discapacidad
y garantizar sus derechos”; sin embargo, sus funcionarios no dudan en cajonear
trámites de extrema gravedad durante más de 3 años condenando a una muerte
lenta y silenciosa a miles de personas que carecen de ingresos y de trabajo y
necesitan, además, medicamentos, prótesis, contención y acompañamiento.
Poniendo un manto de sospecha sobre
todo lo existente estigmatizan a titulares de derecho que cobran un beneficio
de poco más de $ 8.000 (pesos) por mes para la subsistencia básica y a
trabajadores del área aduciendo “falta de criterios” e “irresponsabilidad” en
el otorgamiento masivo de beneficios.
Desde l Junta Interna de ATE-
Pensiones señalaron que “entre 2003 y 2015, las y los trabajadores fuimos
protagonistas en la ampliación de derechos y la territorialidad de un programa
que – a partir de procedimientos administrativos controlados y auditados e
intervención de profesionales matriculados – fue en búsqueda de una población
de alta vulnerabilidad en todos los rincones del país: se pasó de 176.000 mil
pensiones existentes en 2003 a 1.000.000 en 2015. (Hay 5.000.000 de personas
con discapacidad según el censo nacional de 2010)”.
Con el argumento de “controlar y
volver a controlar el festival de pensiones truchas que otorgó el gobierno
anterior”, desde diciembre de 2015 se vienen implementando estrategias para
desintegrar la estructura de pensiones y así ajustar el presupuesto en sintonía
con lo requerido por el FMI.
• El decreto 698/17 que disolvió la
Comisión Nacional de Pensiones y creó la Agencia Nacional de Discapacidad, bajo
la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, creó 17 nuevos cargos
jerárquicos equivalentes a directores nacionales para diseñar la estrategia
política central de avanzar, paulatina y progresivamente, en el desguace del
organismo, violando además la Convención Internacional de los DDHH de las
Personas con Discapacidad y dejando de lado la participación de las
organizaciones vinculadas a la temática.
• En abril de 2017, 170 mil pensiones
fueron suspendidas, sin previo aviso y sin procedimiento administrativo ni
legal. En 2018, por un fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social, se
restablecieron solamente 43.150 beneficios, mientras que 127 mil finalmente se dieron de baja.
• Despidos de trabajadoras y
trabajadores en 2018, con un insólito despliegue policial en la puerta del
organismo y listados de quienes no podían ingresar, en un marco de gran violencia
institucional. Por la lucha de nuestra organización gremial, se pudo
reincorporar a una gran mayoría.
• Cierre de los centros de atención de
pensiones (CAL) estratégicamente distribuidos en todo el país, dificultando el
acceso de la población a la atención personalizada con abordaje integral, con
el argumento de concentrar toda la atención operativa en un solo lugar: ANSES
• Reubicación del personal en unas
pocas oficinas de pensiones (todavía) en funcionamiento y en otros organismos
con absoluta incertidumbre en relación al desarrollo de tareas y al futuro
laboral, con afectación de la salud y empeoramiento de las condiciones de
trabajo.
• Traspaso de tareas a la Ventanilla
Única de ANSES, sin personal especializado en el área de pensiones no contributivas.
Al mismo tiempo, se viola el derecho constitucional que tiene todo ciudadano de
peticionar al Estado por un cruce de sistemas que actúa de filtro previo a la
tramitación del inicio de pensión.
• Cerca de 200 mil trámites están
paralizados en las distintas áreas de organismo, muchos de extrema gravedad y
con más de 3 años de demora para su resolución: más de 80 mil en auditoría
médica, con el agravante de que no hay actualmente profesionales médicos que
realicen la revisión y 50 mil en el área de evaluación de expedientes.
• Solicitud de actualización de datos
y exigencia de presentar un nuevo Certificado Médico Oficial, esta vez en
formato y con firma digital, en reemplazo del que consta en el expediente y que
acreditó el grado de discapacidad oportunamente. La ANDIS envió 40.000 cartas
documento, gastando $590 pesos en cada una, para intimar a los titulares de
derecho. Los hospitales no cuentan con computadoras ni internet y los médicos
tienen una gran resistencia a integrarse a este circuito impuesto, sin la menor
consulta con el sector sanitario, dejando sin posibilidades reales de acceso al
CMO digital a gran parte de los pensionados.
• Cambio de paradigma: pasaje de una
política de pensión como derecho social amplio a una política acotada a la discapacidad,
según criterios biomédicos. Cuando se termine de consolidar el pasaje del
inicio de pensiones a la ANSES, la única función de la ANDIS sería la de
evaluar la discapacidad y la de otorgar o no el beneficio de pocos expedientes
que arribarían luego de atravesar criterios restrictivos y reduccionistas.
Sobre el final del documento
presentado la ATE- Pensiones subrayó que “con la certeza de estar del lado
correcto de la historia, seguiremos acompañando las movilizaciones populares en
contra del ajuste en discapacidad, que afecta principalmente a las poblaciones
vulnerables; y daremos nuestra voz colectiva a los invisibilizados y olvidados,
a los excluidos por esta política cruel y carente de sensibilidad social”.
En el marco de las negociaciones
salariales llevadas adelante por la Seccional ATE- Comarca Andina, con
funcionario de la comuna de El Hoyo se llegó a un acuerdo para el pase a planta
permanente de 28 trabajadores contratados.
Las partes establecieron en la
negociación que los ingresos se realizarán en tandas, rubricándose que el total
de ellos pasarán a la planta permanente en el transcurso del 2019.
“Una vez más ATE propone, reclama y hacer respetar el Convenio Colectivo de Trabajo de la Municipalidad de El Hoyo, el primero firmado en la Provincia a nivel municipios en 2011”,
enfatizaron los compañeros de la comarca.
La ATE destacó
la adhesión aprobada en la sesión
ordinaria del Concejo Deliberante de Cipolletti. a la Ley Nacional de
Asignación Universal por Hijo. Este paso equipara el pago de este ítem a
los trabajadores municipales con los valores que se manejan a nivel nacional.
“Cómo sindicato pujamos para que se concrete y celebramos cualquier proyecto
que tenga por objeto la ampliación de derechos de los trabajadores”, señaló Jorge Núñez, secretario general de la
seccional Alto Valle Oeste de ATE.
El dirigente
recordó que el año pasado (tras importantes reuniones entre el Ejecutivo
municipal, a cargo de Aníbal Tortoriello, y la dirigencia del sindicato)
se logró un aumento mayor al 120% en el pago de las asignaciones familiares
para los trabajadores municipales de esta localidad, que fueron equiparadas con
las provinciales.
Entonces el aumento
significó pasar del cobro de $450 por asignación a $1000. Sin embargo, aún
estaban lejos de alcanzar el aporte que se paga a nivel
nacional. “Veníamos insistiendo en equiparar las asignaciones familiares
con lo que se paga a nivel nacional, ya habíamos logrado equiparar con la
provincia en un primer acuerdo que hicimos con el Intendente. Pero a nivel nacional
veíamos que a diferencia de los $1.000 de los municipales, se cobraba $2.500,
entonces profundizamos el reclamo”. “Finalmente el Concejo Deliberante sesionó
y equiparó las asignaciones. Esto nos llena de orgullo: esto va a ser muy
significativo para los magros sueldos que tienen los municipales ya que implica un 150% de aumento”, concluyó
Núñez.
Tal como se definió en asamblea, los/as
trabajadores/as precarizados/as, contratados/as y en negro organizados en ATE
Rosario volvieron a manifestarse en el marco de la discusión paritaria por la
situación de los miles de estatales santafesinos que esperan por el pase planta
permanente.
Lo/as trabajadores/as se manifestaron frente
a Gobernación exigiendo por el pase a planta permanente de los más de 4 mil
compañeros en situación irregular y reprobando la actitud de autoridades y
cúpulas sindicales cómplices entre negociaciones herméticas y declaraciones que
no cierran.
“Nos generó mucha tristeza escuchar
que hablan de 1.500 contratados. Entendemos que somos más de 4 mil compañeros y
compañeras que estamos atravesando situaciones de precarización laboral
en toda la provincia de Santa Fe, explicó la trabajadora de la DPJPJ
organizada en ATE Rosario, Agustina Moulins.
"Entendemos por las declaraciones del ministro Pablo Farías que está
hablando de trabajadores con artículo 8 y 9 bajo la ley 8.525. Y eso no
contempla al resto de los trabajadores que venimos desde hace más de seis años
con contratos de locación de servicio y otros que no tienen contratos pero
facturan al Estado desde hace más de 10 años", detalló.
Municipales de la Dirección de Juventudes también reclaman el
pase a planta
Trabajadore/as de la Municipalidad de
Rosario se reunieron con funcionarios de su sector por el reclamo de pase a
planta en la Dirección de Juventudes dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Social Municipal.
Estos trabajadores vienen realizando
reuniones todos los meses que coordinan acciones para transformar las
condiciones de trabajo y precarización de los diferentes sectores municipales.
Dirigentes de la ATE Punta Indio y del CDP provincial se
reunieron en el Concejo Deliberante de esa ciudad para pedir que se
instrumenten los fondos necesarios para que continúe siendo operativa la base
aeronaval local.
Tanto Dabel Roblin, por ATE- Punta Indio, como los representantes del CDP, César Baliña,
y de San Martín, Romina
Alzugaray y Pablo García, entre los presentes, sostuvieorn este encuentro del que
también participaron vecinos y funcionarios locales para
reclamar la inversión presupuestaria ya que se trata de un espacio estratégico
para la zona por la pertenencia de la base a la historia del lugar y como
fuente de trabajo.
Roblin
consideró allí que “nuestro compromiso es con la comunidad y con lxs
trabajadrxs, por eso seguiremos luchando para que se sostenga el funcionamiento
de la base que forma parte de un ensamble estratégico, no sólo desde el aspecto
laboral sino en términos de soberanía nacional”.
El
secretario general del CDN, Hugo Godoy, y el secretario general de ATE Río
Negro, Rodolfo Aguiar, participaron de una actividad promovida por la OIT
(Organización Internacional del Trabajo) y la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo (SRT), en la ciudad de Bariloche.
El
encuentro, que contó con la intervención del secretario de Trabajo de Río
Negro, Lucas Pica, funcionó como una Jornada de Consulta para la elaboración
del 1er Plan de Acción Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de
Adolescentes y Jóvenes, proyecto internacional al que dieron en llamar
SafeYouth@Work.
Su objetivo es mejorar la salud y la seguridad laboral de los trabajadores
jóvenes de entre 16 y 24 años, promoviendo, además, una cultura de la
prevención.
La
estrategia incluye un proceso coordinado entre los Estados, las patronales, los
trabajadores, las instituciones educativas y las asociaciones juveniles
nacionales y provinciales. Tiene una duración de 18 meses y hará especial
hincapié en los trabajadores rurales jóvenes.
A través de la
presencia del compañero del área de Derechos Humanos, Héctor Carrica, el CDN se
sumó al acto celebrado ayer La Boca, que
se realizó en memoria del militante social Martín “El Oso” Cisneros, tras cumplirse 15 años de
su asesinato por parte de un vendedor de drogas, también informante policial.
Carrica
destacó que la convocatoria tuvo una amplia participación de Organizaciones Sociales
y sindicales que se llegaron hasta La Boca para participar de este homenaje, en
donde también se reclamó “el fin de las políticas represivas y el gatillo fácil
que se impone desde el gobierno nacional”.
Carrica señaló
también que junto a la Secretaria de Derechos Humanos de la CTEP (que conduce
Lito Borello) y otras organizaciones, a través del observatorio de
vulnerabilidad que fue creado el año pasado y del que ATE tiene plena
participación “venimos dando charlas en los territorios, e intercambiando
información sobre la situación social general, y detectamos que hay un auge de
la política represiva en cuanto sucede la protesta social”.
Luego del acto
de Cisneros, las organizaciones se trasladaron hacia el Puente Pueyrredón, para
sumarse a la vigilia que se inició este martes, previo a cumplirse (hoy
miércoles 26 de junio) el 17º aniversario de la masacre que le costó la vida a
Maximiliano Kosteki y Darío Satillán.
La jornada que comenzó bien temprano frente
al Congreso Nacional visibilizando los reclamos de las y los trabajadores
estatales bonaerenses, exigió políticas públicas que contemplen las necesidades
de los sectores populares y la urgente reapertura de las negociaciones
colectivas. También hubo diversas actividades para dar cuenta de la situación
en la que se encuentran los distintos sectores públicos provinciales.
ATE, lxs profesionales de la salud
enrolados en CICOP y lxs judiciales de la AJB acompañados por otros espacios
sindicales, volvieron a decirle no al ajuste de Macri y Vidal. También se
manifestaron frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Av Callao y
Perón.
“Los salarios que tenemos son miserables y
no alcanzan para llegar a fin de mes”, expresó el secretario general de ATE y
la CTAA bonaerense, Oscar “Colo” de Isasi y agrego: “Le exigimos a la
gobernadora Vidal una nueva negociación salarial, el urgente pase a planta
permanente de todas y todos los precarizados. Necesitamos nombramiento de
personal porque desde que asumió la gobernadora las políticas públicas fueron
desfinanciadas. Hoy tenemos hospitales a los que les falta todo, escuelas
desmantelas y así podríamos enumerar todos los organismos del Estado. Por todo
esto es que la carpa de hoy aborda los distintos temas con especialistas que
ponen en debate no solo los reclamos sino las propuestas que tenemos para
mejorar las políticas públicas y las condiciones de vida de nuestra
gente".
En este mismo sentido anunció que “con
orgullo y producto de la lucha hemos logrado el pase a planta de más de 2500
compañeros y compañeras temporarios mensualizados de Educación. También
conseguimos la continuidad laboral de 4000 trabajadores y trabajadoras de
contratos autónomos que se vencían el 26 de mayo”.
Durante el acto frente al Congreso Nacional
hizo uso de la palabra el Secretario General de ATE Nacional, Hugo “Cachorro”
Godoy, agradeciendo a los estatales de la provincia de Buenos Aires y de la
Ciudad Autónoma la conmemoración en la calle y en unidad en el marco del día de
la y el trabajador Estatal. En sentido indicó que “es importante ratificar la
unidad en la lucha de distintas propuestas y alternativas. Homenajeamos con
emoción a nuestros mártires como Kosteki y Santillán, asesinados en el Puente
Pueyrredón por la policía bonaerense y las fuerzas de seguridad del Estado
nacional que pretendieron disciplinar a nuestro pueblo y no lo pudieron hacer”.
Por otra parte, cuestionó que “el Estado no
puede ser un instrumento para el enriquecimiento de las empresas trasnacionales
y extranjeras. Fuimos los primeros que estuvimos un 24 de febrero de 2016 en la
calle contra este gobierno y hoy seguimos diciéndoles no a la tercera reforma
del Estado”.
Además, subrayó que “cuestionamos el
intento de transformar la justicia en una asociación ilícita con los servicios
de inteligencia, así como trataron de convertir en shopping a distintas
escuelas y quisieron hacerlo con el Astillero Río Santiago, el mejor símbolo
que tenemos los argentinos para orientar una política de desarrollo soberano y
de resistencia de trabajadores”.
Por su parte, el secretario general de la
AJB, Pablo Abramovich, señaló: “A pesar de que el ajuste se profundiza, también
se profundiza la unidad y la fuerza de nuestras compañeras y compañeros. No
vamos a parar y no vamos a dejar de hacer lo que haya que hacer hasta que la
paritaria se cierre con la firma de todos los estatales de la provincia. Y este
ajuste se evidencia en la crisis de infraestructura: esta mañana, en el fuero
de responsabilidad juvenil de La Plata, se encontraron con que una vez más se
había caído el techo del juzgado. Eso no es un hecho fortuito sino que es
reiterado y es consecuencia directa de la desinversión del gobierno”.
“Con nuestra capacidad de propuesta se
puede construir un Estado basado en el trabajo, la producción, la soberanía
nacional y la justicia social. Las cuatro patas con las que estamos discutiendo
contra esta reforma del Estado que han querido instrumentar y que el FMI querrá
continuar. Debemos construir un programa de gobierno con propuestas alternativas
de la clase trabajadora”, concluyó.
Por su arte, la dirigente de CICOP, Marta
Márquez, sostuvo que “hoy no es un día cualquiera, sino que está presente la
memoria de Darío y de Maxi que construyeron organización colectiva para pelear
contra el ajuste y eso es lo que estamos haciendo. El panorama es duro y
difícil. Y el ajuste que aplican los gobiernos nacional, provincial y muchos
municipios es durísimo. Lo que estamos haciendo es manifestarnos dispuestas y
dispuestos para resistir y pelear por políticas públicas inclusivas, como en
salud donde llevamos 15 jornadas de paro reclamando para ser convocadas a
paritarias”.
Pasado el medio día, se realizaron diversas
actividades en las carpas instaladas frente al Congreso, para dar cuenta del
estado en el que se encuentra los distintos sectores públicos provinciales.
Finalmente, hubo un cierre con propuestas culturales.