Mes: junio 2019
Este mediodía, en las puertas del ex
Ministerio de Agroindustria (Paseo Colón e Independencia) ATE se manifestó para
exigir la reincorporación de Jorge Puntarrafo y Roberto Benítez, quienes se
desempeñaban desde hace 6 y 20 años, respectivamente, en la Dirección Nacional
de Desarrollo Foresto Industrial a cargo de Nicolás Laharrague. El
funcionario, además, está denunciado por desviar fondos públicos a su empresa
familiar.
Lxs trabajadores del sector se encuentran
en estado de asamblea permanente con cese de tareas. Reclaman que se
convoque a una mesa diálogo y se reincorpore a los trabajadores que fueron
despedidos por su activismo gremial. En ese sentido, señalaron como
responsables a Laharrague y sus asesores (José Loiacano, Martin Aguilar y Esteban Borodowski), y
pidieron sus renuncias.
Puntarrafo contó: “El lunes 3 recibimos un
aviso de desvinculación que decía que no teníamos funciones y nos dejaba a disposición de Recursos
Humanos. Y el miércoles recibimos los telegramas que también se justifican en
que no teníamos tareas. Esto está desmentido por todos nuestros compañeros que
saben el trabajo arduo que hacemos”.
“Claramente es una persecución laboral
porque desde 2016 que nos manifestamos contra el despido de cientos compañeros
en el área, contra el recorte salarial, los maltratos y hostigamiento que lleva
adelante Laharrague”, agregó.
De la actividad participaron dirigentes y
trabajadores de ATE de distintos sectores como Hospital Moyano, ANSES, SENASA,
Cultura, INDEC, entre otros.
Pablo Spataro, miembro del CDN de ATE y
Secretario General de CTA-A Capital, también denunció la persecución gremial a
los despedidos: “Son compañeros de ATE, identificados con nuestro gremio, que
hacen trabajo militante, y que desde 2016 vienen denunciando el desguace”,
manifestó.
Y expresó: “Sabemos que detrás del dolor del
despido está el dolor de toda una familia, por eso hoy estamos acá junto a compañeros
y compañeras de distintas agrupaciones, bancando la radio abierta y con la esperanza
de que cada una de las acciones que venimos llevando adelante en los sectores, tenga
un efecto multiplicador en la consciencia de nuestro pueblo. Macri no viene
solo por los despedidos, viene por un modelo de Estado al servicio del poder financiero
internacional. Tenemos que dar una disputa sobre el Estado que queremos
construir, uno al servicio de mayorías populares y para eso necesitamos
recuperar a lxs trabajdores, a los programas derrumbados y pensar en políticas
nuevas para la etapa que se viene”.
Por su parte, Carina Maloberti, de ATE
SENASA, afirmó: “Estamos nuevamente en las puertas del ex ministerio, que ya
fue bajado de rango, donde despidieron y desmantelaron Agricultura Familiar. Lxs
compañeros hoy despedidos venían denunciando el vaciamiento del área Forestal, denunciaron
la violencia institucional que se ejerce dentro del sector por parte de los
funcionarios macristas, donde se produjo
el suicidio de un compañero que se colgó en esa misma dirección. Además,
estaban como candidatos para las elecciones de ATE del 7 de agosto”.
“Estos funcionario son patrones de estancia
y tenemos que recuperar esta secretaria, volverla Ministerio para el campo más
postergado y para la agricultura familiar”, cerró.
Memoria 2018
Un colectivo de organizaciones
sociales, conjuntamente con la Secretaría de Discapacidad de la CTA-A y del
departamento de Discapacidad de ATE Nacional, que conduce el compañero Carlos
Ferreres, movilizaron, el pasado viernes, hasta el complejo de Tecnópolis, donde
repudiaron la II Cumbre Global de Discapacidad, que estuvo organizada por el gobierno
Nacional, y encabezado por la vicepresidente, Gabriela Michetti.
Ferreres, explicó que el sentido
de esta marcha “fue poner en alerta los brutales recortes que ha habido en
Discapacidad durante el gobierno de Macri”. En ese sentido calificó como “un
despliegue falaz la realización de esta cumbre cuando es permanente la quita de
derechos para las personas discapacitadas”.
Ferreres enuncia en este marco
las más de 200.000 pensiones por discapacidad que están suspendidas por el gobierno
“aún cuando hay sentencias judiciales que se manifiestan a favor de la
restitución de las pensiones”.
Pero el recuenta que enuncia es
más amplio: “el llamado déficit fiscal cero ha colmado de ajuste el área: se han
eliminado áreas de discapacidad ministeriales o reducido a su mínima expresión,
y el ejemplo de ello es lo que sucede en el Ministerio de Trabajo”, dijo
Ferreres, antes de continuar: “vemos enormes restricciones en el área de Salud,
tanto en obras sociales como hospitales”, y el ejemplo que pone es la propia
obra social estatal, PAMI donde, acotó “se
ha restringido o se niegan prestaciones relacionadas con la rehabilitación y
tratamientos”.
Para el dirigente del área de
Discapacidad “esto conlleva a poner en grave riesgo la Salud de las personas
discapacitadas” porque a este recorte debe sumarse “el recorte en transporte y actividades
sociales que se venían realizado” o como sostuvo “en el área educativa que
sigue sin ser accesible para personas que quieren desarrollarse tanto en el nivel
primerio como el secundario”.
Ferreres apuntó que este tipo de
encuentros “carece de respuestas concretas si el único camino que expresa el gobierno
es el de recortes y ajustes”. “No hay programas de participación y
capacitación, han eliminado la Comisión Nacional de Pensiones y tienen
encajonada más de 200.000 pensiones, esto da la pauta de que este gobierno se
desentiende de nuestras necesidades y la cumbre resulta nada más que un lavado
de cara”, finalizó cuestionando el dirigente.
Trabajadores y trabajadoras del IOSFA llevaron
adelante una asamblea, en donde visibilizaron su malestar ante la pérdida
salarial, una paritaria “casi inexistente” y la profunda precarización que
atraviesa a gran parte del personal de la obra social. Además los/as compañeros
ya vienen denunciando irregularidades en el pago de prestaciones, producto del
cierre de los Centro de Auditorías Regionales.
“Es muy difícil el panorama ante una
paritaria casi inexistente y una pérdida salarial que viene del año anterior.
Como agravante, y ante la exigencia de una suma para compensar lo perdido, la
respuesta es ‘no hay plata’. Mientras tanto pagan sobreprecios a prestadores
(dos o tres veces más caros) a la par que sacan las auditorias”, explicó la
delegada de ATE- Rosario, Noemí Martínez.
“Están vaciando el IOSFA”, agregó por su parte
el también delegado Alejandro Sortino, quien recordó la denuncias de ATE ante
los nombramientos de gerentes en la obra social con sueldos abultados mientras
el conjunto de trabajadores sigue percibiendo los salarios más bajo del Estado
Nacional.
La conducción de la Seccional ATE- Ibarreta
manifestó su más enfático rechazo al sorprendente e insólito accionar del intendente de Estanislao del
Campo, Roque Martiniano Zarza, quien procedió al despido arbitrario de dos
empleados del municipio a su cargo sin motivos válidos y sobrepasando todo
derecho legal de los trabajadores.
Ante la apremiante situación económica
que actualmente se encuentra atravesando el país, en plena campaña
proselitista, y cuando se espera de la patronal se tomen decisiones coherentes
acordes al momento político y social, esta comisión entiende que el intendente con
decisiones como las que ha tomado deja a las dos personas desafectadas sin la
posibilidad de seguir aportando al sostén de sus respectivas familias.
Bertín Cardozo y Abel Quintana, son
los dos empleados despedidos del municipio, ambos originarios de la localidad
de Estanislao del Campo, quienes revisten una antigüedad de dos años en esa
entidad, lo que les hubiese valido el pase a planta permanente, pero
contrariamente a esto llega la determinación de
alejarlos de la institución injustamente y contradiciendo aquellos
principios de justicia social que el mismo intendente pregona en su campaña.
Los despidos coinciden con el momento
de la visita a la localidad del candidato a vicegobernador de la provincia por
el Partido Justicialista Eber Solís y el motivo de tal determinación seria la
presencia de ambos empleados en otra sede del mismo partido.
“Las autoridades de la seccional ATE
Ibarreta se hallan sorprendidos ante la medida y por tal motivo deciden hacer público
su enérgico repudio al insólito atropello. Solicitan además de forma inmediata
la reincorporación de los compañeros a sus puestos de trabajo” manifestaron
Sergio Mariani, secretario general y
Luis Vega, secretario de prensa, de dicha seccional.
Este miércoles comienza el juicio que
tiene como imputados y procesados a Alejandro Garzón y Olga Reinoso luego del
fatídico 21 de mayo del 2017, auge de la crisis económica en la provincia de
santa cruz, ahogada financieramente y castigada por las diferencias políticas
del Gobierno de Macri con el Kirchnerismo.
ATE Santa Cruz en aquel entonces pedía
oxigeno y exigía dialogo entre los dos gobiernos para resolver la desesperante
situación de los trabajadores que no cobraban los sueldos en tiempo y forma,
pero que además sufrían el feroz ajuste, con tarifazos, recortes de programas
sociales y falta de reivindicación salarial que impactaba directamente sobre el
poder adquisitivo de los estatales.
La represión fue ordenada por el
Juzgado Federal de Primera Instancia 1 de Río Gallegos, a cargo del subrogante
Aldo Suárez, para “garantizar la libre circulación del tránsito” sobre la ruta.
Los trabajadores, hombres y mujeres en
total desprotección, fueron brutalmente golpeados y reprimidos en un claro
mensaje de las fuerzas federales que ya habían actuado de igual manera a lo
largo y ancho del país reprimiendo cualquier manifestación popular: la
criminalización de la protesta y la represión mediante las fuerzas federales ya
eran una política de estado.
Por aquel entonces la Nación rechazaba
el pedido de ayuda de la gobernadora Alicia Kirchner y lo supeditaba a un plan
de ajuste de las cuentas provinciales, además de exigir despidos para
equilibrar al fisco y negar toda posibilidad de endeudamiento, los trabajadores
seguían siendo la variable de ajuste, y la masa de la administración pública,
ex ley 591 aunados en ATE Santa Cruz no resistía mas, por lo que el corte de
una ruta federal fue el último recurso en un llamado desesperante a las
autoridades políticas que abandonaban el único motor de trabajo y sostén
económico de nuestra Santa Cruz: el trabajador estatal.
Desde la ATE
Provincia de Buenos Aires denunciaron la perversa política del ministro de
Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, y de la gobernadora, María Eugenia
Vidal, hacia los trabajadores y trabajadoras de la Educación. No solo no pagan
los salarios sino que además realizan brutales descuentos sobre los sueldos de
quienes pelean por sus derechos.
El pasado
viernes, fecha de cobro de quienes dependen de Educación, el gremio tomó conocimiento
que se habían efectuado descuentos por medidas de fuerza, que van de los 4 mil
a los 9 mil pesos a trabajadoras y trabajadores auxiliares, obreros de
mantenimiento y docentes. En algunos casos los descuentos fueron sobre salarios
que rondan los 16 mil pesos.
Frente a esta
grave situación desde ATE exigieron “la inmediata devolución de los descuentos
efectuados y el urgente pago de salario para quienes realizan suplencias y
mensualizados”.
De lo
contrario el CDP anunció que profundizarían el reclamo con la realización de
todas las acciones legales y gremiales necesarias para lograrlo. “Vidal y
Sánchez Zinny son los responsables de desprestigiar a la educación pública a
través de sus políticas”, subrayó el gremio.
Desde la ATE en la Secretaría de Agricultura
Familiar (SAF), exigieron la reincorporación inmediata de lxs dos compañerxs
trabajadores de la Dirección de Desarrollo Forestal Industrial, que dependen de
la Secretaria de Agroindustria de la Nación, y que vienen siendo perseguidos
por funcionarios del área.
Desde la semana pasada ambos
trabajadores vienen siendo vaciados de funciones y
perseguidos en su desempeño mostrando a las claras que la gestión de Laharrague
(denunciado por desvío de fondos a su empresa familiar por más de 4 millones de
pesos) y de Etchevehere, impunemente arremeten contra los derechos de los
trabajadores que luchan y no se callan ante la corrupción y la injusticia
despidiéndolos injustamente.
Luego de
los despidos masivos en 2016 y 2018 y el ataque constante a la Agricultura
Familiar, los despidos persecutorios en Forestal son una muestra más de la
perversión a la que la gestión de Agroindustria está dispuesta para imponer sus
intereses de hambre y ajuste.