El viernes se conoció
que el Ministro Dujovne tuvo que dar marcha atrás en la pelea por los fondos de
Justicia y Seguridad. Hacienda intentó disolver los Entes cooperativos que
pagan la mayoría de los sueldos de los trabajadores de esos ministerios y de
los organismos que están bajo sus órbitas. Las
marchas, los paros, las asambleas, y dos semanas de conflicto sostenido por
trabajadores y trabajadoras de todas las áreas vinculadas lograron detener el
intento del gobierno que hubiera significado despidos masivos y vaciamiento completos
de sectores.
Los Entes no sólo se representan el pago de cerca de diez
mil contratos desde hace décadas, sino de buena parte del sueldo del personal
de planta.
Dujovne pretendía apropiarse de esos fondos, que hasta ahora
no son parte del Presupuesto Nacional, a los efectos de utilizarlos como un
ingreso extra para reducir el déficit. Para ello proyectaba achicar la cantidad
de trabajadores y ajustar salarialmente a los que quedaran. De esta manera
además se deterioraría seriamente la calidad del servicio que brinda el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dejando sin efecto obras y servicios
que despliega la cartera.
José Luis Bravo, Delegado
General de la Junta Interna de ATE en el
Registro de la Propiedad Inmueble (uno de los organismos del Ministerio de
Justicia), explica: “Le torcimos el brazo al DNU, eso implicaba que personal
contratado se quedara sin trabajo, y nosotros tenemos familias enteras
trabajando en ese sistema. Estamos bajo un escalafón de igual trabajo igual remuneración gracias al sistema de Entes. La
preocupación era lo que iba a suceder con el personal contratado: en el Registro
somos 80 presupuestarios y 330 contratados”.
Los otros organismos y programas que están dentro de la
órbita del Ministerio de Justicia y se mantuvieron en Alerta por la amenaza del
gobierno son la Inspección General de Justicia, Dirección Nacional de
Reincidencia, Automotor, Ex ESMA, Secretaría de DDHH, Programa “Victimas Contra
las Violencias”, Centros de Atención a Justicia, el INADI, y Derecho de Autor.
El 5 de septiembre todos juntos realizaron una
multitudinaria asamblea en la puerta de la Sede Central de la cartera de Germán
Garavano, en repudio al desfinanciamiento destructivo del Ministerio mediante
la eliminación del sistema de ENTES de cooperación técnico-financiera y el
traspaso de sus fondos.
“Al enterarnos del Decreto empezamos con acciones en la mesa
de entradas del edificio de la calle Venezuela (foto de portada), informando a la
gente de los riesgos, intercambiando opiniones, y la medida de fuerza la
realizamos haciendo que no salga la documentación que ingresaba: al no salir
ningún certificado, ningún informe, se corta el circuito inmobiliario, que
también lo utilizan los bancos para los créditos hipotecarios e internos”,
resalta Bravo de ATE-Registro de Propiedad Inmueble.
En la reunión del viernes estuvieron presente lxs
funcionarixs Silvina Montemerlo, Subsecretaria de Coordinación; Martín Casares,
Jefe de Gabinete; Pablo Chasseing asesor técnico en cuestiones gremiales de
Garavano. En representación de la Junta Interna de ATE Justicia estuvieron el
Secretario General Ángel Gómez, el Adjunto Alejandro Martínez; el Secretario
Gremial Leandro Surraco; y el delegado Hugo Mano, además de representantes de
UPCN.
Bravo destacó el plan de lucha llevado adelante durante los últimos
días para frenar la profundización del ajuste en el Estado: “Con el esfuerzo de los compañeros,
manteniendo viva la Asamblea, llevando la verdad, finalmente hemos torcido esta
voluntad de alguien que solamente pretendía poner la mano donde hay plata, pero
desconociendo la realidad de un montón de trabajadores y trabajadoras que son
lxs que generan este dinero”.
“Este gobierno hace lo que quiere, pero la voluntad y la fuerza
de los trabajadores le dobló el brazo a estas decisiones unilaterales”, destaca
Bravo, de ATE-RPI.
Isabel Vieyra, Delegada de la Junta Interna de ATE en el
Ministerio de Justicia, detalló: “Los ENTES de Cooperación comenzaron a
funcionar en el Ministerio de Justicia en el Gobierno de Alfonsín, cuando ya no
se podía poner a la gente en planta permanente. Fue así como se comenzó a
contratar a los trabajadores a través de los ENTES Cooperadores. En este
momento, el Ministerio de Justicia tiene alrededor de siete mil contratados,
todos a través de ENTES. Los más importantes son ACARA y la CCA, que manejan un
montón de dinero. En ACARA, por ejemplo, no pueden entrar las auditorías del
Estado, entonces a través de ese ENTE no sólo se le paga a los empleados del
Ministerio de Justicia, sino que también se le paga a los del Ministerio de
Seguridad, o de universidades”.
“En la actual situación económica de crisis el Gobierno vio
en los ENTES una mina de oro, y planteó sacar a los siete mil contratados de
ese ámbito y volver a volcarlos en la Ley de Empleo Público, con el Artículo 9,
que se renueva cada 180 días o cada año. En seguida nosotros nos dimos cuenta
de que esto implicaría una tremenda razia, porque de ninguna forma nos
mantendrían a los siete mil con trabajo”, agregó Vieyra.
“Libramos una pelea de un mes en la que paramos a todo el
Ministerio de Justicia. Colgamos las banderas de ATE en las puertas de los
organismos y no entraba un papel, no se hacía una inscripción. Algunas de
nuestras tareas incluyen: El registro del automotor, reincidencia, la
inspección general de Justicia, TANDANOR, entre otras. Entonces, cuando
decidimos hacer Paro o asambleas, lo hicimos todos juntos y demostrando un
poder de fortaleza muy importante. Por ahora esto se ha frenado, pero no
podemos dormirnos en los laureles, porque tarde o temprano van a volver a la
carga sobre este tema”, cerró la Delegada.
