La Asociación Trabajadores del Estado bonaerense y dirigentes nacionales participaron de la
jornada de presentación del Informe 2018 de la Comisión Provincial de la
Memoria (CPM), titulada “El sistema de crueldad XII. Sobre lugares de encierro,
políticas de seguridad y niñez en la Provincia de Buenos Aires”.
El Informe arroja cifras actualizadas sobre detenciones, de
las que surge un récord histórico con más de 45 mil detenidos a junio de 2018.
También, informa sobre la situación de sobrepoblación, torturas sistemáticas,
la situación de la salud en el encierro, las muertes, las muertes por uso letal
de la fuerza, la situación de las mujeres en el encierro, la violencia de
Estado en los territorios, denuncia la violencia policial contra personas trans
y migrantes, sobre la criminalización y represión de la protesta, denuncia la
tortura y abuso sexual en los hospitales monovalentes y brinda datos sobre la
situación de la niñez en peligro.
Daniela García, trabajadora y delegada de ATE en la CPM,
expresó: “Estamos participando de la presentación del Informe del Comité Contra
la Tortura que todos los años pone en agenda pública la situación de las
personas privadas de la libertad en las cárceles de adultos, de jóvenes y de
personas con padecimiento mental y de aquellas personas que transitan su
detención en las comisarías y alcaldías de la Provincia”. “Como trabajadores
somos quienes construimos este informe a través de los procesos de trabajo en
los distintos programas”, añadió.
Entre los presentes también participaron Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de
ATE Nacional; Emiliano Hueravilo, responsable de DDHH de ATE y la CTAA
bonaerense; Víctor De Gennaro (integrante de la CPM y diputado nacional con
mandato cumplido), entre otras y otros referentes.
En su introducción, el Informe indica: “En el Informe Anual
del año pasado la Comisión por la Memoria señalaba que en la provincia de
Buenos Aires se advertía una continuidad clara con la gestión anterior en
materia de seguridad, justicia, niñez y salud mental. En ese primer año de
gestión, lo singular fue el reconocimiento sin discusión del diagnóstico de
colapso y crisis de todo el sistema penal, de salud y de promoción y protección
de derechos, expresado por los ministros y la gobernadora Vidal. Sin embargo,
poco es lo que se hizo para revertir la situación”.
“El gobierno admite la crisis del sistema de encierro pero
se declara impotente. Como único remedio propone la construcción de más
cárceles y avanza en la consolidación de un punitivismo duro, de larga data en
la Provincia y claramente ineficaz para lo que dice combatir. Los legisladores
sólo se aprestan a discutir proyectos de reformas legislativas emanadas del mismo
Ejecutivo, cuyo resultado será endurecer más al sistema y empeorar la
situación. Las reformas promovidas por el gobierno al Código Procesal Penal, a
la ley de ejecución y al régimen penal juvenil no sólo son inconstitucionales
sino que profundizarán las graves violaciones de derechos humanos”, apunta.
Cabe mencionar que la CPM es un organismo público, autónomo
y autárquico que promueve e implementa políticas públicas de memoria y derechos
humanos. Sus objetivos y líneas de trabajo expresan el compromiso con la
memoria del terrorismo de Estado y la promoción y defensa de los derechos
humanos en democracia.
