Mes: julio 2018

Este jueves 26 a las 10 horas, ATE junto a organizaciones de
pequeños productorxs, de la agricultura familiar, de campesinxs e indígenas, de
todo el país, movilizará de Parque Lezama al Ministerio de Agroindustria (Paseo
Colón 982, CABA) para exigirle al Gobierno Nacional políticas públicas
urgentes.

A continuación, el comunicado:

Organizaciones representativas de pequeños productores,
agricultura familiar, campesina e indígena de todo el país expresamos, una vez
más, la crítica situación productiva, económica y financiera que atraviesan
nuestras familias. Alertamos sobre las dramáticas consecuencias que las
políticas del gobierno nacional causan a nuestro sector, políticas que no
garantizan las condiciones mínimas para seguir produciendo. Nuestro sector se
extingue y junto a nosotros, se empobrecen los pueblos del interior y se apagan
los territorios rurales; la tierra y la producción se extranjerizan y
concentran y los consumidores pagarán alimentos cada vez más caros.

Luego de las políticas que vaciaron el sector en estos
últimos años, este gobierno continua con el desmantelamiento. Al congelar el
Monotributo Social Agropecuario y eliminarlo definitivamente el Ministerio de
Agroindustria quita la posibilidad de que el pequeño productor sea reconocido
como un sujeto que invierte, produce y comercializa, y se le quita el derecho a
gozar de la Obra Social y la Jubilación. Era la única herramienta de
regularización del trabajo que el Estado tenía para el sector. Paralelamente,
con la reforma tributaria, el “pacto fiscal” y la flexibilización de la ley
contra la extranjerización, favoreció a los actores más grandes, sociedades que
invierten en agricultura y se expanden en los territorios, desplazándonos
definitivamente.

Por otra parte, no hemos encontrado respuestas ciertas de
las autoridades de Agroindustria para avanzar con normativas, programas,
registros y ámbitos de diálogo que beneficien a nuestro sector. Por el
contrario, fueron abandonadas las buenas iniciativas que pedíamos profundizar.
La ley N° 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, aprobada
en diciembre de 2014, aún no fue reglamentada y las propuestas y aportes de los
pequeños productores elaborados con alta participación de las organizaciones no
fueron tenidos en cuenta. Mientras tanto, los conflictos de tierras, desalojos
y situaciones de violencia contra familias de agricultores y comunidades de
nuestro sector continúan y en algunas zonas, se han agravado.

Las medidas económicas y financieras que ha adoptado el
gobierno, vinculadas a la toma de deuda externa, a la devaluación del peso, al
pago de exorbitantes tasas de interés que superaron el 50%, al incremento de
tarifas y combustibles, y a la apertura indiscriminada de importaciones de
productos agrícolas y alimentos, impactan drásticamente en nuestras vidas y
actividad. Hemos contraído deudas para adquirir insumos y seguir produciendo y
ya no podremos pagarlas, a pesar de comenzar a malvender nuestros animales,
productos e -incluso en muchos casos- la poca infraestructura o herramientas
con la que contamos.

En esta crítica situación, que se agrava con el paso de los
meses, no encontramos reacción ni medida alguna del gobierno y las “mesas de
competitividad” –que parecen ser la única iniciativa y a las cuales
prácticamente a nadie de nuestro sector convocan- , han demostrado no ser
eficientes para cambiar la coyuntura ni para adoptar políticas a mediano y
largo plazo. Mientras siguen sin visibilizarnos ni darnos respuestas, -y muchas
familias abandonan la actividad o las tierras que arriendan y trabajan-, todos
estamos asumiendo los costos de que el estado le esté asegurando ganancias
extraordinarias al sistema financiero, a los grandes productores y compañías
que invierten en el sector.

La única respuesta es el recorte y también estamos
padeciendo el desmantelamiento de las áreas del Estado dedicadas a llevar
adelante políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la agricultura
familiar, campesina e indígena. Podríamos contar con técnicos profesionales al
servicio del desarrollo rural, pero por el contrario, hubo una reducción
drástica de tareas y despidos masivos en esos sectores en todo el territorio
nacional. La falta de presupuesto para el sector, el desmantelamiento de los
equipos territoriales de la Secretaría de Agricultura Familiar y de las barreras
sanitarias del SENASA que se cristaliza a través de los despidos masivos en el
Ministerio de Agroindustria, también reflejan el desinterés del Gobierno actual
en las políticas para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y ponen en
riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de nuestra población.

Los pequeños productores, la agricultura familiar, campesina
e indígena no estamos dispuestos a aceptar en silencio el abandono de nuestra
actividad, fincas, chacras y territorios, ni el empobrecimiento de nuestras
familias y comunidades, ni a acallar nuestra voz mientras nos extinguimos.

Solicitamos:

 – Inmediata AUDIENCIA con el Ministro de Agroindustria
de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, para que dé respuesta a nuestros
planteos.

– La continuidad indeterminada del Monotributo Social
Agropecuario, de titulares adscriptos y la incorporación de nuevos titulares.

– Urgente implementación de medidas que beneficien al
sector; Tarifas diferenciadas para la electricidad y gas oil. Créditos blandos
a tasa subsidiada. Subsidios a los insumos utilizados en la producción.
Implementación plena de la Ley de Emergencia Social

– Que el Estado garantice el derecho al uso propio y el
orden público en el régimen de semillas.- La inmediata REGLAMENTACIÓN, teniendo
en cuenta los aportes a las organizaciones de la agricultura familiar campesina
e indígena, la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar aprobada
en diciembre de 2014. Así también como la asignación presupuestaria acorde para
los órganos de aplicación y promoción contemplados en la misma.

– Incrementar el presupuesto de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA
FAMILIAR, COORDINACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
DE LA NACIÓN, para hacerlo acorde a las necesidades de atención y promoción del
sector.

– La REINCORPORACIÓN de las trabajadoras y trabajadores
despedidos injustificadamente del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y SENASA.

 

CONVOCAN

ACINA – Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino

AGA – Agrupación Grito de Alcorta

AMRAF – Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federales

ATE – Asociacion de Trabajadores del Estado – Coordinacion
de Organismos Nacionales INTA, SENASA, SAF – Junta Interna Agroindustria

SAFASOMA – Asociación de Medieros y Afines

FAA – Federación Agraria Argentina

FNC – Federación Nacional Campesina 

FAE CTEP – Frente Agrario Evita

FARC – Frente Agropecuario Regional Campesino

FUNDAPAZ – Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz

INCUPO – Instituto de Cultura Popular

MNCI – Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina

MOCASE – Movimiento Campesino de Santiago del Estero

MOPROFE- Mov. Provincial de Pequeños Productores de Santa
Fe   

MTE Rural CTEP- Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama
Rural

ONPIA – Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina

REDAF – Red Agroforestal Chaco Argentino

Red Entrerriana de Permacultura

UCV – Unión Campesina de Varela

UOCB – Unión de Familias Organizadas- Cuña Boscosa y Bajos
Meridionales

UTT – Unión Trabajadores de la Tierra

Esta mañana el presidente Mauricio Macri anunció reformas
para las Fuerzas Armadas. Desde Campo de Mayo, adelantó: “Queremos que puedan
colaborar con la seguridad interior". Para ello, el Gobierno debería
anular el decreto 727 del 2006, que ponen límites al accionar de las FF.AA en
conflictos internos. "Necesitamos que sean capaces de enfrentar los
desafíos del siglo XXI", argumentó Macri.

El Secretario General
de la Asociación Trabajadores del Estado, Hugo Cachorro Godoy, cuestionó
duramente los anuncios explicando que “son violatorios de la ley vigente”, y
analizó que “son un paso más en la política
del gobierno que se prepara para reprimir al pueblo en cuyo seno crece cotidianamente
la resistencia a las políticas de ajuste”

El titular de ATE Nacional lamentó que el gobierno “avanza en una perspectiva de democracia restringida que está
en las antípodas de lo que necesitamos en nuestro país, por eso es que nosotros
creemos que estos anuncios son de una extrema peligrosidad para la vida en
sociedad entre los argentinos y auguran momentos aún más difíciles que los que
estamos atravesando”.

“El gobierno día a día crece en su ilegitimidad y orilla la
ilegalidad”, finalizó Godoy. 

No hay piso para la
caída del ingreso salarial. Dos meses atrás un informe del equipo de técnicos
de ATE en el INDEC indicaba que desde la asunción de Macri un trabajador
estatal ha perdido un 18,1% de su poder adquisitivo.

En el marco de este plan que ajusta salarios los
trabajadores estatales tuvieron una caída mayor que los del sector privado. Por
ejemplo, mientras que en noviembre de 2015 el salario de un estatal en
categoría D0, representaba el 66% del salario promedio del sector privado
registrado, en abril de 2018 esa relación decayó a cerca del 58%. La brecha
volverá a ampliarse una vez que las paritarias del sector privado, tal como
autorizó el gobierno, tengan una suba adicional del 5%. Pero nada anunció el gobierno
nacional para el sector estatal.

El reciente mes de junio arrojó la inflación más alta de los
dos últimos años: 3,7%. De este modo el indicador general del primer semestre
trepó al 16 %, lo cual implica que sólo en la mitad del año la inflación general
superó el pronóstico de la meta inflacionaria anual del 15%, presupuestada por
el gobierno en diciembre pasado. 

En medio de turbulencias financieras y diagnósticos
económicos errados, la alta volatilidad que registra el dólar hace aún más
impredecible estimar con cierta certeza 
la inflación. Con servicios públicos y el combustible atados al valor de
la moneda norteamericana, sólo se permiten aproximaciones que van en torno del
30%.

A partir de esta situación el acuerdo salarial del 15%
firmado por el gobierno nacional ha perdido vigencia. En primer lugar porque a
la meta pronosticada para todo el año ya se ha llegado en medio año; y segundo que
los aumentos que el gobierno nacional y UPCN acordaron se escalonan por un 3%
recién con el sueldo de julio, 6% en agosto y el otro 6% en septiembre.

Con una paritaria claramente definida a la baja y tomando el
estimado del 30% anual, el aumento que cobrarán los trabajadores estatales sólo
servirá para equilibrar la balanza del segundo semestre. El primer semestre lo
habrá trabajado todo a pérdida.  Así
ahonda la crisis del salario del trabajador estatal que tal como estimo la
Junta Interna de ATE- INDEC, para un 
trabajador de la categoría D0 (cuyo salario bruto es de $16.697) en poco
más de un año y medio, ya registra una pérdida de $ 59.243.

La problemática salarial del sector público también se ha
extendido a las provincias. En la mayoría de los casos los acuerdos redundaron
en una suba salarial del 10% en el primer semestre y porcentajes generales que
varían entre  5% y 9% para el segundo
semestre.  

A favor de las negociaciones paritarias provinciales hay que
decir que en la mayoría de los distritos los gremios lograron establecer la
cláusula gatillo.

En contra de estas negociaciones está el nudo del desborde
inflacionario, porque si como se calcula la inflación total del año superará el
30%, las provincias deberán erogar, en el mejor de los casos casi 11 puntos más
al acuerdo alcanzado inicialmente. 
Ninguna provincia esperaba una corrección salarial tan alta.

Ahora las actualizaciones salariales podrían transitar
caminos empedrados si es que el gobierno logra imponerle a las provincias que asuman
el 33% del recorte de los 300.000 mil millones de pesos del próximo presupuesto,
comprometido con el FMI.

Las espinas de esta negociación salarial son las provincias
de Santa Cruz, Chubut o Tierra del Fuego, que por graves problemas financieros
aún no permitieron que se cierren las paritarias y sólo han establecido
compensaciones salariales parciales a sus trabajadores.

Canasta Familiar

Para la Junta Interna de ATE en el INDEC, en  un hogar constituido por una pareja con dos
hijos menores el ingreso necesario mínimo debía alcanzar los 29.604 pesos. El
valor de esta canasta familiar supera por más del 50% al promedio salarial de
18.000 pesos, que es el estimado para los trabajadores encuadrados dentro de la
órbita del Estado Nacional. Según la progresión de los informes del INDEC la
inflación total en la gestión Cambiemos registra el 109,5%, una suba que
resulta improbable que algún trabajador del sector estatal haya alcanzado en
este período.

Existen distintas coyunturas que hacen a la dificultad de
acceder al valor de la canasta familiar. Una es la disparidad existente entre
un trabajador de un organismo nacional y su par de provincia, otra, es la
disparidad salarial en cuanto a la región del país donde se vive.

Dentro del núcleo de riesgo la peor parte se la llevan los
trabajadores municipales que promedian los 10.000 pesos mensuales, y debajo de
ello los trabajadores precarizados como monotributistas (o símil condición de
contrato laboral) que en su mayoría promedian 6.000 pesos al mes.

Como dato final vemos que en detrimento de los trabajadores,
este primer semestre arroja una caída salarial en más de 5 puntos porcentuales;
que hay dudas sobre cuál será el comportamiento general de los gobernadores
provinciales cuando deban actualizar el salario en línea con la inflación; y la
licuación general de salarios y de gastos, medido en dólares, por la
depreciación de más de un 50% del tipo de cambio, con la que el gobierno
nacional (y el empresariado, también) se ha beneficiado.       

En una entrevista al portal de noticias Canal Abierto, Ricardo
Peidro, dirigente y candidato a secretario general de la CTA Autónoma, repasa
la importancia de esta herramienta “fundamental para enfrentar a estas
patronales que vienen por todo". El valor de la autonomía, de la unidad, y
del debate que ese mismo día se dará por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Este 8 de agosto, la Central de Trabajadores de la Argentina
(CTA) Autónoma tendrá una jornada que prevén doblemente trascendente. “La
Central forma parte de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Las
compañeras y compañeros ese día van a tener un doble festejo porque va a haber
dos hechos muy importantes y esa noche esperamos festejar por una elección
masiva de la CTA y también porque en el Senado, finalmente, sea ley. Son dos
hechos que, en distinta medida, para los militantes de este Central van a
quedar en la historia”.

 “Creemos que la
Central es una herramienta fundamental para enfrentar a estas patronales que
vienen por todo. Cuando hablamos de patronales nos referimos, tanto a los
patrones de la actividad privada, como a los de los gobiernos nacionales,
provinciales -sostiene en diálogo con Canal Abierto-. Cuando los compañeros
están desprotegidos, nosotros lo vemos. No encuentran eco en otros lugares.
Saben que en nuestra central lo encuentran. Hay un lugar de contención”.

La Lista 1 que lleva por consigna “autonomía, libertad y
democracia sindical” tiene otras dos máximas que operan como bandera: rebeldía
y unidad. Sobre la segunda, Peidro sostiene que se concibe “en la lucha”. “No
es una unidad como te la pueden definir algunos en un cuarto, donde definen hoy
estamos peleados, mañana estamos amigos y pasado veremos cómo estamos. Tenemos
facultad de discusión y de eso hace un culto nuestra CTA Autónoma”.

Entrevista completa en: https://bit.ly/2mAHGPL