RIO TURBIO, Santa
Cruz: Valioso precedente // La Justicia Federal ordenó reincorporar a un
despedido de YCRT que era sostén de hogar
El juez subrogante, Javier Leal de Ibarra, dictó una medida
cautelar y ordenó a la intervención de Omar Zeidán que en una semana
reincorpore a uno de los despedidos.
El fallo sentó un precedente para los siete amparos que
existen en ese fuero y anticipa un duro revés al proceso de “reordenamiento” de
la empresa, al borde de ser declarado “ilegal y arbitrario”.
Este es el primer
fallo de uno de los siete amparistas de YCRT presentados en el fuero federal.
Pablo Pineda
entró a trabajar en la empresa después de un concurso, el 1º de noviembre de
2013. Desde entonces estaba como aspirante a conductor de trenes. El 22 de
enero recibió un telegrama firmado por Sergio Lumachi, Coordinador General del Yacimiento,
que decía que prescindían de sus servicios “…en el marco de la reorganización y
reestructuración interna” que lleva adelante la empresa, junto a una nómina de
agentes individualizados en un anexo. Pablo y otros cientos de obreros pasaban
a ser un dato en planillas de cálculo.
En la misma carta documento le aseguraban que tenía los
haberes, liquidación final y certificado de trabajo a su disposición. Pero él
no quería nada de eso y de inmediato respondió a la intervención con otro
telegrama en el que rechazaba su despido porque, básicamente, como el resto de
sus compañeros, se había enterado de la supuesta reorganización por los medios.
“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección
de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y
equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas,
retribución justa, salario mínimo, vital y móvil, igual remuneración por igual
tarea…”. Lo dice la Constitución Nacional en su Artículo 14 bis, al que el
trabajador echó mano para que la empresa le diera una respuesta, que nunca
apareció.
El fallo de ayer, sienta un precedente porque el Juez
entiende que el despido fue un acto discriminatorio que afecta el derecho
alimentario de todo el grupo familiar de Pablo, pero que además fue arbitrario
el modo en el que se manejó la Intervención al no darles derecho a defenderse
¿Y por qué derecho a defenderse? Porque los argumentos de Zeidán, Costa y
compañía fueron acusatorios en contra de los obreros. Para echarlos, aseguraron
que hubo ingresos en épocas de campaña electoral, que los contratos se hicieron
sin actos administrativos que los respalden y que además había que expulsarlos
porque YCRT está superpoblada.
Otros de los argumentos no están en papel y son parte de una
construcción de sentido que busca quitarle el apoyo popular a los despedidos.
Por ejemplo en las últimas horas se lo escuchó al legislador nacional
(Cambiemos) Eduardo Costa decir por una emisora radial que los sueldos que se
pagan en YCRT superan los $100 mil y que todos tenían pasajes para sus
familias.
Según el fallo de Leal de Ibarra, Pablo ganaba $30 mil,
entró por concurso como el resto de los despedidos y están los decretos de su
incorporación en orden. No tuvo derecho a defenderse antes de ser despedido.
Descentralizados, un
eufemismo
En el escrito judicial, el Juez dejó las cosas en claro: Los
empleados de YCRT son empleados del Estado. Porque desde sus orígenes fue una
empresa estatal, y si bien, por decreto del año ‘93 se dispuso la privatización
de la explotación del complejo carbonífero ferroviario y portuario, en el 2002
se aprobó la rescisión de la concesión y el Poder Ejecutivo Nacional designó un
Interventor, situación que continúa. ¿Por qué es importante aclararlo? Para que
no queden dudas de que hablamos de empleados públicos, que por lo tanto, tienen
una protección especial.
Citando fallos de la Corte Suprema sobre la protección del
derecho a la estabilidad laboral, el Juez sostiene que el trabajador “no puede
en principio, ser desplazado sin causa justificada, debidamente acreditada en
actuación sumarial previa labrada al efecto”. Es más, agrega que no existen
pruebas de que la supuesta reestructuración empresaria “permita legalmente
sortear los pasos previos administrativos en los términos que la ley
establece”. Y esa ley, no es ni más ni menos que la Ley Marco de Regulación del
Empleo Público Nacional.
El fallo va más allá y pone en tela de juicio a todos los
despidos, cuando Leal de Ibarra sugiere que “se deberá establecer si el
funcionario que ha dictado un acto de tales características (Lamachi), tiene
atribuciones suficientes, pues de lo contrario, nos encontraríamos en presencia
de un vicio que afecta uno de los elementos esenciales y constitutivos del acto
administrativo… Del mismo modo se deberá establecer si la manera en la que se
ha decidido emprender este proceso de restructuración empresaria permite a los
trabajadores asumir la defensa y ejercer sus derechos en el marco de un debido
proceso legal, admitiendo que este constituye un requisito constitucional”.
En definitiva, para la Justicia Federal, que decidió
declararse competente con un dictamen favorable del fiscal Gonzalo Miranda, los
despidos podrían ser arbitrarios e ilegales. Por eso, ayer se le ordenó a la intervención a que reincorpore a este primer
trabajador que presentó un amparo, y que lo haga dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del fallo. También pide un informe detallado del
presunto proceso de reorganización y el legajo del amparista.
Así las cosas, cuando por estas horas los rumores de botas son
una constante en la Cuenca Carbonífera y la reunión con el ministro de Energía
Juan José Aranguren sirvió apenas para confirmar la salida de Isolux Corsán, lo
resuelto ayer en un palacio comodorense obliga a dar explicaciones. Por el
momento, son siete los amparos presentados en el fuero federal y si bien se
espera que para todos haya un mismo temperamento, es difícil adelantarse a lo
que podría decir la Cámara.
Instituto Nacional de
Tecnología Industrial /
La Justicia ordenó la
reincorporación de dos delegados del INTI
Dos jueces aprobaron cautelares de delegados de ATE-Lista
Naranja que habían sido despedidos el 26 de enero. Hay optimismo en que
prosperen nuevas cautelares a favor de representantes sindicales del organismo.
El juez Fernando Vilarullo falló a favor de la reinstalación
inmediata del delegado Nicolás Pérez
Fiorentino, y la jueza Viridiana Díaz Aloy hizo lo propio con la delegada Romina Albertotti, con un plazo máximo
de 48 horas para que las autoridades regularicen su situación laboral.
En los dos casos los
magistrados los reconocen como delegados con mandatos vigentes y rechazan los
despidos dispuestos por el presidente del INTI, Javier Ibáñez, fuertemente
cuestionado las cesantías masivas y sin causa en el organismo. Además se los
acusa por “la locación de más de sesenta asesores, contrataciones
descontroladas y por ser el autor del desguace del organismo”, según trabajadores
agremiados del Instituto.
“Fruto de 43 días de permanencia pacífica y un paro total de
actividades luego de dos semanas consecutivas el lockout patronal, estas
cautelares prefiguran la antesala de una reunión convocada, para el próximo
martes 13 de marzo, por el Ministro de Trabajo a través de su Director Nacional
Mauricio Rafrecha para dar una respuesta definitiva al conflicto que tiene
expectante a la opinión pública y a los industriales en particular”, agregaron.
Además, los trabajadores señalaron que “las resoluciones de estos jueces no sólo son positivas porque implican
la devolución de la fuente laboral a dos delegados injustamente atacados, sino
que resultan un golpe al Ministerio de Modernización que, al entrometerse en
cuestiones sindicales, quiso tener injerencia en un ámbito que no es de su
incumbencia”.
También denunciaron que “sin competencia alguna, y varios
meses después de las elecciones de ATE realizadas
en diciembre de 2016, la cartera a cargo del ministro Andrés Ibarra pretendió
no reconocer a un grupo de delegados”.
La semana que viene dos de ellos vuelven a trabajar, y se
espera para el mismo lunes más y nuevas cautelares a favor de los
representantes sindicales del INTI.
Esperamos que en las mesas de diálogo anunciadas se pueda
llegar a una auténtica solución a este conflicto que afecta a 258 familias.
COMISIÓN DE PRENSA Y
DIFUSIÓN ATE-INTI
