La asunción del Macri en el gobierno
nacional viene con un fuerte olor de retorno a los años ‘90. Su clara posición
pro mercado se manifestó con acciones políticas que afectaron notoriamente la
condición de vida de los argentinos: despidos en el Estado y menos trabajo en
el sector privado, fuerte recorte en el consumo de la población por la caída
del poder adquisitivo, retorno a los mercados de capitales, quita de retención
al campo y a las mineras, y una brutal suba en las tarifas de servicios
públicos.
Una realidad menos visible a la opinión
pública es la nueva presión ejercida contra los gobiernos provinciales para que
se impulse la armonización de las cajas previsionales que aún quedan en manos
de estas provincias. ¿Para después reprivatizar el sistema? Es la primera y
casi segura respuesta.
En el mientras tanto, el sistema
previsional de las provincias atraviesa cambios bruscos como el aumento de las
edades jubilatorias y el recorte en el beneficio jubilatorio, que anticipan el
objetivo final de transferirlos al sistema nacional.
El primer paso lo dio el gobierno de
Córdoba cuando en el mes de diciembre del 2015
hizo aprobar una ley que recorta derechos jubilatorios. Bajo el paraguas de la derogación del
diferimiento de la movilidad jubilatoria, el aumento de los mínimos y un bono
de fin de año, el gobierno provincial resolvió entonces dar muerte el 82% móvil
en el cálculo de las jubilaciones que otorga la Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de la provincia de Córdoba. Para ello retomó los cálculos
jubilatorios de la emergencia que Ramón Mestre
implementó en los ’90.
Tierra del Fuego fue otro caso. En el
centro de la protesta estatal estuvo las reformas y recortes salariales que impulsó la
gobernadora provincial, Roxana Bertone donde la Legislatura aprobó un paquete de leyes que confisca
salarios, eleva la edad jubilatoria y elimina el 82%.
Además con la aprobación de la Ley 1068 la Legislatura
declaró la emergencia del sistema previsional por dos años, prorrogables por
otros dos, a partir de los que se le imponen a los trabajadores un aporte
“solidario” que va desde el 1% para menores de 45 años, del 3% para
trabajadores de entre 45 y 50 años, y del 4,5% para los mayores de 50.
En esta ley los jubilados con haberes de más de 40 mil
pesos, también deben aportar hasta un máximo del 15%. Entre otros perjuicios,
eliminó el 82% móvil, ya que los aumentos para los jubilados quedarán reducidos
al arbitrio del Ejecutivo dos veces al año.
Respecto a la edad jubilatoria de los hombres la elevó
en 5 años y la de las mujeres en 10 años, y la cantidad de años de aporte de 25
a 30 años debiendo cumplir, el futuro jubilado, con los dos requisitos. En este
sentido, si una persona ingresa a la administración pública con 20 años, al
cumplir 50 ya tendría los 30 años de aportes exigidos, pero no se podría
jubilar porque no tiene los 60 años. Es decir, deberá donar durante una década
sus aportes al nuevo sistema creado por el gobierno.
Este conflicto se extendió por casis dos meses y
además de las diferentes posiciones entre el gobierno y los gremios estatales,
se procedió a denunciar judicialmente a muchos dirigentes de los sindicatos
estatales lo que mostró hasta donde el poder político fue operando para lograr
su cometido.
Aunque no llegó a presentarse formalmente el gobierno
chaqueño también lanzó la versión de que iba a cambiar la edad jubilatoria. Tal
vez como un modo de testear la reacción de la población provincial se hice
correr el anuncio de que la provincia armonizaría su Caja con la Nación, lo
cual llevaría a los trabajadores a efectuar sus aportes por 5 años más.
Tampoco fue un buen año para los estatales formoseños.
A mediados de año la provincia sorprendió con una decisión intempestiva y sobre
tablas que voto la Legislatura provincial para subir la edad jubilatoria, un caso que como denunció la ATE provincial
“muerta hasta donde los derechos de los trabajadores pueden ser conculcados”.
El alza de la edad para acceder al beneficio
jubilatorio es solo una demostración del retroceso y marca otros paso de
pérdidas de derechos laborales. El mecanismo de la determinación del haber (con
la quita del medio punto para la liquidación de haberes por cada año de exceso
en la administración pública) también es una perdida que afecta el futuro haber
jubilatorio. Del mismo modo, el tope en las jubilaciones por invalidez y de las
pensiones (en el orden al 70%) son claramente aspecto que también implican
desmejoras en el régimen provincial, lo que implicara un futuro deterioro en la
calidad de vida de los jubilados y sus familias.
Para el CDP “se tomó el camino más fácil
de elevar la edad jubilatoria, cuando debieron pensar que el problema de
financiamiento es por la falta de trabajadores activos para que aporten a la
caja y el altísimo número de trabajadores en negro”. Además como atinadamente se sostiene "esta cuestión que va a
seguir taponando la posibilidad de ingreso de los trabajadores que están sin
trabajo y los jóvenes”.
Esta misma línea es sostenida por el
Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.
Su propuesta es discutir
el sistema de forma estructural, y para ello hay que partir del financiamiento. Semino señala que “esto implicaría poner sobre la mesa por qué en la Argentina hay un
42% de trabajo no registrado y la ausencia de políticas en este sentido, o las
razones por las que desde 1995 a la fecha no se buscó modificar la quita de
ocho puntos de los aportes patronales, o por qué hoy el IVA es el impuesto que
financia el sistema y no la renta financiera o las retenciones a las mineras,
entre otros puntos”.
El ajuste en
las cajas este año reconoció también otras variables. En Mendoza el proyecto
del gobierno es reducir hasta 10.000 puestos del sector público. El plan es
ofrecer unos 3.000 retiros voluntarios, los otros 7.000 puestos a reducir
llegarían mediante jubilaciones compulsivas. El objetivo final de aquel
gobierno sería reducir en los próximos 4 años el 10% de la planta estatal.
En Entre Ríos existe la Mutisectorial en Defensa de la
Caja de Jubilaciones de la provincia. Ante versiones de su armonización los
gremios conformaron esta multisectorial en del sistema previsional entrerriano
y al vigente ley 8732, que no sólo
asegura el 82 por ciento móvil, sino que estructura con criterios de
proporcionalidad un sistema de reparto solidario generacional. En la Entre Ríos
se aporta el 16% mientras que en la Nación es el 11”, por lo que se entiende la
caja provincial no debería ser deficitaria.
Las cosas estarán totalmente claras ni bien
arranque el 2017. En el artículo 47 de la Ley Nacional de Reparación Histórica para
Jubilados y Pensionados se
instruye al Gobierno Nacional para que en un
plazo de 120 días después de sancionada la ley alcance un acuerdo con las
provincias para transferir sus respectivas cajas previsionales y así armonizar
los balances. Se verá entonces hasta donde llega “el brazo largo privatizador” del
macrismo.
