El acuerdo sellado establece una suba del 11%,
con los salarios de julio y otro 6 % con el salario de septiembre, que irán al
salario básico. Esto complementa a las sumas fijas abonadas desde el mes de marzo,
con lo cual el aumento trepa para las diversas hasta un 40% en todo el año.
Pero también se acordó desde este mismo mes de
julio una suba del 15% en las asignaciones familiares, en tanto que quedó a
tratar para más adelante el pago de un bono de fin de año.
La
oferta del gobierno provincial alcanza a los trabajadores
de Rentas, Producción, escalafón general, trabajo, OPTIC, RTN, EPAS, EPEN, vivienda
y educación, extensivo a jubilados, contratos administrativos y subsidio social
transitorio del Ministerio de Salud y Desarrollo social que contrapresten
servicios efectivos.
Para el escalafón de Salud, en tanto, propuso un incremento
la unidad básica salarial y a los trabajadores técnico sanitarios.
Desde el lunes, las partes se sentarán a negociar los
porcentajes de incremento en cada una de las categorías para el segundo
semestre.
La conducción provincial de ATE aceptó el ofrecimiento y hoy
firmaría un acta acuerdo.
El
presidente insiste donde y cuando puede con su reiterativo propósito de pobreza
“cero”, ya un latiguillo en el que a esta altura no cree nadie. El tarifazo y
la pérdida de empleo público y privado en este primer semestre del año, conjugan
buena parte del aumento de los índices de pobreza e indigencia de nuestro
pueblo. Ya según un estudio de Unicef de mayo de este año, alertaba que
el 30% de las chicas y chicos de entre 0 y 17 años que vive en Argentina
son pobres el 8,4% es extremadamente pobre. Según el mismo estudio, los
niños que están en la base de la escala social tienen
una chance 13 veces más elevada de sufrir privaciones, comparados con
aquellos que están en la cúspide de la pirámide social. La probabilidad de ser
pobre de un niño que del Noroeste Argentino es 6,5 veces más elevada que la de
un niño de la Ciudad de Buenos Aires. El propio titular de la comisión episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge
Lozano, afirmó que "para
salir de la pobreza y la marginación" es necesario la creación de "trabajo registrado
y debidamente remunerado". "El presidente Mauricio Macri habla
en forma utópica de la pobreza cero, que no existe en ningún lugar del mundo.
Hablemos de hambre cero, que es un problema fácil de solucionar si hay decisión
política. En estos momentos, a una familia humilde se les hace imposible comer,
y consumir carne parece un sueño", agregó mientras, Macri despide
trabajadores, enfría la economía, reduce la capacidad adquisitiva de las capas
medias y bajas, y trasfiere miles de millones de dólares a los sectores
concentrados.
Por
otra parte, hace sólo días el gobierno a través del Ministerio de Salud de la
Nación, derogó la resolución 1484 de septiembre de 2015, que propiciaba
“asegurar el derecho a la protección de la Salud Mental de todas las personas,
y el pleno goce de los derechos humanos” establecido por la Ley de Salud Mental
26.657. En ese marco, la
Asociación Pensamiento Penal expresó que “cuestionar la reducción de camas de
los servicios monovalentes dilata la posibilidad de externación de los
sobrevivientes de salud mental de los neuropsiquiátricos, y perpetúa y legitima
el encierro y la alienación de los pacientes, cuando el Estado debiera crear
políticas y disponer programas de inclusión social y atención primaria y
comunitaria de las personas con este tipo de padecimiento”.
El
perfil del sistema de atención de los pacientes con padecimientos mentales
durante la gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires, la represión a
trabajadores y los negocios inmobiliarios encubiertos detrás de la presunta reconversión
de Hospitales como el Borda y el Moyano, hacían prever esta postura, sobre todo
después de la designación de el médico psiquiatra Andrew Blake como Director
Nacional de Salud Mental y Adicciones, confeso opositor a la Ley Nacional de
Salud Mental N° 26.657, conquista de múltiples Organizaciones sociales y de
DDHH de la Argentina.
Así
mismo, el propio MM en una entrevista a un medio mexicano, se expresó
contundentemente en contra de la posible legalización del aborto (también antes
lo había hecho repetidas veces la entonces presidenta CFK). Un par de días
antes, un comité de 18 expertos de Naciones Unidas realizó un planteo al
gobierno para que considere “revisar la legislación actual sobre el aborto y
considerar la posibilidad de llegar a la despenalización”.
Víctor
Manuel Rodríguez Rescia, uno de los expertos del comité, señaló que "la
penalización obliga a la mujer embarazada, a la que no tiene dinero, a
que vaya a otro país a abortar, y si no tiene dinero, a ir a un aborto
clandestino donde está en riesgo su vida", y le sugirió al Estado
argentino "que considere la posibilidad, a la luz del caso de Belén, de
despenalizar el aborto".
Recordemos
que en la Argentina la tasa de mortalidad materna sigue siendo muy alta y el
aborto inseguro es la primera causa. Según nuestros datos propios IDEPSALUD, en
el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas
Argentina asumió el compromiso de reducir un 75% la mortalidad de las mujeres
en el embarazo, parto y puerperio desde 1990. Se debería haber llegado a 1,3
muertes por 10.000 nacidos vivos. Sin embargo, según el último anuario
estadístico del Ministerio de Salud, hay 3,2 muertos cada 10.000 nacidos vivos.
Y si bien los datos son de difícil acreditación, la presunción firme es que los
abortos que terminan en muerte materna son generalmente provocados,
clandestinos, en embarazos avanzados, y que afectan fundamentalmente a mujeres
pobres y jóvenes. Se hacen 500.000 abortos clandestinos por año, 80.000 mujeres
deben ser hospitalizadas por complicaciones en estos abortos y 100 mueren. El
aborto es la principal causa de muerte materna en Argentina. Cada año se
practican 500 mil abortos clandestinos, y mientras las mujeres con cobertura de
salud pueden tener un aborto seguro, las mujeres de los sectores más
desfavorecidos muchas veces mueren a causa de abortos mal practicados.
Y
finalmente en la casa Rosada el jefe de los Ceos (MM), anunció la creación del “Plan
Universal de Salud”, una denominación engaña pichanga (obviamente la palabra “cobertura”
se asimila a “beneficio” e invalida el concepto de Derecho constitucional a la
Salud) que profundiza la receta de los Bancos, la misma que encaró Menem y
Cavallo, y que gestionó obediente y eficiente Ginés González García entre 2002
y 2007, en las gestiones de Duhalde y Néstor Kirchner. A lo que hay que agregar
las “planchas” intermedias de todos los Ministros de Salud de todos los
gobiernos sucesivos que no desmontaron la matriz y la estructura de reforma y
vaciamiento del Sistema de Salud iniciada en los 90 (focalización, desfinanciamiento,
desarticulación, autogestión hospitalaria, privatización/tercerización de
servicios, precarización laboral, financiamiento externo, desregulación de OS,
PMO, etc) .
El
entonces recién designado Ministro de Salud Jorge Lemus, en Diciembre del año
pasado en una de sus primeras apariciones públicas, había elegido la sede de la
Confederación Médica de la República Argentina (Comra) para anunciar a la
corporación de prestadores, los mismos anuncios que ahora oficializa Macri, quien
estuvo ocupado este semestre en otros menesteres (despedir 35.000 trabajadores
públicos y transferir 20 mil millones de dólares a los amigos de los sectores
concentrados).
Como
era de esperar, el sindicalismo empresario funcionaron como aplaudidores caros
y cobradores de peaje para asegurar “gobernabilidad”; y en este caso nada menos
que 30 mil millones de pesos!! Los mismos Lingeri (ex administrador de la
ANSSAL de Menem), los Barrionuevo (el que pidió pero no dejó de robar), los Gerardo
Martínez (el hombre de confianza del coronel Coria, represor de la
dictadura en el Batallón 601), los Antonio Caló y sigue la lista de sindicalistas
empresarios multimillonarios a expensas de negocios de todo tipo (Léase Juan
José Zanola, Momo Venegas, Carlos Quintana, Omar "Caballo" Suárez,
José Pedraza, y otros).
Claramente
este relanzamiento de la lógica y planes de "aseguramiento en salud"
tiene que ver con la intención de ampliación de mercados para la acumulación de
capital en el sector de la salud, con instalación de paquetes de prestaciones
segmentadas según capacidad de pago, y listas para ser trasladadas a efectores
privados. La misma reforma que quedó inconclusa en nuestro país, pero se
completó en Colombia, Chile y México entre otros. Con iguales saldos de
inequidad de acceso a los servicios y las prestaciones, privatización de
servicios, precarización de la fuerza de trabajo, etc. El Estado
desprendiéndose de su rol integral, para ser sólo financiador de las
prestaciones que “otros” (privados o públicos) ejecutan.
Para
que se entienda claramente qué significa como posibilidad este hipotético
escenario podemos imaginar por ejemplo, un trabajador precarizado en un
Hospital Público dándole al portador de carnet de pobre, la triste noticia que
determinada práctica (un análisis, una operación por ejemplo) no está cubierta
en su cartilla de prestaciones, y que para obtenerla deberá pagar o ir a
hacérselo a un sanatorio…
La
Reforma completa prevé un sistema totalmente desregulado del llamado Gerenciamiento
del Riesgo Social, y los sectores beneficiarios no pierden la paciencia y en
etapas van avanzando sobre el concepto de lo público entendido como el espacio
donde se ratifica la igualdad, la equidad y la calidad para convertirlo en escenario
de negocios. Así el PAMI, las Obras Sociales provinciales y los sistemas de
jubilaciones y pensiones siguen en la lista.
Ya
en 2013, el V Foro Social Mundial de la Salud y la Seguridad Social reunido en
la ciudad de Túnez, alertaba sobre "Cobertura Universal de Salud",
"Protección Social de Salud", "Acceso financieros a Servicios de
Salud", "Pisos mínimos de Protección social", todas propuestas que
emanan de las tecnocracias del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y de la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT)
con su campaña de "pisos mínimos de protección social" capturando a
un sector incluso del propio movimiento sindical mundial, a muchas
organizaciones de sociedad civil internacionales”.
En
síntesis, una salud para "pobres" con "pobres seguros",
diferenciada claramente de una "salud para trabajadores formales"
(obras sociales) y una "salud para ricos" (prepagos) con pago de
bolsillo pero beneficiándose de un sistema de subsidios, exenciones y tributos
regresivos que representan la transferencia de recursos de los pobres para los
ricos.
Esta
aceleración de la agenda dominante y concentrada en el campo de la salud,
afirma la necesidad de un re agrupamiento de las fuerzas populares en defensa
del Derecho a la Salud.
La
Conferencia Nacional de Salud Colectiva y Seguridad Social que el IDEPSALUD de ATE
Argentina viene impulsando para fines de Setiembre de este año junto a numerosas
Organizaciones y Representaciones de la Argentina, busca entramar un frente
multisectorial y polifónico convocado y sustentado por una agenda de Políticas
Públicas que consagre y resguarde el Derecho a la Salud y la Seguridad Social,
en el marco de sistemas únicos universales de salud pública y sistemas
universales públicos y democratizados de previsión y protección social.
Aquel día, el entonces vicario episcopal, Arturo
Pinto, acompañaba al “Pelado” Angelelli en el auto siniestrado y sufrió
numerosos golpes y pérdida de la conciencia, pero salvó su vida y su testimonio
fue clave para establecer que no se había tratado de un accidente. Cuando la
policía encontró el cuerpo del obispo, estaba llamativamente dispuesto sobre la
tierra.
Ambos religiosos regresaban de Chamical, donde unos
quince días antes habían sido secuestrados, torturados y brutalmente asesinados
los jóvenes sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias. El obispo
había oficiado la misa del entierro el 22 de julio y en la camioneta llevaba
una valija con documentos recogidos para esclarecer estos crímenes.
38 años después, en 2014, el poder judicial condenó al
general Luciano Menéndez y al comodoro Luis Estrella por el asesinato de
Angelelli como "autores mediatos de homicidio doblemente calificado por el
concurso de dos o más personas y por procurar la impunidad”.
A 40 años de ese crimen es esencial recordar a uno de los religiosos de nuestro país que mejor
interpretó el evangelio, pues lo hizo carne y acción al lado de los
trabajadores y los pobres, peleando contra las injusticias en todos los
niveles. Hablar de Angelelli es
hablar de un hombre profundamente comprometido con la realidad del tiempo que le tocó vivir, peleando contra la estructura
institucional de la Iglesia, por entonces cada vez más cerrada y
participacionista del golpe de estado. Es hablar de un militante por la
Justicia, la Vivienda, la Dignidad, la Tierra, por los derechos de los Pueblos
Originarios y los Derechos de los trabajadores.
Sus misas dominicales llegaron a ser transmitidas por
radio para toda la provincia y por su expansión y ‘peligro’ para los sectores
de poder, fueron canceladas porque apoyó la organización de las empleadas
domésticas, de los trabajadores mineros y trabajadores rurales, promovió la
autoorganizacion en cooperativas, empoderó a los olvidados de siempre, porque
desde su lugar fue él mismo un laburante de la transformación tan añorada por
todo el pueblo argentino.
“Con un oído en el evangelio y otro en el pueblo”
El
trabajador recibió la citación de manos de agentes de la Gendarmería Nacional y
de esta manera quedó sujeto a los vaivenes de una causa caratulada "NN
s/Entorpecimiento de Servicio de Servicios Públicos (Art 194)", procedente
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Esquel, a cargo del doctor Guido
Sebastián Otranto.
“Es
increíble que nos armen una causa judicial por repartir panfletos que
reclamaban aumento salarial, paritarias, 82% móvil para los jubilados,
condiciones de seguridad e higiene, democratización de las instituciones y
convenios colectivos de trabajo. En esto gastan los recursos el Estado
Nacional, haciendo denuncias a personas que reclaman”, señaló Javier
Milani, delegado de Educación de ATE en El Bolsón.
“El
Estado nacional, provincial y municipal se quedan sin respuesta ante las
demandas de los trabajadores. Y cuando no pueden dar respuesta, judicializan.
Lo hacen también para tapar los negociados que tienen. En esta zona los
acuerdos que tienen con Lewis son tremendos. Por ejemplo, este empresario está
haciendo un cableado violando la ley y nadie dice nada. Nos arman causas para
desviar la atención, para que no se hable de la inflación ni de la pérdida del poder
adquisitivo de los trabajadores”, agregó Milani.
Desde la ATE
señalaron que hay una gran incertidumbre entre los trabajadores por saber
cuáles son los planes para reactivar el funcionamiento de la fábrica y en ese
sentido la seccional Villa María de ATE ha pedido reuniones con las autoridades
nacionales del área para que se les brinde información sobre las inversiones a
realizar y la situación contractual de los trabajadores.
Aunque
existe una promesa oficial de que se mantienen todos los puestos de trabajo,
también saben que en la medida que no haya producción estará presente el temor
a que comiencen a realizarse despidos sobre todo entre los compañeros
contratados que en esa unidad militar suman 360 trabajadores sobre un total de
460 que tiene la fábrica.
La seccional
señaló que un mismo panorama se ve en las restantes fábricas militares del país
y en el organismo de investigación de las Fuerzas Armadas, el CITEDEF.
Sobre el
encuentro, en por el que desde la ATE participaron el equipo de Salud de
ATE- Salta, el titular del CDP, Juan Arroyo, el de la seccional Güemes, Juan
Arce. Las partes acordaron desarrollar una nueva reunión una vez que desde el
gobierno se analice la propuesta gremial
En todos los
puntos presentados por la ATE los reclamos son:
Un 25% de
aumento, teniendo en cuenta la inflación existente anunciada por el INDEC.
Que se
efectivice el Decreto de los compañeros que pasaron a planta permanente.
Que los
adicionales se incorporen al Sueldo Básico.
Un
reconocimiento al personal que desempeña sus funciones en el turno noche.
Que se
reconozca desempeño por idoneidad a los trabajadores de Terapia, por ejemplo a
los que se desempeñan en el Hospital Público Materno Infantil o San Bernardo en
el área de quemados.
Un adicional
de mayor responsabilidad a los choferes de ambulancia.
Un ítem de
insalubridad para los trabajadores de Centros de Salud y Hospitales Públicos.
Se realice
el nombramiento con nombre y apellido a los trabajadores de la Fundación
Trabajo y Solidaridad perteneciente a Abel Ramos.
Mejoras de
Infraestructura en los hospitales del interior .San Bernardo y El Milagro.
Designación
de contratados y monotributistas.
Regularización
de la situación de los médicos comunitarios y becarios.
Alrededor
de 600 trabajadores de la municipalidad de Rawson quedaron excluidos del pase a
planta permanente, tras un acuerdo entre la intendente Rossana Artero y
sindicatos minoritarios respecto de ATE.
Trescientos
de ellos son trabajadores beneficiarios de planes sociales que cobran un
adicional que les permite arañar salarios entre $4000y $5000. El resto de la
planta ocupada, sea precarizada o efectiva, cobra sueldos de $7000.
“El
argumento del impacto que tendría el pase a planta en el presupuesto municipal
es una mentira. Todos los trabajadores, excepto los cooperativistas, perciben
un salario similar. Lo que exigen es estabilidad y los derechos que alcanza
cualquier empleado en planta permanente”, manifestó Guillermo Quiroga.
Los
trabajadores realizan tareas en el corralón, limpian las calles, recolectan la
basura, ordenan el tránsito, asisten a los jardines maternales. “Muchos de
ellos son discriminados”, agrega el dirigente, “por encabezar una protesta 15
días atrás, en demanda de haberes adeudados, horas extras y recategorizaciones,
como exige el estatuto municipal”. Hoy, además, les descontaron cinco días de
sueldo por ejercer el legítimo derecho a huelga.
El
Secretario General de ATE anticipó que mañana podría haber una reunión entre
dirigentes del sindicato y el Ejecutivo, en busca de un acuerdo. De no
efectivizarse, los estatales impulsarán desde la semana que viene una huelga
por tiempo indeterminado.
El
apoderado de la Lista Verde Blanca interpuso meses atrás un recurso jerárquico
para que el Ministro de Trabajo de la Nación revoque la resolución de la Dirección
Nacional de Asociaciones Sindicales del 9 de noviembre pasado, que declaró la
validez de la victoria de la Lista Verde ANUSATE a nivel nacional, tal como
había confirmado la Junta Electoral Nacional de ATE.
Hoy
el Ministro de Trabajo Jorge Triaca desestimó mediante la resolución MTEySS/468
la presentación de la lista opositora y encomendó a la Dirección Nacional de
Asociaciones Sindicales que se pronuncie sobre otros cuestionamientos
realizados a procesos electorales en provincias y seccionales.
Estas
impugnaciones, de todos modos, no alteran el resultado final que le da la
victoria a la Lista Verde ANUSATE a nivel nacional. Así lo precisa la
resolución: “Aún bajo la hipótesis de que todos esos afiliados emitieran su
voto a favor de la lista impugnante, la confrontación de dicho colectivo con
los guarismos arrojados por el referido escrutinio parcial definitivo a nivel
nacional, confirma lo decidido por la Dirección de origen, en cuanto a la
invariabilidad del resultado final en ese nivel”.
