El
presidente insiste donde y cuando puede con su reiterativo propósito de pobreza
“cero”, ya un latiguillo en el que a esta altura no cree nadie. El tarifazo y
la pérdida de empleo público y privado en este primer semestre del año, conjugan
buena parte del aumento de los índices de pobreza e indigencia de nuestro
pueblo. Ya según un estudio de Unicef de mayo de este año, alertaba que
el 30% de las chicas y chicos de entre 0 y 17 años que vive en Argentina
son pobres el 8,4% es extremadamente pobre. Según el mismo estudio, los
niños que están en la base de la escala social tienen
una chance 13 veces más elevada de sufrir privaciones, comparados con
aquellos que están en la cúspide de la pirámide social. La probabilidad de ser
pobre de un niño que del Noroeste Argentino es 6,5 veces más elevada que la de
un niño de la Ciudad de Buenos Aires. El propio titular de la comisión episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge
Lozano, afirmó que "para
salir de la pobreza y la marginación" es necesario la creación de "trabajo registrado
y debidamente remunerado". "El presidente Mauricio Macri habla
en forma utópica de la pobreza cero, que no existe en ningún lugar del mundo.
Hablemos de hambre cero, que es un problema fácil de solucionar si hay decisión
política. En estos momentos, a una familia humilde se les hace imposible comer,
y consumir carne parece un sueño", agregó mientras, Macri despide
trabajadores, enfría la economía, reduce la capacidad adquisitiva de las capas
medias y bajas, y trasfiere miles de millones de dólares a los sectores
concentrados.

Por
otra parte, hace sólo días el gobierno a través del Ministerio de Salud de la
Nación, derogó la resolución 1484 de septiembre de 2015, que propiciaba
“asegurar el derecho a la protección de la Salud Mental de todas las personas,
y el pleno goce de los derechos humanos” establecido por la Ley de Salud Mental
26.657. En ese marco, la
Asociación Pensamiento Penal expresó que “cuestionar la reducción de camas de
los servicios monovalentes dilata la posibilidad de externación de los
sobrevivientes de salud mental de los neuropsiquiátricos, y perpetúa y legitima
el encierro y la alienación de los pacientes, cuando el Estado debiera crear
políticas y disponer programas de inclusión social y atención primaria y
comunitaria de las personas con este tipo de padecimiento”.

El
perfil del sistema de atención de los pacientes con padecimientos mentales
durante la gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires, la represión a
trabajadores y los negocios inmobiliarios encubiertos detrás de la presunta reconversión
de Hospitales como el Borda y el Moyano, hacían prever esta postura, sobre todo
después de la designación de el médico psiquiatra Andrew Blake como Director
Nacional de Salud Mental y Adicciones, confeso opositor a la Ley Nacional de
Salud Mental N° 26.657, conquista de múltiples Organizaciones sociales y de
DDHH de la Argentina.

Así
mismo, el propio MM en una entrevista a un medio mexicano, se expresó
contundentemente en contra de la posible legalización del aborto (también antes
lo había hecho repetidas veces la entonces presidenta CFK). Un par de días
antes, un comité de 18 expertos de Naciones Unidas realizó un planteo al
gobierno para que considere “revisar la legislación actual sobre el aborto y
considerar la posibilidad de llegar a la despenalización”. 

Víctor
Manuel Rodríguez Rescia, uno de los expertos del comité, señaló que "la
penalización obliga a la mujer embarazada, a la que no tiene dinero,  a
que vaya a otro país a abortar, y si no tiene dinero, a ir a un aborto
clandestino donde está en riesgo su vida", y le sugirió al Estado
argentino "que considere la posibilidad, a la luz del caso de Belén, de
despenalizar el aborto". 

Recordemos
que en la Argentina la tasa de mortalidad materna sigue siendo muy alta y el
aborto inseguro es la primera causa. Según nuestros datos propios IDEPSALUD, en
el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas
Argentina asumió el compromiso de reducir un 75% la mortalidad de las mujeres
en el embarazo, parto y puerperio desde 1990. Se debería haber llegado a 1,3
muertes por 10.000 nacidos vivos. Sin embargo, según el último anuario
estadístico del Ministerio de Salud, hay 3,2 muertos cada 10.000 nacidos vivos.
Y si bien los datos son de difícil acreditación, la presunción firme es que los
abortos que terminan en muerte materna son generalmente provocados,
clandestinos, en embarazos avanzados, y que afectan fundamentalmente a mujeres
pobres y jóvenes. Se hacen 500.000 abortos clandestinos por año, 80.000 mujeres
deben ser hospitalizadas por complicaciones en estos abortos y 100 mueren. El
aborto es la principal causa de muerte materna en Argentina. Cada año se
practican 500 mil abortos clandestinos, y mientras las mujeres con cobertura de
salud pueden tener un aborto seguro, las mujeres de los sectores más
desfavorecidos muchas veces mueren a causa de abortos mal practicados.

Y
finalmente en la casa Rosada el jefe de los Ceos (MM), anunció la creación del “Plan
Universal de Salud”, una denominación engaña pichanga (obviamente la palabra “cobertura”
se asimila a “beneficio” e invalida el concepto de Derecho constitucional a la
Salud) que profundiza la receta de los Bancos, la misma que encaró Menem y
Cavallo, y que gestionó obediente y eficiente Ginés González García entre 2002
y 2007, en las gestiones de Duhalde y Néstor Kirchner. A lo que hay que agregar
las “planchas” intermedias de todos los Ministros de Salud de todos los
gobiernos sucesivos que no desmontaron la matriz y la estructura de reforma y
vaciamiento del Sistema de Salud iniciada en los 90 (focalización, desfinanciamiento,
desarticulación, autogestión hospitalaria, privatización/tercerización de
servicios, precarización laboral, financiamiento externo, desregulación de OS,
PMO, etc) .

El
entonces recién designado Ministro de Salud Jorge Lemus, en Diciembre del año
pasado en una de sus primeras apariciones públicas, había elegido la sede de la
Confederación Médica de la República Argentina (Comra) para anunciar a la
corporación de prestadores, los mismos anuncios que ahora oficializa Macri, quien
estuvo ocupado este semestre en otros menesteres (despedir 35.000 trabajadores
públicos y transferir 20 mil millones de dólares a los amigos de los sectores
concentrados).

Como
era de esperar, el sindicalismo empresario funcionaron como aplaudidores caros
y cobradores de peaje para asegurar “gobernabilidad”; y en este caso nada menos
que 30 mil millones de pesos!! Los mismos Lingeri (ex administrador de la
ANSSAL de Menem), los Barrionuevo (el que pidió pero no dejó de robar), los Gerardo
Martínez (el  hombre de confianza del coronel Coria, represor de la
dictadura en el Batallón 601), los Antonio Caló y sigue la lista de sindicalistas
empresarios multimillonarios a expensas de negocios de todo tipo (Léase Juan
José Zanola, Momo Venegas, Carlos Quintana, Omar "Caballo" Suárez,
José Pedraza, y otros).

Claramente
este relanzamiento de la lógica y planes de "aseguramiento en salud"
tiene que ver con la intención de ampliación de mercados para la acumulación de
capital en el sector de la salud, con instalación de paquetes de prestaciones
segmentadas según capacidad de pago, y listas para ser trasladadas a efectores
privados. La misma reforma que quedó inconclusa en nuestro país, pero se
completó en Colombia, Chile y México entre otros. Con iguales saldos de
inequidad de acceso a los servicios y las prestaciones, privatización de
servicios, precarización de la fuerza de trabajo, etc. El Estado
desprendiéndose de su rol integral, para ser sólo financiador de las
prestaciones que “otros” (privados o públicos) ejecutan.

Para
que se entienda claramente qué significa como posibilidad este hipotético
escenario podemos imaginar por ejemplo, un trabajador precarizado en un
Hospital Público dándole al portador de carnet de pobre, la triste noticia que
determinada práctica (un análisis, una operación por ejemplo) no está cubierta
en su cartilla de prestaciones, y que para obtenerla deberá pagar o ir a
hacérselo a un sanatorio…

La
Reforma completa prevé un sistema totalmente desregulado del llamado Gerenciamiento
del Riesgo Social, y los sectores beneficiarios no pierden la paciencia y en
etapas van avanzando sobre el concepto de lo público entendido como el espacio
donde se ratifica la igualdad, la equidad y la calidad para convertirlo en escenario
de negocios. Así el PAMI, las Obras Sociales provinciales y los sistemas de
jubilaciones y pensiones siguen en la lista.

Ya
en 2013, el V Foro Social Mundial de la Salud y la Seguridad Social reunido en
la ciudad de Túnez, alertaba sobre "Cobertura Universal de Salud",
"Protección Social de Salud", "Acceso financieros a Servicios de
Salud", "Pisos mínimos de Protección social", todas propuestas que
emanan de las tecnocracias del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y de la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT)
con su campaña de "pisos mínimos de protección social" capturando a
un sector incluso del propio movimiento sindical mundial, a muchas
organizaciones de sociedad civil internacionales”.

En
síntesis, una salud para "pobres" con "pobres seguros",
diferenciada claramente de una "salud para trabajadores formales"
(obras sociales) y una "salud para ricos" (prepagos) con pago de
bolsillo pero beneficiándose de un sistema de subsidios, exenciones y tributos
regresivos que representan la transferencia de recursos de los pobres para los
ricos.

Esta
aceleración de la agenda dominante y concentrada en el campo de la salud,
afirma la necesidad de un re agrupamiento de las fuerzas populares en defensa
del Derecho a la Salud.

La
Conferencia Nacional de Salud Colectiva y Seguridad Social que el IDEPSALUD de ATE
Argentina viene impulsando para fines de Setiembre de este año junto a numerosas
Organizaciones y Representaciones de la Argentina, busca entramar un frente
multisectorial y polifónico convocado y sustentado por una agenda de Políticas
Públicas que consagre y resguarde el Derecho a la Salud y la Seguridad Social,
en el marco de sistemas únicos universales de salud pública y sistemas
universales públicos y democratizados de previsión y protección social.